Luz María Escutia Sánchez

Expediente 437/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
437/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
24/05/2021

Partes del expediente

  • Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
  • Luz María Escutia Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    El licenciado Javier Morales Guzmán, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hago constar y certifico: Que concluyó el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada dentro del juicio de amparo 437/2020, pues transcurrió del diez al veintiuno de mayo del año en curso, tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes, de conformidad con los artículos 19 y 22 de la misma ley, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Morelia, Michoacán, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 437/2020, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste. Morelia, Michoacán, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, JAVIER MORALES GUZMAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2e.60 28/09/21 14:52:34 pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Tercero. Interposición del recurso de queja y su resolución. Inconformes con el proveído de veintiséis de abril de dos mil veinte, tanto la parte quejosa como el Gobernador el Estado de Michoacán, interpusieron recurso de queja, de dichos medios de impugnación conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito. Órgano Colegiado que las registró con los números 87/2020 [Gobernador] y 128/2020 [quejosa]. La primera fue desechada en sesión de diez de mayo de dos mil veinte; y, la segunda, se declaró infundada en sesión de dieciséis del mes y año citados. Cuarto. Reanudación de términos y plazos. En proveído de doce de agosto de dos mil veinte, con base en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; se levantó la suspensión del procedimiento y se fijó hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo con el resultado consignado en el acta que antecede; y, quedan los autos a la vista del Juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda, en términos de los siguientes CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados son omisiones y la demanda de amparo fue presentada en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados, los actos reclamados por la parte quejosa al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al Gobernador del Estado de Michoacán y al Ayuntamiento Constitucional de Morelia son: La omisión de implementar acciones para garantizar su derecho al trabajo, ello derivado de las medidas que el Estado ha implementado debido a la pandemia SARS COV-2 (COVID 19). Tercero. Negativa de actos reclamados, deben tenerse por ciertos para evitar denegación de la justicia. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobernador del Estado de Michoacán, el Presidente Municipal de Morelia, al rendir sus informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados; sin embargo, los mismos deben tenerse por ciertos. Ello, porque el estudio de su certeza está involucrada con el estudio del fondo del asunto, por lo que, el tenerlos como inexistentes, propiciaría la denegación de la justicia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de tesis 104/2018 [Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto del Décimo Quinto Circuito y Tercero en Materia Penal del Segundo Circuito], publicada en la página 926 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Décima Época, Materia Común, registro digital: 2018110, de rubro y texto siguientes: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". Lo anterior además tomando en cuenta que precisamente lo que se reclama es la creación de políticas públicas que garanticen el derecho al trabajo derivado de las medidas sanitarias que el Estado ha implementado debido a la pandemia SARS COV-2 (covid19); luego, está claro que no existe dispositivo legal secundario en que se encuentre tal facultad. Del mismo modo, es aplicable la tesis aislada IV/2021 (10ª.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 635/2019 y aprobada en sesión a distancia de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, la cual es del tenor siguiente: "ACTOS OMISIVOS. DETERMINACIÓN DE SU CERTEZA CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO INDIRECTO EL NO EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE UNA AUTORIDAD. HECHOS: En una demanda de amparo indirecto se impugnó la omisión del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de ejercer sus facultades de recabar y emitir información estadística sobre asentamientos humanos informales o irregulares. CRITERIO JURÍDICO: Para determinar la existencia o certeza de los actos consistente en la omisión de una autoridad de ejercer alguna de las facultades que se estime le corresponden es suficiente advertir, someramente la coherencia o viabilidad del argumento respectivo en relación con el marco jurídico general que rija la actuación de la autoridad a la se atribuya la referida omisión. JUSTIFICACIÓN: Lo anterior es así, porque el estudio sobre la certeza de los actos reclamados no debe propiciar denegación de justicia el involucrar ese análisis el estudio del fondo del asunto, lo que podría ocurrir cuando se pretenda corroborar con precisión si la autoridad a la que se atribuyan actos omisivos cuenta o no con las facultades para ejercerlos". Cuarto. Análisis de las causas de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados que se atribuyen a la autoridad responsable, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese contexto, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos al rendir su informe justificado manifiesta que el juicio de amparo es improcedente porque la parte quejosa no cuenta con interés jurídico ni legítimo para promoverlo; esto es, hace valer la causa de improcedencia contenida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sin embargo, dicha causa de improcedencia debe desestimarse, porque los motivos que invoca la responsable para considerar que debe sobreseerse el presente juicio de amparo, los hace derivar de aspectos que se relacionan con el estudio de fondo del asunto, toda vez que la parte quejosa en sus conceptos de violación aduce precisamente que el Estado debe garantizar la supervivencia de su familia, de su negocio, su derecho al trabajo, entre otros. Es aplicable la jurisprudencia P./J.135/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del tomo XV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes enero de 2002, Novena Época, registro 187973, que la letra dispone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse". Por tanto, toda vez que las partes no hicieron valer otra causa de improcedencia, ni este juzgador advierte de oficio la actualización de alguna de ellas, procede analizar los conceptos de violación. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Ello, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Materia Común, registro 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." La parte quejosa reclama -en esencia- la omisión de las responsables de garantizar su derecho al trabajo; por tanto, como se trata de un derecho social, este órgano jurisdiccional en primer término definirá los derechos económicos, sociales y culturales; y, posterior a ello, utilizará la metodología de adjudicación constitucional establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 566/2015 para resolverlo, ya que en dicha ejecutoria estableció la "estrategia para adjudicar derechos sociales". Ahora bien, como se adelantó, en primer término, se considera necesario establecer la definición de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC). Al respecto la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) señala que los DESC "son los derechos humanos vinculados a la satisfacción de diversas necesidades, aquellas que permiten a las personas vivir de forma digna y desarrollar sus capacidades al máximo a partir de la libre determinación. Entre estas necesidades es fácil ubicar la alimentación, el agua, el trabajo, la salud, la vivienda, la educación, la seguridad social y la cultura". En segundo término, debe precisarse que en el amparo en revisión 566/2015, los quejosos alegaban que la omisión de terminar el proyecto de la "Ciudad de las Artes" violaba su derecho a la cultura, toda vez que dicha omisión les impedía acceder a bienes culturales aunado a que era regresiva porque en el Estado de Nayarit había menos bienes culturales. Para responder dicho argumento la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció la siguiente estrategia o metodología de adjudicación constitucional, esto es, estudió: "(i) el contenido del derecho a la cultura protegido en el parámetro de regularidad constitucional; (ii) el deber de proteger el núcleo esencial del derecho a la cultura; (iii) el deber de realizar progresivamente la plena realización de dicho derecho; (iv) el deber de no tomar injustificadamente medidas regresivas; y (v) si se violó el derecho de los quejosos a acceder a bienes y servicios culturales". Por tanto, este juzgador estima que debe ajustarse a dicha estrategia de adjudicación constitucional para resolver este juicio de amparo, por lo que el estudio se hará de la forma siguiente: el contenido del derecho al trabajo protegido en el parámetro de regularidad constitucional; el deber de proteger el núcleo esencial del derecho al trabajo; el deber de realizar progresivamente la plena realización de dicho derecho; el deber de no tomar injustificadamente medidas regresivas; y Si se violó en detrimento de los quejosos el derecho al trabajo. (i) El contenido del derecho al trabajo protegido en el parámetro de regularidad constitucional. El derecho al trabajo se encuentra protegido por el artículo 6° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al establecer: "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado". El trabajo es un derecho esencial para que las personas puedan lograr su supervivencia, su realización y su integración a la comunidad. Este derecho comprende la accesibilidad efectiva a un trabajo digno, incluyendo orientación y formación técnico-profesional, la libertad para elegirlo o aceptarlo, así como el impedimento de labores forzadas y de privaciones injustificadas. Un trabajo digno:  respeta los derechos fundamentales de las personas, incluyendo su integridad;  otorga una remuneración que permite vivir con dignidad;  se realiza en un ambiente seguro;  permite el desarrollo personal y profesional;  comprende jornadas laborales razonables; y  brinda la posibilidad de disfrutar de vacaciones periódicas y remuneradas. El derecho al trabajo también comprende una dimensión colectiva, las personas tienen el derecho de fundar y afiliarse a sindicatos, así como formar parte de federaciones y confederaciones nacionales e internacionales sin restricción, de tal forma que cuenten con mecanismos que les permitan defender la calidad y aceptabilidad de sus trabajos. Un ejemplo de estos mecanismos es la huelga, que también es un derecho. (ii) el deber de proteger el núcleo esencial del derecho. En relación con dicho tema la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 566/2015, determinó: "[.] El deber de proteger el núcleo esencial de los derechos sociales ha sido claramente reconocido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En efecto, en su Observación General No. 3 sostuvo que "corresponde a cada Estado Parte una obligación mínima de asegurar la satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos", de tal manera que "[s]i el Pacto se ha de interpretar de tal manera que no establezca una obligación mínima, carecería en gran medida de su razón de ser." En la misma línea, en la Observación General No. 21 sobre el derecho a la cultura, también dicho comité también argumentó que existe un núcleo esencial del derecho a la cultura. En sentido similar, esta Suprema Corte ha sostenido que los derechos sociales tienen un núcleo esencial que debe ser protegido por el Estado. Al resolver el amparo en revisión 323/2014, en el que se reclamaron diversas omisiones en relación con la distribución y aplicación efectiva del gasto público educativo, esta Primera Sala señaló que el derecho a la educación tiene un núcleo que debe ser protegido por el Estado. En el amparo en revisión 750/2015, en el que se reclamó la omisión por parte del Gobierno de Michoacán de continuar transfiriendo recursos a la ********** y, consecuentemente el cobro de cuotas de inscripción; esta Primera Sala estableció que el derecho a la educación tiene un contenido mínimo que debe ser protegido absolutamente, aunque ese mínimo puede ser ampliado. Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte ha reconocido la noción de un núcleo esencial de los derechos sociales. Así, en el amparo en revisión 378/2014, un grupo de pacientes del INER reclamaron la omisión de ejecutar el proyecto denominado "Construcción y Equipamiento del Servicio Clínico para Pacientes con VIH/Sida y Co-infección por Enfermedades de Transmisión Aérea", también conocido como "pabellón 13", así como la omisión de autorizar la transferencia de los recursos suficientes para tal fin. En dicha sentencia se determinó que corresponde al Estado una obligación mínima de asegurar por lo menos, la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De igual manera, en el amparo en revisión 1219/2015, en el que el recurrente argumentó que el Estado tiene la obligación de proveer a todos los estudiantes del Sistema Educativo Nacional de una alimentación nutritiva y suficiente, la Segunda Sala señaló que el gobierno debe cumplir con ciertos elementos mínimos que permitan, en la medida de lo posible, que las personas puedan ejercer los derechos humanos, toda vez que "para poder determinar los elementos mínimos necesarios para exigir un derecho fundamental, es necesario buscar e identificar lo que se ha denominado: el núcleo o contenido esencial de los derechos fundamentales", es decir, "aquella parte del contenido del derecho que es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos que dan vida al derecho, resulten real, concreta y efectivamente protegidos." De lo anterior se puede desprender que esta Suprema Corte ha sostenido que los derechos sociales atribuyen un deber incondicional de proteger su núcleo esencial. Así, dichos derechos imponen un deber de resultado, es decir, el Estado mexicano tiene un deber de garantizar de manera inmediata la protección del núcleo esencial de los derechos sociales. Esta