Luz María Lira Trade

Expediente 852/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
852/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
05/12/2022

Partes del expediente

  • Luz María Lira Trade
  • Ruth Alicia Velez Fernández
  • RUTH ALICIA VELEZ FERNÁNDEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta, que no se interpuso por la parte quejosa recurso de queja, en contra del proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo presentada; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse desechado el juicio de amparo, es susceptible de destrucción, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo vigésimo primero, inciso d), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Finalmente, se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda de "no relevancia documental" y "destruible", que determina su destino, en términos del artículo 35 del mencionado acuerdo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Cumple prevención. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito firmado por Ruth Alicia Velez Fernández, a través del cual desahoga la prevención efectuada en auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Identificación del acto reclamado. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda de cuenta, en virtud de ser un todo, por lo que así debe interpretarse para armonizar los datos que contiene y fijar un sentido congruente con los elementos que la conforman, a fin de alcanzar una interpretación completa de la voluntad del promovente; lo que se efectúa en términos de la tesis 169, publicada en la página 207, del Tomo I, Materia Constitucional del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, que dice: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Se advierte que la parte quejosa reclama a las autoridades señaladas como responsables, lo siguiente: ".IV. ACTO RECLAMADO. Reclamamos por su sola entrada en vigor (forma autoaplicativa) del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Publica, publicado el nueve de septiembre de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, y que entró en vigor al día siguiente de dicha publicación", los siguientes artículos: ( Artículo Primero del Decreto aludido, en específico el artículo 29, fracción IV. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ( Artículo Segundo del Decreto, en específico los artículos 7, fracción VIl, 12, fracción I, 13 Bis, fracciones I, Il, Ill, V y VI, 14, primer párrafo, 15, fracción II, VIl y VIII, 32 Bis, 39 y 86 fracción III, de la Ley de la Guardia Nacional. ( Artículo Tercero del Decreto, en específico los artículos 2/o Bis, 138, fracción VIl, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. ( Artículos Segundo, Tercero, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno Transitorios del Decreto citado. En ese orden de ideas, enseguida reiteramos las normas generales reclamadas mencionadas pero redactado de otra manera, que a través de este amparo reclamamos los siguientes artículos vigentes por su sola entrada en vigor: ( El artículo 29, fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que se añadió a dicha ley a través del decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de septiembre de dos mil veintidós. ( Los artículos 7, fracción VIl, 12, fracción I, 13 Bis, fracciones I, Il, Il, V y V. 14, primer párrafo, 15, fracción Il, VIl y VIII, 32 Bis, 39 y 86 fracción III, de la Ley de la Guardia Nacional, que se añadieron a dicha ley a través del decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de septiembre de dos mil veintidós. ( Los artículos 2/o Bis, 138, fracción VIl, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que se adhirieron a dicha ley a través del decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de septiembre de dos mil veintidós. ( Los artículos Segundo, Tercero, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno Transitorios del Decreto citado Transitorios del decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de septiembre de dos mil veintidós." Desechamiento. Este órgano jurisdiccional procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia" ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido". Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto disponen "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Así como en la jurisprudencia número 128/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa.". Conforme a esos lineamientos, a criterio de esta juzgadora, considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción I, del mismo ordenamiento legal, así como el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa". [Énfasis añadido] Como se observa, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: Ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o 1. En caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. 