Luz María Jimenez Rubio

Expediente 707/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
707/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
04/09/2023

Partes del expediente

  • Luz María Jimenez Rubio
  • Enedina Diaz Torres
  • Presidente Municipal Tierra Blanca, Veracruz

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja contra el auto de nueve de agosto del año en curso, por medio del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo con que se formó este expediente; en tal razón, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones correspondientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, por lo que se ordena que una vez que transcurran tres años a esta fecha, se proceda a la destrucción, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido; por lo que, se establece como fecha probable el cuatro de septiembre de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 34 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.RASG/ARGC*

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial y el estado procesal de cuenta, se advierte que el término de cinco días concedido a la parte quejosa para dar cumplimiento a lo requerido en proveído de veinticuatro de julio del año en curso, se notificó electrónicamente el veintiocho de julio del año en curso, surtió efectos el mismo día y transcurrió del treinta y uno de julio al cuatro de agosto de la presente anualidad, sin que la parte quejosa haya dado cumplimiento al requerimiento realizado. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído, por lo que con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Yonaji Nuria Juárez Rivas, Secretaria con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda de amparo presentada por 1. Teresa de los Santos Ramón, 2. ********************3. Luz María Jiménez Rubio, 4. Casimiro Reyes Cuamaxi, 5. Mariano Contreras Pérez, 6. Ángel Hernández Pavia, 7. Felicita Salamanca Félix, 8. Lilia Ramírez Ramos, 9. Antonio Hernández Flores, 10. Melesio Rosales Flores, 11. Enedina Díaz Torres, 12. Estefanía Reyes Tadeo, 13. Ciro Martinez Cancio, 14. Eufemia Oceguera Guerrero, 15. Elsa Mota Esquibel, 16. Carmen Marín Viveros, 17. Silvio Rodriguez Cruz, 18. Abril Cocepción García Domínguez, 19. Teresita Utrera Fernández, 20. Santos Fuentes Martínez, 21. Joaquina Ramírez López, 22. Obdulia Martínez Ramírez, 23. José Guadalupe García Luna, 24. Liliana Rodríguez Virgen, 25. Celia Pavia Ramos, 26. Martín Espejo Lara, 27.******************** 28. Inocencio Pérez García, 29. Dulce María Zamudio Parra, 30. Arly Yedid Elvira Morales, 31. Nataly Meraz Pérez, 32. Judith Herrera Arano, 33. José de Jesús Jiménez Rubio, 34. Hipólita Vázquez Rosa, 35. César Carmona Carballo, 36. Leonor Pérez Lozano, 37. Joel Contreras Ramírez, 38. Nelia Nayeli Sánchez Ramírez, 39. Martín Anzuarez Miranda, 40. Felipe Ramírez Gómez, 41. Japhet Varillas Flores, 42. Guadalupe Herrera Arano, 43. Kenia Velázquez Pulido, 44. Cecilia Isidoro Herrera, 45. Rodolfo Domínguez Hernández, 46. Gerardo Marquina Velázquez, 47. Geremias Chacón Ramón, 48. Serafina Miguel Gregorio, 49. Cirilo Rubio Guzmán, 50. Carlos Venancio Chub Pop, 51. Martín Severo Rivas, 52. María del Carmen Gómez Soba, 53. Maria Antonio Utrera Fernández, 54. Graciela Balderas Ramos, 55. María Elena Ruíz de la Rosa, 56. Alfonso Roman Barrita, 57. Arturo Ruiz Tapia, 58. Ángel Torres Bolaños, 59. José Yair Contreras Hernández, 60. Rosa María Medel Benito, 61. Rosa María Zamudio Parra, 62. Arturo Capistrán Castillo, 63. César Oscar Arroyo Villegas, 64. Margarita García Hernández, 65. Zeferino Acosta Suarez, 66. Rosalino Salto Andrade, 67. Agustina Jiménez Gregorio, 68. Josefina Valdez José, 69. Cristóbal Alcalá Valdez, 70. Sabina Hernández García, 71. Rubén Jiménez González, 72. Hiram Rodríguez Mora, 73. Lucia López Luna, 74. Ángel Fuentes Ortiz, 75. José Manuel López Flores, 76. Tomás Lara Cruz, 77. María Irais Martínez Ramírez, 78. Sara Ruiz Inestroza, 79. Minerva Rivas Rodríguez, 80. Inocencia Galindo Ramírez, 81. Bernardo Severo Rivas, 82. Manuela Domínguez Araiza, 83. Minerva Herrera Mendoza, 84. Demetrio Domínguez Rodríguez, 85. Eugenia Rubio Guzmán, 86. Rosaura Carballo Ramírez, 87. Arizbeth Tetelpan Ruíz, 88. Porfirio Parra González, 89. Oscar Suárez González, 90. María Esther González López, 91. Jassury Góngora Acona, 92. David Suárez Flores, Antonio Góngora Acona, 93. Laura Edith Tejeda Citalan, 94. Benita Hernández García, 95. Aurelio Saucedo García, 96. María de los Ángeles Saucedo