obligación se justifica porque existen violaciones tan graves a los derechos sociales que no sólo impiden que las personas puedan gozar de otros derechos sino que atacan directamente su dignidad. Así, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló, en el caso de la Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay que "las afectaciones especiales del derecho a la salud, e íntimamente vinculadas con él, las del derecho a la alimentación y el acceso al agua limpia impactan de manera aguda el derecho a una existencia digna (énfasis añadido)". En dicho precedente, se explicó que el hecho de que "el Estado no había garantizado el derecho de los miembros de la Comunidad Yakye Axa a la propiedad comunitaria [.] ha afectado el derecho a una vida digna de los miembros de la Comunidad, ya que los ha privado de la posibilidad de acceder a sus medios de subsistencia tradicionales, así como del uso y disfrute de los recursos naturales necesarios para la obtención de agua limpia y para la práctica de la medicina tradicional de prevención y cura de enfermedades. (énfasis añadido)" En la misma línea, en el caso Comunidad indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay, la Corte Interamericana declaró que el Estado no le había otorgado a la comunidad las prestaciones básicas para proteger su dignidad, ya que sus gestiones no habían alcanzado para proveer a los miembros de la Comunidad de agua en cantidad suficiente y calidad adecuada, lo cual los expone a riesgos y enfermedades. De igual forma, la Corte estableció que el Estado no había mejorado las necesidades nutricionales de los integrantes de la Comunidad y no había realizado acciones positivas para garantizar el acceso a establecimientos de salud, cuestiones que también violan el derecho a una vida digna. En el caso de los Villagrán Morales y otros vs. Guatemala, la Corte Interamericana argumentó que "las necesidades de protección de los más débiles -como los niños en la calle- requieren en definitiva una interpretación del derecho a la vida de modo que comprenda las condiciones mínimas de una vida digna" (énfasis añadido), aclarando que cuando los Estados violan los derechos de personas o niños en situación de riesgo, están cometiendo una doble agresión, toda vez que, por un lado, el Estado no está evitando que vivan en la miseria, por lo que los privan de tener unas mínimas condiciones de vida digna y, por otra parte, están atentando contra su integridad y hasta contra su propia vida. Finalmente, también es oportuno destacar que varios tribunales constitucionales también han reconocido que en materia de derechos sociales se debe garantizar un mínimo vital que impida que una vulneración a esos derechos afecte la dignidad de las personas, entre los que cabría citar a la Corte Constitucional Colombiana y al Tribunal Constitucional Federal Alemán. Así, esta Primera Sala entiende que se viola el núcleo esencial de los derechos sociales cuando una afectación a éstos afecta la dignidad de las personas. De esta manera, los tribunales caso por caso deberán valorar si una afectación a un derecho social es tan grave que puede afectar la dignidad de las personas y si ese fuera el caso, deberán declarar que se viola el núcleo esencial del derecho y ordenar la inmediata protección del mismo. De acuerdo con lo expuesto anteriormente, puede decirse que existe una distinción entre distintos niveles de protección en los derechos sociales: (i) un núcleo esencial que protege la dignidad de las personas e impone al Estado obligaciones de cumplimiento inmediato e ineludible en caso de una vulneración; (ii) cuando se sobrepase ese núcleo esencial, un deber de alcanzar progresivamente la plena realización del derecho; y (iii) un deber de no adoptar injustificadamente medidas regresivas. Si bien estos dos últimos puntos serán desarrollados con más detalle posteriormente, es necesario introducir desde ahora esta distinción para aclarar que los deberes que se imponen al Estado en tienen alcances distintos [.]". De lo transcrito se advierte que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que se viola el núcleo esencial de los derechos sociales cuando una afectación a éstos afecta la dignidad de las personas. Por lo que -señaló- los tribunales caso por caso deberán valorar si una afectación a un derecho social es tan grave que puede afectar la dignidad de las personas y si ese fuera el caso, deberán declarar que se viola el número esencial del derecho y ordenar la inmediata protección del mismo. Asimismo, adujo que existía una distinción entre los distintos niveles de protección de los derechos sociales: "(i) un núcleo esencial que protege la dignidad de las personas e impone al Estado obligaciones de cumplimiento inmediato e ineludible en caso de una vulneración; (ii) cuando se sobrepase ese núcleo esencial, un deber de alcanzar progresivamente la plena realización del derecho; y (iii) un deber de no adoptar injustificadamente medidas regresivas" Por tanto, como en el caso la adjudicación constitucional versa sobre el derecho al trabajo, este órgano jurisdiccional debe establecer cuál es su núcleo esencial. El derecho al trabajo es un derecho fundamental y esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con dignidad. Los Derechos Humanos en el trabajo tienen su origen como derechos sociales en la Constitución Mexicana de 1917 y en la Constitución Alemana de Weimar de 1919, después de un largo proceso de desarrollo que arranca desde la Revolución Industrial. El derecho al trabajo tiene tres elementos fundamentales: 1) libertad para ejercer cualquier profesión lícita sin injerencia de alguna autoridad pública; 2) derecho a tener un trabajo, que implica obligaciones positivas para el Estado, a fin de fomentar las circunstancias propicias para generar empleos; 3) dignidad, toda vez que el trabajo debe cumplir con un mínimo de condiciones justas. El trabajo expande su importancia al ámbito económico, social y político, de ahí la necesidad de que se desenvuelva bajo la lupa de los derechos humanos, pues sólo a través de la observancia de estos derechos humanos laborales se asegura que quienes tengan trabajo gocen de los beneficios de los derechos fundamentales de la persona que labora, para que lo realice con dignidad y que los valores de igualdad de trabajo, de igualdad de salario, de igualdad de género y sin discriminación alguna sean plenamente respetados. Asimismo, existen diversos derechos que inciden en el ámbito laboral de las personas, los cuales también se reconocen instrumentos internacionales que reconocen el derecho al trabajo y los derechos humanos en el trabajo, entre ellos:  La Observación General No. 18, El derecho al Trabajo. El derecho al trabajo es un derecho individual que pertenece a cada persona, y es a la vez un derecho colectivo. Engloba todo tipo de trabajos, ya sean autónomos o trabajos dependientes sujetos a un salario. El derecho al trabajo no debe entenderse como un derecho absoluto e incondicional a obtener empleo. El trabajo, de conformidad al artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), debe ser un trabajo digno. Éste es el trabajo que respeta los derechos fundamentales de la persona humana, así como los derechos de los trabajadores en lo relativo a condiciones de seguridad laboral y remuneración. También ofrece una renta que permite a los trabajadores vivir y asegurar la vida de sus familias, tal como se subraya en el artículo 7 del citado Pacto. Estos derechos fundamentales también incluyen el respecto a la integridad física y mental del trabajador en el ejercicio de su empleo. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) reafirma la necesidad de que los Estados Parte procedan a abolir, condenar y luchar contra todas las formas de trabajo forzado, como preceptúan la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 4 y el artículo 5 de la Convención sobre la Esclavitud, así como el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El ejercicio laboral en todas sus formas y a todos los niveles supone la existencia de los siguientes elementos interdependientes y esenciales, cuya aplicación dependerá de las condiciones existentes en cada Estado Parte: Disponibilidad. Los Estados Partes deben contar con servicios especializados que tengan por función ayudar y apoyar a los individuos para permitirles identificar el empleo disponible y acceder a él. Accesibilidad. El mercado del trabajo debe poder ser accesible a toda persona que esté bajo la jurisdicción de los Estados Partes. La accesibilidad reviste tres dimensiones: El párrafo 2 del artículo 2, así como del artículo 3 del PIDESC proscriben toda discriminación en el acceso al empleo y en la conservación del mismo por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad física o mental, estado de salud (incluso en caso de infección por el VIH/ SIDA), orientación sexual, estado civil, político, social o de otra naturaleza, con la intención, o que tenga por efecto, oponerse al ejercicio del derecho al trabajo en pie de igualdad, o hacerlo imposible. La accesibilidad física constituye una de las dimensiones de la accesibilidad al trabajo, como se puntualiza en el párrafo 22 de la Observación general Nº 5 del Comité DESC sobre las personas con discapacidad. La accesibilidad comprende el derecho de procurar, obtener y difundir información sobre los medios para obtener acceso al empleo mediante el establecimiento de redes de información sobre el mercado del trabajo en los planos local, regional, nacional e internacional. Aceptabilidad y calidad. La protección del derecho al trabajo presenta varias dimensiones, especialmente el derecho del trabajador a condiciones justas y favorables de trabajo, en particular a condiciones laborales seguras, el derecho a constituir sindicatos y el derecho a elegir y aceptar libremente empleo. En esas condiciones si bien puede establecerse que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, fijó los alcances de lo que sería el núcleo esencial del derecho al trabajo; como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 566/2015, este tribunal debe analizar si la vulneración que se alega al derecho al trabajo afecta la dignidad, en cuyo caso deberá declararse violado el número esencial de dicho derecho. Así, en el caso, este juzgado estima que la omisión reclamada no viola el núcleo del derecho de la parte quejosa al trabajo, ya que la omisión de garantizar su derecho al trabajo no genera una afectación tan grave en la esfera de los quejosos que pueda calificarse como una vulneración a su dignidad. En efecto, de las circunstancias planteadas por la parte quejosa y del contexto, no es razonable suponer que esa omisión compromete su dignidad e integridad. Ello, porque si bien la parte quejosa ofreció diversas pruebas con las mismas únicamente se pudiera acreditar: Que cuenta con un negocio, con el giro de vulcanizadora, que tiene cinco hijos [dos de ellos mayores de edad y tres menos de edad, a la fecha de presentación de la demanda]. Que los recibos de luz a nombre de Ubaldo Correa Rojas, en el periodo de enero de dos mil veinte a marzo de dos mil veinte y por el medidor 50N10T, tuvo un monto a pagar por la cantidad de cuatro mil novecientos un pesos; y, por el diverso medidor 25G8P9, por el mismo periodo, fue por la cantidad de setecientos treinta y siete pesos. Que la última vez que pagó el agua al Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, fue el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Que dos de sus hijas estudian en la "Universidad Montrer" y otro más en el "Conalep". Con lo que de manera alguna logra acreditar que la omisión de las responsables de garantizar su derecho al trabajo, afecta su dignidad; ya que de las circunstancias particulares planteadas por la parte quejosa así como de las documentales que ofreció, este juzgador no estima que se vea comprometida gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse a una situación de tormento, prohibida por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Máxime la parte quejosa señala que derivado del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y como consecuencia de la omisión reclamada, su negocio se encuentra cerrado y derivado de ello le cortarán la luz y se le suspenderá el servicio de agua potable; sin embargo, del recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad se advierte que el periodo es abarca desde antes de que iniciara la pandemia; y del emitido por el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, que el último pago que realizó fue el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, cuando la suspensión de actividades por el referido fenómeno de salud inició el dieciocho de marzo de dos mil veinte, por lo que si le suspenden el servicio del agua no será derivado de la suspensión de actividades derivado de la pandemia; además, las autoridades de los tres niveles de gobierno han ido modificando horarios de atención de los diferentes giros comerciales existentes así como los protocolos a seguir para que puedan seguir en funciones. No obstante lo anterior, y en atención a lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este juzgador debe analizar si con la omisión reclamada, el Estado vulneró el derecho de alcanzar progresivamente la protección plena del derecho al trabajo, o el derecho de no adoptar injustificadamente medidas regresivas. (ii) El deber de realizar progresivamente la plena realización del derecho. Respecto a dicho tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó en el amparo en revisión 566/2015, lo siguiente: "[.] El artículo 1° constitucional dispone que "[t]odas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad (énfasis añadido)". Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 26, señala que "[l]os Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados" (énfasis añadido). Asimismo, los artículos 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 1 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como "Protocolo de San Salvador", establecen que los Estados deben adoptar las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, la plena efectividad de los derechos. Ahora bien, la Observación General No. 