Luz Maria Del Carmen Loza Morales

Expediente 772/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 32 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
772/2018
Año
2018
Actuaciones
32
Última actuación
10/04/2019

Partes del expediente

  • Luz Maria Del Carmen Loza Morales
  • Segunda Sala Civil Del Tribunal Superior De Justicia Del Estado De México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Incidental

    VII) Toluca, Estado de México; diez de abril de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, dentro de la queja 25/2019, derivada del incidente de suspensión 772/2018-Vll, en la cual se resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por SANTIAGO GUADARRAMA MONDRAGON, apoderado de ENTRETENIMIENTO NOCTURNO METEPEC 723, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de la interlocutoria de dos de enero de dos mil diecinueve, dictada dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 772/2018-VII." Atento lo anterior, acúsese el recibo de estilo del oficio 567-VI, testimonio de cuenta y anexo certificado, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que en auto de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte tercero interesada para que manifestara su conformidad o no con la devolución del billete, bajo el apercibimiento que en caso de no hacer manifestación alguna al respecto se le tendría por conforme con la devolución y se entendería que no plantearía el incidente de reparación de daños y perjuicios. Mediante escritos presentados el doce de diciembre de dos mil dieciocho, el tercero interesado manifestó su inconformidad a la entrega del billete de depósito y promovió incidente de reparación de daños y perjuicios (fojas 93 a 101). El dos de enero de dos mil diecinueve, se resolvió el incidente planteado y se declaró procedente pero infundado. Inconforme con dicha determinación, el tercero interesado Santiago Guadarrama Mondragón, interpuso recurso de queja. Ahora, como se advierte del oficio de cuenta, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, declaró infundado el recurso de queja interpuesto contra la resolución que resolvió el incidente de daños y perjuicios; por tanto, el tercero interesado agotó su derecho de promover su incidente de daños y perjuicios así como su inconformidad para entregar el billete, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 156 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, devuélvase a la parte quejosa el billete de depósito N575890, (44/2018-B), previa sustracción de la caja de seguridad toda vez que en auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, se tuvo por constituida la medida de aseguramiento; en el entendido que cuando comparezca a recogerlo deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente para que se certifique y glose para debida constancia legal. Con el apercibimiento de que para el caso de no presentarse a recogerlo en plazo contemplado en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, se procederá de conformidad con lo establecido en ese numeral. Finalmente, toda vez que mediante auto de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se ordenó el archivo del presente incidente, remítase al mismo por encontrarse totalmente concluido. Notifíquese personalmente

  2. Incidental

    VII)Toluca, Estado de México; treinta de enero de dos mil diecinueve. De conformidad con lo previsto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, glósese a los autos el oficio de cuenta enviado por la Actuaria Judicial del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, a través del cual acusa recibo del oficio por el cual se le remitió el escrito de agravios, copia del mismo, así como copia certificada del incidente 772/2018-Vll, y hace del conocimiento que dicho recurso se registró con el número de queja 25/2019, el cual se admitió a trámite; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes, estando a la espera de la resolución correspondiente. Notifíquese.

  3. Incidental

    Acuerdo: Toluca, Estado de México; diecisiete de enero de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el escrito de cuenta suscrito por el apoderado de la tercero interesada Entretenimiento Nocturno 723, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través del cual interpone recurso de queja contra la determinación de dos de enero de dos mil diecinueve emitida en el presente incidente de suspensión. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por presentado el recurso de mérito; asimismo, ríndase el informe respectivo en términos del párrafo primero del artículo 101 de la legislación invocada, aceptando la existencia del auto impugnado. A fin de resolver dicho medio de impugnación, remítase el original y copia del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, así como copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del invocado artículo 101 de la Ley de Amparo. Notifíquese y por lista a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Irma Zoraida Capos que autoriza, firma y da fe.

