Luz María Arzate Campuzano
Expediente 1622/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1622/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/11/2016
Partes del expediente
- Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca Estado de México
- Luz María Arzate Campuzano
Actuaciones
- Principal
VI. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES.
- Principal
II. (SE LISTA CITATORIO QUEJOSA), SE NOTIFICA A LA QUEJOSA POR LISTA EL ACUERDO DE VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISEIS, EL CUAL A LA LETRA DICE: II. Toluca, Estado de México; veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por LUZ MARÍA ARZATE CAMPUZANO, por su propio derecho, contra actos del JUEZ CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO y otra autoridad. Fórmese el expediente físico y electrónico y regístrese en el Libro Uno de Juicios de Amparo bajo el número 1622/2016-II. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL AMPARO. Ahora, con fundamento en los artículos 13 y 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo en estudio. Puntualizado lo anterior, a efecto de determinar la procedencia de la demanda de garantías, se tiene en consideración el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se conoce, que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo análisis es de orden preferente y oficioso, en términos del artículo 62, de la Ley de Amparo. De la demanda de amparo se advierte que la quejosa señala como actos reclamados, los siguientes: La convalidación de la notificación personal que realiza la notificadora adscrita al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de Toluca México, así como la inexacta y nula notificación realizada a través de instructivo de la sentencia dictada el dos de septiembre de dos mil dieciséis en el 763/2015 relativo al juicio ordinario civil. Por lo que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". De la interpretación del precepto legal transcrito parcialmente, es factible decir que el motivo de improcedencia que contiene, descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo relativo a la definitividad del acto reclamado. El juicio de amparo es un juicio extraordinario; por tanto, resulta obvio que se debe promover cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. En esto estriba precisamente el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, que lo hace procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, principio que consagra la Carta Magna en el inciso a), fracción III de su artículo 107 en relación con las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el cual puedan ser modificadas o reformadas, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del agraviado trascendiendo al resultado del fallo, siempre que en materia civil se haya impugnado la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procura que el amparo sea la instancia final que permita la anulación de actos de autoridad violatorios de garantías individuales, razón por la cual, si el resultado que pretende el agraviado puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios, es por ello que se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el uso de los medios de impugnación que interrumpan los procedimientos ordinarios y, en muchos de los casos, que se produzcan resoluciones contradictorias dentro de dichos procedimientos, he aquí la importancia del aludido principio de definitividad. Por todo ello, se busca que el acto reclamado sea definitivo, es decir, que mediante el sistema ordinario ya no pueda ser anulado, para el efecto de que los jueces de amparo examinen las inconstitucionalidades alegadas como último recurso. Este principio se traduce en una exigencia que afecta la procedencia de la acción de amparo, el cual se consagra esencialmente en las fracciones XVIII y XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente; sin embargo, para lo que interesa en este estudio, como ya se dijo, conviene invocar la hipótesis normativa contenida en la fracción XVIII, cuyo contenido literal fue citado en párrafos precedentes. Así pues, de la intelección del precepto legal que sirve de sustento a esta determinación, se derivan como elementos constitutivos de la causa de improcedencia en comento, los siguientes: I. El acto reclamado emane de una autoridad de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; II. Contra dicho acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa legal; III. Por virtud de ese medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. IV. Ese recurso o medio de defensa esté previsto legalmente dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. En esta tesitura, la parte quejosa señaló como acto reclamado la convalidación de la notificación personal que realiza la notificadora adscrita al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de Toluca México, así como la inexacta y nula notificación realizada a través de instructivo de la sentencia dictada el dos de septiembre de dos mil dieciséis en el 763/2015 relativo al juicio ordinario civil. En esta tesitura, el acto reclamado por la parte inconforme no tiene el carácter de definitivo, pues de una correcta y sana interpretación de lo dispuesto en el artículo 1.187 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México en vigor, se estima que la determinación reclamada puede ser modificada, revocada o confirmada a través del incidente de nulidad de actuaciones contemplado en el numeral invocado. Lo anterior es así, pues el artículo 1.187 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México en vigor disponen: "Artículo 1.187. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en este Capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida." Del anterior precepto se colige que el medio de impugnación de referencia puede intentarse en primera instancia. Por tanto, antes de acudir a esta instancia constitucional, el impetrante de garantías debió agotar el incidente de nulidad de actuaciones contra el acto reclamado, pues el artículo 1.187 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México en vigor dispone que cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en el capítulo de notificaciones, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida; por tanto, al establecer la legislación la procedencia del incidente de nulidad de actuaciones, resulta evidente que debió interponer el medio de defensa de referencia, circunstancia que no aconteció. Lo anterior evidencia que, el medio de defensa legal idóneo para combatir la supuesta irregularidad del acto combatido es el incidente de nulidad de actuaciones; pero como la parte agraviada no lo hizo valer previamente al ejercicio de la acción constitucional que se atiende, lo que contraviene el principio de definitividad que rige el juicio de garantías. Por analogía jurídica, es aplicable, la tesis publicada en la página 1632, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2004, Tomo XX, Materia Civil, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES NECESARIO AGOTAR EL INCIDENTE RELATIVO RESPECTO DE VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, INCLUSIVE RESPECTO DE AQUELLAS DEL PROCEDIMIENTO DE REMATE, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT). La interpretación sistemática de los artículos 621 y 630 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, en armonía con lo dispuesto en los numerales 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII y 114, fracción III, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que es necesario agotar el incidente de nulidad