2. En tanto que el artículo 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal precisa que, para combatir actos de tribunales se debe acreditar siempre un interés jurídico. A su vez, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos de la fracción I del artículo 5 de la ley. El interés jurídico constituye un presupuesto de la acción constitucional de amparo que, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, debe entenderse como la mera afectación a la esfera jurídica del gobernado. En ese caso, para que proceda el amparo y la protección de la justicia federal, debe existir un agravio personal, directo y objetivo, es decir, el daño o perjuicio que infiere una autoridad a cualquier gobernado violando en su perjuicio derechos humanos, bien mediante un hecho positivo o una abstención. Entendiendo por: Daño o perjuicio: La existencia de una violación a derechos humanos de una persona al verse mermados, disminuidos o restringidos por una ley o acto de autoridad. Agravio personal: El sujeto que intente la acción de amparo debe ser precisamente el titular de los derechos subjetivos públicos. Agravio directo: Implica el quebranto de esos derechos directamente a su titular. Agravio objetivo: Por medio del análisis que realice la autoridad de amparo, se encuentre que efectivamente se han violado los derechos humanos. Por otra parte, la doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo, tienen un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparada. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. Las características que permiten identificarlo, son: a. Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante. b. Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo. c. Debe existir una afectación a la esfera jurídica del particular. d. El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho. e. Es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante. f. La anulación del acto de autoridad produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 111/2013, en sesión de 5 de junio de 2014, estableció que el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Cabe precisar, que la inclusión del interés legítimo no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Al tenor de tales consideraciones, se estima que en el caso sobreviene de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, por lo siguiente: 1. Los promoventes guardan una situación genérica no especial frente al orden jurídico en cuestión respecto del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Publica, publicado el nueve de septiembre de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, y que entró en vigor al día siguiente de dicha publicación", es decir, su situación es simplemente igual a la de todos los gobernados a nivel nacional, estatal y municipal, de manera que no existe un interés particularmente distinto o diferenciado entre el entorno personal de los quejosos y el resto de la población, en relación con la sola entrada en vigor de dichas normas. 2. Los actos objeto de reclamo no son susceptibles de generar un perjuicio real y actual en los derechos de la parte quejosa. 3. No se observa que de prosperar esta instancia constitucional, se traduzca en un beneficio de los accionantes del amparo, por lo que la anulación de los actos no produciría ningún efecto directo o indirecto en la esfera jurídica de los quejosos. Sirve de fundamento, la tesis: "INTERÉS LEGÍTIMO. CUANDO EN AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES SE ALEGUE SU AFECTACIÓN, ES NECESARIO EXAMINAR LA NATURALEZA DE AQUÉLLAS PARA IDENTIFICAR SI EXISTE AGRAVIO A LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO. Acorde con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el interés legítimo individual o colectivo está condicionado a la afectación de la esfera jurídica del promovente, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De ahí que, aun cuando en un juicio de amparo contra normas generales se alegue que se afecta el interés legítimo y que se violan derechos reconocidos en la Constitución Federal, debe examinarse si se trata de normas heteroaplicativas o autoaplicativas, para identificar si se genera o no una afectación en la esfera jurídica del quejoso, sin que la vigencia de las normas, por sí sola, incida en su naturaleza, pues ésta depende del contenido particular de cada una, en el sentido de si las obligaciones de hacer o no hacer que establezcan requieren o no de un acto de aplicación para actualizar un perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, o bien surgen con la entrada en vigor de la norma, caso en el cual lo que debe quedar de manifiesto es que quien acude al juicio de amparo se encuentre en el supuesto normativo correspondiente". En la especie, los quejosos promueven el juicio de amparo, en el que reclaman concretamente, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascenso y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de septiembre de dos mil veintidós. Ello en virtud del interés legítimo que aducen tener, ya que la sujeción al mando militar inhibe el ejercicio de derechos esenciales en una democracia, como la libertad personal o la privacidad de las comunicaciones, dado que los elementos castrenses carecen de formación o adiestramiento para llevar a cabo tareas de seguridad pública, por ejemplo, para realizar actividades de prevención del delito o de proximidad ciudadana, para imponer multas administrativas con motivo de la infracción a reglamentos de tránsito o fungir como policía procesal en los términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal y no se trata de una medida excepcional o temporal, ya que la normativa impugnada no establece un periodo limitado para su vigencia. Sin embargo, para justificar el interés legítimo que aducen tener, los quejosos, no llegaron algún medio de convicción, de