  4. Incidental

    VII.AUDIENCIA INCIDENTAL En Toluca, Estado de México, a las doce horas con cinco minutos del dos de enero de dos mil diecinueve, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia de incidental a que se refiere el artículo 67 de la Ley de Amparo, relativa al incidente de daños y perjuicios promovido dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 772/2018-VII, estando en audiencia pública Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con Emmanuel Ramírez Gómora, Secretario del juzgado, que da fe, la declaró abierta sin la asistencia de las partes. Acto seguido, el Secretario da lectura a las constancias existentes en autos, sin que sea necesario hacer relación expresa a cada una de ellas en atención a las consideraciones que sustentan la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Primera Parte, del Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los meses de Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, con número de registro 206494, cuyo rubro a la letra dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." El Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. A continuación, se abre la etapa de pruebas y el Secretario hace relación de las ofertadas por actor incidentista (parte tercero interesado), así como las de la parte quejosa, consistentes en: La instrumental de actuaciones del incidente de suspensión en que se actúa y del cuaderno principal. La presuncional en su doble aspecto legal y humana. El Juez acuerda: se tiene por admitidas y desahogadas las pruebas de mérito dada su propia y especial naturaleza, acto seguido con fundamento en el artículo 67, de la Ley de Amparo, se declara cerrada la presente etapa procesal. Abierta la etapa de alegatos, el Secretario da cuenta con el escrito signado por la parte quejosa, presentado el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, mediante el cual hace diversas manifestaciones vía alegatos. El Juez acuerda: con apoyo en artículo 67 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones para los efectos legales conducentes. Al no haber escrito pendiente de acuerdo, se da por concluida la presente audiencia y en términos del artículo 67 del ordenamiento legal invocado, se procede a dictar la resolución interlocutoria correspondiente. V I S T O, para resolver el incidente de daños y perjuicios, instaurado por la parte tercero interesada Entretenimiento Nocturno Metepec 723, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal Santiago Guadarrama Mondragón; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación del Incidente. Mediante promoción recibida en la oficialía de partes de este juzgado el doce de diciembre de dos mil dieciocho, la parte tercero interesada Entretenimiento Nocturno Metepec 723, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal Santiago Guadarrama Mondragón, promovió incidente de reparación de daños y perjuicios, reclamando la entrega de cuatrocientos treinta y cuatro mil trescientos veinte pesos con ochenta y un centavos ($434,320.81), con motivo del otorgamiento de la medida cautelar concedida en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 772/2018-VII, por concepto de daños y perjuicios por la improcedente tramitación del amparo indirecto y recursos promovidos por la quejosa en el presente asunto, y así estar impedido en disponer de la suma de dinero a la cual fue condenado la parte quejosa, que por derecho le corresponde. SEGUNDO. Admisión y trámite del incidente. Por auto de trece de diciembre de dos mil dieciocho, con apoyo en los artículos 66, 67 y 156 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional admitió el incidente planteado y dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera por el término de tres días, reservando el pronunciamiento respectivo a las pruebas ofrecidas por la incidentista hasta que transcurriera dicho plazo. En proveído de veinticuatro diciembre de dos mil dieciocho, se acordó el desahogo a la vista concedida a la parte quejosa, quien mediante escrito presentado el veintiuno del mes y año en curso manifestó lo que a sus intereses convino, en el mismo acuerdo se levantó la reserva en cuanto a las pruebas emitiendo el pronunciamiento, y se fijó fecha para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos que se llevó a cabo en términos del acta que antecede y forma parte de esta resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de daños y perjuicios, en términos de lo dispuesto por los artículos 49 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 66, 67 y 156 de la Ley de Amparo, toda vez que se tramitó y resolvió el juicio de amparo principal del que deriva la presente incidencia en que se actúa. SEGUNDO. Oportunidad de la presente incidencia. Previo a cualquier consideración debe precisarse que el incidente que se plantea fue presentado oportunamente, considerando que el artículo 156 de la Ley de Amparo establece el término de seis meses para promover dicha incidencia, contados a partir del día siguiente al en que se notifique a las partes la ejecutoria de amparo. En tanto que de autos del juicio principal que se tienen a la vista al resolver se obtiene que mediante acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, fueron recibidas las actuaciones originales del presente juicio de amparo remitidas al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil de Segundo Circuito con residencia en esta ciudad, con motivo del recurso