Luz Adriana García Núñez
Expediente 265/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 29 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 265/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 20/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Luz Adriana García Núñez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Agréguense en autos los oficios signados por la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en la ciudad de Guanajuato, a los que adjunta testimonios de las resoluciones pronunciadas en los recursos de queja 245/2023 y 246/2023, interpuestos por la consejera adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Subdirector de Amparos y representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respectivamente, contra el auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, cuyos puntos resolutivos en ambos recursos son los siguientes: PRIMERO. Es infundado el presente recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el acuerdo pronunciado el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, por el Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en Celaya, en el juicio de amparo 265/2023-lll, mediante el cual admitió la demanda de amparo presentada por **************, en contra de las autoridades y los actos señalados en los resultandos primero y segundo de esta resolución." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control respectivo. En virtud de lo anterior, se reanuda el procedimiento que se encontraba suspendido. Ahora bien, del estado de autos se advierte que en el presente juicio, respecto del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón de que han cesado los efectos del mismo. Supuesto que se actualiza cuando, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, por virtud de una actuación posterior se destruyen todos los efectos y consecuencias del acto reclamado, total e incondicionalmente, de modo que las cosas vuelven al estado que tenían antes de él, como si éste nunca hubiera trastocado la esfera jurídica del quejoso o, habiéndolo hecho, no dejó ninguna huella. Es decir, los efectos de un acto reclamado no cesan, sino cuando, por alguna causa, aquél se deroga o revoca y da lugar a una situación idéntica a la que existía con anterioridad a su comisión, o cuando la autoridad, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una nueva situación jurídica que definitivamente destruye a la que motivó la promoción del amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho que aduce afectado. Y es que resultaría ocioso examinar la regularidad constitucional de un acto de autoridad que ya no está surtiendo efectos ni los surtirá, pero que, además, no dejó ninguna huella en la esfera jurídica del particular que, con la eventual concesión del amparo, ameritara ser borrada por la justicia federal. En el caso concreto, la parte quejosa reclama el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado el dos de marzo del año en curso. Previo a justificar la actualización de la causa de improcedencia referida, se destaca que el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 88.- Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes." Precepto que dispone que los hechos notorios pueden ser invocados de oficio por los órganos jurisdiccionales, pese a que no hayan sido invocados por las partes. Se invoca como hecho notorio en el presente juicio, con fundamento en dicho precepto, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión pública de veintidós de junio del año en curso, por mayoría de nueve votos, invalidó el decreto aquí reclamado, ya que consideró que en dicho proceso legislativo existieron múltiples violaciones graves al procedimiento correspondiente, tales como las siguientes: 1) Las iniciativas del denominado "Plan B" fueron presentadas a discusión y aprobación sin que fueran publicadas previo al inicio de la sesión, para que todos los legisladores tuvieran oportunidad de conocerlas, tal como lo señala el Reglamento de la Cámara de Diputados. 2) Estas iniciativas comprenden seis leyes y más de quinientos artículos adicionados, reformados o modificados. 3) Las iniciativas fueron clasificadas como urgentes por la mayoría sin dar razón alguna, lo que significa que ni siquiera fueron dictaminadas en comisiones, por lo que se procedió a su discusión y aprobación inmediata, a pesar de su extensión y complejidad. Ello a pesar de las reiteradas peticiones de las minorías para permitir previamente conocer el contenido de los Decretos y así proceder a un debate serio. 4) Tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República discutieron y eliminaron indebidamente artículos del proyecto de decreto cuyo texto ya había sido aprobado por ambas Cámaras, pese a que una de las reglas constitucionales específicas del procedimiento legislativo prohíbe tajantemente a las Cámaras del Congreso de la Unión alterar en modo alguno los artículos o disposiciones de los proyectos de ley o decreto, que ya hubieran sido aprobados previamente por ambas. 5) Las Comisiones Unidas del Senado de la República omitieron sesionar y aprobar su dictamen de manera conjunta. Asimismo, tampoco cumplieron con las reglas de votación previamente establecidas. Igualmente, la Suprema Corte al emitir dicha resolución aclaró que con motivo de la declaración de invalidez del decreto referido, determinó que a fin de preservar el principio de certeza que rige en materia electoral, las normas que se habían reformado a través de dicho Decreto recuperarán su vigencia con el texto que tenían hasta antes de la entrada en vigor de aquel, es decir, al dos de marzo de dos mil veintitrés. Razones por las cuales, la Suprema Corte resolvió las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de dicho decreto, de la siguiente manera: "(.) PRIMERO. Son procedentes y fundadas las presentes acciones de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la invalidez del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de marzo de dos mil veintitrés, de conformidad con los apartados VI y VII, de la presente resolución. (.)" Información referida que se corrobora con el comunicado de prensa 222/2023, publicado en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintidós de los actuales, visible en el enlace electrónico siguiente:https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?i d=7408. En esa virtud, respecto del decreto reclamado se actualiza la causal de improcedencia en estudio, tomando en consideración que, con posterioridad a la presentación del escrito de demanda, es decir, durante la sustanciación del juicio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó en su totalidad el decreto aquí reclamado, motivo por el cual se estima que los preceptos respecto de los cuales la quejosa se dolía al presentar su demanda, han dejado de existir con motivo de dicha invalidez, lo que conlleva la destrucción total de los efectos y consecuencias de dicho decreto, total e incondicionalmente, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la presentación de la demanda. Máxime que, el Pleno de la Corte al declarar la invalidez del decreto referido, resolvió que las normas que se habían reformado a través del mismo, recuperaron su vigencia con el texto que tenían hasta antes de su entrada en vigor. Atento a las anteriores consideraciones, al actualizarse la causal de improcedencia aquí analizada, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control correspondientes. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Incidental
Agréguese a sus autos el oficio que vía electrónica signa el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Capital, mediante el cual informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la Consejera adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en contra de la interlocutoria dictada en el presente asunto, el cual quedó registrado con el número I.R.A. 348/2023, y acusa recibo del expediente que le fue enviado para la substanciación de dicho medio de impugnación; el Encargado del despacho queda enterado de su contenido y ordena agregarlo a sus antecedentes.
- Incidental
Visto el estado de autos así como la certificación de cuenta, se advierte que el presente cuaderno de suspensión se encuentra debidamente integrado para ser remitido a efecto de substanciar los recursos de revisión interpuestos por la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y la consejera adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; en esas condiciones, dese cumplimiento a lo ordenado mediante proveídos de veintisiete y veintinueve de junio hogaño, y remítase impresión de los escritos de expresión de agravios con firma electrónica y un tanto más de ellos, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en turno, del Décimo Sexto Circuito, para la substanciación de los recursos de que se trata. A fin de evitar un desgaste material y humano innecesario, se ordena integrar el cuaderno de antecedentes únicamente con la presente determinación, toda vez que las constancias que integran el presente incidente de suspensión coinciden con las del expediente electrónico que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se ordena al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional que haga disponible el expediente electrónico relativo al presente incidente de suspensión, a fin de que la superioridad esté en aptitud de relacionarlo y consultarlo.
- Principal
Agréguese en autos los oficios signados por el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, mediante los cuales comunica que se admitieron a trámite los recursos de queja hechos valer por la consejera adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Subdirector de Amparos y representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra del proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, los cuales se radicaron bajo los números 245/2023 y 246/2023 de su estadística.
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