Luz Maria Gonzalez Sanchez

Expediente 395/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
395/2015
Año
2015
Actuaciones
9
Última actuación
17/01/2017

Partes del expediente

  • Luz Maria Gonzalez Sanchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos el informe rendido por la autoridad responsable Director de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Puebla; en consecuencia, con fundamento en el artículo 199 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a las partes, para los efectos legales conducentes. Asimismo, con fundamento en el 119 del precitado ordenamiento legal, se tiene como prueba la documental que anexa al informe de mérito, sin perjuicio de hacer relación de ella en el momento procesal oportuno. Ahora bien, tal como dispone el artículo 199 de la ley de la materia, se señalan las diez horas con cinco minutos del veinte de enero de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo el desahogo de audiencia en la que habrá de resolverse la denuncia de repetición del acto reclamado planteada por la parte quejosa.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de enero de dos mil diecisiete. Agréguese el escrito y anexo de la quejosa LUZ MARÍA GONZÁLEZ SÁNCHEZ, mediante el cual manifiesta el incumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio de amparo por la autoridad responsable encargado del despacho de la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Puebla al dictar el oficio SSP/03/15455/2016 de seis de diciembre de dos mil dieciséis en el expediente administrativo número SSP/DAI/027/2014. Derivado de lo anterior de conformidad con el numeral 213 de la Ley de amparo, se le suple la deficiencia de la vía y en términos del diverso artículo 199 de la citada ley de la materia, se le tiene denunciando repetición del acto reclamado, incidencia que se declara procedente, en consecuencia córrase traslado con el oficio de cuenta y anexo a la referida responsable, para que en el plazo de tres días rinda el informe respectivo, manifestando lo que a su derecho convenga, y una vez vencido dicho término, se fijara hora y fecha para la celebración de la interlocutoria correspondiente.