de revisión 354/2018 interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 176 a 189 del juicio principal); órgano colegiado que en sesión de veintitrés de noviembre del citado año, confirmó la resolución impugnada por la parte quejosa y, por ende, sobreseyó en el presente juicio (fojas 219 a 233); auto que fue notificado de manera personal al tercero autorizado el once de diciembre del año en curso (foja 237). En este sentido, teniendo en consideración que el incidente de que se trata, fue presentado el doce de diciembre del año en curso, se colige que se hizo dentro del término legal de seis meses, establecido en el precepto 156 de la ley normativa del juicio de derechos humanos. Ilustra lo anterior, la tesis aislada aprobada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, marcada con el número I.12o.C.16 K (10a.), visible en la página 2378, del Tomo III, de Septiembre de 2018, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que literalmente dice: "INCIDENTE DE REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN DICTADA EN EL AMPARO DIRECTO. EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE SEIS MESES ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 156 DE LA LEY DE AMPARO PARA PROMOVERLO, INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN A LAS PARTES DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Conforme al artículo 156 citado, el incidente para hacer efectiva la garantía o contragarantía otorgada a propósito de la suspensión, debe presentarse dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio; debiendo entenderse por esta resolución la sentencia firme de amparo, esto es, aquella que ya no puede ser impugnada por ningún medio y que, por ende, ha causado ejecutoria, pues de otra manera, no podría sostenerse que "en definitiva" se ha resuelto el juicio, si aún cabe la posibilidad de que esa decisión pueda ser revocada o modificada por un órgano judicial superior mediante el recurso de revisión. Por tanto, no puede tenerse como fecha de inicio del plazo de seis meses, la de la sesión en que se dictó la sentencia que resolvió el juicio de amparo directo, sino a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación a las partes de la sentencia de amparo, la cual causa ejecutoria por ministerio de ley, de conformidad con el artículo 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando no admite el recurso de revisión a que se refiere la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." TERCERO. Antecedentes. Para comprensión del asunto resulta necesario hacer una breve relación de las constancias que integran los autos, las cuales, dada su calidad de documentos públicos, tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo; de las que se advierte lo siguiente: El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, la parte quejosa promovió el juicio de amparo del que deriva el que esta incidencia señalando como acto reclamado la sentencia de quince de mayo de este año, dictada en el recurso de apelación 249/2018, interpuesto por la quejosa en contra de la interlocutoria emitida en el incidente de nulidad de actuaciones deducido del juicio ordinario civil de rescisión de contrato de arrendamiento 492/2016, así como las consecuencias jurídicas de esa determinación, lo cual se traduce en la ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen (fojas 2 a 13). Mediante auto de dos de agosto de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda (fojas 49 a 52 ídem), y por auto de esa fecha, se aperturó el incidente de suspensión y se otorgó la suspensión provisional de los actos reclamados para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que en ese momento guardaban; sin que ello implicara la suspensión del procedimiento en el asunto de origen, en términos del precepto 150 de la ley citada, fijando como medida de aseguramiento una garantía de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) para responder de los posibles perjuicios que se pudieran ocasionar al tercero interesado en caso de la parte quejosa no obtuviera sentencia favorable en el expediente principal, monto que se determinó de manera discrecional en uso de la facultad que confiere a este juzgador el artículo 139 de la Ley de Amparo, toda vez que en la demanda no se proporcionaron datos que hagan posible realizar las operaciones para determinar las cantidades exactas de los daños y perjuicios (fojas 13 a 17 del incidente de suspensión). Posteriormente, mediante interlocutoria de diez de agosto de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados para los mismos efectos que la provisional, y fijando la siguientes cantidades: El monto de $434,320.81 (cuatrocientos treinta y cuatro mil trescientos veinte pesos 81/100 moneda nacional), para garantizar los daños y perjuicios. Luego, se tomó en cuenta que el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo en relación con dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio, esto es, el poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país, y ese dato es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación. En consecuencia, para calcular los posibles daños, se tomo como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio de amparo a la fecha en que se decrete la garantía, en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse del factor. Y tratándose de los perjuicios, que son las ganancias lícitas que obtendría el tercero, de tener bajo