Luz Ireri Cervantes Villafaña
Expediente 912/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 912/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Luz Ireri Cervantes Villafaña
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintidós de octubre de dos mil quince, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida contra actos del Juez Segundo Penal de Partido de esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 912/2015-III. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese orden, el suscrito estima que respecto del acto reclamado en el presente juicio de amparo se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." La disposición legal transcrita contempla la hipótesis de litispendencia, que se traduce en la simultánea tramitación de dos o más juicios en los que los elementos esenciales de las acciones respectivas son los mismos. Para que opere la causal de improcedencia mencionada, la Ley de Amparo exige que se colmen los siguientes requisitos: Que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo; Que ese juicio esté en trámite o pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y, Que ambos juicios los promueva el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Para comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualizan los anteriores requisitos exigidos por el numeral 61, fracción X, de la Ley de Amparo, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y de la jurisprudencia 2a./J.103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE."; se ordena traer a la vista como hecho notorio el juicio de amparo 898/2015-VI del índice de este órgano jurisdiccional, del que se obtienen los siguientes datos: Mediante escrito presentado el quince de octubre de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado con residencia en esta ciudad, Luz Ireri Cervantes Villafaña, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y los actos que a continuación se especifican: -AUTORIDADES RESPONSABLES- COMO ORDENADORAS: 1.- JUEZ SEGUNDO PENAL DE PARTIDO DE CELAYA, GUANAJUATO. 2.- AGENTE VIII DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TRAMITACIÓN COMÚN DE CELAYA, GUANAJUATO. COMO EJECUTORAS: 1.- JEFE DE GRUPO DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE CELAYA, GUANAJUATO. 2.- COORDINADOR DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 3.- SUBCOORDINADOR DE LA REGIÓN "C" DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE CELAYA, GUANAJUATO. 4.- AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO PENAL DE PARTIDO DE CELAYA, GUANAJUATO. -ACTOS RECLAMADOS- 1.- LA CONSIGNACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA 6096/2015; Y 2.- LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SU EJECUCIÓN. b) Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de mérito a este órgano jurisdiccional, la que en proveído de diecinueve de octubre de dos mil quince, se radicó bajo el número 898/2015-VI; y, c) En la referida providencia se señalaron las nueve horas con treinta minutos del diecinueve de noviembre de dos mil quince, para la celebración de la audiencia constitucional. En ese orden, resulta incuestionable que en la presente controversia se actualiza plenamente la causal de improcedencia que se analiza, toda vez que la demanda que se estudia igualmente es promovida por Luz Ireri Cervantes Villafaña, quien también señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: -AUTORIDADES RESPONSABLES- ORDENADORAS: 1.- JUEZ SEGUNDO PENAL DE PARTIDO DE CELAYA, GUANAJUATO. 2.- AGENTE VIII DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TRAMITACIÓN COMÚN DE CELAYA, GUANAJUATO. COMO EJECUTORAS: 1.- JEFE DE GRUPO DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE CELAYA, GUANAJUATO. 2.- COORDINADOR DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 3.- SUBCOORDINADOR DE LA REGIÓN "C" DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE CELAYA, GUANAJUATO. 4.- AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO PENAL DE PARTIDO DE CELAYA, GUANAJUATO. -ACTOS RECLAMADOS- 1.- LA CONSIGNACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA 6096/2015; Y 2.- LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SU EJECUCIÓN. Por tanto, tomando en consideración que el presente asunto lo promueve la misma quejosa, contra los mismos actos, autoridades responsables y violaciones constitucionales que se reclamaron en el diverso juicio 898/2015-VI, consistentes en la consignación de la averiguación previa 6096/2015, así como la orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución, y que a la fecha el referido juicio constitucional se encuentra en trámite; es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la ley de la materia, al surtirse cada uno de los requisitos que exige dicho motivo de improceder. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improceder contemplada en la fracción X, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la propia ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Arturo Adrián y Guillermo Alfredo, ambos de apellidos Valdez Soto, así como a Claudia Concepción García Barrón, por tratarse de un asunto en materia penal y así haberlo solicitado. Por otra parte, en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 8° y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental; 8 y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que el contenido del expediente, estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información; así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición hará suponer su consentimiento para que el contenido del expediente se publique sin supresión de datos, en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8° de la Ley, las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones dictadas en expedientes de asuntos de cualquier materia que por disposición legal o por su naturaleza puedan afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable y, en su caso, los documentos que obren en ellos y no sean reservados o confidenciales, se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se supriman los datos personales de las partes, salvo su nombre, y en la medida en que no impidan conocer el criterio sustentado por el Juzgador; por tratarse de un asunto en materia penal, sólo podrá hacerse público una vez que transcurran doce años contados a partir de la fecha en que se concluya el juicio. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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