igual forma, los quejosos no acreditan, ni siquiera de manera indiciaria, un agravio diferenciado, que genere un daño inminente o irreparable a su pretensión. De tal circunstancia no se puede presumir, válida y objetivamente, que el decreto atribuido al Congreso de la Unión, donde se ordena la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, le genere a los impetrantes un agravio diferenciado, esto es, distinto al que pudiera resentir al resto de la sociedad. Tampoco contienen algún indicio a partir del cual se aprecie, que dicho agravio no solo es diferenciado, sino que además les causa un perjuicio irreparable e inminente a su persona. En ese mismo tenor, de la demanda de amparo, como del escrito que se atiende, la parte quejosa no justifica por qué razón las disposiciones de la reforma legislativa impugnada que transfieren el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional le afectan a su persona, de manera directa, real y efectiva. Sin que pueda justificarse la existencia de un agravio diferenciado originado por el decreto reclamado de transferir el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pues solo existe interés legítimo cuando es posible apreciar un agravio distinto al que sufre el resto de la sociedad con la inconstitucionalidad del acto, por lo que al no apreciarse de esa manera, entonces, se está ante un interés simple o jurídicamente irrelevante; y, por consiguiente, al no contar los quejosos con un agravio diferenciado, menos aún acreditan daño inminente e irreparable a su pretensión. En ese sentido, toda vez que la pretensión de la parte quejosa para acreditar su interés legítimo parte de la premisa de que el acto reclamado es resentido por toda la población en general (al referir que se ve afectado el ejercicio de los derechos esenciales en una democracia, como la libertad personal o la privacidad de las comunicaciones), tal afirmación resulta ineficaz para demostrar, aun de manera indiciaria, el interés legítimo necesario, pues por virtud del principio democrático previsto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el principio de división de poderes, contenido en el diverso numeral 49 constitucional, son los órganos democráticos los que deben resolver las inconformidades que son igualmente resentidas por toda la población. Al respecto se invoca como apoyo, la tesis 1a. CLXXXIV/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2009201, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, página 448, que dispone: "INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL. Cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general -y no se involucre un derecho colectivo-, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por virtud del principio democrático, contenido en el artículo 40 constitucional y del principio de división de poderes, contenido en el artículo 49, debe concluirse que son los órganos democráticos los que deben resolver las inconformidades que son igualmente resentidas por toda la población.". En consecuencia, resultan fundados los agravios en estudio, en tanto que al aducir un interés legítimo respecto de los actos reclamados, no demostró el daño inminente e irreparable que se podría causar con la negativa de la suspensión que exige el artículo 131, primer párrafo, de la Ley de Amparo." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XII, éste en concordancia con los preceptos 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo; y, 107, fracción I, de la Carta Magna, procede desechar la presente demanda de amparo. Apoya a lo anterior, la tesis I.9º.P.24K(10ª.) publicada en la Undécima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 1, mayo de 2021, tomo III, página 2483, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. CARECE DE ÉL QUIEN SEÑALÓ SER "ACTIVISTA SOCIAL" Y RECLAMA EL "ACUERDO POR EL QUE SE ASIGNAN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PROCESAL DE LA UNIDAD DE ÓRGANOS ESPECIALIZADOS POR COMPETENCIA DE LA GUARDIA NACIONAL, LAS FUNCIONES DE AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE OCTUBRE DE 2020. Hechos: Una persona que se autodenominó "activista social" promovió juicio de amparo y señaló como acto reclamado el "Acuerdo por el que se asignan a la Dirección General de Seguridad Procesal de la Unidad de Órganos Especializados por Competencia de la Guardia Nacional, las funciones de autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 2020, el cual, a su consideración, viola un derecho general que le asiste como miembro de la sociedad, consistente en el respeto de la legalidad. El Juez de Distrito desechó de plano la demanda, al considerar que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por falta de interés legítimo del quejoso; inconforme con esta decisión, éste interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que dicha persona -quien señaló ser activista social- carece de interés legítimo en el amparo contra normas generales para reclamar el acuerdo mencionado, porque la situación fáctica concreta que adujo como origen y fundamento de ese interés, no cumple con los requisitos y características necesarias para considerarlo actualizado. Justificación: Lo anterior es así, en virtud de que el quejoso adujo como fundamento de su pretensión la existencia de un interés simple que, según su dicho, corresponde a todo miembro de la sociedad, y como activista social, tiene el deber de velar porque los actos de autoridad sean legales; empero, ese interés simple y general en la legalidad de los actos de los entes públicos no llega a configurar el interés legítimo necesario para acudir al juicio de amparo, ya que éste es una posición intermedia entre el interés simple y el jurídico, sin que llegue a asemejarse o analogarse a alguno de ellos. Esto es, el interés legítimo se basa, primordialmente, en la existencia de un interés de mayor dimensión que el simple, es decir, uno cualificado, actual y real, que se traduce en que el acto reclamado afecte la esfera jurídica concreta de la persona, en virtud de la especial situación que guarda en relación con el orden jurídico, de modo que la promoción y resolución favorable del juicio de amparo le reporte un beneficio concreto y real, pues ésa es la finalidad de dicho medio extraordinario de defensa que, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, tiene por efecto restituir al agraviado en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto sea positivo y, cuando sea negativo, su efecto será obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar la prerrogativa de que se trate". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    virtud de que la parte quejosa no compareció en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento citado en la razón que antecede y notifico por lista fijada en los estrados del Edificio del Poder Judicial de la Federación en esta ciudad, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a Ruth Alicia Vélez Fernández, y otros, el contenido del acuerdo(sentencia) dictado(a) el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, en el juicio de amparo 852/2022-B Tijuana, Baja California, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Cumple prevención. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito firmado por Ruth Alicia Velez Fernández, a través del cual desahoga la prevención efectuada en auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Identificación del acto reclamado. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda de cuenta, en virtud de ser un todo, por lo que así debe interpretarse para armonizar los datos que contiene y fijar un sentido congruente con los elementos que la conforman, a fin de alcanzar una interpretación completa de la voluntad del promovente; lo que se efectúa en términos de la tesis 169, publicada en la página 207, del Tomo I, Materia Constitucional del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, que dice: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Se advierte que la parte quejosa reclama a las autoridades señaladas como responsables, lo siguiente: ".IV. ACTO RECLAMADO. Reclamamos por su sola entrada en vigor (forma autoaplicativa) del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Publica, publicado el nueve de septiembre de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, y que entró en vigor al día siguiente de dicha publicación", los siguientes artículos: ( Artículo Primero del Decreto aludido, en específico el artículo 29, fracción IV. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ( Artículo Segundo del Decreto, en específico los artículos 7, fracción VIl, 12, fracción I, 13 Bis, fracciones I, Il, Ill, V y VI, 14, primer párrafo, 15, fracción II, VIl y VIII, 32 Bis, 39 y 86 fracción III, de la Ley de la Guardia Nacional. ( Artículo Tercero del Decreto, en específico los artículos 2/o Bis, 138, fracción VIl, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. ( Artículos Segundo, Tercero, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno Transitorios del Decreto citado. En ese orden de ideas, enseguida reiteramos las normas generales reclamadas mencionadas pero redactado de otra manera, que a través de este amparo reclamamos los siguientes artículos vigentes por su sola entrada en vigor: ( El artículo 29, fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que se añadió a dicha ley a través del decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de septiembre de dos mil veintidós. ( Los artículos 7, fracción VIl, 12, fracción I, 13 Bis, fracciones I, Il, Il, V y V. 14, primer párrafo, 15, fracción Il, VIl y VIII, 32 Bis, 39 y 86 fracción III, de la Ley de la Guardia Nacional, que se añadieron a dicha ley a través del decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de septiembre de dos mil veintidós. ( Los artículos 2/o Bis, 138, fracción VIl, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que se adhirieron a dicha ley a través del decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de septiembre de dos mil veintidós. ( Los artículos Segundo, Tercero, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno Transitorios del Decreto citado Transitorios del decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de septiembre de dos mil veintidós." Desechamiento. Este órgano jurisdiccional procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia" ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido". Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto disponen "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Así como en la jurisprudencia número 128/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa.". Conforme a esos lineamientos, a criterio de esta juzgadora, considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción I, del mismo ordenamiento legal, así como el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa". [Énfasis añadido] Como se observa, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: Ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o 1. En caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. 2. En tanto que el artículo 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal precisa que, para combatir actos de tribunales se debe acreditar siempre un interés jurídico. A su vez, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos de la fracción I del artículo 5 de la ley. El interés jurídico constituye un presupuesto de la acción constitucional de amparo que, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, debe entenderse como la mera afectación a la esfera jurídica del gobernado. En ese caso, para que proceda el amparo y la protección de la justicia federal, debe existir un agravio personal, directo y objetivo, es decir, el daño o perjuicio que infiere una autoridad a cualquier gobernado violando en su perjuicio derechos humanos, bien mediante un hecho positivo o una abstención. Entendiendo por: Daño o perjuicio: La existencia de una violación a derechos humanos de una persona al verse mermados, disminuidos o restringidos por una ley o acto de autoridad. Agravio personal: El sujeto que intente la acción de amparo debe ser precisamente el titular de los derechos subjetivos públicos. Agravio directo: Implica el quebranto de esos derechos directamente a su titular. Agravio objetivo: Por medio del análisis que realice la autoridad de amparo, se encuentre que efectivamente se han violado los derechos humanos. Por otra parte, la doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo, tienen un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparada. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. Las características que permiten identificarlo, son: a. Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante. b. Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo. c. Debe existir una afectación a la esfera jurídica del particular. d. El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho. e. Es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante. f. La anulación del acto de autoridad produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 111/2013, en sesión de 5 de junio de 2014, estableció que el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Cabe precisar, que la inclusión del interés legítimo no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Al tenor de tales consideraciones, se estima que en el caso sobreviene de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, por lo siguiente: 1. Los promoventes guardan una situación genérica no especial frente al orden jurídico en cuestión respecto del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Publica, publicado el nueve de septiembre de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, y que entró en vigor al día siguiente de dicha publicación", es decir, su situación es simplemente igual a la de todos los gobernados a nivel nacional, estatal y municipal, de manera que no existe un interés particularmente distinto o diferenciado entre el entorno personal de los quejosos y el resto de la población, en relación con la sola entrada en vigor de dichas normas. 2. Los actos objeto de reclamo no son susceptibles de generar un perjuicio real y actual en los derechos de la parte quejosa. 3. No se observa que de prosperar esta instancia constitucional, se traduzca en un beneficio de los accionantes del amparo, por lo que la anulación de los actos no produciría ningún efecto directo o indirecto en la esfera jurídica de los quejosos. Sirve de fundamento, la tesis: "INTERÉS LEGÍTIMO. CUANDO EN AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES SE ALEGUE SU AFECTACIÓN, ES NECESARIO EXAMINAR LA NATURALEZA DE AQUÉLLAS PARA IDENTIFICAR SI EXISTE AGRAVIO A LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO. Acorde con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el interés legítimo individual o colectivo está condicionado a la afectación de la esfera jurídica del promovente, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De ahí que, aun cuando en un juicio de amparo contra normas generales se alegue que se afecta el interés legítimo y que se violan derechos reconocidos en la Constitución Federal, debe examinarse si se trata de normas heteroaplicativas o autoaplicativas, para identificar si se genera o no una afectación en la esfera jurídica del quejoso, sin que la vigencia de las normas, por sí sola, incida en su naturaleza, pues ésta depende del contenido particular de cada una, en el sentido de si las obligaciones de hacer o no hacer que establezcan requieren o no de un acto de aplicación para actualizar un perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, o bien surgen con la entrada en vigor de la norma, caso en el cual lo que debe quedar de manifiesto es que quien acude al juicio de amparo se encuentre en el supuesto normativo correspondiente". En la especie, los quejosos promueven el juicio de amparo, en el que reclaman concretamente, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascenso y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de septiembre de dos mil veintidós. Ello