  3. Principal

    (CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:"Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de seis de septiembre de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia de nueve de noviembre de dos mil quince (fojas 192 a 211), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la quejosa Luz María González Sánchez, para los efectos siguientes: ".NOVENA. Efectos del amparo. En las relatadas condiciones, dadas las irregularidades advertidas en la resolución reclamada, lo que procede es otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Luz María González Sánchez; y en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de este fallo y la restitución a la parte quejosa en el goce del derecho violado, se precisa que la citada concesión es para el efecto de que el encargado del despacho de la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, realice lo siguiente: Deje insubsistente el acuerdo dictado el siete de abril de dos mil quince en el expediente número SSP/DAI/027/2014; y En su lugar dicte otro en la que, invoque el precepto legal y, en su caso, el acuerdo que, en su carácter de encargado del despacho de esa Dirección, le otorga competencia para resolver respecto de la suspensión temporal de funciones de la aquí quejosa como integrante de los Cuerpos de Seguridad Pública del Estado. En la inteligencia de que, de concluir que carece de competencia así deberá declararlo y remitir el asunto al que lo sea, para que resuelva en breve plazo." (foja 209). Sin embargo, inconforme con dicha resolución la aquí quejosa Luz María González Sánchez interpuso recurso de revisión cuyo conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito bajo el toca de revisión A.R. 560/2015 y el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, resolvió lo siguiente: ".PRIMERO. Queda firme el punto resolutivo primero, regido por el considerando quinto de la sentencia recurrida, en términos del sexto punto considerativo de la presente ejecutoria. SEGUNDO. En la materia de recurso, se modifica la sentencia que se revisa. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Luz María González Sánchez, contra el acto que reclamó del Encargado del Despacho de la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, consistente en la emisión de la resolución de siete de abril de dos mil quince, en el expediente administrativo número SSP/DA/027/2014 así como su ejecución atribuida al Subsecretario de Desarrollo Institucional y Administración Policial (señalado en la demanda como Titular de Recursos Humanos) y al Director General de Administración, ambos de la citada Secretaría Estatal." La parte considerativa en lo conducente es como sigue: ".Ahora bien, este Tribunal Colegiado considera que el anterior criterio resulta aplicable al presente asunto, en lo conducente, en cuanto a la declaración de inexistencia del acto jurídico dada la falta de competencia de la autoridad emisora del mismo. En efecto, en el caso a estudio se trata de la emisión de una orden de suspensión temporal dictada por una autoridad incompetente, ante lo cual procede modificar el efecto para el cual se concedió el amparo, a fin de que se restituya a la quejosa en el goce de sus derechos fundamentales (lo que incide en la reincorporación en sus funciones como elemento policial y el pago de sus prestaciones omitidas), pues al respecto son fundados los agravios, ya que no debió concederse el amparo para que la autoridad responsable perfeccionare su resolución, ya que la suspensión de la quejosa en el puesto que desempeñaba, provino de una resolución que se estimó inconstitucional porque la había emitido una autoridad que carecía de competencia para ello. Consecuentemente, para retrotraer las cosas al estado que guardaban antes de la violación a sus derechos fundamentales a través de los efectos y consecuencias del acto reclamado, y efectuar tal restitución en el goce de los mismos, los efectos del fallo protector deben ser: Reincorporarla en sus funciones en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pues lo que no tiene sustento legal es la declaratoria de suspensión temporal en su empleo, la cual se dictó una vez emitido el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de que se trata; así como pagarle las prestaciones que en derecho le correspondían y que materialmente no le fueron cubiertas como consecuencia de esa actuación desprovista de efectos de derecho, desde que se emitió el acto reclamado y que fue declarado inconstitucional, hasta que se realice el pago correspondiente, ponderando los pagos que, en su caso, se le hayan hecho por el treinta por ciento de sus percepciones, en virtud de los efectos de la ejecutoria correspondiente al multicitado recurso de queja 80/2015 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. Se resuelve lo anterior, porque la situación jurídica de la quejosa antes de la notificación del acto reclamado en amparo, era la de estar fungiendo como elemento de la policía vial estatal, por lo que no bastaba para restituirla en el goce de su derecho fundamental transgredido, que sólo se dejara sin efecto la resolución de siete de abril de dos mil quince, pronunciada en el procedimiento administrativo número SSP/DAI/027/2014, en la que se resolvió -después de haberse emitido el acuerdo de inicio del mismo-, que era procedente suspenderla temporalmente y en forma preventiva de su cargo, con la posibilidad de que la autoridad responsable, si contaba con facultades para ello, emitiera otro acto o lo enviara a la competente; lo cual carece de sustento legal, pues al estar en presencia de la actuación de una autoridad que no justificó su competencia para emitir el acto reclamado, es decir, que es la nada jurídica, resultaba indispensable que se ordenara la restitución en su empleo, así como el pago de las prestaciones a que tuviera derecho. Además, es menester puntualizar que al ordenarse la reinstalación de la promovente de amparo, en el cargo que tenía dentro de la corporación policial del Estado, no se contraviene lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, consistente en la prohibición de reincorporar al servicio a los miembros de las instituciones policiales; ya que, como se dijo, en el caso no se trata de un cese definitivo en sus labores como parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, sino únicamente de una suspensión dictada en su contra con el carácter provisional. En este aspecto, adquiere relevancia lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al aprobar la jurisprudencia 72/2013, de rubro: "SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. CONTRA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE SUS MIEMBROS PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", en donde determinó que de concluir el respectivo procedimiento administrativo con una separación definitiva del agente policial, se le generaría un daño irreparable, consistente en la imposibilidad absoluta de ser reincorporado como elemento de los cuerpos de seguridad pública, no obstante que la autoridad jurisdiccional posteriormente resolviera que la resolución de separación sea injustificada; lo anterior es así, porque en el presente asunto, de no ordenarse la reinstalación de la quejosa en sus funciones -no obstante haberse concedido el amparo contra su suspensión temporal y siendo previa a la resolución final-, ello llevaría implícito un principio de ejecución que lesionaría sus intereses sustantivos, de emitirse el acto de cese definitivo, en tanto está proscrita su reincorporación aun cuando le fuere favorable la resolución judicial." (fojas 458 y 459). Ahora bien, mediante oficios números. SSP/04/07228/2016, SSP/07/07224/2016 y SSP/07/07226/2016 el Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal del Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla informó a esta autoridad haber ordenado al Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Secretario de Desarrollo Institucional y Administración Policial de la Secretaria de Seguridad Pública, y Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que dieran cumplimiento en sus términos y sin demora a la ejecutoria de amparo (fojas 472 a 474). Posteriormente el mismo Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal del Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla por oficio SSP/DAI/07273/2016 informó haber realizado lo siguiente: "(.) Mediante acuerdo de fecha treinta de mayo del presente, esta autoridad administrativa ordenó dejar insubsistente el acuerdo de suspensión temporal y de carácter preventivo de fecha siete de abril de dos mil quince, decretado en contra de Luz María González Sánchez, dentro del expediente número SSP/DAI/027/2014, dejando sin efectos la suspensión de referencia a partir del día siguiente al que le sea notificado el presente acuerdo a la parte interesada. Se envió el oficio número SSP/03/7157/2016, al Director General de la Policía Estatal Preventiva, solicitando ordenara a quien corresponda, se realizaran los trámites a que haya lugar, para que asigne servicio a la Policía Vial Luz María González Sánchez, y se reincorpore de manera inmediata a las labores que venía desempeñando en la Dirección de Vialidad del Estado. Esta Dirección ordenó girar el oficio número SSP/03/07156/2016 al Director General de Administración de esta Secretaría, informándole que en cumplimiento al testimonio de la ejecutoria dictada en el toca A. R. 560/2015, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el juicio de garantías número 395/2015 (antes 667/2015), promovido por LUZ MARÍA GONZÁLEZ SÁNCHEZ; gire sus instrucciones a quien corresponda, para el efecto de que se realicen las gestiones pertinentes a fin de que, se cumpla lo siguiente: 1). Le sea reactivado el pago con el sueldo que la partida presupuestal tenía designado la servidora pública Luz María González Sánchez, a partir de la fecha en que se presente al servicio que tenga a bien designarle el Director General de la Policía Estatal Preventiva; 2). Le sean pagadas todas y cada una de las prestaciones que en derecho le correspondían a la servidora pública Luz María González Sánchez y que materialmente no le fueron cubiertas, desde el diez de abril del año dos mil catorce al treinta y uno de mayo del año que transcurre, ponderando los pagos que, en su caso se le hayan hecho por el treinta por ciento de sus percepciones, en virtud de los efectos de la ejecutoria correspondiente al recurso de queja 80/2015 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. D). El día primero de junio del año que transcurre, fue debidamente notificada de manera personal la quejosa LUZ MARÍA GONZÁLEZ SÁNCHEZ, del acuerdo emitido por esta Dirección, derivado del cumplimiento del fallo protector emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativo del Sexto Circuito, dentro del Testimonio de la ejecutoria dictada en el toca A. R. 560/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada dentro del juicio de garantías 395/2015.(.)" Y remitió copia certificada de las constancias de la notificación de dicha resolución a la aquí quejosa, efectuada el uno de junio de dos mil dieciséis (fojas 484 a 488). Por diverso oficio SFA-DRH-1805/16 de catorce de junio de dos mil dieciséis el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla informó a esta autoridad haber remitido al Director de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública copia certificada de nómina y cheque "que se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas que ocupa esta dirección." Mediante oficio SSP/03/08608/2016 de uno de julio de dos mil dieciséis el Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla remitió las constancias con las que se justifica su reinstalación como auxiliar administrativo (foja 539 a 547). Mediante oficios SFA-DRH-1992/16, SSP/04/08705/2016 y SFA-DRH-2298/16 el Director de Recursos Humanos de la referida secretaría informó a esta autoridad que la aquí quejosa se presentó a recoger el cheque por la cantidad que se le adeudaba de salarios caídos, remitiendo al efecto copia certificada de la nómina firmada por Luz María González Sánchez y del pago de los conceptos J5, 57 y UE (fojas 533 a 535, 565 a 568, 611 a 617, 625 a 636, 645 a 654 y 667 a 672), con lo que se justifica el finiquito total del adeudo por el referido concepto y su reinstalación. Las constancias a las que se ha hecho referencia son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que este asunto en el que se concedió la protección constitucional no es de relevancia documental, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento"

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio y anexo signado por el Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla y, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

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