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dispone que la expresión "progresividad efectiva", utilizada en el párrafo 1 del artículo 2 del Pacto, se refiere al reconocimiento de que la plena efectividad de todos los derechos económicos, sociales y culturales no podrá lograrse en un breve período de tiempo. Para dicho Comité, la "progresividad efectiva" se refiere a una obligación inmediata de respetar y garantizar todos los derechos pertinentes, pero tomando en consideración las dificultades que pueden presentarse, es decir, se necesita que exista la flexibilidad en un dispositivo que refleje las complicaciones que implica para cada Estado asegurar la plena efectividad de los derechos. Asimismo, la "progresividad efectiva" es entendida en esa observación general vinculándola con el objetivo principal del Pacto, que es establecer claramente las obligaciones que tienen los Estados con respecto a la plena efectividad de los derechos. De esta manera, el Comité impone una obligación de proceder lo más eficazmente posible para lograr ese objetivo. Así, una vez satisfecho el núcleo esencial, los derechos económicos, sociales y culturales imponen al Estado una obligación de fin, toda vez que dichas normas establecen un objetivo que el Estado debe alcanzar mediante los medios que considere más adecuados, partiendo de la premisa de que el pleno goce de los derechos sociales no se puede alcanzar inmediatamente, sino de manera progresiva. De esta manera, los órganos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo deben diseñar una política pública mediante la cual se garantice el pleno goce de los derechos económicos, sociales y culturales, en el entendido de que no le es exigible al Estado la satisfacción plena del derecho de manera inmediata, ya que, como se mencionó anteriormente, ese alcance debe realizarse progresivamente, lo cual desde luego no significa que el Estado no tenga ninguna obligación. El deber de progresividad en relación con la satisfacción del contenido de los derechos sociales implica que tiene que existir una política pública razonable para alcanzar el objetivo impuesto por el derecho en cuestión. En este sentido, los tribunales deben analizar si la medida impugnada se inscribe dentro de una política pública que razonablemente busque alcanzar la plena realización del derecho social. Por lo demás, esta metodología ha sido utilizada en el derecho comparado por otros tribunales para determinar si se vulneran las obligaciones de progresividad derivadas de los derechos sociales. Así por ejemplo, la Corte Constitucional de Sudáfrica, en los casos Sooramoney, Grootbom, TAC y Khosa, analizó si ciertas medidas resultaban violatorias de derechos sociales evaluando la razonabilidad de las mismas. Al respecto, cabe aclarar que la evaluación de la razonabilidad de la medida a la luz del principio de progresividad sólo se debe hacer una vez que el Estado haya satisfecho el núcleo esencial del derecho social, en los términos precisados en el apartado anterior. Adicionalmente, también hay que tener en cuenta que si bien los jueces pueden evaluar la razonabilidad de una medida, son las autoridades administrativas y legislativas quienes en principio están en una mejor posición para determinar cuáles son las medidas adecuadas para alcanzar la plena realización de los derechos sociales. Por tanto, al analizar la razonabilidad de la medida los tribunales deben ser deferentes con dichas autoridades. De acuerdo con lo expuesto, esta Primera Sala considera que la omisión de concluir el proyecto de la "Ciudad de las Artes" no vulnera la obligación de progresividad en la satisfacción del derecho porque en el caso concreto existe una política pública razonable sobre el acceso de las personas a distintos bienes e infraestructuras culturales. En efecto, el Gobierno del Estado de Nayarit concluyó la primera etapa de dicho proyecto, en la que se construyó un espacio propicio para exponer pintura y escultura y donde además se imparten talleres de pintura, oratoria y escultura; un espacio adecuado para practicar algunas disciplinas deportivas; así como un auditorio y un cine al aire libre para que los vecinos del municipio de Tepic tuvieran acceso a bienes y servicios culturales. En consecuencia, resulta evidente que el Estado sí tiene una política pública mediante la cual razonablemente se busca alcanzar progresivamente la plena realización del derecho a la cultura. Por lo demás, no hay que perder de vista que en el artículo décimo del decreto mediante el cual se autorizó al Ejecutivo a desincorporar y vender el terreno donde se realizaría la segunda etapa del proyecto, se manifestó que "[c]on el producto de la venta del bien inmueble descrito en el presente decreto, se destinará recurso económico a la Universidad Autónoma de Nayarit para cubrir por concepto de subsidios de anteriores ejercicios fiscales." Por tanto, se puede inferir que la decisión de las autoridades responsables de omitir finalizar el proyecto también es razonable, ya que destinar los recursos de la venta a una universidad pública, abonará a satisfacer al derecho a la educación, lo cual es una decisión de política pública razonable". Del texto transcrito se advierte que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia determinó que una vez satisfecho el núcleo esencial, los derechos económicos, sociales y culturales imponen al Estado una obligación de fin, toda vez que dichas normas establecen un objetivo que el Estado debe alcanzar mediante los medios que considere más adecuados, partiendo de la premisa de que el pleno goce de los derechos sociales no se puede alcanzar inmediatamente sino de manera progresiva. También determinó que el deber de progresividad en relación con la satisfacción del contenido de los derechos sociales implica que tiene que existir una política pública razonable para alcanzar el objetivo impuesto por el derecho en cuestión y que son las autoridades administrativa y legislativas quienes en principio están en una mejor posición para determinar cuáles con las medidas adecuadas para alcanzar la plena realización de los derecho sociales, por lo que los tribunales al analizar la razonabilidad de la medida deben ser deferentes con dichas autoridades. Establecido lo anterior, este juzgador considera que no hay una política pública mediante la cual razonablemente se busque alcanzar progresivamente la plena realización del derecho al trabajo, lo que impide a este juzgador continuar con la estrategia de adjudicación establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 566/2015; ya que implicaría la creación de políticas públicas, lo cual no está dentro de las facultades del Poder Judicial de la Federación. Al respecto, se considera de suma importancia establecer que a criterio de quien ahora resuelve, se debe distinguir entre crear políticas públicas y controlar constitucionalmente las que ya están creadas, pues en este último supuesto este juzgador sí estaría en condiciones de analizar si con la misma se busca alcanzar progresivamente el derecho al trabajo. Se explica. Si bien es cierto el derecho humano al trabajo, se encuentra positivizado en los artículos 4° y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en diversos instrumentos internacionales; también lo es que tal derecho debe ser analizado de manera conjunta con los artículos 25 y 26 de la propia Constitución, que entre otros aspectos contienen las obligaciones que el Estado para tener un bienestar social entre su comunidad, como tal es el caso, emprender políticas públicas para que la sociedad pueda acceder o tener oportunidad de un empleo. Así, al analizar el texto constitucional en conjunto con la Ley Federal del Trabajo, instrumento normativo y reglamentario del numeral 123, se advierte que los mexicanos podrán acceder a un trabajo digno y lícito, ante lo cual, el Estado deberá proporcionar el ámbito para su desarrollo. Asimismo, al examinar la Planeación Democrática del Desarrollo Nacional y el Sistema Nacional de Desarrollo Social del Estado Mexicano, contenida en los preceptos constitucionales citados (25 y 26), así como en los ordenamientos que las regulan, se desprende a quién le corresponde crear políticas públicas para garantizar los derechos económicos y sociales, con el fin de lograr el desarrollo social, pero entre esos entes no figura el poder judicial y mucho menos el instrumento procesal Constitucional que ahora ejerce la quejosa. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 76/2009 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1543 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Julio de 2009, Materia Constitucional Novena Época, registro 166883, de rubro y texto siguientes: "PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA DEL DESARROLLO NACIONAL Y SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. SE FUNDAMENTAN EN LOS ARTÍCULOS 25 Y 26 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Los citados preceptos establecen la rectoría económica del Estado para garantizar el crecimiento económico del país, la cual se cumple en los términos previstos en los propios dispositivos constitucionales, cuando el Estado alienta la producción, concede subsidios, otorga facilidades a empresas de nueva creación, estimula la exportación de sus productos, concede facilidades para la importación de materias primas, organiza el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional y el sistema nacional de desarrollo social, entre otras acciones. En estos preceptos constitucionales se establece la responsabilidad del Estado de organizar y conducir el desarrollo nacional, mediante el establecimiento de un sistema de planeación democrática que sea sólido, dinámico, permanente y equitativo al crecimiento de la economía para la independencia y democratización política, social y cultural de la nación. De este modo, la planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá atender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, la planeación nacional de desarrollo es la ordenación racional y sistemática de acciones que, con base en el ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y las diversas leyes que las desarrollan establecen." Así como la jurisprudencia P./J. 77/2009, también emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1064 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Agosto de 2009, Materia Constitucional, Novena Época, registro 166673, la cual es del tenor siguiente: "DESARROLLO SOCIAL. ES PARTE INTEGRANTE DE LA PLANEACIÓN NACIONAL DEL DESARROLLO, POR LO QUE ES UNA MATERIA COORDINADA ENTRE LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO, EN SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 25 Y 26 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Como lo establecen los artículos 25 y 26 de la Constitución Federal, la planeación nacional de desarrollo es la ordenación racional y sistemática de acciones que con base en el ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos contenidos en la propia Constitución y las diversas leyes que las desarrollan. En lo que se refiere a la materia de desarrollo social, si bien ésta no se encuentra definida de manera directa en la Constitución como sí lo están algunas otras vertientes de la planeación, la Ley General de Desarrollo Social en su artículo 15 claramente establece que la elaboración del programa nacional de desarrollo social estará a cargo del Ejecutivo Federal en los términos y condiciones de la Ley de Planeación, lo que hace evidente la íntima relación de ambas materias y el marco normativo al cual se debe ajustar aquélla. De este modo, mediante la llamada "Política Nacional de Desarrollo Social" se llevan a cabo las acciones relacionadas con el Plan Nacional de Desarrollo en lo concerniente a su preparación, formulación, ejecución, instrumentación, evaluación y control en la materia de desarrollo social. Por tanto, si bien la fracción XXIX-D del artículo 73 constitucional no especifica la naturaleza de la facultad como coordinada o de algún otro tipo se puede concluir que la materia de desarrollo social, en el contexto de la planeación, es una materia coordinada mediante los mecanismos establecidos en la propia Ley General de Desarrollo Social entre los distintos niveles de gobierno, en sus respectivas competencias, para la consecución de estos objetivos." Luego, el conceder el amparo a efecto de que el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, y el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, les garantice el derecho al trabajo, a un estilo de vida y de ingresos como el que la quejosa y sus menores hijos venían disfrutando hasta en tanto la Secretaría de Salud Federal determine el levantamiento de las medidas preventivas dictadas a causa del SARS COV2 (COVID-19), implicaría crear una política pública exclusiva para ellos, lo que no tiene sustento Constitucional. Lo que es acorde con lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. CXIV/2000, visible a fojas 149 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Materia Constitucional, Novena Época, registro 191360, de rubro y texto siguientes: "RECTORÍA ECONÓMICA DEL ESTADO EN EL DESARROLLO NACIONAL. LOS ARTÍCULOS 25 Y 28 CONSTITUCIONALES QUE ESTABLECEN LOS PRINCIPIOS RELATIVOS, NO OTORGAN DERECHOS A LOS GOBERNADOS, TUTELABLES A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO, PARA OBLIGAR A LAS AUTORIDADES A ADOPTAR DETERMINADAS MEDIDAS. Los artículos 25 y 28 de la Carta Magna establecen, en esencia, la rectoría económica del Estado para garantizar el crecimiento económico del país, que se cumple, en los términos previstos en los propios preceptos constitucionales, mediante diversas acciones en que el Estado alienta la producción, concede subsidios, otorga facilidades a empresas de nueva creación, estimula la exportación de sus productos, concede facilidades para la importación de materias primas y prohíbe los monopolios, esto es, todo acto que evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la producción industrial o comercial y, en general, todo lo que constituye una ventaja exclusiva e indebida en favor de una o varias personas, con perjuicio del pueblo en general o de una clase social; pero en este señalado aspecto de dirección estatal no conceden garantía individual alguna que autorice a los particulares a exigir, en vía de amparo, que para cumplir con tales encomiendas constitucionales, el Estado deba adoptar ciertas medidas y seguir determinadas direcciones, como establecer singulares requisitos de calidad para la elaboración y envasado de productos, con el pretendido propósito de proteger la economía nacional, pretensión que carece de sustento constitucional". Así como con lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 1/2009, publicada en la página 461 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Febrero de 2009, Materia Constitucional, Novena Época, registro 167856, la cual es del tenor siguiente: "RECTORÍA ECONÓMICA DEL ESTADO EN EL DESARROLLO NACIONAL. EL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO OTORGA A LOS GOBERNADOS GARANTÍA INDIVIDUAL ALGUNA PARA EXIGIR, A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO, QUE LAS AUTORIDADES ADOPTEN CIERTAS MEDIDAS, A FIN DE CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS RELATIVOS A AQUÉLLA. El citado precepto establece esencialmente los principios de la rectoría económica del Estado para garantizar el crecimiento económico del país, lo que se logrará mediante acciones estatales que alienten a determinados sectores productivos, concedan subsidios, otorguen facilidades a empresas de nueva creación, concedan estímulos para importación y exportación de productos y materias primas y sienten las bases de la orientación estatal por medio de un plan nacional; sin embargo, no concede garantía individual alguna que autorice a los particulares a exigir, a través del juicio de amparo, que las autoridades adopten ciertas medidas para cumplir con tales encomiendas constitucionales, pues el pretendido propósito del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dirige a proteger la economía nacional mediante acciones estatales fundadas en una declaración de principios contenida en el propio precepto de la Ley Fundamental." Lo anterior, se fundamenta Constitucionalmente en el principio de división de poderes previsto en el artículo 49 de la Constitución que rige en el Estado Mexicano, que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la división funcional de atribuciones que establece dicho numeral no opera de manera rígida, sino flexible, ello sólo significa que entre ellos existe una colaboración y coordinación en los términos establecidos, pero no los faculta para abrogarse facultades que corresponden a otro poder, sino solamente aquellos que la Constitución les asigna. Da sustento a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 78/2009 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1540 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Julio de 2009, Materia Constitucional, Novena Época, registro 166964, de rubro y texto siguientes: "DIVISIÓN DE PODERES. EL QUE ESTE PRINCIPIO SEA FLEXIBLE SÓLO SIGNIFICA QUE ENTRE ELLOS EXISTE UNA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS, PERO NO LOS FACULTA PARA ARROGARSE FACULTADES QUE CORRESPONDEN A OTRO PODER, SINO SOLAMENTE AQUELLOS QUE LA PROPIA CONSTITUCIÓN LES ASIGNA. El artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en un solo individuo o corporación. Sin embargo, ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte que la división funcional de atribuciones que establece dicho numeral no opera de manera rígida, sino flexible, ya que el reparto de funciones encomendadas a cada uno de los poderes no constituye una separación absoluta y determinante, sino por el contrario, entre ellos se debe presentar una coordinación o colaboración para lograr un equilibrio de fuerzas y un control recíproco que garantice la unidad política del Estado. Como se advierte, en nuestro país la división funcional de atribuciones no opera de manera tajante y rígida identificada con los órganos que las ejercen, sino que se estructura con la finalidad de establecer un adecuado equilibrio de fuerzas, mediante un régimen de cooperación y coordinación que funcionan como medios de control recíproco, limitando y evitando el abuso en el ejercicio del poder público, garantizando así la unidad del Estado y asegurando el establecimiento y la preservación del estado de derecho. Por su parte, el artículo 133 de la Constitución Federal consagra el principio de supremacía, que impone su jerarquía normativa a la que deben sujetarse todos los órganos del Estado y todas las autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones, por lo que, el hecho de que la división de poderes opere de manera flexible sólo significa que entre ellos existe una colaboración y coordinación en los términos establecidos, pero no los faculta para arrogarse facultades que corresponden a otro poder, sino solamente aquellos que la propia Constitución les asigna. De este modo, para que un órgano ejerza ciertas funciones es necesario que expresamente así lo disponga la Constitución Federal o que la función respectiva resulte estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas por efectos de la propia Constitución, así como que la función se ejerza en los casos expresamente autorizados o indispensables para hacer efectiva la facultad propia". Lo que es más, la política pública de desarrollo social, parece tener su propio sistema de evaluación a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, de conformidad con el artículo 72 de la de la Ley General de Desarrollo Social Da sustento a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 88/2009 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1066 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Agosto de 2009, Materia Constitucional, Administrativa, Novena Época, registro 166671, del tenor siguiente: "DESARROLLO SOCIAL. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA RELATIVA. El artículo 72 de la Ley General de Desarrollo Social prevé que la evaluación de la Política de Desarrollo Social estará a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, pudiendo ejecutarla por sí mismo a través de uno o varios organismos independientes del ejecutor del programa. Estas evaluaciones tienen un objeto particular especificado en el mismo artículo: la revisión periódica del cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo Social. Así, dependiendo de los resultados obtenidos, tiene facultades para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente. Por otro lado, el artículo 43, fracción IX, de la citada Ley General prevé que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social puede, a su vez, realizar evaluaciones de la Política Nacional de Desarrollo Social para informar a la sociedad sobre las acciones en torno al tema. Ambos tipos de evaluaciones son diversas y tienen cabida en el mismo sistema de evaluación de la Política de Desarrollo Social. En efecto, por un lado, las evaluaciones independientes de los ejecutores de los programas por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social responden al objeto y fines establecidos en el artículo 72 de esa Ley; mientras que los artículos 77, 78 y 81, fracción III, de su Reglamento claramente se refieren a la segunda modalidad de evaluación, la que puede ser calificada como "autoevaluación con fines informativos", con base en el artículo 43, fracción IX, de la referida legislación. Ambas modalidades deben observar los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, lo que evita la formación de criterios o parámetros diferenciados dentro de ambas modalidades. El segundo tipo de evaluación, la "autoevaluación con fines informativos", se encuentra limitada a los programas, acciones y recursos específicos que tengan a su cargo las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal y deben ser cubiertas con cargo a los respectivos presupuestos de las entidades evaluadas. Por el contrario, las evaluaciones realizadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social no pueden ser sino con