Luz María Domínguez de Jesús
Expediente 1648/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1648/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 06/11/2019
Partes del expediente
- Luz María Domínguez de Jesús
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, se pronuncia en los siguientes términos: De autos se advierte que en sentencia dictada el nueve de septiembre de dos mil diecinueve, este juzgado de Distrito determinó conceder el amparo al aquí quejoso para que la Decimoséptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, procediera en los siguientes términos: Mediante oficio 5437/2019, y 5539/2019, la junta responsable informó los actos conducentes a efecto de cumplir con la ejecutoria de amparo, entre las que destacan las siguientes constancias: El auto de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, en el que la responsable requirió a la parte actora -aquí quejosa- un domicilio de las demandadas en el juicio laboral de origen, a efecto de poderles llamar al citado procedimiento, bajo apercibimiento de que, de no hacerlo se tendría por no presentada la demanda en contra de la parte que no pueda ser emplazada (fojas 70 a 72). La actuación de diez de octubre del año en curso, en la que la junta responsable hizo efectivo el apercibimiento a la actora, se tiene por no interpuesta y en ese mismo acto ordenó archivar el asunto como concluido (fojas 79 a 82). Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. El procedimiento de cumplimiento a las sentencias de amparo, ha sido interpretado por nuestro más Alto Tribunal, conforme a lo sostenido en la jurisprudencia 54/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: En efecto, se destaca que dentro del juicio laboral 1602/2019, al incumplir la parte actora -aquí quejosa- con lo requerido por la junta responsable; esto es, proporcionar el domicilio correcto de los demandados a efecto de emplazarlos, se le hizo efectivo el apercibimiento contenido y consecuencia de ello, se tuvo por no interpuesta la demanda y se ordenó su archivo como asunto totalmente concluido, de ahí que se estime que el fallo protector ha quedado sin materia. Sin que resulte necesario, remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en turno, para la calificativa respectiva en incidente de inejecución; en efecto no pasó inadvertido que el artículo 196, último párrafo de la Ley de Amparo que establece: Empero, dicha hipótesis normativa se refiere a otros casos, como cuando se va a continuar con la etapa de ejecución de sentencia por cumplimiento sustituto, no cuando el objeto jurídico que debe realizar la autoridad responsable para acatar la sentencia ha dejado de subsistir jurídicamente, pues como se adelantó, al haber ordenado el archivo del juicio de origen como asunto concluido, en virtud de hacerle efectivo un apercibimiento a la parte actora -aquí quejosa-, por incumplir con una obligación procesal; por tanto no hay que emplazar, ni mucho menor llevar a cabo la audiencia de ley que señala el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo; en esa tesitura y como se adelantó, se declara sin materia el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente asunto. Al respecto se invoca como criterio rector, por similitud de razón, el sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el incidente de inejecución de sentencia 91/2016, en donde en lo que interesa se resolvió lo siguiente: Los actos anteriormente precisados son suficientes para demostrar que en este asunto no existe imposibilidad para cumplir con la ejecutoria de amparo y, en consecuencia, fue incorrecta la determinación del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, de enviar los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no obstante que su decisión la apoyara en la tesis número 2a. CXII/2013 (10a.) de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO" emitida por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. En ese orden no se actualiza la hipótesis prevista en el criterio anteriormente señalado, puesto que el asunto que nos ocupa la materia del amparo quedó sin efecto jurídico, en virtud de existir un acuerdo de voluntades entre los contendientes del juicio natural y ser cumplido en todos sus términos. Con base en lo anterior, procedente dejar sin efecto la resolución de dos de marzo de dos mil dieciséis, emitida por los integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito y declarar infundado el presente incidente, pues ha dejado de existir la materia para la ejecución del fallo. Similar criterio fue asumido por esta Segunda Sala al resolver, en sesiones de veintiocho de mayo y ocho de julio de dos mil quince, respectivamente, por unanimidad de cinco votos, los incidentes de inejecución de sentencia 66/2015 y 142/2015 bajo la ponencia de la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos y 186/2015 bajo la Ponencia del Ministro José Fernando Franco González Salas". Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Del análisis del presente expediente se considera que carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. De autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Citatorio Principal.- Se notifica por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, a la parte quejosa, el acuerdo autorizado el seis de noviembre del dos mil diecinueve, mediante el cual, Vista la certificación de cuenta y toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, se pronuncia en los siguientes términos: I. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el nueve de septiembre de dos mil diecinueve , este juzgado de Distrito determinó conceder el amparo al aquí quejoso para que la Decimoséptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, procediera en los siguientes términos: "Tomar las medidas conducentes para que se lleve a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, señalada para el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, pues dada su cercanía no se estima lógico ordenar que la deje insubsistente (atendiendo al tiempo restante para que cause ejecutoria esta sentencia); empero, en caso de que no se verifique la indicada audiencia, la tutela otorgada tendrá por efecto que la responsable señale una nueva fecha dentro del lapso que le marca la Ley Federal del Trabajo, o en su defecto acuerde lo que en derecho corresponda atendiendo al estado procesal que guarde el procedimiento de origen." II. Actos realizados por la autoridad responsable. Mediante oficio 5437/2019, y 5539/2019, la junta responsable informó los actos conducentes a efecto de cumplir con la ejecutoria de amparo, entre las que destacan las siguientes constancias: El auto de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, en el que la responsable requirió a la parte actora -aquí quejosa- un domicilio de las demandadas en el juicio laboral de origen, a efecto de poderles llamar al citado procedimiento, bajo apercibimiento de que, de no hacerlo se tendría por no presentada la demanda en contra de la parte que no pueda ser emplazada (fojas 70 a 72). La actuación de diez de octubre del año en curso, en la que la junta responsable hizo efectivo el apercibimiento a la actora, se tiene por no interpuesta y en ese mismo acto ordenó archivar el asunto como concluido (fojas 79 a 82). Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. IV. Pronunciamiento. Se declara sin materia el fallo protector. El procedimiento de cumplimiento a las sentencias de amparo, ha sido interpretado por nuestro más Alto Tribunal, conforme a lo sostenido en la jurisprudencia 54/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." En efecto, se destaca que dentro del juicio laboral 1602/2019, al incumplir la parte actora -aquí quejosa- con lo requerido por la junta responsable; esto es, proporcionar el domicilio correcto de los demandados a efecto de emplazarlos, se le hizo efectivo el apercibimiento contenido y consecuencia de ello, se tuvo por no interpuesta la demanda y se ordenó su archivo como asunto totalmente concluido, de ahí que se estime que el fallo protector ha quedado sin materia. Sin que resulte necesario, remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en turno, para la calificativa respectiva en incidente de inejecución; en efecto no pasó inadvertido que el artículo 196, último párrafo de la Ley de Amparo que establece: "[.] Si no esta cumplida totalmente, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley. [.]" Empero, dicha hipótesis normativa se refiere a otros casos, como cuando se va a continuar con la etapa de ejecución de sentencia por cumplimiento sustituto, no cuando el objeto jurídico que debe realizar la autoridad responsable para acatar la sentencia ha dejado de subsistir jurídicamente, pues como se adelantó, al haber ordenado el archivo del juicio de origen como asunto concluido, en virtud de hacerle efectivo un apercibimiento a la parte actora -aquí quejosa-, por incumplir con una obligación procesal; por tanto no hay que emplazar, ni mucho menor llevar a cabo la audiencia de ley que señala el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo; en esa tesitura y como se adelantó, se declara sin materia el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente asunto. Al respecto se invoca como criterio rector, por similitud de razón, el sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el incidente de inejecución de sentencia 91/2016, en donde en lo que interesa se resolvió lo siguiente: "[.] De ahí que una vez aprobado el convenio, la Junta responsable citó a las partes en los tiempos que en el mismo se establecieron para el cumplimiento de las obligaciones ahí impuestas y una vez que se acreditó su cumplimiento total, la citada autoridad responsable resolvió archivar el asunto como total y definitivamente concluido. Los actos anteriormente precisados son suficientes para demostrar que en este asunto no existe imposibilidad para cumplir con la ejecutoria de amparo y, en consecuencia, fue incorrecta la determinación del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, de enviar los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no obstante que su decisión la apoyara en la tesis número 2a. CXII/2013 (10a.) de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO" emitida por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación . En ese orden no se actualiza la hipótesis prevista en el criterio anteriormente señalado, puesto que el asunto que nos ocupa la materia del amparo quedó sin efecto jurídico, en virtud de existir un acuerdo de voluntades entre los contendientes del juicio natural y ser cumplido en todos sus términos. Con base en lo anterior, procedente dejar sin efecto la resolución de dos de marzo de dos mil dieciséis, emitida por los integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito y declarar infundado el presente incidente, pues ha dejado de existir la materia para la ejecución del fallo. Similar criterio fue asumido por esta Segunda Sala al resolver, en sesiones de veintiocho de mayo y ocho de julio de dos mil quince, respectivamente, por unanimidad de cinco votos, los incidentes de inejecución de sentencia 66/2015 y 142/2015 bajo la ponencia de la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos y 186/2015 bajo la Ponencia del Ministro José Fernando Franco González Salas". V. Anotaciones y orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. VI. Valoración del expediente. Del análisis del presente expediente se considera que carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. VII. Orden de depuración y/o destrucción. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. VIII. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. IX. Oposición de datos personales. De autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros.
- Principal
Por recibido el comunicado signado por el Presidente Especial de la Décima Séptima Junta de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante el cual en cumplimiento al fallo protector, remite copia certificada del acuerdo de diez de octubre de dos mil diecinueve, dictado dentro de juicio génesis 1602/2019/17-F. En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, debiendo correr traslado con el comunicado de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido de que con manifestación o sin ella se proveerá lo conducente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Aviso.- Se notifica por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, a la parte quejosa, el acuerdo autorizado el quince de octubre del dos mil diecinueve, mediante el cual, Por recibido el comunicado signado por el Presidente Especial de la Décima Séptima Junta de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante el cual en cumplimiento al fallo protector, remite copia certificada del acuerdo de diez de octubre de dos mil diecinueve, dictado dentro de juicio génesis 1602/2019/17-F. II. Dese vista y córrase traslado. En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, debiendo correr traslado con el comunicado de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido de que con manifestación o sin ella se proveerá lo conducente.
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