Luz María Estrada Domínguez

Expediente 34/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
34/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
24/03/2023

Partes del expediente

  • Luz María Estrada Domínguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    En veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, la secretaria da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y con el estado que guardan los autos, dentro del juicio de amparo 34/2023. Conste.Morelia, Michoacán, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia de nueve de febrero de dos mil veintitrés, se concedió a Luz María Estrada Domínguez, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable, realizaran lo siguiente: Señale fecha y hora para el desahogo de la audiencia de admisión o desechamiento de pruebas, la cual deberá estar apegada a lo plasmado en el artículo 878, fracción VIII de la Ley Federal del Trabajo, es decir, dentro del periodo de diez días hábiles. 2. Ejecutoria. Mediante proveído de uno de marzo de dos mil veintitrés, la sentencia de mérito causó ejecutoria, por lo que se requirió a la autoridad responsable, para que en un plazo de tres días diera cumplimiento con la misma. 3. Actos llevados a cabo para cumplir con la sentencia de amparo. Por oficio J-III-1861/2023 recibido en auto de uno de los actuales, el Auxiliar en funciones de Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, remitió copias certificadas de diversas constancias que integran el juicio laboral de origen, de entre las cuales se desprende que mediante proveído de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, se realizó el pronunciamiento sobre la admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en el citado expediente laboral número 3C-26692/0220. 4. Conclusión. En tales circunstancias, la autoridad responsable restituyó a la solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, ya que en auto de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, se pronunció respecto de los diversos medios de prueba ofrecidos por las partes dentro del controvertido laboral de origen, señalando fecha y horas para todas aquéllas que ameritan una preparación especial e incluso de las referidas constancias se puede observar que algunas de ellas ya se encuentran desahogadas. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia de amparo sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 5. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 5.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 5.2. Transferencia. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 6. Incidente de suspensión. Sin que se haga pronunciamiento al respecto, toda vez que no se dio apertura al mismo. 7. Documentos irrecuperables. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibidos de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 8. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de marzo de dos mil veintitrés. 1. Se recibe oficio. Agréguese el oficio signado por el Auxiliar en funciones de Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en atención a lo requerido en auto de uno de marzo del año en curso, remite copias certificadas de los autos con los que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 2. Vista con cumplimiento de ejecutoria. Por tanto, dese vista a las partes con lo anterior, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que este juzgado con desahogo de la vista o sin ella se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente a las partes y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Josué Romero Mena.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de marzo de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se desprende que, a la fecha, transcurrió el plazo legal de que disponían las partes, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase por alto que no se haya realizado el cómputo a la autoridad responsable para recurrir la resolución de mérito, pues en términos del párrafo segundo del artículo 87 de la Ley de Amparo, ésta carece de legitimación para impugnar la sentencia constitucional. Se requiere cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, solicítese a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumpla con la sentencia de amparo, cuyos efectos se constriñen a lo siguiente: "Señale fecha y hora para el desahogo de la audiencia de admisión o desechamiento de pruebas, la cual deberá estar apegada a lo plasmado en el artículo 878, fracción VIII de la Ley Federal del Trabajo, es decir, dentro del periodo de diez días hábiles." Apercibimiento. Apercibida que, en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, le será impuesta una multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN establecido en el numeral 193 de la Ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. Devolución de tomo de pruebas. Finalmente, en atención a que resulta innecesario conservar el tomo de pruebas que remitió la autoridad responsable como complemento a su informe justificado, se ordena su devolución en un cuaderno; sin que resulte necesario acusar de recibo, dado que el sello de recepción produce los mismos efectos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Maira Flor López Valencia.