en virtud del interés legítimo que aducen tener, ya que la sujeción al mando militar inhibe el ejercicio de derechos esenciales en una democracia, como la libertad personal o la privacidad de las comunicaciones, dado que los elementos castrenses carecen de formación o adiestramiento para llevar a cabo tareas de seguridad pública, por ejemplo, para realizar actividades de prevención del delito o de proximidad ciudadana, para imponer multas administrativas con motivo de la infracción a reglamentos de tránsito o fungir como policía procesal en los términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal y no se trata de una medida excepcional o temporal, ya que la normativa impugnada no establece un periodo limitado para su vigencia. Sin embargo, para justificar el interés legítimo que aducen tener, los quejosos, no llegaron algún medio de convicción, de igual forma, los quejosos no acreditan, ni siquiera de manera indiciaria, un agravio diferenciado, que genere un daño inminente o irreparable a su pretensión. De tal circunstancia no se puede presumir, válida y objetivamente, que el decreto atribuido al Congreso de la Unión, donde se ordena la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, le genere a los impetrantes un agravio diferenciado, esto es, distinto al que pudiera resentir al resto de la sociedad. Tampoco contienen algún indicio a partir del cual se aprecie, que dicho agravio no solo es diferenciado, sino que además les causa un perjuicio irreparable e inminente a su persona. En ese mismo tenor, de la demanda de amparo, como del escrito que se atiende, la parte quejosa no justifica por qué razón las disposiciones de la reforma legislativa impugnada que transfieren el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional le afectan a su persona, de manera directa, real y efectiva. Sin que pueda justificarse la existencia de un agravio diferenciado originado por el decreto reclamado de transferir el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pues solo existe interés legítimo cuando es posible apreciar un agravio distinto al que sufre el resto de la sociedad con la inconstitucionalidad del acto, por lo que al no apreciarse de esa manera, entonces, se está ante un interés simple o jurídicamente irrelevante; y, por consiguiente, al no contar los quejosos con un agravio diferenciado, menos aún acreditan daño inminente e irreparable a su pretensión. En ese sentido, toda vez que la pretensión de la parte quejosa para acreditar su interés legítimo parte de la premisa de que el acto reclamado es resentido por toda la población en general (al referir que se ve afectado el ejercicio de los derechos esenciales en una democracia, como la libertad personal o la privacidad de las comunicaciones), tal afirmación resulta ineficaz para demostrar, aun de manera indiciaria, el interés legítimo necesario, pues por virtud del principio democrático previsto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el principio de división de poderes, contenido en el diverso numeral 49 constitucional, son los órganos democráticos los que deben resolver las inconformidades que son igualmente resentidas por toda la población. Al respecto se invoca como apoyo, la tesis 1a. CLXXXIV/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2009201, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, página 448, que dispone: "INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL. Cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general -y no se involucre un derecho colectivo-, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por virtud del principio democrático, contenido en el artículo 40 constitucional y del principio de división de poderes, contenido en el artículo 49, debe concluirse que son los órganos democráticos los que deben resolver las inconformidades que son igualmente resentidas por toda la población.". En consecuencia, resultan fundados los agravios en estudio, en tanto que al aducir un interés legítimo respecto de los actos reclamados, no demostró el daño inminente e irreparable que se podría causar con la negativa de la suspensión que exige el artículo 131, primer párrafo, de la Ley de Amparo." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XII, éste en concordancia con los preceptos 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo; y, 107, fracción I, de la Carta Magna, procede desechar la presente demanda de amparo. Apoya a lo anterior, la tesis I.9º.P.24K(10ª.) publicada en la Undécima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 1, mayo de 2021, tomo III, página 2483, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. CARECE DE ÉL QUIEN SEÑALÓ SER "ACTIVISTA SOCIAL" Y RECLAMA EL "ACUERDO POR EL QUE SE ASIGNAN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PROCESAL DE LA UNIDAD DE ÓRGANOS ESPECIALIZADOS POR COMPETENCIA DE LA GUARDIA NACIONAL, LAS FUNCIONES DE AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE OCTUBRE DE 2020. Hechos: Una persona que se autodenominó "activista social" promovió juicio de amparo y señaló como acto reclamado el "Acuerdo por el que se asignan a la Dirección General de Seguridad Procesal de la Unidad de Órganos Especializados por Competencia de la Guardia Nacional, las funciones de autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 2020, el cual, a su consideración, viola un derecho