de actuaciones respecto de las violaciones procesales que se hubieran llevado a cabo en el procedimiento de ejecución de sentencia, para satisfacer el principio de definitividad que rige en la materia, como requisito de procedibilidad del juicio de amparo, inclusive, de aquellas violaciones del procedimiento de remate cuando se reclamen junto con la resolución en que se apruebe en definitiva, pues este incidente satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, ya que tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses de la parte quejosa. Ello porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo.". Al caso es aplicable, la jurisprudencia publicada con el número 573 en la página 515, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos rubro y texto son: "RECURSOS ORDINARIOS, AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclaman actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada Ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la Ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional". De igual modo, la diversa tesis visible en la página 649, del Semanario Judicial de la Federación, enero a junio de 1989, Tomo III Segunda Parte-2, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyos rubro y texto son: "RECURSOS ORDINARIOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR NO AGOTARLOS. (LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO). Si bien en términos de los artículos 430 y 432 del Código de Procedimientos Civiles, sólo son apelables los autos que recaigan en asuntos cuyo valor exceda de cincuenta días de salario mínimo vigente en la región o cuyo valor no sea susceptible de valuarse en dinero; sin embargo, el numeral 416 de la propia ley, prevé que los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el Juez o Tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, en cuyas condiciones, si el agraviado no agotó el recurso de revocación, dejando así satisfecho el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo.". (Lo resaltado es del Juzgado). Además, el acto reclamado no se encuentra dentro de las hipótesis de "excepción" que especifica el segundo párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual establece: "a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Se estima aplicable, la jurisprudencia publicada con el número VII.2o.C.J/23, en la página 921, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2006, Tomo XXIV, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia número III.2o.C.3 K, publicada en la página 2066, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Materia Común, Novena Época, que precisa: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Y la tesis IV.2º.A.19 K, consultable en la página 2056, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2013, Libro XVIII, Tomo 3, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO. EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA QUE LO PREVÉ, RESPETA EL ESTÁNDAR INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO. Los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen en favor de las personas los derechos humanos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, los cuales suponen un estándar internacional mínimo de protección que los Estados miembros de dicho instrumento internacional deben adoptar en sus normas de derecho interno. Bajo esta perspectiva, el hecho de que el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo condicione la procedencia del juicio de amparo al agotamiento de los recursos ordinarios, respeta ese estándar internacional pues, en primer lugar, no se priva al particular del acceso a la justicia o a un recurso judicial efectivo, dado que dentro del derecho positivo mexicano existen otros medios de defensa como el juicio contencioso administrativo federal previsto en los artículos 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, o bien, los recursos ante la propia autoridad administrativa y, en segundo, el principio de definitividad del juicio de amparo contiene un presupuesto procesal que se encuentra justificado en el hecho de evitar su proliferación innecesaria, en atención a su naturaleza de medio extraordinario. Aunado a lo anterior, el alcance de los referidos derechos humanos no implica soslayar presupuestos procesales que no resulten excesivos o desproporcionales para hacer procedente una vía jurisdiccional, según lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Tomo 2, noviembre de 2012, página 1587, de rubro: "DERECHO DE AC SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL." En ese orden de ideas, en términos de lo previsto en los artículos 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo vigente, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por LUZ MARÍA ARZTAE CAMPUZANO, contra actos del JUEZ CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO y otra autoridad. DOMICILIO. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda. AUTORIZADOS. Se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas citadas en el escrito de demanda, siempre y cuando cuenten con el registro de su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de no ser así se tendrá únicamente para oír y recibir notificaciones y para el caso de no contar con registro, se le autoriza en términos de la última parte del párrafo segundo del citado artículo; es decir únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. TRANSPARENCIA. Finalmente, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Segundo Transitorio de la citada Ley, en caso de solicitarse una versión pública de la resolución que se emita en este juicio, se ordena clasificar la información que, en su caso, fuese reservada y suprimir la confidencial de las partes en términos de los artículos 110 y 113 de dicha norma. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHABILES. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Irma Zoraida Campos Navarro que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos sin mayor proveído el oficio signado por la Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 1089/2016-V (Orden 1089/2016-V), del índice de este juzgado de Distrito, por el que se le solicitó notificar al quejoso Marco Antonio Lara Herrera el auto de diez de los cursantes; lo anterior, en razón de que por acuerdo de veinte de los cursantes, se tuvo por recibida la comunicación oficial en cita vía plataforma virtual del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y se proveyó al respecto. Por otra parte, es menester precisar que si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción 1, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo se harán en forma personal a los quejosos privados de su libertad en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio; o bien, en el lugar de su reclusión, la realidad es que, la intención del legislador con tal disposición fue que el promovente del juicio privado de su libertad, tuviera conocimiento de aquellas determinaciones que trascienden en la integración del juicio constitucional a fin de que estuviera en aptitud de hacer valer lo que a su interés legal conviniera y no hacer nugatorio el derecho de acceso a la justicia, por ende, las determinaciones que no tengan como finalidad impulsar el procedimiento como en la especie y como pudiera ser el oficio agregado en líneas que anteceden o la autorización de copias para alguna de las partes, por citar algunos, no es necesario que se ordene la notificación de manera personal. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.
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