cargo a su propio presupuesto como organismo público descentralizado. De este modo, las autoevaluaciones se establecen como sistema paralelo de evaluación y únicamente con efectos informativos. Las evaluaciones que pueden tener efectos sobre los programas son las realizadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y los organismos evaluadores independientes que no dependerán de ninguna manera de la Secretaría de Desarrollo Social, ni jerárquica ni financieramente." Por tanto, y como se dijo en líneas anteriores, ya no es factible continuar con los demás pasos de la estrategia de adjudicación contenida en el amparo en revisión 566/2015 y únicamente resta concluir que la omisión reclamada no afecta el número esencial del derecho al trabajo y que este juzgador se encontró impedido para analizar el resto de los deberes del Estado respecto del derecho fundamental al trabajo. Por otra parte, de la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa solicita que este juzgador se pronuncie sobre la aplicabilidad o no de las jurisprudencias y tesis aisladas que se citaron en la demanda de amparo. Los rubros de dichos criterios son los siguientes: "DERECHOS HUMANOS. SU CONTENIDO NO SE LIMITA AL TEXTO EXPRESO DE LA NORMA QUE LO PREVÉ, SINO QUE SE EXTIENDE A LA INTERPRETACIÓN QUE LOS ÓRGANOS AUTORIZADOS HAGAN AL RESPECTO". "JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA". "DERECHOS HUMANOS. NATURALEZA DEL CONCEPTO "GARANTÍAS DE PROTECCIÓN", INCORPORADO AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, VIGENTE DESDE EL 11 DE JUNIO DE 2011". "DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. SU CONTENIDO A LA LUZ DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES". "DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. DEBERES QUE GENERAN AL ESTADO". "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL". "SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIONES DERIVADAS DE AQUELLAS CUYO CUMPLIMIENTO PUEDE ANALIZARSE EN EL JUICIO DE AMPARO". "TRATADOS INTERNACIONALES. SU INTERPRETACIÓN DEBE SER CONFORME AL TEXTO DE LOS MISMOS CUANDO EL SENTIDO DE LAS PALABRAS SEA CLARO Y VAYAN DE ACUERDO A SU OBJETO Y FIN". "DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS TANTO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. PARA DETERMINAR SU CONTENIDO Y ALCANCE DEBE ACUDIRSE A AMBAS FUENTES, FAVORECIENDO A LAS PERSONAS LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA". "DERECHOS HUMANOS. NATURALEZA DEL CONCEPTO "GARANTÍAS DE PROTECCIÓN", INCORPORADO AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, VIGENTE DESDE EL 11 DE JUNIO DE 2011". "SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIONES DERIVADAS DE AQUELLAS CUYO CUMPLIMIENTO PUEDE ANALIZARSE EN EL JUICIO DE AMPARO". Respecto de dichos criterios, este juzgador estima que el contenido de los mismos no está a discusión, esto es, como se determinó en párrafos anteriores y con apoyo en los lineamientos trazados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el punto a dilucidar era, en primer término, si con la omisión reclamada se generaba una afectación tan grave en la esfera de los quejosos que pudiera calificarse como una vulneración a su dignidad. Y, de la lectura de las tesis invocadas por la parte quejosa e identificadas por este juzgador como 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 se advierte que tratan del contenido de los derechos humanos; de que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de derechos humanos es vinculante para los jueces mexicanos cuando sea más favorable a la persona; de las garantía de protección de los derechos humanos; del contenido del derecho fundamental a la vivienda digna; que los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe realizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano; que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituyen directrices para establecer y concretar las obligaciones que debe cumplir el Poder Judicial de la Federación; que la interpretación de los tratados internacionales debe ser conforme al texto de los mismos: para determinar el contenido y alcance de los derechos humanos debe acudirse tanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como a los Tratados Internacionales; que las garantías de protección de los derechos humanos son técnicas y medios que permiten lograr la eficacia de los mismos; y, que los actos de autoridad cuyo escrutinio implique indefectiblemente un pronunciamiento simultáneo sobre la interrogante de si una sentencia de la Corte Interamericana está cumplida o no constituye un "núcleo duro" de una cuestión no justiciable en sede interna. Por otro lado, la tesis que este juzgador identificó como "5" así es aplicable ya que deriva precisamente del amparo en revisión 566/2015 cuya estrategia de adjudicación constitucional se utilizó para llegar a la conclusión que la omisión reclamada no vulnera la dignidad de la parte quejosa. Finalmente, si bien, algunos de los quejosos son menores, este juzgador considera que no hay motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja, pues como quedó analizado en párrafos anteriores, la omisión reclamada no afecta su dignidad, aunado a que no se advierte violación alguna a derechos humanos por lo que tampoco es aplicable la tesis que al efecto invocó la parte quejosa de rubro "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTA LA VIOALCIÓN DE DERECHOS HUMANOS". En esas condiciones, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión al ayuntamiento quejoso para los efectos que se precisarán en el considerando siguiente. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Luz María Escutia Sánchez, por sí y en representación de sus menores hijos Jesús Osvaldo, Betsy Mayrette y Alán Ángel, todos de apellidos Correa Escutia, en contra del acto y autoridades que precisadas quedaron en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el diverso quinto. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista, personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintiocho de abril de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el informe justificado que remite el Director General Adjunto de lo Contencioso por ausencia del Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Economía, con residencia en la Ciudad de México; lo anterior, sin mayor pronunciamiento ya que el quince de enero del año en curso, se tuvo por recibido el mismo y se proveyó sobre su contenido. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por el Secretario de la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CR./CJD./015/4283/2020 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA" ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de enero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el Director General Adjunto de lo Contencioso por ausencia del Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Economía, con residencia en la Ciudad de México. Hágase relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por el Secretario de la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CR./CJD./015/4283/2020 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA" ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

Quedan 6 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano