Luz Irene Valdemar Ceballos

Expediente 808/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
808/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
09/11/2021

Partes del expediente

  • Luz Irene Valdemar Ceballos

Actuaciones

  1. Principal

    Recepción de ocurso aclaratorio Glósese al sumario el escrito de cuenta por el cual la parte quejosa, cumple con lo prevenido en auto de veintisiete de octubre pasado, en los términos expresados en el escrito de cuenta. Con relación a la demanda constitucional presentada por ** en contra de actos de Juzgado Segundo Civil de Partido y Especializado en Extinción de Dominio en el estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, por estimarlos violatorios de derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales; al respecto se provee: Desechamiento Del análisis integral de la demanda de cuenta, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juzgado de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Por tanto, con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, en virtud de lo que a continuación se expone. En la especie, del escrito de demanda constitucional y su aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional en esencia: 1. El proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno dictado por el juez responsable en el subyacente juicio civil juicio **, a través del que ordenó a la parte quejosa demandada y perdidosa en dicho controvertido, entregar la posesión del bien inmueble rematado y afecto a la referida causa civil (finca urbana ubicada en **, en favor de la parte actora **, grupo financiero ** . 2. La notificación del proveído indicado en el punto que antecede, practicada a la quejosa mediante listas en data veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. 3. El auto de seis de octubre de dos mil veintiuno por el cual el juez responsable ordenó entregar la posesión del bien inmueble a la parte actora del juicio natural, mediante uso de fuerza pública a través de exhorto enviado a su homólogo residente en Uriangato, Guanajuato. Los anteriores actos son reclamados al Juez Segundo Civil de Partido y Especializado en Extinción de Dominio del estado, residente en Guanajuato, capital. Ahora, es un hecho notorio que ante este juzgado se sustanciaron los juicios de amparo ** y su acumulado **, promovidos ** hija de la hoy quejosa; contra actos del mismo juez señalado ahora como responsable y derivados del mismo juicio civil **. También es un hecho notorio que en la sentencia dictada en esos asuntos se invocaron como antecedentes de los actos reclamados los siguientes: "1. Por auto de doce de marzo de dos mil doce, se radicó ante el Juzgado Segundo Civil de Partido en Guanajuato capital (ahora Juzgado Segundo Civil de Partido y Especializado en Extinción de Dominio del estado), el juicio especial sumario hipotecario **. Ese controvertido fue iniciado por ** , en contra de **, de quien se reclamó el pago de pesos por el incumplimiento al contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria; acuerdo de voluntades que se hizo constar en escritura pública ** pasada ante la fe del notario público número ** en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, de veintinueve de agosto de dos mil ocho, inscrita ante el Registro Público de la Propiedad el treinta de octubre de dos mil ocho (fojas 86 a 91 tomo I cuaderno de pruebas). 2. El doce de abril de dos mil doce, ** compareció ante el juzgado de origen donde fue emplazada a dicho contradictorio (fojas 94 a 95 tomo I cuaderno de pruebas). 3. Tanto la parte actora como la reo acudieron ante el juez responsable en data doce de abril de dos mil doce, donde ratificaron el convenio que presentaron ante la presencia judicial con objeto de concluir la controversia natural (fojas 96 a 104 tomo I cuaderno de pruebas). 4. Por auto de dieciséis de abril de dos mil doce, el juez civil responsable aprobó en todas y cada una de sus partes el referido convenio ratificado, por tanto, lo elevó a categoría de cosa juzgada (foja 106 tomo I cuaderno de pruebas). 5. Mediante proveído de dieciséis de abril de dos mil quince el juez de la causa tuvo a la parte actora denunciando el incumplimiento del convenio judicial aludido, por lo cual ordenó dar vista a la parte reo para que manifestara lo que a su interés conviniera. La orden de dar dicha vista se reiteró por auto de veinte de agosto de dos mil quince, a fin de que se notificara por lista (fojas 112 y 167 tomo I cuaderno de pruebas). 6. El uno de marzo de dos mil diecisiete, el juez tuvo a la actora por exhibiendo avalúo respecto del inmueble dado en garantía hipotecaria en el juicio de origen (foja 360 tomo I cuaderno de pruebas). 7. En auto diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el juez civil tuvo a la actora por exhibiendo certificado de historia registral del bien inmueble hipotecado. En ese acuerdo se ordenó notificar a la menor de edad ** (sic) por conducto de la gestora oficiosa **, la tramitación del contradictorio de origen, en etapa de ejecución. Asimismo, ordenó dar vista a la Procuraduría Estatal de Niños, Niñas y Adolescentes para que manifestara lo que a su interés legal conviniera; ello en razón de que -del certificado de historia registral de referencia-, la menor de edad de apareció como nuda propietaria del inmueble hipotecado; derecho que adquirió por conducto de la gestor oficiosa en mención. Para cumplir con dicho fin se libró exhorto al Juez Civil de Partido en Uriangato, Guanajuato (fojas 381 a 383 tomo I cuaderno de pruebas). 8. Por acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, el juez responsable tuvo por recibido y diligenciado el exhorto que se menciona en el punto que precede (fojas 469 a 472 tomo I cuaderno de pruebas). 9. El treinta de mayo de dos mil diecinueve se radicó el incidente de liquidación de convenio e intereses iniciado por la actora en contra de la parte demandada (fojas 26 y 27 tomo II cuaderno de pruebas). 10. Mediante escrito presentado ante el juez responsable el seis de junio de dos mil diecinueve, ** contestó la demanda incidental planteada en su contra; entre otras cuestiones, señaló autorizados y buzón electrónico para recibir notificaciones. Este ocurso fue acordado el diez de junio de dos mil diecinueve. Asimismo, se ordenó dar vista a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a fin de que manifestara lo que al interés legal conviniera en cuanto a la menor Valeria Victoria Magaña Valderrama (sic) (fojas 29 a 32 y 37 a 39, tomo II cuaderno de pruebas). 11. En auto de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, se indicó regularizar el procedimiento a fin de tener a la parte demandada por señalando como domicilio procesal para recibir notificaciones, el buzón electrónico con número de suscriptor ahí precisado. Asimismo, se aclaró que a dicha parte se le tiene por contestando la vista otorgada por auto de treinta de mayo de esa anualidad por propio derecho y en representación de su menor hija ** fojas 48, tomo II cuaderno de pruebas). 12. Por interlocutoria de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, el juez responsable resolvió: "SEGUNDO.- Se repone el procedimiento para efecto de que una vez que sea notificado el presente fallo a la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Guanajuato en el término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación relativa designe un representante que funja como tutor en el presente incidente con la finalidad de que represente y defienda los intereses de la menor de edad ** (fojas 50 a 56 tomo II cuaderno de pruebas). 13. En auto de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, el juez responsable tuvo a la procuradora estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado, por designando como tutor de la menor ** a la licenciada ** Cargo que aceptó y protestó mediante comparecencia ante el juzgado de origen el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 67, 70 y 71 tomo II cuaderno de pruebas). 14. Interlocutoria de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, en la que se aprobó el incidente de liquidación de convenio e intereses planteado por la actora por las cantidades económicas ahí precisadas (fojas 75 a 88 tomo II cuaderno de pruebas). 15. Inconforme la demandada con la interlocutoria de referencia, propuso recurso de apelación del que conoció y confirmó la magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, por resolución de diecisiete de enero de dos mil veinte, en el toca ** (fojas 132 a 138 tomo II cuaderno de pruebas). 16. Mediante providencia de veinte de marzo de dos mil veinte, el juez responsable tuvo a la parte actora por exhibiendo certificado de gravámenes expedido por el Registro Público de la Propiedad de Uriangato, Guanajuato, así como avalúo sobre el bien hipotecado (fojas 603 y 604 tomo I cuaderno de pruebas). 17. El veintidós de junio de dos mil veinte, el juez civil ordenó sacar a remate en primera almoneda el inmueble hipotecado; para ello señaló las trece horas con treinta minutos del treinta de julio de dos mil veinte y como postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial del inmueble. En ese mismo acuerdo ordenó notificar dicha providencia a ** por propio derecho y como representante de ** de manera electrónica en el buzón señalado en el incidente de liquidación de convenio e intereses; por lista a **, al no haber señalado domicilio para oír notificaciones en dicho asunto; y personalmente a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato (fojas 606 a 608 tomo I cuaderno de pruebas). 18. Resolución dictada en la audiencia de remate de treinta de julio de dos mil veinte, en la que se adjudicó en favor de la ahí actora **, el bien inmueble hipotecado, identificado como finca urbana construida sobre lote en **, de la ciudad de Uriangato, Guanajuato, con folio real **(fojas 649 a 652 tomo I de pruebas). 19. Proveído de veintiuno de agosto de dos mil veinte a través del cual el juez responsable decretó que la resolución dictada en la audiencia de remate de treinta de julio de dos mil veinte, causó firmeza legal, por tanto, requirió a la parte reo para que en el término de cinco días hábiles otorgue en favor de la adjudicataria **, Grupo Financiero **, la escritura correspondiente al remate de mérito; asimismo, para que entregue el inmueble rematado; con apercibimiento que de no hacerlo, el juzgador otorgará la escritura en su rebeldía y ordenará poner a la adjudicataria en posesión de tal inmueble (fojas 657 tomo I de pruebas). De lo transcrito, se colige que la parte quejosa es demandada en el subyacente juicio el juicio especial sumario hipotecario **; que el doce de abril de dos mil doce, ** compareció ante el juzgado de origen donde fue emplazada a dicho contradictorio; que el controvertido concluyó por convenio ejecutorio elevado a cosa juzgada; se denunció su incumplimiento y por ende, en etapa de ejecución de convenio se procedió al remate del bien raíz en data treinta de julio de dos mil veinte en favor de la actora **, Grupo Financiero ** y que actualmente el juico natural se encuentra en etapa de ejecución de convenio. Ante el anterior contexto, se estima que en este caso se actualizan sendas causales de improcedencia. I.- En efecto, con relación al acto reclamado consistente en el auto de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno dictado por el juez responsable en el subyacente juicio **, a través del que ordenó a la parte quejosa entregar la posesión del bien inmueble rematado y afecto a la referida causa civil, en favor de la parte actora HSBC MÉXICO, sociedad anónima institución de banca múltiple, grupo financiero **; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, en razón de que la demanda que hoy se atiende fue presentada de forma extemporánea, por lo que a dicho acto concierne; ello sobre la base de que la quejosa es parte en el procedimiento de origen, y el acto reclamado que ahora se analiza fue notificado por lista, a la hoy agraviada, en data veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Los preceptos legales en cita, prevén lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos, se advierte, entre otras cuestiones, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término de quince días. También emerge que el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días, para la promoción del juicio de amparo, el cual comienza desde el día siguiente al en que: 1. Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; o, 2. El quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; o, 3. El quejoso se haya ostentado sabedor de los actos referidos. En esas condiciones, es claro que el plazo para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos establecidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo. Al caso resulta ilustrativa, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, enero de 2010, página 1931, de la Novena Época, con número de registro 165582, que a la letra establece: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. En la especie, cobra aplicación la primera hipótesis para iniciar el cómputo de los quince días que establece el precitado artículo 17 de la Ley de Amparo. Esto es, el término para la presentación de la demanda de amparo que ahora se examina, se debe computar a partir del día siguiente a aquel en que la quejosa haya sido notificada del acto reclamado. En tal virtud, si la agraviada fue notificada del proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, mediante listas de veintitrés de septiembre siguiente, tal como se desprende del ocurso aclaratorio de demanda, lo que expresó bajo protesta de decir verdad; entonces el lapso de quince días para la presentación de la demanda de derechos fundamentales corrió a partir del veintisiete de septiembre y concluyó el diecinueve de octubre, ambos de dos mil veintiuno, sin computarse en dicho lapso los días dos, tres, nueve, diez, doce, dieciséis y diecisiete, todos de octubre del año en curso, por ser inhábiles. Luego, si la demanda constitucional fue presentada el veintiséis de octubre de dos mil, como se observa de la papeleta expedida por la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad de Celaya (foja 1 cuaderno principal), entonces es inconcuso que dicha promoción se hizo con de forma extemporánea, fuera del plazo de quince días que prevén los transcritos numerales -17 y 18- de la Ley de Amparo. Al caso resulta aplicable la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito1, cuyo rubro y texto a la letra indican: ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Destaca que la notificación por lista de veintitrés de septiembre pasado -respecto el reclamado auto de veintidós de septiembre del año en curso-; no ha sido declarada por resolución judicial como ilegal o insubsistente, en consecuencia, goza de presunción de legalidad, por tanto, surte sus efectos y consecuencias legales hasta en tanto sea declarada nula; de ahí que sea la base para el cómputo legal que se hace en este apartado y determinar la oportunidad del proveído de veintidós de septiembre anterior. En esa tesitura, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17 y 18 del referido ordenamiento, se determina desechar la demanda por lo que ve al acto analizado en este apartado, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 del invocado cuerpo normativo. II. Causa de improcedencia por lo que ve a los actos reclamados consistentes en auto de seis de octubre de dos mil veintiuno por el cual el juez responsable ordenó entregar la posesión del bien inmueble a la parte actora del juicio natural, mediante uso de fuerza pública a través 1 Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, junio de 1993, página 235. de exhorto enviado a su homólogo residente en Uriangato, Guanajuato; así como la notificación por lista -de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno-, respecto del auto de veintidós de septiembre de esa anualidad; en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)". De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el juzgado de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos en el periodo de ejecución sentencia, solo podrá promoverse el amparo en contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es la que indistintamente ordena otorgar la escritura de adjudicación, o bien entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. La finalidad de esta disposición, es permitir el respeto al derecho fundamental de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada con el propósito de efectuar la venta judicial, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, de la ley de la materia, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de ejecución, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Es aplicable al particular, por identidad de razón jurídica y en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 52/2020 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 81, diciembre de 2020, tomo I, página 293, Décima Época, de rubro y texto: AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva." Así, se estima que los actos reclamados (descritos en párrafos precedentes) no constituyen la última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia a que se ha hecho referencia, pues con ninguno de los actos cuestionados no conforma la última resolución del procedimiento de ejecución de convenio ejecutorio elevado a cosa juzgada, reclamable en esta instancia constitucional. En esas condiciones, como los actos reclamados no constituyen el último acto en el procedimiento de ejecución de sentencia, entonces aún no pueden ser impugnables a través del juicio de amparo indirecto; además, tampoco se está en presencia de un acto dictado en la etapa de ejecución que afecte derechos sustantivos, como pueden ser, entre