su dominio el monto del dinero durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio de amparo, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, debe atenderse a la tasa de interés que refleje el valor del dinero, y para lo cual es aplicable la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de veintiocho días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, tomando en consideración la estadística del Consejo de la Judicatura Federal, para estar en condiciones de advertir la probable duración del juicio de amparo, así como el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 42/2014 (fojas 27 a 35 del incidente de suspensión). Inconforme con los efectos de la concesión de la suspensión definitiva y garantía fijada, la parte quejosa hizo valer el recurso de revisión 309/2018 del cual conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, autoridad que mediante sesión de veinticinco de octubre del presente año, determinó modificar los efectos de la concesión para que independencia de que se mantuvieran las cosas en el estado que guardaban, de no haberse llevado a cabo el embargo, éste no se realice hasta en tanto se resuelva en definitiva el fondo del asunto en el juicio de amparo indirecto a fin de preservar la materia del amparo, empero dejó intocado el pronunciamiento respecto a la fijación de la garantía. (fojas 69 a 85 del incidente de suspensión) Con posterioridad mediante resolución de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho se sobreseyó el presente asunto (fojas 176 a 189 del juicio principal); determinación que fue confirmada por el Tribunal Colegiado que resolvió el recurso de revisión hecho valer por la impetrante en contra dicho sobreseimiento (fojas 219 a 233, ídem); CUARTO. Estudio. Quien ahora resuelve estima que resulta procedente pero infundado el incidente promovido por el tercero interesado, conforme a lo que ahora se expone: El artículo 156 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 156.- Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante la autoridad que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista de la partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente." El anterior precepto prevé el incidente de responsabilidad proveniente de la garantía otorgada con motivo de la suspensión, el cual tiene como objetivo restituir al tercero interesado en la situación que disfrutaba antes de que se produjera la suspensión del acto reclamado; esto es, a través de ese medio se determina la procedencia de reparar económicamente el daño e indemnizar los perjuicios que se hubieren causado con motivo de la concesión de la medida cautelar, a fin de restaurar o retrotraer las cosas al estado que privaba antes de la aparición de esos eventos. Por lo anterior, la procedencia del incidente está condicionada a la satisfacción de los siguientes elementos de existencia y eficacia: 1. La existencia de un tercero interesado en el respectivo juicio de derechos humanos; 2. El otorgamiento de la medida cautelar, cuya vigencia de sus efectos se hubiere condicionado a la exhibición de una garantía; 3. La emisión de una sentencia constitucional que no hubiere resultado favorable al quejoso o acuerdo de sobreseimiento que hubiere causado ejecutoria o tenga esa característica; y, 4. La demostración plena a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada. Lo anterior ha sido sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, abril de 2003, Novena Época, página 1144, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PRESUPUESTOS DE EXISTENCIA Y EFICACIA DEL INCIDENTE PARA HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD PROVENIENTE DE LA GARANTÍA OTORGADA CON MOTIVO DE AQUÉLLA. El incidente contemplado en el artículo 129 de la Ley de Amparo tiene como objetivo restituir al tercero perjudicado en la situación que disfrutaba antes de que se produjera la suspensión del acto reclamado, esto es, a través de ese medio se determina la procedencia de reparar económicamente el daño e indemnizar los perjuicios que se hubieren causado con motivo de la concesión de la medida cautelar, a fin de restaurar o retrotraer las cosas al estado que privaba antes de la aparición de esos eventos. En ese tenor, la procedencia del incidente está condicionada a la satisfacción de los siguientes elementos de existencia y eficacia: 1) La presencia de un tercero perjudicado en el respectivo juicio de garantías; 2) El otorgamiento de la medida cautelar, cuya vigencia de sus efectos se hubiere condicionado a la exhibición de una garantía; 3) La emisión de una sentencia constitucional que no hubiere resultado favorable al quejoso o acuerdo de sobreseimiento que hubiere causado ejecutoria o revista esa característica; y, 4) La demostración plena a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada. En el caso concreto, se cumplen con las primeras tres condicionantes, puesto que como se dijo con antelación se tiene la presencia de un tercero interesado en el juicio de garantías de donde deriva este incidente, esto es, el actual promovente del incidente que se resuelve la parte tercero interesada Entretenimiento Nocturno Metepec 723, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal Santiago Guadarrama Mondragón. Además se cuenta con el otorgamiento de la medida cautelar, cuya vigencia de sus efectos se condicionó a la exhibición de una garantía; y, también existe una sentencia de sobreseimiento, confirmado