Luz María Guzmán Sánchez

Expediente 1947/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1947/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
30/10/2019

Partes del expediente

  • Luz María Guzmán Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Como de la certificación que antecede se advierte, transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso d) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara con el auto de dos de octubre del año en curso (folios 113 a 118), en el que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia e hiciera valer el recurso de revisión en su contra, sin que así lo haya realizado, en consecuencia, se declara firme. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Valoración del expediente. El presente expediente, a consideración de la suscrita, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia y no se tramitó incidente de suspensión. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica.

  2. Principal

    Visto el comunicado signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual, comunica que dicho órgano colegiado declaró sin materia el impedimento planteado en autos. De lo que se toma nota para los efectos legales conducentes. Finalmente, se reserva remitir las promociones originales que obran glosadas en el presente juicio, así como, los cuadernos incidentales; hasta en tanto, se tenga conocimiento a que Juzgado de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, le correspondió conocer del juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    aviso por este medio de lista se notifica al quejoso el auto que dice:;El dos de octubre de dos mil diecinueve, Lorena Guadalupe Frías Oviedo, secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, da cuenta al Juez con oficio registrado con el número de orden 23807 y anexo, así como con el estado de autos. Conste. La secretaria. Zapopan, Jalisco, dos de octubre de dos mil diecinueve. I. Cumple requerimiento. Téngase por recibido el oficio presentado por el Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en atención a su contenido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado que le fuera solicitado. II. Estado de autos. En otro orden de ideas, visto el estado de autos, se advierte que el acto reclamado en este juicio constitucional, se hizo consistir, substancialmente en: a) La omisión en acordar el escrito presentado el doce de marzo de dos mil diecinueve, así como resolver el incidente planteado por la actora reconvencionista y demandada en lo principal. III. Cesación de efectos del actor reclamado. Por su parte, la omisión imputada a la autoridad responsable consistente en la falta de resolución del incidente de inadmisibilidad ya fue subsanada, según se advierte del oficio de cuenta, mediante el cual, se tuvo al Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, rindiendo su informe justificado y, en apoyo al mismo, remitiendo copia certificada de las constancias que acreditan su actuar dentro del expediente 276/2018-C3, de su índice. Ello es así, pues de las referidas constancias que acompañó, se evidencia que en el citado expediente, el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, resolvió el incidente de inadmisibilidad planteado por la entidad demandada, tal como se advierte de las siguientes imágenes: Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la falta de resolución del incidente planteado por la aquí quejosa dentro del expediente 276/2018-C3, del índice de la responsable; lo anterior de conformidad con lo previsto en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo . IV. Inexistencia del actor reclamado. Ahora bien, no pasa inadvertido el hecho de que la parte quejosa reclamara la omisión de acordar la promoción presentada ante la autoridad responsable el doce de marzo de dos mil diecinueve, pues del estado de autos, así como de las referidas constancias, también se desprende el hecho que: 1. El cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, la aquí quejosa Luz María Guzmán Sánchez, presentó su escrito de demanda, cuya omisión de acordar el escrito que presento el doce de marzo pasado, es uno de los actos que reclama en el presente juicio de amparo. 2. Luego bien, mediante proveído de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, acordó la promoción de doce de marzo pasado, reservando lo conducente, hasta en tanto se ordenara notificar a la parte actora de nueva cuenta con copia simple del citado escrito y corriéndosele traslado. 3. Finalmente, por auto de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, emitido por la autoridad responsable, ordenó turnar los autos del precitado expediente al pleno, para efecto de que emitiera resolución interlocutoria. Tal y como se ilustra a continuación: De las constancias reseñadas se hace patente que, cuando se instó el juicio constitucional, esto es, el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, ya había proveído la promoción de doce de marzo de dos mil diecinueve, presentada por la aquí quejosa, ordenando turnar los autos del precitado expediente al pleno, para efecto de que emitiera resolución interlocutoria. En tales condiciones, se arriba a la convicción de que a la fecha de presentación del juicio de amparo, la omisión reclamada era inexistente y esa circunstancia es suficiente para actualizar de manera manifiesta e indudable, la hipótesis normativa contenida en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, transcrita en párrafos anteriores, puesto que, de las constancias que obran en el sumario constitucional está acreditado plenamente que no existe la omisión reclamada. Consecuentemente, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia en materia común de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, novena época, página 386, de registro 184572, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Importa destacar que, si bien, por regla general, atento a la jurisprudencia en materia común 1a./J. 49/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, diciembre de 2017, tomo I, libro 49, página 386, registro 2015699, y con el fin de respetar el derecho de defensa de la parte quejosa, la negativa del acto reclamado no constituye una causa, manifiesta e indudable, que motive sobreseer el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, que para mayor claridad se transcribe dicha tesis: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ese es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos." Lo cierto es que, en el particular, no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que al estar plenamente demostrado que la omisión de acordar la promoción que presentó el doce de marzo de dos mil diecinueve, no existe, tal como se advierte de las constancias allegadas al informe justificado que rindió la autoridad responsable, en el que informó y acreditó haber acordado dicha promoción y ordenado turnar los autos al pleno para efecto de que emitiera la resolución del incidente de inadmisibilidad planteado por la aquí quejosa; es decir, que cuando se promovió el presente juicio de amparo ya se había emitido determinación judicial al respecto. Lo que a su vez permite concluir que resulta ocioso e innecesario postergar la conclusión del presente juicio, en virtud de que el sentido de la resolución que al respecto se emita, sin duda, seguiría siendo el mismo. Sostener lo contrario, aun cuando existe certeza de que en nada práctico conduce postergar la conclusión del presente juicio constitucional, sería en detrimento de los principios de impartición de justicia pronta, expedita y acceso efectivo a la jurisdicción, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Lo dicho además tiene apoyo en la tesis XIII.1o.P.T.27 K (10a.), de registro 2019803, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, mayo de 2019, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado" No está por demás agregar que la improcedencia del juicio constitucional es una cuestión de orden público y estudio preferente, por lo que el Juez de Distrito está obligado a decretar el sobreseimiento en cuanto aparezca, durante su trámite, alguna causal de improcedencia o de sobreseimiento, incluso sin necesidad de dar vista previamente a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia en materia penal 1a./J. 17/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXVII, junio de 2008, página 270, registro 169410, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." [Énfasis agregado] V. Sobresee fuera de audiencia. En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS. VI. Audiencia constitucional. En esas condiciones, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. VII. Realícense anotaciones. Finalmente, instrúyase a la analista jurídico, proceda a realizar las anotaciones en los libros correspondientes; y, en su oportunidad, archívese el presente como asunto concluido. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Helmuth Gerd Putz Botello, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, asistido por la secretaria Lorena Guadalupe Frías Oviedo, que autoriza y da fe. HGPB/LGFO/etm

  4. Principal

    De la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de diez días que establece el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y, 84 todos de la Ley de Amparo, para que la partes se inconformaran con la sentencia de diez de septiembre de dos mil diecinueve (folios 129 a 138), en la que la Justicia de la Unión amparó y protegió a la parte quejosa, e interpusieran el recurso de revisión que procedía en su contra, sin que lo hicieran; en consecuencia, se declara ejecutoriada, conforme a lo previsto en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a aquella legislación, por disposición de su numeral 2. Ahora, el fallo protector dictado por este juzgado se concedió para que la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, realice lo siguiente: "[.]a). Deje insubsistente la resolución reclamada; y, b). En libertad de jurisdicción, dicte otra; empero, subsanado la incongruencia destacada en párrafos que preceden, de conformidad con los lineamientos establecidos en esta sentencia. [.]" Requerimiento. Consecuentemente, solicítesele a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días, de cumplimiento al fallo protector y lo acredite con las constancias conducentes, conforme lo dispone el artículo 192 de la Ley de Amparo; en el entendido que la omisión a lo anterior trae como consecuencia el procedimiento previsto en la ley de la materia.

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