Luz María Nolasco Ojeda
Expediente 909/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 15 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 909/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 31/10/2023
Partes del expediente
- Luz María Nolasco Ojeda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en dos de octubre de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En cumplimiento a lo ordenado en los artículos 14 y 15 del Acuerdo General, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transparencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el segundo de los numerales citados. Asimismo, se establece que el expediente principal, al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción, una vez que se cumplan tres años a partir de esta fecha, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General en consulta. Por lo que se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos del artículo 34 del mencionado acuerdo. Respecto al original del incidente de suspensión al haberse concedido la suspensión definitiva solicitada, es conservable, lo anterior, al encuadrar en la hipótesis del artículo 17, fracción III, inciso b) del mismo acuerdo. Se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "conservable", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo General mencionado. Ahora, del estado de autos se advierte que la parte quejosa exhibió el billete de depósito número ********************, expedido por el Banco del Bienestar Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, valioso por la cantidad de ********************(******************** ********************) a fin de garantizar la suspensión definitiva que le fue concedida, asimismo que se reconoció el carácter de terceros interesados a ********************y ********************; en tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley de Amparo, una vez que transcurran los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación del presente proveído, de no presentarse la reclamación correspondiente y previa vista a las partes, en su caso, se acordará lo conducente en relación a la devolución del mismo. Notifíquese.
- Principal
Sentencia Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 909/2023-C, promovido por ********************, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil de esta ciudad y de otra autoridad; y, Resultando Primero. Mediante escrito que se presentó el veintiuno de julio de dos mli veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, el cual por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado de Distrito, ********************, promovió demanda de amparo indirecto contra los actos y autoridades responsables que en su denominación correcta a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Juez Segundo de Primera Instancia Civil en esta ciudad Actuario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil en esta ciudad ACTO RECLAMADO A ) Del C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL, del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, se reclama la FALTA DE EMPLAZAMIENTO Y LLAMAMIENTO a un procedimiento iniciado en contra de mis derechos de propiedad y posesión de inmueble y sus construcciones, realizado dentro del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, bajo expediente número 1595/2017, en donde el bien inmueble de dicho juicio es el inmueble de mi propiedad, identificado como inmueble y construcciones, ubicada en Unidad C-4, construido sobre lote 1-C, manzana 411, del Fraccionamiento Villa Fontana, Décimo Cuarta, Sección, de esta ciudad de Tijuana, Baja California, con una superficie privativa de 87.468m2, superficie de construcción 45.000 m2, superficie de estacionamiento 14.575 m2, indiviso 18.82 m2, con clave catastral MZ-411-404, Folio Real número 1299234, en esta Ciudad de Tijuana, Baja California, inmueble que adquirí mediante demanda de Prescripción Positiva de mala fe, que se tramitó ante el Juzgado Noveno de Primera Instancia de lo Civil en esta Ciudad, con el número de expediente 1452/2021, Baja California, demanda que se inscribió preventivamente ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en esta Ciudad, bajo partida número 6259749, de fecha 6 de diciembre del 2021 (Se anexa Copia) obteniendo Sentencia Definitiva con fecha 24 de mayo de 2022, causando ejecutoria el día 16 de junio del 2022, ordenándose la inscripción de la Sentencia ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en esta Ciudad, mediante oficio de fecha 6 de julio del 2022 se anexa copia certificada." Segundo. Derechos humanos cuya violación se reclama. El quejoso señaló como derecho fundamental constitucional violado, el consagrado en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, narró en la demanda que dio origen al presente juicio, los antecedentes de los actos que reclama; y, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repetición innecesaria, al resultar aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, número de registro 164618, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede leerse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, página 830; de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Tercero. Admisión y trámite. El veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, se proveyó sobre la admisión a trámite, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio intervención al Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito a este Juzgado, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento se celebró al tenor del acta que antecede. En auto de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo por reconocido el carácter de terceros interesados a Enrique Martínez Jiménez y Edith Florentino Pablo. Considerando Primero. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; preceptos 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 107/2022 emitido por el citado Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés; al reclamarse un acto que tiene ejecución en la circunscripción territorial en la que este órgano ejerce jurisdicción. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, por lo que del análisis integral del escrito de demanda y los informes justificados, se aprecia que sustancialmente el acto reclamado en esta vía consiste en: La falta de emplazamiento al juicio 1595/2017, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil de esta ciudad y sus consecuencias. Tercero. Certeza de los actos reclamados. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, ya que así lo manifestaron al rendir su informe justificado, en el que aceptaron la existencia del acto reclamado, lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener por demostrado el acto de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 830, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, página 830, Quinta Época, registro 1002815, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora con la copia certificada de las constancias relativas al juicio especial hipotecario 1595/2017, que adjuntaron a su informe justificado, la cual hace prueba plena, conforme los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Causas de improcedencia. Antes de entrar al estudio del asunto planteado, lo procedente es analizar las causas de improcedencia, ya que es cuestión de orden público y por ende, de estudio preferente, pues el examen en comento puede realizarse aún de oficio, acorde a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, el tercero interesado hace valer aunque de forma diversa, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que señaló la falta de interés jurídico del quejoso, habida cuenta que el quejoso no acredita con documento alguno el derecho que estima violatorio. Es fundado dicho motivo de improcedencia, en base a las siguientes consideraciones. Los artículos 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, relativa a la falta de demostración de interés jurídico en el juicio constitucional, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5°. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Artículo 5. Son parte en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" Los citados numerales con relación al interés jurídico establecen, que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola alguno de los que están reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional o internacional y con ello se afecte su esfera jurídica. De esas disposiciones normativas, se desprende que en relación con ese interés, la acción de amparo es procedente únicamente cuando el acto de autoridad que se combate afecta algún derecho con el que quien lo promueve cuenta -de ahí lo subjetivo-, por estar reconocido directamente en la Constitución Nacional, en un tratado internacional o en alguna norma derivada, sea de rango legislativo o reglamentario; premisa de la que se sigue, que la precondición para que un individuo esté en aptitud de incitar un juicio constitucional, radica en que acredite fehacientemente contar con un derecho y, además, que la actuación u omisión de la autoridad incide en él o inminentemente lo hará, de manera que se causa un detrimento en su esfera jurídica real y concreto. Luego, para que se actualice la referida precondición en tratándose de un amparo promovido por una persona que se ostenta como tercera extraña en estricto sentido, y que reclama el cumplimiento a la orden emitida en un juicio hipotecario del que no es parte, para desalojarlo de un inmueble, se requiere que acredite fehacientemente que la posesión que dice tener se deriva de la existencia de un título que le sirva de sustento. Circunstancia que, a juicio de esta juzgadora, no fue demostrada plenamente por el quejoso durante la substanciación del presente asunto. Al respecto, la parte quejosa no aportó medio de prueba que acreditara la posesión o propiedad del inmueble, no obstante que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, le correspondía la carga de la prueba para acreditar dicha circunstancia. En efecto, si bien con la finalidad de demostrar su interés jurídico el promovente del amparo ofreció como pruebas de su intención, las siguientes: Copia certificada de la sentencia dictada el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós dentro del juicio ordinario civil 1452/2021, de prescripción, del índice del Juzgado Noveno Civil de esta ciudad. Hoja de inscripción de la partida 659749, de fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, relativa al inmueble identificado con folio real 1299234, Unidad: C4 Modulo: Condominio C-1 Construido sobre el Lote 1-C de la Manzana 411 del Fraccionamiento Villa Fontana, Décima Cuarta Sección de esta ciudad, Municipio: Tijuana, Medidas y Colindancias Indiviso 18.82%, Detalle de Superficie de Construcción: 45.00 M2 de estacionamiento 14.575 M2 Privativa 87.468 M2. Dichos medios de prueba no obstante de que tengan valor probatorio pleno por ser expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, resultan ineficaces para acreditar que la propiedad y la posesión que defiende en este juicio, se sustentan en la existencia de un justo título. La ineficacia de los documentos que anexó el quejoso con la finalidad de acreditar la propiedad y posesión que adujo tener respecto del inmueble, es en virtud de que éstas fueron expedidas con posterioridad a la presentación de la demanda y auto de radicación del juicio de origen (veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete y seis de octubre de dos mil diecisiete, respectivamente). Para una mejor comprensión del asunto resulta conveniente narrar algunos antecedentes del acto reclamado. El veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, los licenciados Martha Verónica Reyes Ramírez, Elena Saraí Salcedo Medina y Leticia Lugo Carranco, en su carácter de apoderadas legales de Consultores Profesionales Corporativos, Sociedad Anónima de Capital Variable y como representante legal de Dessetec Desarrollo de Sistemas, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovieron el juicio especial hipotecario en contra de Obed Hernández Solar. En el auto de seis de octubre de dos mil diecisiete se tuvo por radicada la demanda y se ordenó el emplazamiento de la parte demandada. Mediante el escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, Enrique Martínez Jiménez y Edith Florentino Pablo, presentaron por conducto de su apoderado legal Francisco Javier Martínez Oliva, un escrito apersonándose a juicio, en virtud de haber celebrado contrato de cesión de derechos de crédito y litigiosos, en fecha seis de abril de dos mil dieciocho, con la empresa Dessetec Desarrollo de Sistemas, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por Consultores Profesionales Corporativos, Sociedad Anónima de Capital Variable, con lo cual se le dio vista a la parte contraria. Constancias de emplazamiento realizadas a la parte demandada Obed Hernández Solar, recibidas por la hoy quejosa ******************** (veintisiete y veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho). Auto dictado el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual declaró rebelde a la parte demandada Obed Hernández Solar. Sentencia dictada el tres de diciembre de dos mil diecinueve, mediante la cual se resolvió: ". PRIMERO.- Ha sido procedente la vía ESPECIAL HIPOTECARIA seguida en este juicio, en el que la parte actora probó los hechos constitutivos de su acción en rebeldía de la parte demandada. SEGUNDO.- Se declara vencido anticipadamente el Contrato Apertura de Crédito Simple con Interés Garantía Hipotecaria celebrado entre los contendientes, en fecha veintitrés de febrero del año dos mil uno, mediante escritura número 8,054 bajo el Volumen Notarial número 232, pasada ante la fe del Notario Público número siete de esta Ciudad, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, bajo partida número 5238796 de la Sección CIVIL de fecha veintiuno de marzo del año dos mil uno. TERCERO.- Se condena al C. HERNÁNDEZ SOLAR OBED a pagarle a la actora ENRIQUE MARTÍNEZ JIMÉNEZ y EDITH FLORENTINO PABLO por conducto de su apoderado legal FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OLIVA cesionarios, los siguientes conceptos: [.]" El treinta de enero de dos mil veinte, se declaró que la anterior sentencia causó ejecutoria. Certificado de inscripción de fecha veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, en el que se hizo constar lo siguiente: "EL CUAL REPORTA EL (LOS) SIGUIENTE(S) GRAVÁMEN (ES): CESIÓN DE DERECHOS SOBRE GRAVAMENES PARTIDA 6102814 DE SECCIÓN CIVIL DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2018 Y CON HORA 14:57 ESCRITURA PÚBLICA: PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA, NÚMERO 24564 DEL VOLUMEN NÚMERO 1030 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2018 PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO 20 DE LA CIUDAD TIJUANA, BAJA CALIFORNIA TIPO: CESIÓN DE DERECHOS DE CRÉDITO Y LITIGIOSOS, REGISTRADOS BAJO LA PARTIDA NÚMERO 5238796." De lo anteriormente narrado, queda evidenciado que a la hoy quejosa no le asiste el carácter de tercero extraña en estricto sentido, en virtud de que al momento de la presentación de la demanda que dio origen al juicio natural, no tenía ningún título sobre el bien inmueble de que se trata para demostrar que los actos reclamados afectaron su interés jurídico, ya que fue hasta el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en