Luz María Martínez Romano
Expediente 811/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 22 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 811/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 19/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Luz María Martínez Romano
- LUZ MARÍA MARTÍNEZ ROMANO y Otros.
- María Jimena López Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, por medio del cual acusa recibo del oficio CUMP. 1191-1, por el que se le devolvió el duplicado de la causa penal 106/2016 de su índice (anexo I), lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. CÚMPLASE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el cuatro de abril de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del dieciocho de abril al diez de mayo de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele el anexo I, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirvan acusar de recibo. Apercibidas que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a las partes mediante proveído de catorce de marzo de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, haciéndolo únicamente la parte tercero interesada como se hace constar en la certificación que antecede; en consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el trece de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 122 a 139), se concedió el amparo a la parte quejosa para el efecto de que el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada de veinticuatro de abril de dos mil dieciséis, y con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a). Deberá establecer con certeza con qué medios de prueba se acredita cada uno de los elementos del cuerpo del delito de violencia familiar, debiendo expresar las razones lógico jurídicas en que se apoye su conclusión, es decir, deberá de forma clara y pormenorizada aducir la parte o partes de las pruebas que le resultaron aptas para justificar el cuerpo del delito, además de otorgarles valor probatorio a cada prueba en particular, las cuales deberá relacionar con cada elemento del delito y concatenarlas en forma individual o circunstancial, de forma tal que exponga las razones por las cuales considera se demuestra el cuerpo de dicho ilícito y; b). Establecer las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito que se imputa al sujeto activo -aquí quejoso-, así como los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales debe concluirse que con la acción perpetrada se llevó a cabo el delito en esas circunstancias. Concesión del amparo que se hace extensiva al acto de ejecución, consistente en la identificación administrativa (ficha signalética). Es aplicable la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, noviembre de 1994, registro 209878, página 69, del rubro siguiente: AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS." Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa y tercero interesado interpusieron recurso de revisión, del cual le correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien en el toca R-344/2016 resolvió confirmar la sentencia sujeta a revisión (fojas 297 a 347). Así, mediante auto de treinta de enero de dos mil diecisiete, se requirió al juez responsable el cumplimiento de la presente ejecutoria de amparo (fojas 348 a 351). Por lo anterior, mediante oficio 2086 de diez de marzo de dos mil diecisiete, la autoridad responsable Juez de lo Penal de Cholula, Puebla remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha dictada en la causa penal 106/2016 de su índice, de la que se advierte que, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos el auto de formal prisión reclamado de veinticuatro de abril de dos mil dieciséis, así como la diversa resolución de tres de febrero de dos mil diecisiete con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, resolvió nuevamente la situación jurídica de la aquí quejosa Luz María Martínez Romano, decretándole auto de libertad por falta de elementos para procesar con las debidas reservas de la ley, por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR, previsto y sancionado por los artículos 284 bis y 284 quáter, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de los menores Patricio Emiliano López Martínez y María Jimena López Martínez. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Por otra parte, respecto del escrito presentado ante esta autoridad el veintidós de marzo de dos mil diecisiete (fojas 425 y 426), mediante el cual Arturo López González en su carácter de tercero interesado refiere no estar conforme con el cumplimiento dado por el juez responsable, al manifestar que al haber decretado auto de libertad vulnera el interés superior de sus menores hijos; agregando que la postura de esta autoridad, fue la que orilló al juez de la causa a dictar dicha resolución, con lo cual se deja impune el delito de violencia familiar en perjuicio de sus menores hijos, y obliga a la representación social a recabar más pruebas, lo que considera innecesario, pues provocaría la revictimización de sus menores hijos, lo que dice es contrario con la finalidad del juicio de amparo. Manifestaciones que por una parte son infundadas, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, esta autoridad federal se ciñó única y exclusivamente a vigilar que el juez responsable diera cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo antes precisados, sin excesos o defectos; entre los que se determinó que el Juez Penal responsable, con la libertad de jurisdicción que le fue otorgada, en el caso de decidir dictar nuevamente auto de formal prisión a la quejosa, debía, además de establecer con certeza los medios de prueba con los que se acreditaba el delito de violencia familiar, ESTABLECER LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, LUGAR Y MODO DE EJECUCIÓN de dicho ilícito. A lo cual, el juez de la causa no dio cumplimiento, al no establecer las circunstancias de tiempo, lugar y modo de dicho ilícito, por lo que se le requirió se ajustara a los lineamientos de la referida sentencia, la cual fue confirmada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en el toca de revisión R-344/2016. Lo anterior en virtud de que, la autoridad responsable debía atender puntualmente y en su totalidad los efectos de la ejecutoria de amparo conforme a las consideraciones y los lineamientos establecidos en la misma. Lo anterior es así, porque las consideraciones y los lineamientos constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de las ejecutorias de amparo, acotando la discrecionalidad que las autoridades responsables tienen en virtud de su libertad de jurisdicción, de forma que su inobservancia implicaría una falta al debido procedimiento de cumplimiento de las ejecutorias de amparo que tendría como resultado restar efectividad al juicio de amparo, en contravención de los derechos humanos de debido proceso y acceso efectivo a la justicia reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, los argumentos del tercero interesado referentes a que con la nueva resolución del juez se vulnera el interés superior de sus menores hijos, así como que se deja impune el delito de violencia familiar en perjuicio de los mismos y obliga a la representación social a recabar más pruebas, lo que considera innecesario, pues provocaría la revictimización de sus menores hijos; resultan inoperantes. Ello, en virtud de que, en la sentencia ejecutoriada se concedió la protección constitucional por vicios formales, es decir, por falta de fundamentación y motivación en que incurrió el juez de la causa, y dichas manifestaciones del tercero interesado se refieren a cuestiones de fondo de la nueva determinación emitida por el juez de la causa, lo cual no es materia de verificar en el cumplimiento del presente sumario constitucional, sino de un nuevo acto reclamado de la autoridad responsable. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL REPRESENTANTE ESPECIAL DE LOS MENORES EL PROVEÍDO DE 04 DE ABRIL DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a las partes mediante proveído de catorce de marzo de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, haciéndolo únicamente la parte tercero interesada como se hace constar en la certificación que antecede; en consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el trece de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 122 a 139), se concedió el amparo a la parte quejosa para el efecto de que el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada de veinticuatro de abril de dos mil dieciséis, y con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a). Deberá establecer con certeza con qué medios de prueba se acredita cada uno de los elementos del cuerpo del delito de violencia familiar, debiendo expresar las razones lógico jurídicas en que se apoye su conclusión, es decir, deberá de forma clara y pormenorizada aducir la parte o partes de las pruebas que le resultaron aptas para justificar el cuerpo del delito, además de otorgarles valor probatorio a cada prueba en particular, las cuales deberá relacionar con cada elemento del delito y concatenarlas en forma individual o circunstancial, de forma tal que exponga las razones por las cuales considera se demuestra el cuerpo de dicho ilícito y; b). Establecer las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito que se imputa al sujeto activo -aquí quejoso-, así como los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales debe concluirse que con la acción perpetrada se llevó a cabo el delito en esas circunstancias. Concesión del amparo que se hace extensiva al acto de ejecución, consistente en la identificación administrativa (ficha signalética). Es aplicable la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, noviembre de 1994, registro 209878, página 69, del rubro siguiente: AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS." Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa y tercero interesado interpusieron recurso de revisión, del cual le correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien en el toca R-344/2016 resolvió confirmar la sentencia sujeta a revisión (fojas 297 a 347). Así, mediante auto de treinta de enero de dos mil diecisiete, se requirió al juez responsable el cumplimiento de la presente ejecutoria de amparo (fojas 348 a 351). Por lo anterior, mediante oficio 2086 de diez de marzo de dos mil diecisiete, la autoridad responsable Juez de lo Penal de Cholula, Puebla remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha dictada en la causa penal 106/2016 de su índice, de la que se advierte que, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos el auto de formal prisión reclamado de veinticuatro de abril de dos mil dieciséis, así como la diversa resolución de tres de febrero de dos mil diecisiete con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, resolvió nuevamente la situación jurídica de la aquí quejosa Luz María Martínez Romano, decretándole auto de libertad por falta de elementos para procesar con las debidas reservas de la ley, por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR, previsto y sancionado por los artículos 284 bis y 284 quáter, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de los menores Patricio Emiliano López Martínez y María Jimena López Martínez. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Por otra parte, respecto del escrito presentado ante esta autoridad el veintidós de marzo de dos mil diecisiete (fojas 425 y 426), mediante el cual Arturo López González en su carácter de tercero interesado refiere no estar conforme con el cumplimiento dado por el juez responsable, al manifestar que al haber decretado auto de libertad vulnera el interés superior de sus menores hijos; agregando que la postura de esta autoridad, fue la que orilló al juez de la causa a dictar dicha resolución, con lo cual se deja impune el delito de violencia familiar en perjuicio de sus menores hijos, y obliga a la representación social a recabar más pruebas, lo que considera innecesario, pues provocaría la revictimización de sus menores hijos, lo que dice es contrario con la finalidad del juicio de amparo. Manifestaciones que por una parte son infundadas, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, esta autoridad federal se ciñó única y exclusivamente a vigilar que el juez responsable diera cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo antes precisados, sin excesos o defectos; entre los que se determinó que el Juez Penal responsable, con la libertad de jurisdicción que le fue otorgada, en el caso de decidir dictar nuevamente auto de formal prisión a la quejosa, debía, además de establecer con certeza los medios de prueba con los que se acreditaba el delito de violencia familiar, ESTABLECER LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, LUGAR Y MODO DE EJECUCIÓN de dicho ilícito. A lo cual, el juez de la causa no dio cumplimiento, al no establecer las circunstancias de tiempo, lugar y modo de dicho ilícito, por lo que se le requirió se ajustara a los lineamientos de la referida sentencia, la cual fue confirmada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en el toca de revisión R-344/2016. Lo anterior en virtud de que, la autoridad responsable debía atender puntualmente y en su totalidad los efectos de la ejecutoria de amparo conforme a las consideraciones y los lineamientos establecidos en la misma. Lo anterior es así, porque las consideraciones y los lineamientos constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de las ejecutorias de amparo, acotando la discrecionalidad que las autoridades responsables tienen en virtud de su libertad de jurisdicción, de forma que su inobservancia implicaría una falta al debido procedimiento de cumplimiento de las ejecutorias de amparo que tendría como resultado restar efectividad al juicio de amparo, en contravención de los derechos humanos de debido proceso y acceso efectivo a la justicia reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, los argumentos del tercero interesado referentes a que con la nueva resolución del juez se vulnera el interés superior de sus menores hijos, así como que se deja impune el delito de violencia familiar en perjuicio de los mismos y obliga a la representación social a recabar más pruebas, lo que considera innecesario, pues provocaría la revictimización de sus menores hijos; resultan inoperantes. Ello, en virtud de que, en la sentencia ejecutoriada se concedió la protección constitucional por vicios formales, es decir, por falta de fundamentación y motivación en que incurrió el juez de la causa, y dichas manifestaciones del tercero interesado se refieren a cuestiones de fondo de la nueva determinación emitida por el juez de la causa, lo cual no es materia de verificar en el cumplimiento del presente sumario constitucional, sino de un nuevo acto reclamado de la autoridad responsable. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA..."
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