Luz del Carmen Soto Fausto
Expediente 659/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 659/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Luz del Carmen Soto Fausto
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos se advierte que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la determinación de diecisiete de agosto actual, que desechó de plano su demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es susceptible de destrucción; una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. En virtud de lo anterior, se dejan a disposición de la parte quejosa, los documentos que en copia certificada allegó al presente asunto, previa razón que por su recibo obre en autos.
- Principal
Recepción de la demanda Vista la demanda de cuenta formulada por *******, contra actos del juez Menor Mixto de Cortazar, Guanajuato, y otra autoridad, por violación al artículo 14 Constitucional, fórmese expediente tanto físico como electrónico, y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número de expediente 659/2018-II. Análisis de la procedencia del juicio de amparo Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En ese sentido, el suscrito advierte que se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 fracciones XII y XXIII, esta última en relación con el 107, fracción VI de la Ley de amparo *******,, se duele de la orden judicial de requerimiento de pago, emplazamiento y la traba de dicho embargo contra bienes de su propiedad así como del inmueble ubicado *******,, Guanajuato, acto que atribuye al juez Menor Mixto de dicho municipio, y a los actuarios adscritos; aduciendo que no es parte en el juicio de origen, lo que la califica como tercera extraña auténtica al juicio y, con ello, se transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los numerales 1, 8, 14, 16 y 17 constitucionales. Ahora, la quejosa manifiesta en sus antecedentes de manera medular los siguientes: Que el ocho de agosto de dos mil dieciocho, se presentó en su domicilio ubicado en calle ***, Guanajuato, una persona que se identificó como actuario del poder judicial de Cortazar, en busca de Isabel Fausto, madre de la quejosa -persona a la va dirigida la orden de embargo-, por lo que le hizo saber que ella radica en Mazatlán, Sinaloa; no obstante lo anterior, dejó citatorio para que esperara al actuario a las trece horas con cincuenta minutos del día siguiente. Así en la fecha indicada -nueve de agosto de dos mil dieciocho-, nuevamente se presentó el actuario en mención, acompañado de diversa persona, le informan que pretenden realizar una diligencia de embargo sobre bienes de su exclusiva propiedad. De lo anterior se desprende, como premisa fundamental que el acto del que se duele la quejosa en esta instancia no va dirigido a esta. Quejosa en esta instancia. *******, Persona a la que va dirigido el acto reclamado. ***** De este modo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues para la procedencia del juicio de amparo no sólo es necesario demostrar la existencia del acto reclamado, sino que además debe acreditarse que dicho acto afecte algún derecho tutelado por la ley, a favor del peticionario del amparo, esto es, que el acto de autoridad afecte su interés jurídico. En efecto, resulta indispensable que dicho interés se demuestre fehacientemente de conformidad con el artículo 107 fracción I de la Carta Magna, por ser un requisito sin el cual no es procedente la acción constitucional. Así lo prevé la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Julio de 1997, página 401 de rubro: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. Ahora bien, como se advierte de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, la parte demandada es una persona diversa a la aquí quejosa; que a aquélla es a quien se dirigió la orden de embargo y su ejecución, y por esa razón no sé lesionan sus intereses jurídicos. Apoya lo anterior por identidad jurídica sustancial, la Jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en el apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo IV, Parte TCC, página 336, que a la letra dice: "AUTO DE EXEQUENDUM. SI NO FUE DICTADO CONTRA EL QUEJOSO DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO.- Aun cuando sea verdad que el auto de exequendum haya servido de antecedente para el embargo que el quejoso reclame ostentándose como tercero extraño al juicio, si también es cierto que ese auto no fue dictado en contra del peticionario del amparo, sino que ahí se ordenó embargar bienes de quien figuraba como demandado en el juicio del que emanan los actos combatidos, es indudable, por lo mismo, que el auto de referencia, por sí solo no lesiona los intereses jurídicos del quejoso y debe al respecto sobreseerse el amparo, por estarse en la hipótesis que contempla el artículo 73, fracción V, en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional". Asimismo, resulta aplicable la Tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, Abril de 1992, página 520, que a la letra reza: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE INTERES JURIDICO, CUANDO EL AUTO DE EXEQUENDO NO FUE DICTADO CONTRA EL QUEJOSO.- Aun cuando sea verdad que el auto de exequendum haya servido de antecedente para el embargo que el quejoso reclame, ostentándose como tercero extraño al juicio, si también es cierto que ese auto no fue dictado en contra del peticionario del amparo, sino que ahí se ordenó embargar bienes de quien figuraba como demandado en el juicio del que emanan los actos combatidos, es indudable, por lo mismo, que el auto de referencia, por sí solo no lesiona los intereses jurídicos del quejoso y debe al respecto sobreseerse en el amparo, por estarse en la hipótesis que contempla el artículo 73, fracción V, en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo". No es óbice que, por regla general, el interés jurídico es una cuestión que debe ser dilucidada en sentencia, dado que éste puede probarse durante la tramitación del juicio; sin embargo, existen supuestos en los que es clara la inexistencia de la titularidad del derecho afectado, como en el caso, que se trata de un acto de autoridad dirigido a una persona que no es la perticionaria, por lo que resulta manifiesta e indudable la actualización de la causal Sirve como orientación, por mayoría de razón, la jurisprudencia 2ª./J. 57/2017, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 43, tomo II, página 1078, junio de dos mil diecisiete, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." Es cierto que su queja versa en torno al eventual acto de molestia o privativo en el domicilio que aduce es suyo y no de la demandada; empero esa circunstancia, tal como lo hizo valer en su narración, podrá demostrarla en la diligencia que eventualmente pudiera ocurrir, lo que torna al acto reclamado como futuro e incierto, en contra de las cuales es improcedente el juicio de amparo, ello, en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el juicio de amparo procede contra actos no existentes aún, pero de cuya realización se tenga plena certeza, por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados. Lo antes expuesto se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie, por las razones expuestas. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 1384, Tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que es del rubro y tenor literal siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros que sólo deben considerarse como probables." Asimismo, orienta la tesis V.2º.36 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, página 642, septiembre de mil novecientos noventa y seis, de rubro: "EMBARGO SOBRE BIENES AJENOS, PROBABLE EJECUCION DE. ES UN ACTO FUTURO E INCIERTO. AMPARO IMPROCEDENTE." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia contempladas en las fracciones XII y XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción VI, de la ley de la materia, con fundamento en el arábigo 113 del mismo ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en *** de esta ciudad, y como autorizados en los términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******, por no haber proporcionado mayores datos que justifiquen que tales autorizados cuenten con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, tales como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral; de igual forma a *****, por así haberlo solicitado. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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