que fue admitida la demanda que dio origen al juicio de prescripción con el cual pretende acreditar su interés jurídico; aunado a qué previamente conoció de la existencia del juicio de origen al haber sido ella quien recibió el emplazamiento dirigido a la parte demandada; a que la sentencia dictada en el juicio de prescripción fue emitida hasta el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós y causó ejecutoria el dieciséis de junio siguiente, esto es, posterior a la etapa de ejecución del juicio hipotecario, independientemente de haber inscrito preventivamente la demanda el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, ya que conforme la narración realizada la sentencia que puso fin al juicio 1595/2017, de donde deriva el acto reclamado, causó ejecutoria el treinta de enero de dos mil veinte, es decir, previamente al inicio del juicio de prescripción que indica, es por tanto inconcuso que dadas las fechas de tramitación del juicio de prescripción, el dictado de la sentencia y la ejecutoria, no existía obligación por parte de la responsable para llamarla a defender algún derecho en el juicio hipotecario de origen ********************. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número P./J. 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 17/91, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia del Primer Circuito, visible en la página 5, del tomo XV, febrero de 2002, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Razón fundamental, por la que se sostiene que la quejosa carece de interés jurídico para controvertir los actos que en este juicio reclama y, por consecuencia queda evidenciada la actualización de la causal de improcedencia en estudio. En esos términos, lo procedente es sobreseer conforme lo refiere el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Quinto. Considerando que la parte quejosa se opuso de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, respecto de las autoridades responsables y por los motivos precisados en el considerando cuarto de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta resolución constitucional. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida de María Elizabeth Reyes Moreno, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos del que se advierte que feneció el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa en proveído de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, en el que se le dio vista para que de considerarlo necesario ampliara su demanda. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 111 (aplicado a contrario sensu) y 114 ambos de la Ley de Amparo se tiene por precluido el derecho de la parte quejosa para ampliar su demanda. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, mediante el cual remite el escrito signado por el apoderado legal de los terceros interesados ********************y ********************, por lo que con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se les tiene apersonándose a este juicio por conducto de su apoderado legal ********************, personalidad que se tiene por acreditada en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, toda vez que de las constancias que obran en autos relativas al juicio especial hipotecario ********************, se advierte que ante la autoridad responsable le fue reconocida la misma. Asimismo, téngasele señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, autorizado en términos amplios a ********************y únicamente para oír y recibir notificaciones a********************y ******************** dado que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y así como a las personas que refiere en su ocurso de cuenta. Por lo que respecta a la solicitud del acceso al expediente electrónico, con fundamento en lo dispuesto con en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el acceso al expediente electrónico que nos ocupa al usuario "********************", en el entendido que no formarán parte del expediente electrónico, los documentos a que hace referencia el artículo 92 del Acuerdo General antes precisado, así como las promociones y constancias respecto de las que se deba guardar sigilo. Por lo que, se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización correspondiente en dicho sistema, únicamente en el juicio de amparo en que se actúa. De igual forma, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la ley de la materia, se tienen por hechas en vía de alegatos las manifestaciones que realiza y objetando la documental que exhibió la parte quejosa adjunta a su escrito de demanda, consistente en sentencia definitiva dictada dentro del juicio ordinario civil bajo expediente ******************** del índice del Juzgado Noveno de lo Civil de esta ciudad, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Y en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, téngasele ofreciendo como prueba de su intención la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humana, probanzas que se tiene por anunciadas, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese.
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