Luisa Carrillo Lima
Expediente 837/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 837/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Luisa Carrillo Lima
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, treinta de enero de dos mil veintitrés. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de ocho de julio de dos mil veintidós, en el que desechó la demanda de amparo promovida por Luisa Carro Lima; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo (tres años), deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a las partes para la entrega de documento, toda vez que estos no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de ocho de julio de dos mil veintidós: Apizaco, Tlaxcala, ocho de julio de dos mil veintidós. Se acepta competencia Téngase por recibido el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, mediante el cual comunica la resolución de cinco de julio de dos mil veintiuno, en el que dicho órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Luisa Carro Lima, por propio derecho en los autos del juicio de amparo indirecto 830/2022 de su índice, por las razones expuestas. Radicación demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 837/2022-II. Acúsese el recibo de estilo. Acto reclamado. Ahora bien, la parte quejosa Luisa Carro Lima, hace consistir los actos reclamados en: La resolución de treinta de junio de dos mil veintidós, emitida en el juicio ejecutivo mercantil 131/2014, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, mediante el cual ordenó el embargo sobre el treinta por ciento de la porción del excedente del salario mínimo vigente en esta zona geográfica, del sueldo y demás prestaciones que percibe la parte quejosa por pensión jubilatoria, así como su ejecución Desechamiento de demanda. Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo1 autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa , Ahora bien, este órgano de control constitucional de oficio advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. De lo anterior, se advierte que el precepto transcrito establece que conforme al principio de definitividad, para que el juicio de amparo sea procedente, el acto reclamado debe ser atacado previamente por todos los recursos o medios de defensa establecidos en la ley que rige ese acto. Dicho principio supone agotar todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal manera que, de existir algún medio ordinario de defensa sin que lo interponga el quejoso, el amparo resulta improcedente. Lo anterior, responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa y protección de los derechos fundamentales de los gobernados, por lo que antes de promoverlo, el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos. Así pues, su reconocimiento constitucional responde también a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el Constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación solo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija, destacando que dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. Ahora bien, resulta pertinente señalar que los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio, establecen textualmente lo siguiente: Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. (.) Artículo 1335. Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso. De una interpretación de ambos artículos, se desprende con toda claridad la procedencia del recurso de revocación en contra de los autos que no fueren apelables, emitidos en primera instancia. En el particular, la parte quejosa reclama la resolución de treinta de junio de dos mil veintidós, emitida en el juicio ejecutivo mercantil 131/2014, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, mediante el cual ordenó el embargo sobre el treinta por ciento de la porción del excedente del salario mínimo vigente en esta zona geográfica, del sueldo y demás prestaciones que percibe la parte quejosa por pensión jubilatoria, así como su ejecución. Por lo que, en términos de los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio, icho auto es impugnable a través del recurso de revocación. En consecuencia, resulta inconcuso que el impetrante de amparo estuvo en condiciones de que se nulificara, revocara o modificara el citado auto a través del medio ordinario de defensa a que se alude; y, al no haberlo hecho así, incumplió con el principio de definitividad en que descansa la acción constitucional, por lo que deviene improcedente el juicio de amparo que pretende instaurar en el aspecto analizado. En las relatadas condiciones, es evidente que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el numeral 113 de la ley de la materia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Similar criterio sustento el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al resolver el recurso de revisión número 215/2018. . III.- A.- En sus agravios, la parte quejosa manifiesta substancialmente lo siguiente: 1.- Es ilegal el proceder del juzgador federal al aplicar la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. 2.- El auto reclamado por su contenido, no es una resolución de mero trámite que impulse el procedimiento, sino que tiende afectar el salario de la quejosa, lo que le provoca una lesión a sus derechos fundamentales. 3.- El juzgador debió analizar esa circunstancia y por ende el amparo resulta procedente, pues el acto reclamado lesiona sus prerrogativas consagradas en la constitución al ser de imposible reparación, ya que afecta sus derechos laborales, pues existe prohibición de que se le embargue su salario. B.- Son inoperantes los anteriores agravios, pues del análisis de los mismos, se aprecia que la parte quejosa sólo realiza afirmaciones genéricas en relación a que fue ilegal el proceder del juez de amparo y que el acto reclamado no es una resolución de mero trámite, sino que afecta su salario. Sin embargo, a través de tales argumentos no ataca de ningún modo lo considerado por el Juez de Distrito, en el sentido de que en contra del acto reclamado procede el recurso de revocación conforme a los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio, y que previo a acudir al juicio de amparo, debió agotar dicho medio de defensa, por lo que al no haberlo hecho no observó el principio de definitividad que rige al juicio constitucional. Por tanto, al no atacarse dichas aseveraciones torales en que se sustenta el fallo recurrido, es por lo cual se estima que los agravios citados resultan inoperantes. C.- No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado, que la recurrente trata de plantear que el acto reclamado es de imposible reparación por afectar sus derechos laborales, pues se le está embargando su salario, dando a entender, que por esa razón el amparo es procedente. Sin embargo, al respecto debe decirse que el hecho de que el acto reclamado pueda afectar sus derechos sustantivos, así como causarle un daño de imposible reparación, no significa que por ello el amparo indirecto deba ser procedente y deban dejar de observarse los principios que rigen a dicho juicio constitucional, entre ellos, el de definitividad; máxime, que debe recordarse, que las causas de improcedencia son de estudio preferente. Por tanto, si previo al análisis del fondo del asunto, se aprecia por parte del juzgador que se actualiza un motivo de improcedencia manifiesto, y al ser dichas causas de análisis preferencial, las mismas deben estudiarse de oficio de manera previa al fondo, por lo que aun y cuando el acto reclamado pudiera ser de imposible reparación, ello no origina que dejen de analizarse los motivos de improcedencia del juicio. Así, en la especie, pese a que la inconforme refiera que el acto reclamado afecta sus derechos y es de imposible reparación; lo cierto es, que esa circunstancia no lo exime de la obligación de observar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo y agotar los recursos procedentes, como en el caso la revocación; máxime, que en la especie, el acto reclamado no se ubica en alguno de los casos de excepción al principio de definitividad de referencia. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Autorizados Por otra parte, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Fermín Sánchez Gracia, Omar Rodríguez Zambrano y Diana Zamora Moreno, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones Karen Ximena Zempoalteca Sánchez, por no contar con dicho registro. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo Habilitan días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.
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