Hernández, 97. Santiago Trujillo Gómez, 98. Gildardo Santiago Martínez, 99. Moisés Utrera Rodriguez, 100. Edith Delfín Mora, 101. Melanni Joselyn Hernandez Cruz, 102. Eduviges Alejandro Santiago, 103. Cindi Roxana Galbán Pérez, 104. Modesta Jiménez Gregorio, 105. Carlos González Ríos, 106. Abel González Ríos, 107. Carlos González Torres, 108. Moisés Utrera Rodríguez, 109. Enrique Hernández Bañales, 110. Cristina Hernández Santiago, 111. Saturnino García Domínguez, 112. Martina Claudia García Domínguez, 113. Albino Hernández Pavia, 114. Isabel González Alejandro, 115. José Carlos Pérez Artiaga, 116. Claudia Maribel Bernal Arroyo, 117. César Augusto Sánchez García, 118. Francisco Javier Sánchez Hernández, 119. Anayeli Mina Noyola, 120. Jesús Acosta León, 121. Susana Noyola Mora, 122. Gregorio Noyola Mora, 123. Magdalena Venancio Victoriano, 124. Juan Francisco Robles Baro, 125. Kenny André Torres Alcalá, 126. Lorenzo Alcalá Valdez, 127. Esequiel Rosales Hernández, 128. Jorge Ríos Chacón, 129. Yahomi Marlene Robles Venancio, 130. Lilia Pérez Bendito, 131. Idalia Pérez Bendito, 132. Georgina Sandria Cortés, 133. Cándido Márquez Pulido, 134. Abigail López Ramírez, 135. Carlos Torres Díaz, 136. Eufracia Ortiz García, 137. Paulina Aguilar González, 138. Julio Molina Córdoba, 139. Rodolfo Torres Cruz, 140. Heraclio Castro, 141. María Fructuoso Mendoza, 142. Martín Cruz Mendoza, 143. Irisneida Alvarado Argüellez, 144. Socio Severo Alvarado, 145. Loyda Herrera Arano, 146. Asunción Arano, 147. Rubén Herrera Arano, 148. Fanny Herrera Arano, 149. Katya Herrera Osorio, 150. Nuris del Carmen Osorio Madrigal, 151. Patricia Herrera Arano, 152. Abisay Castro Herrera, 153. Ángel Utrera Fernández, 154. Gloria Góngora Acona, 155. Efraín Severo de los Santos, 156. Victoria Castro Cano, 157. Josefina Castro Cano, 158. Luis Alberto Matlacala, 159. José Luis Hernández Mora, 160. José Alfredo Tenorio Montesinos, 161. Melvis Merino Rivera, 162. Joel Góngora Acona, 163. Freddy Herrera Arano, 164. Angelina Utrera Fernández, 165. Antonio Hernández Ramírez, 166. Lorena Huerta Mendoza, 167. Lorena González Salcedo y 168. Patricia Hernández García, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 707/2023, debiéndose capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. REPRESENTANTE COMÚN Como solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como su representante común a Teresa de los Santos Ramón, para todos los efectos legales a que haya lugar. DESECHAMIENTO PARCIAL ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, disponen que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, emita la determinación correspondiente, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable, resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4,2 del rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". En efecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 3, 5, fracción I, 6 del mismo ordenamiento, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De los citados artículos se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclama. Por su parte, el numeral 5, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter de quejoso, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico En tanto, el numeral 3, de la ley de la materia, dispone que los escritos pueden presentarse en forma impresa o electrónica, pues ello es optativo para el promovente. Así, de los preceptos normativos invocados, queda evidenciado que la falta de firma se traduce en la falta de exteriorización de la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo, evidencia su falta de interés jurídico o legítimo para promover el juicio, pues no queda evidenciada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa o electrónica del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. Ahora bien de la demanda de cuenta, se advierte que la misma se recibió sin la firma de los promoventes: 38. Nelia Nayeli Sánchez Ramírez, 41. Japhet Varillas Flores, 67. Agustina Jiménez Gregorio, 72. Hiram Rodríguez Mora, 73. Lucia López Luna, 74. Ángel Fuentes Ortiz, 88. Porfirio Parra González, 103. Cindi Roxana Galván Pérez, 105. Carlos González Ríos, 106. Abel González Ríos, 107. Carlos González Torres, 108. Moisés Utrera Rodríguez, 114. Isabel González Alejandro, 115. José Carlos Pérez Artiaga, 116. Claudia Maribel Bernal Arroyo y 135. Carlos Torres Díaz. De igual forma, es de señalar que en la demanda no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por tanto, de su contenido no se advierte que los promoventes se encuentran en la hipótesis del artículo 15 de la Ley de Amparo, caso excepcional en el que podría prescindirse de la firma autógrafa o electrónica del documento. Sobre este punto, resulta importante traer a colación el contenido del artículo 15 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Fiscal General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona." Por su parte, el numeral 109 de la Ley de Amparo dice lo siguiente: "Artículo 109. Cuando se promueva el amparo en los términos del artículo 15 de esta Ley, bastará para que se dé trámite a la demanda, que se exprese: I. El acto reclamado; II. La autoridad que lo hubiere ordenado, si fuere posible; III. La autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto; y IV. En su caso, el lugar en que se encuentre el quejoso." En cambio, el artículo 108 de la ley de la materia establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1° de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." Precisado lo anterior, se destaca que para que cualquier persona pudiera promover la demanda de amparo en nombre del directo quejoso, debería encontrarse en el supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo; lo cual no acontece en el presente asunto. En ese sentido, se advierte que los promoventes 38. Nelia Nayeli Sánchez Ramírez, 41. Japhet Varillas Flores, 67. Agustina Jiménez Gregorio, 72. Hiram Rodríguez Mora, 73. Lucia López Luna, 74. Ángel Fuentes Ortiz, 88. Porfirio Parra González, 103. Cindi Roxana Galván Pérez, 105. Carlos González Ríos, 106. Abel González Ríos, 107. Carlos González Torres, 108. Moisés Utrera Rodríguez, 114. Isabel González Alejandro, 115. José Carlos Pérez Artiaga, 116. Claudia Maribel Bernal Arroyo y 135. Carlos Torres Díaz, no se encuentran en el supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo, y el escrito de cuenta se presentó a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, sin firma de los promoventes, por lo que no es posible advertir su voluntad. Esto es así, porque la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho se manifiesta a través de su firma ya sea autógrafa o electrónica, lo que como se adelantó, no acontece en la especie, toda vez que la demanda de amparo se presentó a través de la ventanilla de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, sin firma de los promoventes citados. Por lo que, debe considerarse como un simple documento en el que no se incorporó expresión de voluntad por no aparecer, en el caso, la firma electrónica de su pretendido autor. Es así, ya que la firma constituye el signo con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos, pues denota su voluntad y conformidad con el contenido del escrito que signan. Así, conforme a lo expuesto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 3, 5, fracción I, 6 de la ley de la materia y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas condiciones, al haberse actualizado la referida causa de improcedencia, lo procedente es desechar parcialmente la demanda de amparo respecto de los quejosos 38. Nelia Nayeli Sánchez Ramírez, 41. Japhet Varillas Flores, 67. Agustina Jiménez Gregorio, 72. Hiram Rodríguez Mora, 73. Lucia López Luna, 74. Ángel Fuentes Ortiz, 88. Porfirio Parra González, 103. Cindi Roxana Galván Pérez, 105. Carlos González Ríos, 106. Abel González Ríos, 107. Carlos González Torres, 108. Moisés Utrera Rodríguez, 114. Isabel González Alejandro, 115. José Carlos Pérez Artiaga, 116. Claudia Maribel Bernal Arroyo y 135. Carlos Torres Díaz, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 de la citada ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, con número de registro: 180663, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil seiscientos treinta y uno, del tomo XX, de septiembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." PREVENCIÓN Ahora bien, para emitir el pronunciamiento que corresponda respecto a la admisión de la demanda de amparo, respecto de los demás promoventes de esta instancia constitucional, procede traer a contexto los artículos 108, 110 y 114 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación. Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica. El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio. Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De los preceptos transcritos se advierten los requisitos que debe contener la demanda, en la inteligencia que si se omite alguno el juzgador se encuentra obligado a requerir a la parte promovente para que subsane dichas irregularidades. Ahora bien, en el caso en concreto de la demanda de amparo se desprende, por una parte, que los quejosos 2. ********************4.********************27.******************** estamparon su huella digital en sustitución de su firma, sin que se observe algún elemento complementario y de perfeccionamiento de la voluntad del promovente que no sabe o no puede firmar, como podría ser la rúbrica de alguien que firme a su ruego. Asimismo, del ocurso de cuenta se advierte que los promoventes señalan como actos reclamados los siguientes: la omisión del ayuntamiento municipal de Tierra Blanca, Veracruz, de proporcionar los servicios públicos a la colonia San Blas del citado municipio, así como, la orden de desalojo del predio denominado ********************. Asimismo, al narrar sus antecedentes bajo protesta de decir verdad, manifestaron lo siguiente: - Desde el nueve de abril de dos mil quince, los quejosos ostentan la posesión del predio ******************** ubicado en el ********************, propiedad del ayuntamiento de Tierra Blanca, Veracruz, mismo que tiene una superficie de ********************. - Por acuerdo de nueve de abril de dos mil quince, emitido por el cabildo Municipal del Ayuntamiento de Tierra Blanca, Veracruz, se encuentran ocupando y viviendo el predio de manera irregular, ya que no cuentan con título de propiedad expedido por autoridad alguna, debido a que carecen de todo tipo de servicios públicos, como es electricidad, drenaje, pavimentación y agua potable. - Desde el día que se les otorgó la posesión por parte de personal del Municipio de Tierra Blanca, Veracruz, hasta el día de hoy han habitado de manera pacífica, continua e interrumpidamente a la vista de las autoridades tanto municipales como estatales. -El pasado siete de julio del presente año, de manera verbal se les informó por personal del ayuntamiento que la colonia San Blas, no se encontraba considerada para ser beneficiada, debido a que el ayuntamiento tiene contemplado un parque industrial en esa área siendo el motivo por el cual no se les otorgan los servicios públicos. Posteriormente, como anexo a la demanda de amparo, exhiben el acta de sesión de cabildo ordinaria celebrada el nueve de abril de dos mil quince, de la cual se desprende la aprobación para permutar, previa aprobación del Congreso Local, entre el Ayuntamiento de Tierra Blanca, Veracruz y la ********************relativa a la cantidad de ******************** del predio denominado ********************. Ahora bien, genera incertidumbre para el que suscribe si los promoventes forman parte de la citada ********************puesto que no lo manifiestan en el proemio de la demanda de amparo, ni en el capítulo de antecedentes, de igual forma, son omisos en manifestar si a la fecha, el Congreso Local ya aprobó la permuta, aprobada a su vez por el Ayuntamiento de Tierra Blanca, Veracruz, con la ********************relativo a la cantidad de ******************** del predio denominado ********************. Lo anterior, resulta necesario para proveer lo conducente sobre la demanda de amparo. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 108 fracción I, en relación con los diversos 6 y 114 fracción I, de la Ley de Amparo, se requiere a los quejosos 2. ********************4.********************27.******************** para que en el acto de la diligencia o para que dentro del término de cinco días contados a partir de la legal notificación de este proveído, se presenten ante este órgano jurisdiccional, a ratificar la huella digital que estamparon en su escrito inicial de demanda, dado que no obra la firma de otra persona a su ruego. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 1/2011 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3, Página 2333, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES INNECESARIO REQUERIR SU RATIFICACIÓN PREVIO A SU ADMISIÓN, POR EL HECHO DE CONTENER LA HUELLA DIGITAL DEL PROMOVENTE Y LA RÚBRICA DE QUIEN FIRMA A SU RUEGO. Si de las constancias del juicio de amparo indirecto se advierte que la demanda carece de firma del quejoso, pero aparece su huella digital, así como la rúbrica de quien lo hizo a su ruego, tales elementos son suficientes para demostrar su manifestación de voluntad de instar la acción constitucional, ya que si bien la huella digital únicamente es un elemento de individualización, con la "firma a ruego" se exterioriza el propósito de promoverla al ser un elemento complementario y de perfeccionamiento de la voluntad del promovente que no sabe o no puede firmar, por lo que el juez de distrito o el tribunal del conocimiento deben admitir el ocurso sin necesidad de prevenirlo para ratificar su contenido. Además, el artículo 12 de la Ley de Amparo, prevé que la personalidad se justifica en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, por lo que al existir en otros cuerpos legales normas que establecen que cuando el interesado no sepa leer o escribir bastará con que imprima su huella digital y alguien firme a su ruego, se concluye que la ley de la materia no puede prever exigencias mayores a las señaladas en éstas, lo que ocasiona que deba admitirse la demanda sin mayores presupuestos o exigencias legales, aunado a que en el citado ordenamiento legal no existe disposición alguna en el sentido de que deba requerirse a la persona que imprimió su huella digital para que la ratifique ante la presencia judicial". Asimismo, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1998, Página 246, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, RATIFICACION DE LA. CASO EN EL CUAL EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE MANDAR QUE SE HAGA. En la Ley de Amparo no existe disposición en el sentido de que, cuando en una demanda se impriman huellas digitales en substitución de la firma del promovente, deba requerirse al quejoso para que la ratifique ante la presencia judicial o que en su defecto otras personas firmen a su ruego. Ante tal circunstancia a efecto de llegar a la convicción de que, conforme a los artículos 107, fracción I, Constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, existe instancia del que aparece como promovente, dado que la firma constituye la manifestación de su voluntad, atendiendo a las peculiaridades de cada caso, el Juez del conocimiento puede, si lo considera necesario, mandarla ratificar". Por otra parte, con fundamento en los arábigos 110 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a los promoventes para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente: 1. Manifiesten, bajo protesta de decir verdad, si son integrantes de la Asociación Civil ******************** y en su caso, exhiban las documentales que así lo acrediten. 2. Precisen si la permuta aprobada en sesión de cabildo de nueve de abril e dos mil quince, por el Ayuntamiento de Tierra Blanca, Veracruz, con la ********************relativa a la cantidad de ******************** del predio denominado ******************** si a la fecha ya fue aprobada por el Congreso del Estado de Veracruz. De acuerdo a lo anterior, si los promoventes no cumplen con la prevención dentro del término concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos de lo establecido por el artículo 114 de la ley de la materia. Se destaca a la parte quejosa que el objetivo de la prevención que ahora se formula es fijar correctamente la litis constitucional, requisito que a la postre representa un beneficio para el solicitante de la protección federal al momento de realizar el estudio de la constitucionalidad del acto y una posible restitución en el goce del derecho humano violentado; además de que contribuye al adecuado trámite del juicio de amparo. Ello, pues el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; de lo que se obtiene la tutela al derecho de acceso a la justicia, entendido como un valor social que debe ser realizado. AUTORIZADOS Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Se tiene como autorizado en términos del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo a********************por encontrarse facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho mediante el registro de su cédula en el en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. De igual manera, como lo solicita los promoventes, con fundamento en el artículo 1, 14, 34, 39, 55 y 58 del Acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el numeral 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se habilite para que pueda ser notificado vía electrónica los acuerdos correspondientes a través del portal www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx, con la clave de usuario ********************. En razón de lo anterior, se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de habilitar el usuario ********************, para que pueda ser notificado vía internet el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado, para que realicen las notificaciones respectivas en la vía indicada siempre y cuando proceda de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), con número de registro digital 2026122, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, bajo el rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar casos en donde los quejosos y los terceros interesados solicitaron ser notificados por la vía electrónica, sostuvieron criterios discrepantes, pues mientras un órgano jurisdiccional estimó que dicha solicitud sustituye a las que se realizan por lista, el diverso órgano determinó que únicamente es aplicable para las de carácter personal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que cuando las partes quejosa o tercera interesada (particular) en un juicio de amparo soliciten ser notificadas por vía electrónica, esto implica que el órgano jurisdiccional deberá sustituir, con esa forma de notificación, únicamente aquellas que son de carácter personal. Justificación: Las notificaciones judiciales, como actos jurídicos a través de los cuales se comunica legalmente a una persona sobre una determinación adoptada por el órgano jurisdiccional con motivo del juicio o recurso sustanciado ante éste, tienen cuatro vías previstas en el artículo 26 de la Ley de Amparo: personal, por oficio, por lista y a través de la vía electrónica. Por su parte, el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, distingue el acceso al expediente electrónico, como aquel que solicitan las partes en un procedimiento jurisdiccional, por sí o por conducto de sus representantes legales, para sí o para un tercero, a fin de poder descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Dicha normativa es específica al señalar que el acceso otorgado a las partes o a sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales, salvo cuando se solicita expresamente autorización para esa finalidad y la misma se haya acordado favorablemente. Asimismo, en relación con las notificaciones electrónicas, el Acuerdo General establece que las partes, sus representantes o los autorizados que cuenten con facultades expresas, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, y particularmente distingue que la solicitud para ser notificado electrónicamente lleva implícita la obligación de consultar el expediente electrónico respectivo. Por tanto, las partes cuya solicitud para recibir notificaciones electrónicas se haya acordado favorablemente, tendrán derecho a consultar por esta vía todos los proveídos que se dicten en lo subsecuente. Atento a ello, de la interpretación realizada a los preceptos citados de la Ley de Amparo y del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, esta Segunda Sala determina que si la finalidad de establecer la notificación vía electrónica resulta en la implementación de una modalidad alterna a las que tradicionalmente se han utilizado, entonces la vía electrónica debe verse como herramienta optativa para agilizar la comunicación entre el órgano jurisdiccional y el justiciable. En tal sentido, es dable sostener que la elección de esta modalidad por el quejoso o el tercero interesado debe entenderse aplicable únicamente a las notificaciones que dentro del juicio se deban realizar de forma personal, pues éstas obedecen a la necesidad de comunicar fehacientemente determinados actos o resoluciones de importancia y relevancia para el interés de su destinatario, sin que su alcance pueda sustituir la operatividad de las notificaciones que se ordenan fijar en una lista que se publica en el local del órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso.". Ahora, por cuanto hace al correo electrónico y número telefónico que proporcionan, serán utilizados como medio de contacto tratándose de comunicaciones no procesales para brindar atención a las personas justiciables, precisándose que a través de ellos no se puedan realizar notificaciones, ya que no son un medio de notificación previsto por la ley de la materia. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de aparatos electrónicos o cualquier otro medio para copiar o reproducir las actuaciones que se dicten en este asunto, previa comparecencia de la persona legítimamente facultada ante el personal actuante, previa identificación respectiva; en atención a que no existe impedimento legal para ello. Asimismo, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente asunto, a las personas legítimamente facultadas para ello, previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Notifíquese electrónicamente.

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