otros, la vida, la libertad, los derechos patrimoniales ajenos a la cosa juzgada. Cobra aplicación a lo anteriormente señalado en la tesis jurisprudencial con número de registro 163152, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, visible en la página 6, tomo XXIII, enero de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." No es inadvertido para este operador jurídico que la parte quejosa también controvierte o discute la notificación de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno; sin embargo, en contra de dicho acto procede el incidente de nulidad de notificaciones que prevé el artículo 329 del código procesal civil para esta entidad federativa, en tanto que la agraviada es parte y debió agotar dicho medio de impugnación antes de acudir a esta instancia constitucional; lo anterior, con independencia de que también es un acto en periodo de ejecución de sentencia y que no es el último de dicha fase. Es aplicable por identidad de razón jurídica y en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 65/2002, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, julio de 2002, página 259, Novena Época, de rubro y texto: NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE INCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPUÉS DEL LAUDO. Los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de garantías, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así, el mencionado juicio será improcedente. Ahora bien, de la interpretación conjunta de los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, con efectos similares a la revocación, está establecido en la citada ley laboral y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio laboral, a fin de que la Junta de Conciliación y Arbitraje se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva; máxime que debe prevalecer lo dispuesto por la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, entre otras, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Sin embargo debe considerarse para la exigencia previa del incidente de nulidad de notificaciones, el momento en el cual el afectado tuvo conocimiento de la violación procesal de que se trata, pues si ello ocurrió antes de dictarse el laudo, el afectado debió interponer el incidente de referencia antes de acudir al juicio de amparo; en cambio, de haber conocido la violación hasta después de emitido el laudo por la Junta del conocimiento, el afectado puede reclamar el laudo en amparo directo junto con la violación procesal, pues habiendo concluido el procedimiento, los efectos de la cosa juzgada y de la preclusión impiden que se abra nuevamente para discutir cuestiones procesales, las que sólo pueden ser decididas en vía de amparo." Por tanto, en el particular al reclamarse actos que no son considerados como el último en etapa de ejecución de sentencia, aunado a que no vulnera derechos sustantivos de la parte peticionaria del amparo ajenos a la cosa juzgada, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo en trato.

  2. Principal

    Por este medio se tiene por notificada a la parte quejosa, respecto del proveído de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, que a la letra dice: Recepción de ocurso aclaratorio Glósese al sumario el escrito de cuenta por el cual la parte quejosa, cumple con lo prevenido en auto de veintisiete de octubre pasado, en los términos expresados en el escrito de cuenta. Con relación a la demanda constitucional presentada por ** en contra de actos de Juzgado Segundo Civil de Partido y Especializado en Extinción de Dominio en el estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, por estimarlos violatorios de derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales; al respecto se provee: Desechamiento Del análisis integral de la demanda de cuenta, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juzgado de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Por tanto, con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, en virtud de lo que a continuación se expone. En la especie, del escrito de demanda constitucional y su aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional en esencia: 1. El proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno dictado por el juez responsable en el subyacente juicio civil juicio **, a través del que ordenó a la parte quejosa demandada y perdidosa en dicho controvertido, entregar la posesión del bien inmueble rematado y afecto a la referida causa civil (finca urbana ubicada en **, en favor de la parte actora **, grupo financiero ** . 2. La notificación del proveído indicado en el punto que antecede, practicada a la quejosa mediante listas en data veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. 3. El auto de seis de octubre de dos mil veintiuno por el cual el juez responsable ordenó entregar la posesión del bien inmueble a la parte actora del juicio natural, mediante uso de fuerza pública a través de exhorto enviado a su homólogo residente en Uriangato, Guanajuato. Los anteriores actos son reclamados al Juez Segundo Civil de Partido y Especializado en Extinción de Dominio del estado, residente en Guanajuato, capital. Ahora, es un hecho notorio que ante este juzgado se sustanciaron los juicios de amparo ** y su acumulado **, promovidos ** hija de la hoy quejosa; contra actos del mismo juez señalado ahora como responsable y derivados del mismo juicio civil **. También es un hecho notorio que en la sentencia dictada en esos asuntos se invocaron como antecedentes de los actos reclamados los siguientes: "1. Por auto de doce de marzo de dos mil doce, se radicó ante el Juzgado Segundo Civil de Partido en Guanajuato capital (ahora Juzgado Segundo Civil de Partido y Especializado en Extinción de Dominio del estado), el juicio especial sumario hipotecario **. Ese controvertido fue iniciado por ** , en contra de **, de quien se reclamó el pago de pesos por el incumplimiento al contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria; acuerdo de voluntades que se hizo constar en escritura pública ** pasada ante la fe del notario público número ** en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, de veintinueve de agosto de dos mil ocho, inscrita ante el Registro Público de la Propiedad el treinta de octubre de dos mil ocho (fojas 86 a 91 tomo I cuaderno de pruebas). 2. El doce de abril de dos mil doce, ** compareció ante el juzgado de origen donde fue emplazada a dicho contradictorio (fojas 94 a 95 tomo I cuaderno de pruebas). 3. Tanto la parte actora como la reo acudieron ante el juez responsable en data doce de abril de dos mil doce, donde ratificaron el convenio que presentaron ante la presencia judicial con objeto de concluir la controversia natural (fojas 96 a 104 tomo I cuaderno de pruebas). 4. Por auto de dieciséis de abril de dos mil doce, el juez civil responsable aprobó en todas y cada una de sus partes el referido convenio ratificado, por tanto, lo elevó a categoría de cosa juzgada (foja 106 tomo I cuaderno de pruebas). 5. Mediante proveído de dieciséis de abril de dos mil quince el juez de la causa tuvo a la parte actora denunciando el incumplimiento del convenio judicial aludido, por lo cual ordenó dar vista a la parte reo para que manifestara lo que a su interés conviniera. La orden de dar dicha vista se reiteró por auto de veinte de agosto de dos mil quince, a fin de que se notificara por lista (fojas 112 y 167 tomo I cuaderno de pruebas). 6. El uno de marzo de dos mil diecisiete, el juez tuvo a la actora por exhibiendo avalúo respecto del inmueble dado en garantía hipotecaria en el juicio de origen (foja 360 tomo I cuaderno de pruebas). 7. En auto diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el juez civil tuvo a la actora por exhibiendo certificado de historia registral del bien inmueble hipotecado. En ese acuerdo se ordenó notificar a la menor de edad ** (sic) por conducto de la gestora oficiosa **, la tramitación del contradictorio de origen, en etapa de ejecución. Asimismo, ordenó dar vista a la Procuraduría Estatal de Niños, Niñas y Adolescentes para que manifestara lo que a su interés legal conviniera; ello en razón de que -del certificado de historia registral de referencia-, la menor de edad de apareció como nuda propietaria del inmueble hipotecado; derecho que adquirió por conducto de la gestor oficiosa en mención. Para cumplir con dicho fin se libró exhorto al Juez Civil de Partido en Uriangato, Guanajuato (fojas 381 a 383 tomo I cuaderno de pruebas). 8. Por acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, el juez responsable tuvo por recibido y diligenciado el exhorto que se menciona en el punto que precede (fojas 469 a 472 tomo I cuaderno de pruebas). 9. El treinta de mayo de dos mil diecinueve se radicó el incidente de liquidación de convenio e intereses iniciado por la actora en contra de la parte demandada (fojas 26 y 27 tomo II cuaderno de pruebas). 10. Mediante escrito presentado ante el juez responsable el seis de junio de dos mil diecinueve, ** contestó la demanda incidental planteada en su contra; entre otras cuestiones, señaló autorizados y buzón electrónico para recibir notificaciones. Este ocurso fue acordado el diez de junio de dos mil diecinueve. Asimismo, se ordenó dar vista a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a fin de que manifestara lo que al interés legal conviniera en cuanto a la menor Valeria Victoria Magaña Valderrama (sic) (fojas 29 a 32 y 37 a 39, tomo II cuaderno de pruebas). 11. En auto de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, se indicó regularizar el procedimiento a fin de tener a la parte demandada por señalando como domicilio procesal para recibir notificaciones, el buzón electrónico con número de suscriptor ahí precisado. Asimismo, se aclaró que a dicha parte se le tiene por contestando la vista otorgada por auto de treinta de mayo de esa anualidad por propio derecho y en representación de su menor hija ** fojas 48, tomo II cuaderno de pruebas). 12. Por interlocutoria de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, el juez responsable resolvió: "SEGUNDO.- Se repone el procedimiento para efecto de que una vez que sea notificado el presente fallo a la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Guanajuato en el término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación relativa designe un representante que funja como tutor en el presente incidente con la finalidad de que represente y defienda los intereses de la menor de edad ** (fojas 50 a 56 tomo II cuaderno de pruebas). 13. En auto de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, el juez responsable tuvo a la procuradora estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado, por designando como tutor de la menor ** a la licenciada ** Cargo que aceptó y protestó mediante comparecencia ante el juzgado de origen el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 67, 70 y 71 tomo II cuaderno de pruebas). 14. Interlocutoria de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, en la que se aprobó el incidente de liquidación de convenio e intereses planteado por la actora por las cantidades económicas ahí precisadas (fojas 75 a 88 tomo II cuaderno de pruebas). 15. Inconforme la demandada con la interlocutoria de referencia, propuso recurso de apelación del que conoció y confirmó la magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, por resolución de diecisiete de enero de dos mil veinte, en el toca ** (fojas 132 a 138 tomo II cuaderno de pruebas). 16. Mediante providencia de veinte de marzo de dos mil veinte, el juez responsable tuvo a la parte actora por exhibiendo certificado de gravámenes expedido por el Registro Público de la Propiedad de Uriangato, Guanajuato, así como avalúo sobre el bien hipotecado (fojas 603 y 604 tomo I cuaderno de pruebas). 17. El veintidós de junio de dos mil veinte, el juez civil ordenó sacar a remate en primera almoneda el inmueble hipotecado; para ello señaló las trece horas con treinta minutos del treinta de julio de dos mil veinte y como postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial del inmueble. En ese mismo acuerdo ordenó notificar dicha providencia a ** por propio derecho y como representante de ** de manera electrónica en el buzón señalado en el incidente de liquidación de convenio e intereses; por lista a **, al no haber señalado domicilio para oír notificaciones en dicho asunto; y personalmente a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato (fojas 606 a 608 tomo I cuaderno de pruebas). 18. Resolución dictada en la audiencia de remate de treinta de julio de dos mil veinte, en la que se adjudicó en favor de la ahí actora **, el bien inmueble hipotecado, identificado como finca urbana construida sobre lote en **, de la ciudad de Uriangato, Guanajuato, con folio real **(fojas 649 a 652 tomo I de pruebas). 19. Proveído de veintiuno de agosto de dos mil veinte a través del cual el juez responsable decretó que la resolución dictada en la audiencia de remate de treinta de julio de dos mil veinte, causó firmeza legal, por tanto, requirió a la parte reo para que en el término de cinco días hábiles otorgue en favor de la adjudicataria **, Grupo Financiero **, la escritura correspondiente al remate de mérito; asimismo, para que entregue el inmueble rematado; con apercibimiento que de no hacerlo, el juzgador otorgará la escritura en su rebeldía y ordenará poner a la adjudicataria en posesión de tal inmueble (fojas 657 tomo I de pruebas). De lo transcrito, se colige que la parte quejosa es demandada en el subyacente juicio el juicio especial sumario hipotecario **; que el doce de abril de dos mil doce, ** compareció ante el juzgado de origen donde fue emplazada a dicho contradictorio; que el controvertido concluyó por convenio ejecutorio elevado a cosa juzgada; se denunció su incumplimiento y por ende, en etapa de ejecución de convenio se procedió al remate del bien raíz en data treinta de julio de dos mil veinte en favor de la actora **, Grupo Financiero ** y que actualmente el juico natural se encuentra en etapa de ejecución de convenio. Ante el anterior contexto, se estima que en este caso se actualizan sendas causales de improcedencia. I.- En efecto, con relación al acto reclamado consistente en el auto de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno dictado por el juez responsable en el subyacente juicio **, a través del que ordenó a la parte quejosa entregar la posesión del bien inmueble rematado y afecto a la referida causa civil, en favor de la parte actora HSBC MÉXICO, sociedad anónima institución de banca múltiple, grupo financiero **; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, en razón de que la demanda que hoy se atiende fue presentada de forma extemporánea, por lo que a dicho acto concierne; ello sobre la base de que la quejosa es parte en el procedimiento de origen, y el acto reclamado que ahora se analiza fue notificado por lista, a la hoy agraviada, en data veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Los preceptos legales en cita, prevén lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos, se advierte, entre otras cuestiones, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término de quince días. También emerge que el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días, para la promoción del juicio de amparo, el cual comienza desde el día siguiente al en que: 1. Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; o, 2. El quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; o, 3. El quejoso se haya ostentado sabedor de los actos referidos. En esas condiciones, es claro que el plazo para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos establecidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo. Al caso resulta ilustrativa, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, enero de 2010, página 1931, de la Novena Época, con número de registro 165582, que a la letra establece: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. En la especie, cobra aplicación la primera hipótesis para iniciar el cómputo de los quince días que establece el precitado artículo 17 de la Ley de Amparo. Esto es, el término para la presentación de la demanda de amparo que ahora se examina, se debe computar a partir del día siguiente a aquel en que la quejosa haya sido notificada del acto reclamado. En tal virtud, si la agraviada fue notificada del proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, mediante listas de veintitrés de septiembre siguiente, tal como se desprende del ocurso aclaratorio de demanda, lo que expresó bajo protesta de decir verdad; entonces el lapso de quince días para la presentación de la demanda de derechos fundamentales corrió a partir del veintisiete de septiembre y concluyó el diecinueve de octubre, ambos de dos mil veintiuno, sin computarse en dicho lapso los días dos, tres, nueve, diez, doce, dieciséis y diecisiete, todos de octubre del año en curso, por ser inhábiles. Luego, si la demanda constitucional fue presentada el veintiséis de octubre de dos mil, como se observa de la papeleta expedida por la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad de Celaya (foja 1 cuaderno principal), entonces es inconcuso que dicha promoción se hizo con de forma extemporánea, fuera del plazo de quince días que prevén los transcritos numerales -17 y 18- de la Ley de Amparo. Al caso resulta aplicable la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito1, cuyo rubro y texto a la letra indican: ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Destaca que la notificación por lista de veintitrés de septiembre pasado -respecto el reclamado auto de veintidós de septiembre del año en curso-; no ha sido declarada por resolución judicial como ilegal o insubsistente, en consecuencia, goza de presunción de legalidad, por tanto, surte sus efectos y consecuencias legales hasta en tanto sea declarada nula; de ahí que sea la base para el cómputo legal que se hace en este apartado y determinar la oportunidad del proveído de veintidós de septiembre anterior. En esa tesitura, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17 y 18 del referido ordenamiento, se determina desechar la demanda por lo que ve al acto analizado en este apartado, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 del invocado cuerpo normativo. II. Causa de improcedencia por lo que ve a los actos reclamados consistentes en auto de seis de octubre de dos mil veintiuno por el cual el juez responsable ordenó entregar la posesión del bien inmueble a la parte actora del juicio natural, mediante uso de fuerza pública a través 1 Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, junio de 1993, página 235. de exhorto enviado a su homólogo residente en Uriangato, Guanajuato; así como la notificación por lista -de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno-, respecto del auto de veintidós de septiembre de esa anualidad; en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)". De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el juzgado de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos en el periodo de ejecución sentencia, solo podrá promoverse el amparo en contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es la que indistintamente ordena otorgar la escritura de adjudicación, o bien entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. La finalidad de esta disposición, es permitir el respeto al derecho fundamental de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada con el propósito de efectuar la venta judicial, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, de la ley de la materia, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de ejecución, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Es aplicable al particular, por identidad de razón jurídica y en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 52/2020 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 81, diciembre de 2020, tomo I, página 293, Décima Época, de rubro y texto: AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva." Así, se estima que los actos reclamados (descritos en párrafos precedentes) no constituyen la última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia a que se ha hecho referencia, pues con ninguno de los actos cuestionados no conforma la última resolución del procedimiento de ejecución de convenio ejecutorio elevado a cosa juzgada, reclamable en esta instancia constitucional. En esas condiciones, como los actos reclamados no constituyen el último acto en el procedimiento de ejecución de sentencia, entonces aún no pueden ser impugnables a través del juicio de amparo indirecto; además, tampoco se está en presencia de un acto dictado en la etapa de ejecución que afecte derechos sustantivos, como pueden ser, entre otros, la vida, la libertad, los derechos patrimoniales ajenos a la cosa juzgada. Cobra aplicación a lo anteriormente señalado en la tesis jurisprudencial con número de registro 163152, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, visible en la página 6, tomo XXIII, enero de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." No es inadvertido para este operador jurídico que la parte quejosa también controvierte o discute la notificación de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno; sin embargo, en contra de dicho acto procede el incidente de nulidad de notificaciones que prevé el artículo 329 del código procesal civil para esta entidad federativa, en tanto que la agraviada es parte y debió agotar dicho medio de impugnación antes de acudir a esta instancia constitucional; lo anterior, con independencia de que también es un acto en periodo de ejecución de sentencia y que no es el último de dicha fase. Es aplicable por identidad de razón jurídica y en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 65/2002, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, julio de 2002, página 259, Novena Época, de rubro y texto: NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE INCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPUÉS DEL LAUDO. Los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de garantías, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así, el mencionado juicio será improcedente. Ahora bien, de la interpretación conjunta de los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, con efectos similares a la revocación, está establecido en la citada ley laboral y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio laboral, a fin de que la Junta de Conciliación y Arbitraje se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva; máxime que debe prevalecer lo dispuesto por la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, entre otras, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Sin embargo debe considerarse para la exigencia previa del incidente de nulidad de notificaciones, el momento en el cual el afectado tuvo conocimiento de la violación procesal de que se trata, pues si ello ocurrió antes de dictarse el laudo, el afectado debió interponer el incidente de referencia antes de acudir al juicio de amparo; en cambio, de haber conocido la violación hasta después de emitido el laudo por la Junta del conocimiento, el afectado puede reclamar el laudo en amparo directo junto con la violación procesal, pues habiendo concluido el procedimiento, los efectos de la cosa juzgada y de la preclusión impiden que se abra nuevamente para discutir cuestiones procesales, las que sólo pueden ser decididas en vía de amparo." Por tanto, en el particular al reclamarse actos que no son considerados como el último en etapa de ejecución de sentencia, aunado a que no vulnera derechos sustantivos de la parte peticionaria del amparo ajenos a la cosa juzgada, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo en trato.

  3. Principal

    Por este medio se tiene por notificada a la parte quejosa respecto del proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, que a la letra dice: Recepción y registro de la demanda. Vista la demanda de amparo presentada por ******************* en contra de actos de Juzgado Segundo Civil de Partido y Especializado en Extinción de Dominio en el estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, y otra autoridad. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el registro número 808/2021-5. ? Prevención. Para estar en aptitud de acordar sobre la admisión de la demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción IV, 112 y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad: 1. Especifique la fecha del acuerdo por el que se ordenó a la quejosa otorgar en favor de la adjudicataria ******************* la escritura pública del bien inmueble rematado afecto al procedimiento de origen. 2. Aclare la data del proveído que ordena poner en posesión material de ese bien raíz a dicha institución bancaria; todo ello dentro del juicio ******************** del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido y Especializado en Extinción de Dominio en el estado de Guanajuato. Lo anterior, porque del texto de su demanda no se desprende con claridad los datos requeridos; lo que constituye una información relevante tanto más el acto reclamado destacado en el presente asunto, se hace consistir en la orden de poner en posesión del inmueble en comento a la institución bancaria de referencia. 3. Indique la fecha en que se le notificó a la quejosa -por lista o por cualquier otro medio-, los acuerdos precisados en los puntos que preceden. 4. Exprese qué autoridad llevó a cabo esas notificaciones por medio de lista -o de alguna otra forma- y si es su deseo señalarla como autoridad responsable en este juicio. Lo anterior, porque se advierte la posible participación de una autoridad no señalada con tal carácter en el escrito de demanda, respecto la notificación relativa al auto que ordenó dar posesión del bien raíz en comento en favor de la institución bancaria referida. Es aplicable al tema en trato la jurisprudencia número 2a./ J.30/96, legible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, página doscientos cincuenta, Novena Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANALISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACION DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 149 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición." 5. Manifieste si promovió incidente de nulidad contra la notificación practicada por medio de lista respecto del acuerdo que reclama en forma destaca en este juicio de amparo. En caso afirmativo, indique el resultado de dicho incidente o el estado procesal que guarde. Para el caso de que se hubiera declarado infundado, manifieste si interpuso recurso de apelación en contra de dicha determinación, así como su resultado o estado procesal. 6. Finalmente, se previene a la parte agraviada para que exhiba las copias de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, en la proporción que refiere el artículo 110 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que esta prevención, deberá ser desahogada por la propia quejosa, no así por las personas que autoriza en su escrito de demanda, toda vez que el cumplimiento con lo prevenido implica la ampliación de demanda constitucional por lo que ve a una diversa autoridad responsable no señalada como tal en el escrito inicial. Además, los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de dos mil seis, página 348, novena época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." ? Apercibimiento. Apercibida la parte quejosa que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. ? Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones de índole personal, el que señala en su escrito inicial de demanda. Así también como su autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona en su escrito de demanda, al no haber proporcionado dato alguno con el que se acredite que tienen facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el citado numeral (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito) sin perjuicio que de acreditar tales extremos, se le autorice en los términos amplios del invocado numeral. ? Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. ? Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

  4. Principal

    ? Recepción y registro de la demanda. Vista la demanda de amparo presentada por ******************* en contra de actos de Juzgado Segundo Civil de Partido y Especializado en Extinción de Dominio en el estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, y otra autoridad. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el registro número 808/2021-5. ? Prevención. Para estar en aptitud de acordar sobre la admisión de la demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción IV, 112 y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad: 1. Especifique la fecha del acuerdo por el que se ordenó a la quejosa otorgar en favor de la adjudicataria ******************* la escritura pública del bien inmueble rematado afecto al procedimiento de origen. 2. Aclare la data del proveído que ordena poner en posesión material de ese bien raíz a dicha institución bancaria; todo ello dentro del juicio ******************** del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido y Especializado en Extinción de Dominio en el estado de Guanajuato. Lo anterior, porque del texto de su demanda no se desprende con claridad los datos requeridos; lo que constituye una información relevante tanto más el acto reclamado destacado en el presente asunto, se hace consistir en la orden de poner en posesión del inmueble en comento a la institución bancaria de referencia. 3. Indique la fecha en que se le notificó a la quejosa -por lista o por cualquier otro medio-, los acuerdos precisados en los puntos que preceden. 4. Exprese qué autoridad llevó a cabo esas notificaciones por medio de lista -o de alguna otra forma- y si es su deseo señalarla como autoridad responsable en este juicio. Lo anterior, porque se advierte la posible participación de una autoridad no señalada con tal carácter en el escrito de demanda, respecto la notificación relativa al auto que ordenó dar posesión del bien raíz en comento en favor de la institución bancaria referida. Es aplicable al tema en trato la jurisprudencia número 2a./ J.30/96, legible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, página doscientos cincuenta, Novena Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANALISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACION DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 149 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición." 5. Manifieste si promovió incidente de nulidad contra la notificación practicada por medio de lista respecto del acuerdo que reclama en forma destaca en este juicio de amparo. En caso afirmativo, indique el resultado de dicho incidente o el estado procesal que guarde. Para el caso de que se hubiera declarado infundado, manifieste si interpuso recurso de apelación en contra de dicha determinación, así como su resultado o estado procesal. 6. Finalmente, se previene a la parte agraviada para que exhiba las copias de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, en la proporción que refiere el artículo 110 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que esta prevención, deberá ser desahogada por la propia quejosa, no así por las personas que autoriza en su escrito de demanda, toda vez que el cumplimiento con lo prevenido implica la ampliación de demanda constitucional por lo que ve a una diversa autoridad responsable no señalada como tal en el escrito inicial. Además, los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de dos mil seis, página 348, novena época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." ? Apercibimiento. Apercibida la parte quejosa que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. ? Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones de índole personal, el que señala en su escrito inicial de demanda. Así también como su autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona en su escrito de demanda, al no haber proporcionado dato alguno con el que se acredite que tienen facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el citado numeral (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito) sin perjuicio que de acreditar tales extremos, se le autorice en los términos amplios del invocado numeral. ? Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. ? Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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