por un Tribunal Colegiado. Sin embargo, con relación a la última condicionante consistente en la demostración plena a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada, a criterio de este juzgador no se actualiza en el caso en estudio, como se verá enseguida. Para arribar a dicha consideración se toma en cuenta que el incidentista (tercero interesado) alude que el monto de la caución para garantizar los posibles daños y perjuicios fijada en autos por la cantidad de $434,320.81 (cuatrocientos treinta y cuatro mil trescientos veinte pesos 81/100 moneda nacional), a razón del Índice Nacional de Precios al Consumidor (daños) y de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (perjuicios), es el que procede se le condene a la hoy quejosa, empero, esta circunstancia no releva ni sustituye la exigencia formal de expresar los hechos que fundan la indemnización, pues la garantía no constituye el monto cierto y preciso de ellos, ya que se trata de un cálculo al que hipotéticamente podrían ascender los daños y perjuicios, a partir de factores financieros y económicos existentes al momento de su fijación al no estar en condiciones de conocer los que correspondan a los meses futuros (por el tiempo probable de conclusión del juicio). De ahí que la notoriedad de la existencia de la afectación no comprenda ni deba extenderse al monto de los daños y perjuicios, los cuales aunque eventualmente puedan coincidir con la caución, deben quedar efectivamente constatados, a razón de los valores que estuvieron vigentes durante la tramitación del amparo. Luego, si de acuerdo al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 42/2014, estableció que el daño se puede cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación y en consecuencia se toma como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio de amparo a la fecha en que se decrete la garantía, en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse del factor. Y tratándose de los perjuicios, para calcularlo se debe atenderse a la tasa de interés que refleje el valor del dinero, y para lo cual es aplicable la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de veintiocho días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación. Ambos parámetros económicos son variables y dependientes de la economía del país, por lo tanto es inexcusable, la exigencia formal de expresar los hechos que fundan la indemnización, esto es, deben quedar efectivamente constatados, a razón de los valores que estuvieron vigentes durante la tramitación del amparo, a fin de que este juzgador se encuentre en aptitud de realizar el pronunciamiento respectivo. Sirve de apoyo, por identidad de razón, el criterio jurisprudencial I.13o.C.16 K (10a.) emitido por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, abril de dos mil dieciocho, página 2393, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONTIENE CANTIDAD LÍQUIDA, EN EL INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 156 DE LA LEY DE AMPARO. EL MONTO DE LA CAUCIÓN PARA GARANTIZAR LOS POSIBLES DAÑOS Y PERJUICIOS NO RELEVA NI SUSTITUYE LA EXIGENCIA FORMAL DE EXPRESAR LOS HECHOS QUE FUNDAN LA INDEMNIZACIÓN. El monto de la caución para garantizar los posibles daños y perjuicios tratándose de la suspensión en el amparo promovido contra la resolución que contiene cantidad líquida en el incidente previsto en el artículo citado, a razón del Índice Nacional de Precios al Consumidor (daños) y de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (perjuicios), sobre ese monto, por el tiempo probable de resolución del juicio de amparo; no releva ni sustituye la exigencia formal de expresar los hechos que fundan la indemnización, ya que la garantía no constituye el monto cierto y preciso de ellos, pues se trata de un cálculo al que hipotéticamente podrían ascender los daños y perjuicios, a partir de factores financieros y económicos existentes al momento de su fijación, al no estar en condiciones de conocer los que correspondan a los meses futuros (por el tiempo probable de conclusión del juicio); de ahí que la notoriedad de la existencia de la afectación no comprenda ni deba extenderse al monto de los daños y perjuicios, los cuales aunque eventualmente puedan coincidir con la caución, deben quedar efectivamente constatados, a razón de los valores que estuvieron vigentes durante la tramitación del amparo." Se suma que en términos del artículo 156 de la Ley de Amparo, la materia del incidente se circunscribe a la afectación que derive directamente de la ejecución o inejecución del acto reclamado. En este orden de ideas tenemos que el promovente del presente incidente reclama la entrega de $434,320.81 (cuatrocientos treinta y cuatro mil trescientos veinte pesos 81/100 moneda nacional), con motivo del otorgamiento de la medida cautelar concedida en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 772/2018-VII, por ser esa la cantidad afirma son de daños y perjuicios por la improcedente tramitación del amparo indirecto y recursos promovidos por la quejosa en el presente asunto, en razón a que no fue posible ejecutar la suerte principal del juicio natural. Para lo cual ofrece como pruebas las documentales públicas atinentes a los autos del juicio de amparo del que deriva el presente incidente; y, la instrumental de actuaciones del incidente de suspensión en que se actúa. Sin embargo dichos medios de convicción no acreditan la demostración plena a cargo del incidentista