general que le asiste como miembro de la sociedad, consistente en el respeto de la legalidad. El Juez de Distrito desechó de plano la demanda, al considerar que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por falta de interés legítimo del quejoso; inconforme con esta decisión, éste interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que dicha persona -quien señaló ser activista social- carece de interés legítimo en el amparo contra normas generales para reclamar el acuerdo mencionado, porque la situación fáctica concreta que adujo como origen y fundamento de ese interés, no cumple con los requisitos y características necesarias para considerarlo actualizado. Justificación: Lo anterior es así, en virtud de que el quejoso adujo como fundamento de su pretensión la existencia de un interés simple que, según su dicho, corresponde a todo miembro de la sociedad, y como activista social, tiene el deber de velar porque los actos de autoridad sean legales; empero, ese interés simple y general en la legalidad de los actos de los entes públicos no llega a configurar el interés legítimo necesario para acudir al juicio de amparo, ya que éste es una posición intermedia entre el interés simple y el jurídico, sin que llegue a asemejarse o analogarse a alguno de ellos. Esto es, el interés legítimo se basa, primordialmente, en la existencia de un interés de mayor dimensión que el simple, es decir, uno cualificado, actual y real, que se traduce en que el acto reclamado afecte la esfera jurídica concreta de la persona, en virtud de la especial situación que guarda en relación con el orden jurídico, de modo que la promoción y resolución favorable del juicio de amparo le reporte un beneficio concreto y real, pues ésa es la finalidad de dicho medio extraordinario de defensa que, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, tiene por efecto restituir al agraviado en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto sea positivo y, cuando sea negativo, su efecto será obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar la prerrogativa de que se trate". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la boleta de turno proveniente de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, se le tiene remitiendo el oficio proveniente del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, al que se adjunta la demanda de amparo que promueven Ruth Alicia Velez Fernández, Eric Emmanuel Sauvain Velez y Luz María Lira Trade, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y de otras autoridades, Fórmese expediente, y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 852/2022-B. Representante común Téngase a los quejosos designando como su representante común a Ruth Alicia Velez Fernández, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo. Prevención Es obligación de este juzgador examinar en su integridad el escrito de demanda, y si hubiere alguna irregularidad o deficiencia en éste, mandar prevenir a quien promueve para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que pueda subsanarlas en tiempo. Por tanto, a fin de proveer lo conducente sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción I, y 114, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a los quejosos, por conducto de su representante común, para que dentro del plazo de cinco días, legalmente computado, cumplan con lo siguiente: Señalen si la demanda de amparo la promueven: 1. de propio derecho; 2. en representación del colectivo o persona moral "Frente Nacional Ciudadano" o "FRENA", como integrantes de esta última; y/o 3. como "defensores de derechos humanos" en favor de un tercero, caso en el cual deberán precisar el nombre completo o razón social del mismo. En el entendido que en caso de que hayan promovido la demanda de amparo en favor del citado colectivo o persona moral y/o en favor de un tercero, deberán acreditar además su representación a través de documento idóneo. Lo anterior, ya que de la lectura integral de la demanda relativa, no se advierte con claridad dichas circunstancias. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, en el término y condiciones antes apuntados, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, ello con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo. Comunicación no procesal De igual manera, se tiene como medio de comunicación no procesal el correo electrónico que se proporciona, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 5º, fracción I, y 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Días y horas inhábiles En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009 Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "servicios jurisdiccionales", en el que encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Se exhorta a promover la tramitación del juicio en línea Ahora bien, tomando en consideración las medidas de contingencia adoptadas por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, de conformidad con el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico, así como la práctica de notificaciones por la misma vía en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que en su caso se dicte en este asunto. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales Conjuntos 1/2009 y 1/2015, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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