  4. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 34/2023, promovido por ********************, a través de su apoderado jurídico, por alegada violación de los artículos 1°, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, este órgano jurisdiccional ha decidido: CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: La dilación en el trámite del juicio ordinario laboral ********************derivado de: - El auto de siete de junio de dos mil veintidós, en el que se declaró cerrada la etapa de ofrecimiento de pruebas, reservando proveer respecto de la admisión o desechamiento de los medios probatorios. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman actos de naturaleza omisiva cuya demanda de amparo se presentó en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, en donde este órgano ejerce jurisdicción. TERCERO. Existencia de la omisión reclamada. La Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, lo anterior, en razón de que, de las constancias que adjuntó a su informe justificado, se advierte la certeza del acto, toda vez que, en auto de siete de junio de dos mil veintidós, reservó proveer respecto de la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio ordinario laboral de origen. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas de las constancias que integran el juicio ordinario laboral ********************que la autoridad responsable remitió como apoyo a su informe justificado, las cuales adquieren valor probatorio pleno conforme los dispositivos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Causal de improcedencia. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, no se advierte actualizada alguna causal de improcedencia; tampoco fueron hechas valer por las partes. QUINTO. Estudio de fondo. Es fundado el único concepto de violación. La parte quejosa sustancialmente arguye que la autoridad vulnera en su perjuicio el contenido del artículo 17 Constitucional, puesto que ha sido omisa en proporcionar justicia pronta y expedita, dentro de los plazos y términos legales. Dicho concepto de violación es fundado. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. La característica de prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. En sentido inverso, esta garantía constitucional impone la prohibición de tramitar y resolver controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes, es decir, no debe transcurrir demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, pues la justicia tardía es una forma de injusticia. Ahora bien, los artículos 686 y 878, fracción VIII de la Ley Federal del Trabajo, en lo medular disponen, que el proceso del trabajo se sustanciará en los términos previstos en la ley, en el entendido que, al concluir el periodo de demanda y excepciones, se citará a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, misma que tendrá verificativo dentro de los diez días siguientes. En ese contexto, es evidente que la junta responsable inobservó lo establecido en el artículo 17 Constitucional, en cuanto refiere que la impartición de justicia debe ser pronta, pues se advierte que dentro del juicio ordinario laboral ********************por auto de siete de junio de dos mil veintidós, reservó proveer respecto de la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas dentro de dicho juicio laboral. Por ello, si la junta responsable fue omisa en pronunciarse respecto de la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del término que establece artículo 878, fracción VIII de la Ley Federal del Trabajo, es evidente que existe una dilación en el juicio laboral de origen, puesto que de las constancias que remitió se advierte que desde el siete de junio de dos mil veintidós, reservó proveer respecto de la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas dentro del juicio natural. De lo anterior, se desprende que entre el siete de junio del año próximo pasado a la presente fecha, median más de seis meses, lo cual, resulta violatorio de derechos ya que ello impide que se administre justicia de manera pronta y expedita de conformidad con el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." En las relatadas condiciones, la abstención que se reclama en esta vía constitucional resulta violatoria de la garantía contenida en el artículo 17 de la Constitución Federal, pues el Estado tiene el imperativo legal hacía los gobernados de otorgar el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia de manera pronta, completa, gratuita e imparcial. En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación aquí estudiado, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para los efectos que se precisarán en el siguiente considerando. SEXTO. Efectos de la concesión. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, deberá: Señale fecha y hora para el desahogo de la audiencia de admisión o desechamiento de pruebas, la cual deberá estar apegada a lo plasmado en el artículo 878, fracción VIII de la Ley Federal del Trabajo, es decir, dentro del periodo de diez días hábiles. Sin que dicha concesión implique abarcar las subsecuentes etapas durante el desarrollo del procedimiento laboral, toda vez que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª.CV/2013(10ª), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo 1, de rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Por otro lado, no se soslaya el alegato formulado por la fiscal de la adscripción; no obstante, este órgano de control constitucional se abstiene de realizar pronunciamiento al respecto, porque la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda y de los informes justificados. Apoyo lo anterior la siguiente jurisprudencia: "PEDIMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. NO ES OBLIGATORIO ATENDERLO EN LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El órgano jurisdiccional constitucional no está constreñido a atender en su resolución el pedimento del Ministerio Público Federal, porque la representación social es parte en el juicio de amparo; de ahí que su pedimento únicamente constituye una manifestación que está sujeta a la apreciación del acto reclamado que se realice en la sentencia." Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto que reclamó a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por los motivos y para los efectos precisados en los considerandos quinto y sexto. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.

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