de haber resentido los daños y perjuicios que refiere con motivo de la suspensión decretada, y tampoco expresa los hechos que fundan la indemnización a que alude tiene derecho. En efecto, la instrumental de actuaciones si bien hace prueba plena, ello es únicamente respecto de su contenido, es decir, da cuenta de las determinaciones llevadas a cabo tanto en el juicio principal como en el incidente de suspensión de los que deriva la presente incidencia, pero es insuficiente para evidenciar la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio de una de las partes, originado sobre hechos concretos que tienen su realización en el pasado (daño) o la existencia de una ganancia lícita que la parte tercero interesada pudo obtener con el cumplimiento de una obligación (perjuicio), y menos aún para justificar la relación de causa-efecto de la que deriva dicha obligación. De ahí que al no haber cumplido con esa carga probatoria, debe declararse infundado lo pretendido por el aludido tercero incidentista. Sin que sea óbice a lo anterior el ofrecimiento de la presuncional en su doble aspecto legal y humana, pues aún valoradas en términos de lo dispuesto por los artículos 190, 197, 202 y 218 del ordenamiento legal en cita, y concediéndoles pleno valor probatorio; las constancias que integran las actuaciones del presente sumario son actuaciones judiciales que resultan insuficientes para acreditar la materialización de algún perjuicio ocasionado al incidentista y originado por la concesión cautelar. En ese tenor, la probabilidad de que se hubiesen causado daños y perjuicios por la no disposición de la cantidad a la que fue condenada la parte quejosa en el juicio de origen sobre el que recayó la suspensión, no constituye de manera alguna una situación concreta y actual que genere en el ánimo de quien resuelve, la certeza de que existió tal afectación; esto es, dicha circunstancia no constituye por sí una situación concreta y actualizada de que efectivamente se hubiese concertado la operación que pudiera haber redundado en una afectación económica en perjuicio de los intereses de la parte tercero interesada, ahora incidentista. Al respecto, resulta atendible al criterio sustentado en la tesis localizable en la página 84, Tomo CXXIV, Cuarta Parte, Sexta Época, Tercera Sala, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN, DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR LA. Los daños y perjuicios ocasionados por la suspensión del acto reclamado en un juicio de amparo, deben ser consecuencia inmediata y directa de dicha suspensión y esta relación inmediata y directa debe probarse. Por lo tanto, si no se rindió prueba alguna para demostrar la existencia de tales daños y perjuicios, consecuentemente, menos se pudo probar la relación inmediata y directa entre ellas y la suspensión como causa." Así como la tesis XXVII.1 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, observable en la página 649 del Tomo XV, Junio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto indican: "DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN CAUSARSE CON LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. CARGA DE LA PRUEBA EN EL INCIDENTE RELATIVO. Del texto de los artículos 125 y 129 de la Ley de Amparo, se advierte que la garantía otorgada por la parte quejosa para obtener la suspensión del acto reclamado, responde por los posibles daños y perjuicios que se pudieren ocasionar a un tercero con motivo de la concesión de la suspensión, si no se obtiene sentencia favorable; y que el que pretenda hacer efectiva la responsabilidad proveniente de esa garantía, debe tramitar un incidente ante la autoridad que conoció de la suspensión, cuando la sentencia no sea favorable al accionante de amparo. Lo anterior, sin duda, pone de manifiesto que corresponde al promovente del incidente relativo la comprobación de los daños y perjuicios que se le ocasionaron con la suspensión otorgada y, bajo ningún supuesto, es dable sostener que la carga probatoria debe arrojarse a la parte quejosa, ya que ésta no se encuentra en aptitud de determinar y cuantificar dichos conceptos. Además, al estar debidamente plasmados los requisitos de procedencia de dicho incidente, en los dispositivos mencionados con antelación, no puede válidamente hacerse uso de las reglas que rigen un juicio ordinario, pues la acción incidental del reclamo por daños y perjuicios deriva directamente de la suspensión otorgada en un juicio de garantías." En consecuencia, al no haberse demostrado la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio de una de las partes y la existencia de la privación de alguna ganancia lícita con motivo de la medida cautelar concedida al quejoso, debe declararse infundado el incidente planteado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículo 66, 67 y 156 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Es procedente pero infundado el incidente de daños y perjuicios derivados de la suspensión provisional del acto reclamado en el juicio de amparo 722/2018-VII, interpuesto por la parte tercero interesada Entretenimiento Nocturno Metepec 723, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal Santiago Guadarrama Mondragón. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo resolvió y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido del Secretario Emmanuel Ramírez Gómora, que autoriza y da fe. Doy Fe.

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