Luz María Fonseca Sánchez

Expediente 688/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
688/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
29/09/2021

Partes del expediente

  • Todas las Partes
  • Luz María Fonseca Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de dos de septiembre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veintinueve de septiembre de dos mil veinticuatro. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la demanda de derechos fundamentales promovida por Luz María Fonseca Sánchez, siete copias de la misma y nueve anexos; fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno respectivo y regístrese bajo el juicio de amparo indirecto 688/2021-IX, asimismo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO Con apoyo en la facultad derivada del artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia, de forma manifiesta e indudable y, por ende, se impone desechar de plano la demanda de amparo. Al respecto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito, se advierte la facultad del juzgador para desechar de plano una demanda de derechos fundamentales, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista de quien suscribe y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia VI.2o.J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número ochenta, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, octava época, página sesenta y cuatro, cuyos rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Lo anterior, se estima así de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, ya que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de dicha ley, respecto del acto reclamado consistente en la determinación de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, dictada en los autos del expediente administrativo PFC.VER.B.3/001472-2020, en la que determinó el Director de Zona Golfo-Centro de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Golfo Centro (Veracruz), de la Procuraduría Federal de Consumidor, la aplicación de las medidas de apremio consistente en multa hecha valer a la parte proveedora Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, al no haber desahogado el requerimiento de fecha veintinueve de abril de dos mil veintiuno, no obstante encontrarse oportuna y debidamente notificada, lo cual le impidió allegar de elementos que le permitieran conocer con mayor profundidad sobre el conflicto planteado por las partes, y al no existir conciliación entre las partes, no aceptar el arbitraje de esa institución, ni tampoco árbitro independiente para dirimir su controversia, se dio por agotada la fase conciliatoria y se dejaron a salvo los derechos de las partes a efecto de que los hicieran valer en la vía y la forma que a sus intereses conviniera. El artículo y fracción aludidos disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." El artículo señalado, consagra la improcedencia del juicio de amparo en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Del precepto transcrito se advierte que para que se actualice la causal de improcedencia en comento, se desprenden las siguientes hipótesis: a) Que se trate de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Tales actos deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; c) Dichos actos, sean susceptibles de ser suspendidos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal; d) Que la citada suspensión se otorgue sin exigir mayores requisitos que los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, independiente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley, y e) No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación, sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Ahora bien, el artículo 3°, fracción XII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y el diverso 2º de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, en lo conducente disponen: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; (.)." "Artículo 2. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley." Como se advierte, los numerales transcritos establecen la procedencia del juicio contencioso administrativo contra los actos y las resoluciones dictadas por autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual será substanciado y resuelto por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En ese sentido, contra los actos y resoluciones emitidas por la autoridad responsable 1. Director de la Procuraduría Federal del Consumidor, con residencia en Veracruz, Veracruz, que ponga fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, es procedente la promoción del medio de impugnación de los actos administrativos, que es el juicio de nulidad, cuyo conocimiento corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior es así, al considerar lo que establecen los artículos 111 y 116 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que se ubican dentro del procedimiento conciliatorio que disponen que la Procuraduría señalará día y hora para la celebración de una audiencia de conciliación en la que se procurará avenir los intereses de las partes, la cual deberá tener lugar, por lo menos, cuatro días después de la fecha de notificación de la reclamación al proveedor, y en caso de no haber conciliación, el conciliador exhortará a las partes para que designen como árbitro a la Procuraduría o a algún árbitro independiente para solucionar el conflicto, y en caso de que no se acepte el arbitraje se dejarán a salvo los derechos de ambas partes; de ahí que, se advierta que la determinación motivo de reclamo es la resolución que pone fin al expediente administrativo. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 104/2004 sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. LAS RESOLUCIONES QUE DICTA PARA RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN DEBEN IMPUGNARSE MEDIANTE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS. El artículo 143 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, derogado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 2004, establecía que "contra la resolución emitida para resolver algún recurso no procederá otro". Por su parte, las fracciones III, XIII y XIV del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establecen la procedencia del juicio de nulidad ante dicho órgano jurisdiccional, para impugnar las resoluciones dictadas al resolver el recurso de revisión con motivo de la imposición de multas o sanciones derivadas de la infracción a disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, o de aquellas que ponen fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelven un expediente; este medio ordinario no exige mayores requisitos para la suspensión del acto que los previstos en la Ley de Amparo, de conformidad con las tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/97 y 2a./J. 155/2002, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos V, marzo de 1997 y XVII, enero de 2003, páginas 395 y 576, respectivamente, de rubros: "MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS." y "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL JUICIO CORRESPONDIENTE DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL NO PREVER LA LEY DEL ACTO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS.". Acorde con dichas disposiciones y en términos de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, se concluye que el juicio de garantías es improcedente contra esa clase de resoluciones dictadas por la Procuraduría Federal del Consumidor, pues previamente debe agotarse el juicio de nulidad." De ahí que, resulta inconcuso que la aquí quejosa estuvo en aptitud de acudir ante dicho tribunal a demandar la nulidad de la determinación de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, dictada en los autos del expediente administrativo PFC.VER.B.3/001472-2020, mediante la cual determinó el Director de Zona Golfo-Centro de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Golfo Centro (Veracruz), de la Procuraduría Federal de Consumidor, la aplicación de las medidas de apremio consistente en multa hecha valer a la parte proveedora Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, al no haber desahogado el requerimiento de fecha veintinueve de abril de dos mil veintiuno, no obstante encontrarse oportuna y debidamente notificada, lo cual le impidió allegar de elementos que le permitieran conocer con mayor profundidad sobre el conflicto planteado por las partes, y al no existir conciliación entre las partes, no aceptar el arbitraje de esa institución, ni tampoco árbitro independiente para dirimir su controversia, se dio por agotada la fase conciliatoria y se dejaron a salvo los derechos de las partes a efecto de que los hicieran valer en la vía y la forma que a sus intereses conviniera; esto es, tuvo a su alcance el procedimiento contencioso administrativo para impugnar el acto que reclama en el presente juicio de amparo. En ese contexto, el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado; y por tanto, la interposición del juicio de nulidad ante la autoridad competente, resulta exigible en atención al referido principio de definitividad. Del numeral aludido, se advierte que la Ley Federal en comento no exige mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión en la Ley de Amparo, pues incluso los requerimientos básicamente son los mismos, ya que la suspensión puede solicitarse en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia definitiva; se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que puedan causarse con la ejecución; de ocasionarse daños o perjuicios a terceros se concederá siempre que el solicitante otorgue garantía para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se causen, dando la oportunidad a que el tercero exhiba contragarantía para evitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en nulidad; si se trata de una afectación no estimable en dinero la garantía se fijará discrecionalmente; deberá fijarse la situación en que habrán de quedar las cosas hasta que se dicte sentencia firme, pudiendo revocarse o modificarse la concesión o negativa de la medida cautelar por hecho superveniente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.) sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." Así, se arriba a la determinación que la quejosa, previo a la promoción del presente juicio de amparo, debió promover el juicio de nulidad contra la determinación de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, dictada en los autos del expediente administrativo PFC.VER.B.3/001472-2020, al tratarse de un acto administrativo que pone fin a una instancia; citado medio de defensa en la vía ordinaria del que puede obtenerse la modificación, revocación o nulificación de dicho acto. Aunado a que no opera en la especie ninguna excepción contenida en el último párrafo, de la fracción XX, del numeral 61 de la Ley de Amparo, pues el acto de la autoridad responsable se encuentra fundado, puesto que al emitirlo invocó los preceptos legales que estimó aplicables al caso. Tampoco se alegan únicamente violaciones directas a la Constitución, sino que en los conceptos de violación expresados por la quejosa en su escrito de demanda se aprecia que aduce cuestiones de legalidad; además de que el medio ordinario de defensa no se encuentra previsto en un Reglamento, sino que, como se señaló se encuentra establecido en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Pues se reitera, el acto reclamado al Director de la Procuraduría Federal del Consumidor con residencia en Veracruz, Veracruz, consistente en la determinación de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, en la que se determinó la aplicación de las medidas de apremio consistente en multa hecha valer a la parte proveedora Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, dictada en los autos del expediente administrativo PFC.VER.B.3/001472-2020. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 2ª./J.153/2013 (10a.), con número de registro 2005239, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, enero de dos mil catorce, Tomo II, página 1534, bajo el rubro y texto: "MULTA IMPUESTA COMO MEDIDA DE APREMIO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. Las medidas de apremio constituyen instrumentos jurídicos a través de los cuales el juzgador o la autoridad en el procedimiento administrativo pueden hacer cumplir coactivamente sus requerimientos o determinaciones, lo que implica que, una vez dictadas, se convierten en actos definitivos e independientes del procedimiento del que derivaron; por ello, cuando una autoridad perteneciente a la Procuraduría Federal del Consumidor, en el desempeño de sus atribuciones legales, impone como medida de apremio la multa prevista en el indicado precepto, ésta es impugnable a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos de la fracción III del artículo 14 de su Ley Orgánica, en virtud del fundamento legal en que se apoyó su emisión, esto es, una norma administrativa federal y por la independencia que guarda la multa en relación con el procedimiento en el que se dictó". En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en mención, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Luz María Fonseca Sánchez. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la ley reglamentaria de esta instancia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el indicado en la demanda de amparo; como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Miguel Lara Alvarado y Arlando Cruz Ramón, ya que acreditaron estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Por otra parte, téngase a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico luz_maria-fs@hotmail.com, el cual se utilizará únicamente como medio de contacto, toda vez que se trata de comunicaciones no procesales para brindar atención a las personas justiciables. Ahora, dígasele a la parte quejosa Luz María Fonseca Sánchez, que no ha lugar a tener como apoderado legal a José Antonio Fonseca Aguilar, toda vez que, únicamente anexo en copia simple el poder notarial número 23578 de cuatro de febrero de dos mil once, pasado ante la fe del Notario Público Número Veintiséis de la Decimoséptima Demarcación Notarial de Veracruz, por lo que, este órgano jurisdiccional no se encuentra en posibilidad de tener la certeza de la personalidad con la que se ostenta el referido profesionista. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"...

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 02/09/2021, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO B...Vista la demanda de derechos fundamentales promovida por Luz María Fonseca Sánchez, siete copias de la misma y nueve anexos; fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno respectivo y regístrese bajo el juicio de amparo indirecto 688/2021-IX, asimismo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO Con apoyo en la facultad derivada del artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia, de forma manifiesta e indudable y, por ende, se impone desechar de plano la demanda de amparo. Al respecto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito, se advierte la facultad del juzgador para desechar de plano una demanda de derechos fundamentales, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista de quien suscribe y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia VI.2o.J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número ochenta, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, octava época, página sesenta y cuatro, cuyos rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Lo anterior, se estima así de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, ya que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de dicha ley, respecto del acto reclamado consistente en la determinación de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, dictada en los autos del expediente administrativo PFC.VER.B.3/001472-2020, en la que determinó el Director de Zona Golfo-Centro de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Golfo Centro (Veracruz), de la Procuraduría Federal de Consumidor, la aplicación de las medidas de apremio consistente en multa hecha valer a la parte proveedora Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, al no haber desahogado el requerimiento de fecha veintinueve de abril de dos mil veintiuno, no obstante encontrarse oportuna y debidamente notificada, lo cual le impidió allegar de elementos que le permitieran conocer con mayor profundidad sobre el conflicto planteado por las partes, y al no existir conciliación entre las partes, no aceptar el arbitraje de esa institución, ni tampoco árbitro independiente para dirimir su controversia, se dio por agotada la fase conciliatoria y se dejaron a salvo los derechos de las partes a efecto de que los hicieran valer en la vía y la forma que a sus intereses conviniera. El artículo y fracción aludidos disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." El artículo señalado, consagra la improcedencia del juicio de amparo en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Del precepto transcrito se advierte que para que se actualice la causal de improcedencia en comento, se desprenden las siguientes hipótesis: a) Que se trate de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Tales actos deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; c) Dichos actos, sean susceptibles de ser suspendidos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal; d) Que la citada suspensión se otorgue sin exigir mayores requisitos que los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, independiente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley, y e) No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación, sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Ahora bien, el artículo 3°, fracción XII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y el diverso 2º de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, en lo conducente disponen: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; (.)." "Artículo 2. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley." Como se advierte, los numerales transcritos establecen la procedencia del juicio contencioso administrativo contra los actos y las resoluciones dictadas por autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual será substanciado y resuelto por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En ese sentido, contra los actos y resoluciones emitidas por la autoridad responsable 1. Director de la Procuraduría Federal del Consumidor, con residencia en Veracruz, Veracruz, que ponga fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, es procedente la promoción del medio de impugnación de los actos administrativos, que es el juicio de nulidad, cuyo conocimiento corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior es así, al considerar lo que establecen los artículos 111 y 116 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que se ubican dentro del procedimiento conciliatorio que disponen que la Procuraduría señalará día y hora para la celebración de una audiencia de conciliación en la que se procurará avenir los intereses de las partes, la cual deberá tener lugar, por lo menos, cuatro días después de la fecha de notificación de la reclamación al proveedor, y en caso de no haber conciliación, el conciliador exhortará a las partes para que designen como árbitro a la Procuraduría o a algún árbitro independiente para solucionar el conflicto, y en caso de que no se acepte el arbitraje se dejarán a salvo los derechos de ambas partes; de ahí que, se advierta que la determinación motivo de reclamo es la resolución que pone fin al expediente administrativo. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 104/2004 sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. LAS RESOLUCIONES QUE DICTA PARA RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN DEBEN IMPUGNARSE MEDIANTE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS. El artículo 143 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, derogado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 2004, establecía que "contra la resolución emitida para resolver algún recurso no procederá otro". Por su parte, las fracciones III, XIII y XIV del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establecen la procedencia del juicio de nulidad ante dicho órgano jurisdiccional, para impugnar las resoluciones dictadas al resolver el recurso de revisión con motivo de la imposición de multas o sanciones derivadas de la infracción a disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, o de aquellas que ponen fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelven un expediente; este medio ordinario no exige mayores requisitos para la suspensión del acto que los previstos en la Ley de Amparo, de conformidad con las tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/97 y 2a./J. 155/2002, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos V, marzo de 1997 y XVII, enero de 2003, páginas 395 y 576, respectivamente, de rubros: "MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS." y "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL JUICIO CORRESPONDIENTE DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL NO PREVER LA LEY DEL ACTO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS.". Acorde con dichas disposiciones y en términos de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, se concluye que el juicio de garantías es improcedente contra esa clase de resoluciones dictadas por la Procuraduría Federal del Consumidor, pues previamente debe agotarse el juicio de nulidad." De ahí que, resulta inconcuso que la aquí quejosa estuvo en aptitud de acudir ante dicho tribunal a demandar la nulidad de la determinación de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, dictada en los autos del expediente administrativo PFC.VER.B.3/001472-2020, mediante la cual determinó el Director de Zona Golfo-Centro de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Golfo Centro (Veracruz), de la Procuraduría Federal de Consumidor, la aplicación de las medidas de apremio consistente en multa hecha valer a la parte proveedora Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, al no haber desahogado el requerimiento de fecha veintinueve de abril de dos mil veintiuno, no obstante encontrarse oportuna y debidamente notificada, lo cual le impidió allegar de elementos que le permitieran conocer con mayor profundidad sobre el conflicto planteado por las partes, y al no existir conciliación entre las partes, no aceptar el arbitraje de esa institución, ni tampoco árbitro independiente para dirimir su controversia, se dio por agotada la fase conciliatoria y se dejaron a salvo los derechos de las partes a efecto de que los hicieran valer en la vía y la forma que a sus intereses conviniera; esto es, tuvo a su alcance el procedimiento contencioso administrativo para impugnar el acto que reclama en el presente juicio de amparo. En ese contexto, el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado; y por tanto, la interposición del juicio de nulidad ante la autoridad competente, resulta exigible en atención al referido principio de definitividad. Del numeral aludido, se advierte que la Ley Federal en comento no exige mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión en la Ley de Amparo, pues incluso los requerimientos básicamente son los mismos, ya que la suspensión puede solicitarse en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia definitiva; se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que puedan causarse con la ejecución; de ocasionarse daños o perjuicios a terceros se concederá siempre que el solicitante otorgue garantía para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se causen, dando la oportunidad a que el tercero exhiba contragarantía para evitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en nulidad; si se trata de una afectación no estimable en dinero la garantía se fijará discrecionalmente; deberá fijarse la situación en que habrán de quedar las cosas hasta que se dicte sentencia firme, pudiendo revocarse o modificarse la concesión o negativa de la medida cautelar por hecho superveniente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.) sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." Así, se arriba a la determinación que la quejosa, previo a la promoción del presente juicio de amparo, debió promover el juicio de nulidad contra la determinación de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, dictada en los autos del expediente administrativo PFC.VER.B.3/001472-2020, al tratarse de un acto administrativo que pone fin a una instancia; citado medio de defensa en la vía ordinaria del que puede obtenerse la modificación, revocación o nulificación de dicho acto. Aunado a que no opera en la especie ninguna excepción contenida en el último párrafo, de la fracción XX, del numeral 61 de la Ley de Amparo, pues el acto de la autoridad responsable se encuentra fundado, puesto que al emitirlo invocó los preceptos legales que estimó aplicables al caso. Tampoco se alegan únicamente violaciones directas a la Constitución, sino que en los conceptos de violación expresados por la quejosa en su escrito de demanda se aprecia que aduce cuestiones de legalidad; además de que el medio ordinario de defensa no se encuentra previsto en un Reglamento, sino que, como se señaló se encuentra establecido en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Pues se reitera, el acto reclamado al Director de la Procuraduría Federal del Consumidor con residencia en Veracruz, Veracruz, consistente en la determinación de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, en la que se determinó la aplicación de las medidas de apremio consistente en multa hecha valer a la parte proveedora Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, dictada en los autos del expediente administrativo PFC.VER.B.3/001472-2020. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 2ª./J.153/2013 (10a.), con número de registro 2005239, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, enero de dos mil catorce, Tomo II, página 1534, bajo el rubro y texto: "MULTA IMPUESTA COMO MEDIDA DE APREMIO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. Las medidas de apremio constituyen instrumentos jurídicos a través de los cuales el juzgador o la autoridad en el procedimiento administrativo pueden hacer cumplir coactivamente sus requerimientos o determinaciones, lo que implica que, una vez dictadas, se convierten en actos definitivos e independientes del procedimiento del que derivaron; por ello, cuando una autoridad perteneciente a la Procuraduría Federal del Consumidor, en el desempeño de sus atribuciones legales, impone como medida de apremio la multa prevista en el indicado precepto, ésta es impugnable a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos de la fracción III del artículo 14 de su Ley Orgánica, en virtud del fundamento legal en que se apoyó su emisión, esto es, una norma administrativa federal y por la independencia que guarda la multa en relación con el procedimiento en el que se dictó". En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en mención, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Luz María Fonseca Sánchez. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la ley reglamentaria de esta instancia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el indicado en la demanda de amparo; como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Miguel Lara Alvarado y Arlando Cruz Ramón, ya que acreditaron estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Por otra parte, téngase a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico luz_maria-fs@hotmail.com, el cual se utilizará únicamente como medio de contacto, toda vez que se trata de comunicaciones no procesales para brindar atención a las personas justiciables. Ahora, dígasele a la parte quejosa Luz María Fonseca Sánchez, que no ha lugar a tener como apoderado legal a José Antonio Fonseca Aguilar, toda vez que, únicamente anexo en copia simple el poder notarial número 23578 de cuatro de febrero de dos mil once, pasado ante la fe del Notario Público Número Veintiséis de la Decimoséptima Demarcación Notarial de Veracruz, por lo que, este órgano jurisdiccional no se encuentra en posibilidad de tener la certeza de la personalidad con la que se ostenta el referido profesionista. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"...

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,101 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano