Luisa Natalia Mendoza Merino

Expediente 35/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
35/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
04/04/2023

Partes del expediente

  • Luisa Natalia Mendoza Merino

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Causa estado auto que tuvo por no presentada la demanda. Vistos los autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que el plazo para interponer el recurso de queja previsto por los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, ya transcurrió para la parte quejosa Luisa Natalia Mendoza Merino, por tanto, se declara que el auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo radicada en este expediente, ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos al no constar en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Se tiene por no presentada la demanda de amparo. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que se concedió a la parte promovente en proveído de once de enero de dos mil veintitrés, mismo que le fue notificado, el dos de febrero del año en curso, por lo que dicha notificación surtió efectos el tres siguiente y el plazo de referencia transcurrió del siete al trece de febrero de dos mil veintitrés, sin que la parte promovente diera cumplimiento al requerimiento precisado en el acuerdo de mérito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en el acuerdo de referencia, por lo que se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Luisa Natalia Mendoza Merino. Notifíquese personalmente a la parte promovente Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Miriam Atonal Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, uno de febrero de dos mil veintitrés. Razón actuarial, se ordena notificar por lista de acuerdos. Agréguese a los autos la razón de cuenta elaborada por el actuario adscrito a este juzgado, en atención a su contenido, téngasele manifestando la imposibilidad de notificar a la parte quejosa, el auto de once de enero de dos mil veintitrés, emitido en el presente juicio, por los motivos que indica en la misma. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo se ordena notificar a la quejosa el citado acuerdo, así como el presente y subsecuentes notificaciones -aún las de carácter personal-, por medio de lista de acuerdos que se fija en los estrados de este juzgado federal, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco, lugar donde tiene residencia este Juzgado Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Miriam Atonal Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe. Apizaco, Estado de Tlaxcala, once de enero de dos mil veintitrés. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve ********************, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Tlaxcala. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 35/2023-VI. Prevención. En este tenor, debe destacarse que el artículo 108, de la Ley de Amparo en vigor prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentra los establecidos en la fracción IV y V, que a la letra dice: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;" Ahora, del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como autoridad responsable y actos reclamados, los siguientes: De lo anterior, se advierte que la parte quejosa reclama el acuerdo en el cual establecieron el incremento de la tarifa del pasaje y su ejecución; sin embargo, no es precisa en manifestar si la norma general, desea impugnarla con el carácter de autoaplicativa o heteroaplicativa; situación que al momento de desahogar la presente prevención deberá señalar en específico que carácter tiene la normatividad reclamada en el presente juicio de amparo, siendo el caso que aun cuando tratándose de amparo contra leyes, se debe atender al carácter que la parte quejosa atribuya al ordenamiento impugnado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Amparo, que indica: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso." Del numeral anterior se advierte que cuando se impugna la inconstitucionalidad de una norma general, resulta fundamental para la autoridad jurisdiccional tener la certeza de si la afectación es provocada por la sola entrada en vigor de la norma o en virtud del primer acto de aplicación, pues de ello depende determinar la procedencia del juicio de amparo. Se entiende como norma autoaplicativa aquella que causa una afectación con su sola entrada en vigor, es decir, aquella que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto. En tanto que una norma heteroaplicativa es aquella que requiere de un acto de aplicación para producir una afectación de manera directa a los derechos sustantivos del quejoso. Resulta de gran importancia hacer la precisión anterior, toda vez que el quejoso afectado por la inconstitucionalidad de una norma cuenta con una doble oportunidad para impugnarla, estos son dentro de los treinta días siguientes a su entrada en vigor o dentro de los quince subsecuentes al en que tenga conocimiento del acto de aplicación de la misma. Al respecto cobra aplicación la tesis aislada 1a. CCLXXXI/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala, visible en la página 148 tomo I, julio de 2014, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO. Para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general. Desde la Novena Época, el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de "individualización incondicionada", con el cual se ha entendido la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto. Si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. Así, el criterio de individualización incondicionada es formal, esto es, relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas, pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico, interés legítimo o interés simple, dicho criterio clasificador no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Por tanto, dada su naturaleza formal, el criterio clasificador es adaptable a distintas concepciones de agravio. Así pues, en el contexto de aplicación de las nuevas reglas reguladoras del juicio de amparo se preserva la clasificación de normas autoaplicativas y heteroaplicativas, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ya que dada su naturaleza formal, es suficiente desvincular el criterio rector -de individualización incondicionada- del concepto de interés jurídico y basarlo en el de interés legítimo. Un concepto de agravio más flexible, como el de interés legítimo, genera una reducción del espacio de las leyes heteroaplicativas y es directamente proporcional en la ampliación del espacio de leyes autoaplicativas, ya que existen mayores posibilidades lógicas de que una ley genere afectación por su sola entrada en vigor, dado que sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso. No obstante, si se adopta el estándar de interés jurídico que requiere la afectación a un derecho subjetivo y excluye el resto de afectaciones posibles, ello lógicamente generaría una ampliación del ámbito de las leyes heteroaplicativas, pues reduce las posibilidades de afectación directa de esas normas con su mera entrada en vigor y las condiciona a un acto de aplicación que afecte un derecho subjetivo del quejoso. De esta forma, los jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico. Y la tesis aislada I.1o.A.E.64 K (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2811, tomo IV, septiembre de 2016, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A LA REGLA RELATIVA AL PLAZO PARA SU IMPUGNACIÓN EN EL AMPARO. De acuerdo con los artículos 17, fracción I, 18 y 61, fracción XIV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para impugnar la constitucionalidad de una norma general, el afectado cuenta con una doble oportunidad para hacerlo: dentro de los treinta días siguientes a su entrada en vigor o dentro de los quince subsecuentes al en que tenga conocimiento del acto de aplicación de aquélla. Sin embargo, es necesario distinguir que, tratándose de disposiciones jurídicas autoaplicativas, hay casos en los cuales la afectación que se produce en la esfera jurídica de los justiciables no surge por el solo inicio de su vigencia, como ocurre cuando: i) la eficacia de la ley se supedita a la posterior expedición de un acto normativo que desdoble o pormenorice su contenido; ii) la disposición posterior modifique el inicio de su vigencia; o, iii) el gobernado se coloque en el supuesto previsto por la norma con posterioridad al momento en que entre en vigor. En estos casos, la afectación en la esfera de derechos de los justiciables no se produce al comenzar su vigencia la ley y, por tanto, este evento no determina el inicio del plazo de treinta días para promover el juicio de amparo en su contra. En efecto, en las hipótesis señaladas no se actualiza la causa de improcedencia consistente en presumir el consentimiento de la norma por no impugnarla dentro de los treinta días siguientes al inicio de su vigencia ya que, en los dos primeros, la afectación a la esfera jurídica de los destinatarios se sujeta a una condición que, al comenzar a regir, no puede considerarse cumplida y, en el tercero, esa afectación no surge con ese motivo, sino hasta que se coloca en la situación que en aquélla se regula. En esos casos, debe considerarse que el momento en que empieza a correr el plazo para su impugnación, en su carácter de disposición autoaplicativa, es el del inicio de la afectación. De no aceptarse esta interpretación, se haría nugatorio el derecho de tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no otorgarse la oportunidad defensiva prevista en la Ley de Amparo respecto de las normas generales autoaplicativas, a las que, teniendo ese carácter, generen la afectación en un momento diverso, como ocurre en los mencionados supuestos de excepción a la regla general, en los cuales, antes de que la norma reclamada entre en vigor, el quejoso carecería de interés para su impugnación." Es en base a los razonamientos anteriores que resulta fundamental que la parte quejosa precise si el acto en comento es reclamado en razón a su autoaplicación o heteroaplicación. Es oportuno precisar que cuando se impugnan normas generales, como acontece en la especie, la parte quejosa deberá señalar a la autoridad que intervenga en su refrendo y publicación, sólo cuando controvierta sus actos por vicios propios, tal como lo dispone el artículo 108, fracción III, de la ley de la materia. De igual manera, es oportuno que exprese cuál fue el primer acto de aplicación de la norma general impugnada, en caso de considerar que su naturaleza es heteroaplicativa. Por otra parte, vista la página de internet https://periodico.tlaxcala.gob.mx/indices/Ex22122022.pdf, la cual constituye un hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se desprende que el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, fue publicado el acuerdo que incrementa la tafira por el uso del servicio público, del que se advierte que fue rubricado y sellado por ********************, Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Tlaxcala y por ********************, Directora de Transportes. En ese sentido, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días bajo protesta de decir verdad, señale lo siguiente: Especifique si el acuerdo por el que se incrementa la tarifa del pasaje publicado en el Diario Oficial del Estado de Tlaxcala, el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, lo impugna en su carácter de norma general autoaplicativa o heteroaplicativa y deberá precisar cuál fue el primer acto de aplicación de la norma general impugnada, en caso de considerar que su naturaleza es heteroaplicativa, así como la fecha en que fue notificado de ese acto de aplicación de la norma. Manifieste si es su deseo señalad como autoridad responsable a ********************, Directora de Transportes. Apercibimiento. Por tanto, se le apercibe a la quejosa que en caso de no cumplir con lo solicitado en el plazo indicado para ello (cinco días), se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Además, con fundamento en el artículo 110 de la ley de la materia, se le requiere para que al momento de desahogar la prevención anteriormente indicada exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio, para estar en aptitud de correr traslado a cada una de las partes. Apoya a lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Asimismo resulta aplicable, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable: [J]; 10a. Época; P./J. 8/2017 (10a.). Publicada: viernes 12 de mayo de 2017, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "COPIAS DE TRASLADO. LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE TENER POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO O LOS RECURSOS DE REVISIÓN O DE QUEJA, POR NO DESAHOGARSE EN SUS TÉRMINOS EL REQUERIMIENTO PREVIO PARA SU ENTREGA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El requisito de las copias de traslado no constituye un formalismo sin sentido o un obstáculo para el acceso a la justicia, toda vez que la existencia de formas concretas para acceder a ésta responde a la intención del Constituyente de facultar al legislador ordinario para establecer mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el procedimiento, a fin de garantizar el respeto a los derechos de seguridad jurídica, legalidad e igualdad procesal. En ese sentido, la consecuencia jurídica prevista en los artículos 146 de la Ley de Amparo abrogada, así como 88 y 100 de la vigente, relativa a tener por no presentada la demanda de amparo o los recursos de revisión o de queja, por no desahogarse en sus términos el requerimiento de las copias de traslado correspondientes, no vulnera el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, porque dicha consecuencia no se actualiza automáticamente cuando el justiciable promueve el juicio constitucional o interpone los recursos mencionados sin las copias de traslado correspondientes, pues ante tal escenario el juzgador debe requerirlo para que en el plazo de 3 días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, entregue las copias faltantes, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentado su medio de defensa, lo que permite al interesado corregir su omisión; al tribunal contar con los elementos suficientes para ejercer su función jurisdiccional; y a las partes preparar la defensa de sus intereses. De ahí que no haya lugar a que el tribunal de amparo requiera nuevamente al justiciable para que desahogue en sus términos el requerimiento respectivo, o que expida por su cuenta las copias faltantes, salvo que se trate de los supuestos previstos en ese sentido en los artículos 88, párrafo cuarto, 100, párrafo tercero y 110, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente." Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************, toda vez que no cuentan con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. Domicilio. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala en su escrito de demanda, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Se solicita compensación de cargas y boleta de registro correcta. Ahora, toda vez que el acto reclamado en contra leyes y la Técnico de Enlace Administrativo de la Oficina de Correspondencia Común, la registro como amparo indirecto normal submateria administrativa, gírese oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en este Circuito, a fin de que compense la carga estadística del presente juicio y envié la boleta de registro correspondiente a una demanda de amparo contra leyes. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos, sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Publicación de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente a la promovente. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Miriam Atonal Sánchez, Secretaria de este Juzgado, con quien actúa. Doy fe.

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