Luz Maria Mendez Barajas

Expediente 510/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
510/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Luz Maria Mendez Barajas
  • No Existe

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    OFICIO RECURSO DE REVISIÓN

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés.****************************************Vista la cuenta precedente, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene a la quejosa********************, interponiendo recurso de revisión contra la sentencia emitida el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés.****************************************Una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítase dentro del término de tres días el expediente original al tribunal colegiado que corresponda, enviándose al efecto el original y copia del escrito de agravios relativo.****************************************Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables.****************************************Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas del cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 510/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. Asimismo hace contar que feneció el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa en auto de dos de agosto del año en curso, para el efecto de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo, limitándose a las cuestiones derivadas de la complementación de su informe justificado realizada por las autoridades responsables Jefe del Departamento de Amparos y Procesos Administrativos, en cuanto apoderado del Titular de la Comisión Coordinadora de Transporte del Estado de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico del Director de Transporte; Directora de Asuntos Jurídicos; y, Subdirector de Informática, todos de dicha dependencia, sin que haya hecho manifestación alguna, pues dicho término transcurrió del once al treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en ese proveído, y con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se sigue el presente juicio en los términos señalados en el líbelo constitucional. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con la documental allegada por el quejoso y con la exhibida por el Director de lo Contencioso, adscrito a la Dirección General Jurídica, en representación del Titular y del Director de Ingresos, ambos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán y Jefe del Departamento de Amparos y Procesos Administrativos, en cuanto apoderado del Titular de la Comisión Coordinadora de Transporte del Estado de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico del Director de Transporte; Directora de Asuntos Jurídicos; y, Subdirector de Informática, todos de dicha dependencia. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que únicamente las autoridades responsables formularon alegatos. El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. R E S U L T A N D O Primero. Mediante escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, ******************** por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado de Michoacán y de otras autoridades, que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión de la demanda. Por razón de turno, le tocó conocer de la demanda a este Órgano jurisdiccional, por lo que se registró bajo el número 510/2023; en auto de tres de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado la admitió a trámite, por lo que solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; y se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. El dos de agosto de dos mil veintitrés, se corrió traslado a la parte quejosa con el informe justificado rendido por el Jefe del Departamento de Amparos y Procesos Administrativos, en cuanto apoderado del Titular de la Comisión Coordinadora de Transporte del Estado de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico del Director de Transporte, de la Directora de Asuntos Jurídicos, y del Subdirector de Informática, todos de dicha dependencia, para que en el plazo de quince días, manifestara si era su deseo ampliar la demanda, sin que la amparista hubiese manifestado nada al respecto. Así seguido el juicio por sus trámites legales, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede, en la que se hizo efectivo el apercibimiento formulado a la quejosa en el proveído citado en el párrafo que antecede, y se determinó que el presente juicio se seguiría en los términos descritos en el escrito inicial de demanda; así se procede a dictar sentencia al tenor de las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que ********************reclamó del Coordinador General, del Director del Transporte, de la Directora de Asuntos Jurídicos y del Subdirector de Informática, todas de la Comisión Coordinadora del Transporte Público, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno y del Director de Ingresos de la citada Secretaría, lo siguiente: La omisión a recibir los pagos relativos a la renovación de la concesión del servicio público de transporte número ********************. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados a la Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán y Director de Ingresos de la citada Secretaría, por así manifestarlo al rendir su informe justificado [foja 30]. No obstante lo anterior, la promovente del amparo no aportó probanza alguna tendente a desvirtuar la negativa de la autoridad responsable de referencia, aun cuando se le dio la vista respectiva con el informe justificado rendido por ésta, a pesar que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, era su obligación. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Por consiguiente, ante la inexistencia de los actos reclamados señalados en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Coordinador General, del Director del Transporte, a la Directora de Asuntos Jurídicos y al Subdirector de Informática, todas de la Comisión Coordinadora del Transporte Público [por conducto del Jefe del Departamento de Amparo y Procesos Administrativos de la Comisión Coordinadora de Transporte del Estado y en cuanto apoderado de la Comisión en cita, así como en cuanto superior jerárquico de todas las autoridades] toda vez que si bien es cierto que negaron los actos que se les atribuyen, también lo es que exponen razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, a saber, que ha sido omisa en cumplir sus obligaciones en cuanto concesionaria del servicio público. Es aplicable al caso la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Octava Época, Registro 211004, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Lo que se corrobora con el acta notarial levantada fuera de protocolo por el Notario Público Número 93, ********************, mediante el cual dio fe de que la autoridad Director de Transporte Público, dependiente de la Comisión Coordinadora de Transporte Público de Michoacán, se negó a recibirle el pago respectivo, con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º. En ese sentido, se tiene por cierto el acto reclamado en esta instancia constitucional. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Quinto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, corresponde ahora examinar la procedencia del juicio de garantías, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Las autoridades responsables (foja 33), indican que se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, dado que la quejosa no presentó la demanda en el plazo previsto en el artículo 17 de la citada Ley de la Materia. No se actualiza la causal invocada. Por principio, es cierto que, aunque en apariencia pudiera establecerse que la presentación de la demanda resulta ser extemporánea, dado que la peticionaria de amparo señaló que las responsables se han negado a recibir los pagos relativos a la renovación de la concesión, desde los años de 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, no obstante que precisó haber acudido de manera personal cada año y que no le han sido recibidos. Lo cierto es que la negativa de las autoridades responsables de recibir los pagos inherentes a la renovación de la concesión, en realidad se traduce en una omisión porque nunca le dieron una respuesta por escrito en la que le expresaren los motivos por los que se negaban a ello, sino que únicamente se limitaron a dar pretextos por los que no le podían recibir el pago, pero fueron respuestas verbales. Por ende, la omisión reclamada tiene el carácter de acto negativo y como tal es de tracto sucesivo, porque la violación se actualiza de momento a momento, por tratarse de hechos continuos que no se agotan una vez producidos, sino hasta en tanto cese la negativa u omisión de que se trata. En apoyo a lo anterior, es de citar la Tesis aislada III.5o.C.21 K, consultable en el Tomo XXI, Mayo de 2005, página 1451, Novena Época, Materias(s): Común, Registro digital: 178476 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia. Finalmente, dado que no existen más causas de improcedencia que las partes hayan hecho valer y este juzgador tampoco advierte de manera oficiosa, la existencia de alguna, por lo que procede que este juzgador emprenda el estudio del fondo del asunto. Sexto. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCION. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Son inoperantes los conceptos de violación, toda vez que la parte quejosa omitió ampliarlos respecto de la complementación de la fundamentación y motivación que realizaron las responsables al rendir su informe justificado. En efecto, en la especie el acto reclamado se hizo consistir en la omisión a recibir los pagos relativos a la renovación de la concesión del servicio público de transporte número ********************. La quejosa esgrimió como conceptos de violación medularmente que, las autoridades responsables vulneran su esfera de derechos toda vez que, pese a que ha cumplido en tiempo y forma con acudir cada año a realizar los pagos de la renovación de la concesión del servicio público; éstas sin procedimiento, ni mandamiento escrito debidamente fundado y motivado, se han negado a recibirlos, coartando su derecho de concesionaria debidamente reconocido. Por su parte, el Coordinador General, el Director del Transporte, la Directora de Asuntos Jurídicos y el Subdirector de Informática, todas de la Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado de Michoacán [por conducto del Jefe del Departamento de Amparo y Procesos Administrativos de la Comisión Coordinadora de Transporte del Estado y en cuanto apoderado de la Comisión en cita, así como en cuanto superior jerárquico de todas las autoridades] al rendir su informe justificado señalaron esencialmente que: La quejosa incumplió con su obligación de solicitar la renovación de la concesión dentro de los primeros sesenta días del año fiscal correspondiente, conforme a lo previsto en el artículo 39, fracción XI de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán. Que además omitió acreditar que cumplía con todas las condiciones y requisitos establecidos en su título de concesión y lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán. Que la amparista partía de una premisa falsa, a saber, que por el hecho de que en su momento se le otorgó el carácter de concesionaria, se le debía realizar el trámite de la renovación; toda vez que, opuesto a lo que aducía, ello se encontraba sujeto a la renovación anual en los términos que marca la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán y su Reglamento, en la que se verifica que cumpla con los demás requisitos de ley. También aducen, que es omisa en cumplir con lo estipulado en los artículo 4º, penúltimo párrafo, 115, fracción V, incisos a) y h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 4º, fracciones II, XIII, XV y XVI, el ordinal 9º, fracciones I, V y IX de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en relación con el 41 de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, correlacionado con lo estipulado por el ordinal 15, inciso d) del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, a fin de garantizar la calidad, progresividad, seguridad y eficiencia en la prestación del servicio público de transporte de personas y proteger al público usuario de dicho servicio, que impone la obligación a los concesionarios respecto de utilizar un vehículo para la prestación del servicio en mención, el cual debe tener una antigüedad máxima de doce años; dado que la quejosa pretendía renovar su concesión, respecto de un vehículo que tiene una antigüedad de veinte