Luz María Estrada Domínguez
Expediente 485/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 485/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Luz María Estrada Domínguez
- Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, once de mayo de dos mil veintitrés. 1. Causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado en el presente juicio de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, que desechó la demanda; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración del expediente. En términos del artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. 2.2. Transferencia. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. 3. Constancia. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Andrea Estephania Ortiz León.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. 1. Registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, a en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número ********************. 2. Improcedencia. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Asimismo, debe destacarse que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.". 2.1. Precisión del acto reclamado. Del análisis del escrito inicial de demanda se observa que el acto reclamado se hace consistir en: La omisión de declarar cerrada la instrucción dentro del expediente laboral ******************** 2.2. Actualización de causa de improcedencia notoria, indudable y manifiesta. En ese contexto, este órgano jurisdiccional estima que en el asunto que nos ocupa se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." Los dispositivos antes invocados, tienen su génesis en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, (.)." En ese orden, para que sea procedente el juicio constitucional, los dispositivos transcritos imponen determinados requisitos a la parte promovente, los cuales deben cumplirse en su totalidad, a saber, que en tratándose de una determinación dictada en el juicio, la afectación producida por la responsable debe ser de imposible reparación. Bajo esas premisas, una determinación dictada por un tribunal en el proceso tiene ejecución de imposible reparación cuando violenta directamente cualquiera de los derechos sustantivos de las personas; sin que ello dé lugar a que éstos puedan acudir a la vía constitucional por violaciones meramente intraprocesales, como ocurre cuando se reclaman dilaciones procesales en materia laboral, que no producen la paralización del proceso, ni hacen nugatorio el derecho a la justicia. Conforme a los numerales invocados, son actos con efectos de imposible reparación los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que mediante una fórmula legal se establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace de la etapa en que se encuentre el juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese sentido, las cuestiones sometidas por los justiciables a la potestad de los tribunales del Estado, deben garantizar su pleno desarrollo y establecer los mecanismos necesarios y efectivos que les permitan resolver las controversias que de ellos deriven. Luego, las actuaciones que las partes estimen violatorias de sus derechos durante el proceso judicial, deben ventilarse al tenor de lo establecido en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en caso de que dichos actos afecte derechos sustantivos. Ahora, en consideración a la naturaleza del acto reclamado se desprende que la afectación que resiente la parte quejosa es la omisión de declarar cerrada la instrucción dentro del expediente laboral ******************** En relación a las dilaciones en los procedimientos laborales la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Contradicción de Tesis 2a./J. 33/2019 (10a.), concluyó que para la procedencia del juicio de amparo indirecto es necesario que transcurran más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo con el que legalmente cuenta la autoridad responsable para cumplir con la obligación impuesta, esto es, en el caso en concreto, proveer en sobre el cierre de instrucción. El criterio referido es del rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS.". De lo anterior, se colige que el acto reclamado no es de aquellos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, pues no constituye un acto que se encuentre desvinculado al proceso, sino que, por el contrario, tiene su origen en esté; por consiguiente, considerando lo expuesto en el criterio que antecede, se desprende que no existe una excesiva dilación procesal que actualice por el momento una afectación a los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues resalta que aún no han transcurrido los cuarenta y cinco días naturales que fijó como parámetro la Segunda Sala del más Alto Tribunal del país para efecto de la procedencia del juicio de amparo. En ese tenor, se tiene que el plazo en cuestión en relación a la fecha en que la Junta levanto la certificación de que no quedaban pendientes pruebas para su desahogo-dieciséis de marzo de dos mil veintitrés-, transcurre del diecisiete de marzo al treinta de abril dos mil veintitrés, como se advierte de la siguiente tabla: FECHA DE AUTO PLAZO PARA ACORDAR LO CONDUCENTE PLAZO DE 45 DÍAS NATURALES PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO PRESENTA- CIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. DÍAS NATURALES TRANSCURRIDOS. 16 de marzo de 2023 Plazo de tres con base en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo anterior que rige al juicio de origen. Del 17 de marzo al 30 de abril de 2023 19 de abril de 2023 34 días Por ende, el acto que se reclama en esta vía constitucional no puede ser considerado un acto de imposible reparación, toda vez que aquél tiene como consecuencia una afectación a derechos estrictamente de naturaleza adjetiva o procesal, lo que no genera una violación directa y actual. Cobra aplicación al caso, por las razones que la sostienen, la jurisprudencia I.1o.A.E. J/5 (10a.), sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1902, del Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011338, de rubro siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". 2.3. Desechamiento. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en concordancia con la fracción V del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, interpretados, éstos dos últimos, en sentido contrario, correlativamente con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. 3. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones y autorizando para tales efectos a las personas que menciona. 4. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 5. Oposición a la publicación de datos personales. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido de que, ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8º y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Andrea Estephania Ortiz León.
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