años. Además, tampoco exhibió la documentación a que se refiere el artículo 15, de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán. Atento a lo anterior y tomando en consideración que las autoridades responsables complementaron el acto reclamado respecto de la fundamentación y motivación, es que en proveído de dos de agosto de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa con su contenido, a efecto de que en el término de quince días manifestara si era su deseo ampliar la demanda; apercibiéndola que en caso de no hacerlo, se resolvería únicamente en atención a lo señalado en su escrito inicial. En razón a que la peticionaria de amparo no realizó la ampliación de demanda, en la celebración de la audiencia constitucional se le hizo efectivo dicho apercibimiento y se ordenó continuar el juicio en los términos aducidos. En concordancia con lo anterior, se estima que son inoperantes los conceptos de violación, toda vez que la peticionaria de amparo omitió ampliarlos en relación con la complementación que efectuaron las responsables al rendir su informe justificado. Por tanto, si por un lado, en la demanda de amparo la quejosa se limitó a aducir que las autoridades responsables vulneran su esfera de derechos, toda vez que pese que ha cumplido en tiempo y forma con acudir cada año a realizar los pagos de la concesión del servicio público; éstas sin procedimiento, ni mandamiento escrito debidamente fundado y motivado, se han negado a recibirlos, coartando su derecho de concesionaria debidamente reconocido. Y por otro, la impetrante omitió expresar y revelar a través de la causa de pedir, las causas, circunstancias y razones por las que estimase erróneo el señalamiento de las responsables al rendir su informe justificado, en el sentido de que, atendiendo a los preceptos que invocaron, la quejosa desde dos mil diecisiete no ha solicitado la renovación de la concesión de manera anual, dentro de los primeros sesenta días del año fiscal correspondiente; que tampoco acreditó que cumplió con los requisitos a que se refieren los artículos 15 y 22 del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes; y que el vehículo con el que pretendía renovar la concesión, tenía una antigüedad de veinte años, cuando debe tener máximo doce años; es indudable que los conceptos de violación son inoperantes. Esto porque atento a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 124 de la ley de Amparo, en los asuntos del orden Administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo hubiese expresado la autoridad responsable en el informe justificado. En apoyo a lo anterior, es de citar en lo que interesa, la Jurisprudencia 2a./J. 23/2015 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, página 1239, Décima Época, Materias(s): Común, Administrativa, Registro digital: 2008753, que dice: "ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO SE ACTUALIZA RESPECTO DE LOS EMITIDOS EN FORMA UNILATERAL. La porción normativa que establece: "En los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado. Ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración.", debe entenderse referida exclusivamente a los actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, cuyos efectos son directos e inmediatos, toda vez que cualquier acto administrativo, que recae a una solicitud de parte interesada, o bien, al ejercicio de un derecho de acceso a la información, de acceso a la justicia y de audiencia y defensa, invariablemente -de considerar que contiene un vicio que lo torna inconstitucional- debe subsanarse (a través de un nuevo acto) en la parte que corresponde a la afectación del derecho relativo, pues de lo contrario, quedaría inaudita la violación alegada bajo el argumento de que la autoridad responsable, al rendir su informe de ley, no complementó la fundamentación y motivación del acto reclamado y que, por tanto, existe "un impedimento para reiterarlo", lo que no es acorde con el objetivo del juicio de amparo de restituir al gobernado en el pleno goce del derecho violado y obligar a la autoridad responsable a respetarlo. También resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.- El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer "razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse.". Así las cosas, al resultar inoperantes los conceptos de violación y tomando en consideración que la suplencia de la queja deficiente sobre el tema del acto reclamado no procede, en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo y al no demostrarse transgresión a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tanto, lo que procede es negar el amparo y protección que de la Justicia Federal se ha solicitado. Séptimo. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************por su propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades que quedaron especificadas en el considerando tercero de esta resolución, por los motivos expuestos en el mismo. Segundo. Por las razones determinadas en el considerando sexto de esta resolución, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************en contra del acto reclamado a las autoridades y acto que quedaron especificados en los considerandos segundo y cuarto del propio fallo. Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por medio de lista y por oficio a las responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, del estado de autos, en específico, del informe justificado rendido por el Jefe del Departamento de Amparos y Procesos Administrativos, en cuanto apoderado del Titular de la Comisión Coordinadora de Transporte del Estado de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico del Director de Transporte; Directora de Asuntos Jurídicos; y, Subdirector de Informática, todos de dicha dependencia, se advierte que complementó dicho informe mediante fundamentación y motivación del acto reclamado, el cual es meramente de carácter administrativo. Por tanto, conforme a lo dispuesto el último párrafo del precepto 117 de la Ley de Amparo, se ordena correr traslado con el informe justificado de referencia a la parte quejosa a efecto de que en el plazo de quince días, contado a partir de la notificación del presente proveído, manifieste si es su deseo ampliar la demanda, limitándose a las cuestiones derivadas de la complementación realizada por las autoridad responsable citada en el párrafo precedente en su informe justificado. De ser así realice su ampliación de demanda en los términos del artículo 108 de la Ley de Amparo, exhibiendo las copias suficientes de su escrito de ampliación para correr traslado a la totalidad de las partes. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacer manifestación en el plazo concedido el presente juicio se resolverá únicamente respecto de la autoridad responsable y los actos reclamados señalados en su escrito de demanda. Apoya a lo anterior, la tesis aislada IV.2o.a.74 K (10a), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la página 1986, libro 9, Agosto de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO DE AMPARO. SE ACTUALIZA POR LA OMISIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO PARA QUE AMPLÍE SU DEMANDA RESPECTO DE LA COMPLEMENTACIÓN DE LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO RECLAMADO, REALIZADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. El último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo dispone que en el juicio de amparo indirecto, tratándose de actos materialmente administrativos a los que se atribuya la ausencia o insuficiencia de fundamentación y motivación, al rendir su informe justificado la autoridad deberá complementar esos aspectos, caso en el cual, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Así, dicha excepción al principio de inmutabilidad del acto reclamado permite que, previo al dictado de la sentencia en la audiencia constitucional, se anticipe la verificación del cumplimiento de los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación y, concomitantemente, en función de la complementación del acto reclamado, se dé al impetrante la oportunidad de perfeccionar su defensa, garantizando que en la sentencia se efectúe un análisis integral de éste, tanto en sus aspectos formales como en los sustantivos, con lo cual se logra, en principio, inmediatez en la reparación de las violaciones que, por ser fuente de inseguridad jurídica, impedían al quejoso ejercer una defensa adecuada; también se aseguran el estudio y restauración de las violaciones sustantivas que llegasen a existir, evitando el dictado de una resolución que atienda sólo a los vicios formales, pero que postergue el estudio de los sustantivos, en detrimento del deber de no repetición como subprincipio del derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así, corresponde a los tribunales evitar dilaciones innecesarias en la resolución del asunto y, en todo caso, en la restauración de los derechos vulnerados, a través de un procedimiento eficiente y eficaz; de ahí que el precepto inicialmente citado anticipa al dictado de la sentencia la verificación del respeto al requisito constitucional de fundamentación y motivación, como garantía instrumental del derecho humano a la seguridad jurídica y, además, garantiza al gobernado la aptitud de defenderse y tiene, como primer alcance, el superar un estado de incertidumbre denunciado en su demanda, de suerte que si la autoridad complementa dichos aspectos, se adelanta un efecto restauratorio de la violación a un derecho humano y se logra que el impetrante conozca dentro del procedimiento de amparo, con mayor precisión, la naturaleza del acto, para perfeccionar su defensa, dado su conocimiento integral. Relacionado con lo anterior, el último párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo establece la obligación del Juez para que en los asuntos del orden administrativo se analice en la sentencia el acto reclamado, considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado y, ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en caso de concederse el amparo, se determine que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración; este dispositivo adquiere sentido jurídico, pues en él se encuentra inmerso implícitamente el principio de efectividad del amparo, el cual orienta y obliga a los órganos jurisdiccionales que conocen del juicio a resolver atendiendo a un sentido pragmático, que incida eficazmente en la esfera de derechos del gobernado, y no se utilice únicamente (por parte del quejoso) para entorpecer la actividad del Estado, o bien, tratándose de actos jurisdiccionales, para obstaculizar el goce de los derechos de la contraparte. Bajo ese contexto, de la interpretación sistemática de los dispositivos 117, último párrafo y 124, último párrafo, de la Ley de Amparo, se colige que cuando en la demanda de amparo se reclame un acto materialmente administrativo, el Juez de Distrito deberá actuar procedimentalmente de la siguiente forma: 1) Rendido el informe justificado, en caso de que la autoridad responsable complemente la fundamentación y motivación, correrá traslado de forma personal al quejoso para que, en el plazo de quince días, realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a las cuestiones derivadas de la referida complementación; 2) Con la ampliación se dará vista a las responsables así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen; 3) Para tales efectos deberá diferirse la audiencia constitucional; 4) Celebrada ésta, en la sentencia el Juez analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado; y, 5) Si considera que, superado lo anterior, aún existe falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración. En consecuencia, la omisión de dar vista al quejoso con la complementación de la fundamentación y motivación expresada en el informe justificado, para que amplíe su demanda, en lo que respecta a esa complementación, que origina que el Juez de Distrito no se pronuncie en la sentencia en relación con la reiteración o no del acto reclamado, sin posibilidad de cercioramiento efectivo sobre la incidencia real de éste en la esfera jurídica del impetrante, es decir, únicamente desde una perspectiva meramente anulatoria y no reparadora, constituye una violación a las leyes del procedimiento de amparo, así como al principio de efectividad de las sentencias, que trasciende al resultado del fallo y obliga a reponer el procedimiento para subsanar dicha omisión." Por tanto, para dar margen a lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las diez horas del cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano