Luisa Maria Pitter Lizardo

Expediente 511/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 17 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
511/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
25/11/2022

Partes del expediente

  • Luisa Maria Pitter Lizardo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Se declara auto consentido. Visto el estado de los autos, particularmente la certificación de cuenta que antecede, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de inconformidad en contra del auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que del libro de recibo de correspondencia oficial que se lleva en este juzgado, se desprende que no obra registrada promoción mediante la cual se interponga dicho recurso; en consecuencia, se declara consentido el acuerdo de referencia. Archivo definitivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. 15/08/23 11:14:56 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.07.bc ARTURO ITZCÓATL HERNÁNDEZ GARCÍA Depuración. Acorde al artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que con fecha veintitrés de julio de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el presente juicio, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, misma que fue modificada mediante fallo de siete de julio de dos mil veintidós, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los noventa días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Transferencia. Hecho lo anterior, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. No relevancia documental. En ese orden, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los autos, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se procede a analizar si la ejecutoria dictada en el mismo se encuentra cumplida. Antecedentes. 1.1. A efecto de iniciar el estudio propuesto, debe tenerse presente que, el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el presente asunto, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. 1.2. Inconforme con tal determinación, la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos 4, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en representación del Subdirector de Protección a Grupos Vulnerables, interpuso recurso de revisión, el cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito. 1.3. En proveído de veinticinco de julio de dos mil veintidós, se tuvo recibido el testimonio de la resolución de siete del mismo mes y año, pronunciada por el citado tribunal, en el amparo en revisión 11/2022, la cual modificó la sentencia recurrida, concediendo el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Fátima Sheet Joseph, para los siguientes efectos: ".1. Dentro del término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de que cause ejecutoria esta sentencia, emita acuerdo donde precise si falta de realizarse alguna entrevista o solicitud de información; en caso de que así sea deberá precisar cuáles y su finalidad. 2. En caso de que, en efecto falten diligencias a desahogar; éstas deberán quedar desahogadas dentro de los quince días hábiles siguientes a esa certificación. Lo anterior, salvo que tal desahogo no le sea imputable a la responsable, caso en el cual deberá realizar las diligencias y gestiones necesarias para lograr su desahogo incluso con base en los medios de apremio legales que, en su caso, tenga a su alcance, en un plazo ampliado al señalado en el párrafo que antecede no mayor a diez días hábiles y al término del cual, deberá emitir la resolución que en derecho corresponda al procedimiento de reconocimiento de condición de refugiado de la quejosa, aun subsistiendo aquella situación. 3. En caso de que no sea necesario realizar alguna diligencia adicional; dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que certifiquen tal circunstancia, deberá resolverse el procedimiento de reconocimiento de condición de refugiado, instado por la quejosa; determinación que deberán notificar a la parte quejosa y al Instituto Nacional de Migración en breve término. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 24/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Mayo de 2001, página 142, que dispone: "JUECES DE DISTRITO. ESTAN FACULTADOS PARA APRECIAR SI HA TRANSCURRIDO UN PLAZO RAZONABLE PARA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO EMITA ALGÚN PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DEL EJERCICIO O NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y PARA, EN SU CASO, IMPONERLE UNO PARA QUE DICTE LA RESOLUCIÓN QUE CORRESPONDA COMO RESULTADO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. La circunstancia de que el juicio de amparo indirecto sea procedente en contra de la abstención del Ministerio Público de pronunciarse sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, autoriza al juzgador de amparo a apreciar en cada caso concreto si ha transcurrido un plazo razonable para que la representación social dicte la resolución que conforme a derecho corresponda, con base en las manifestaciones del quejoso y las de la propia autoridad responsable en su informe con justificación, sin que ello implique otorgar al juzgador constitucional la facultad de estudiar el fondo de la denuncia o querella planteada por el gobernado, sino únicamente la de imponer, en su caso, a dicha representación un plazo prudente para que dicte su resolución.". En dicha ejecutoria, en el apartado correspondiente a las notificaciones de la quejosa y el Instituto Nacional de Migración se estableció expresamente: ".asimismo, expresó que no se le expidió copia de la cédula de notificación respectiva, aspecto por el que considera que han cesado los efectos del acto reclamado. [.] .no obra constancia que demuestre de manera fehaciente que dicha resolución fue notificada del mismo modo al Instituto Nacional de Migración. [.] .solo obra la emisión del correo electrónico en comento, sin embargo, no obra constancia fehaciente de que, efectivamente, dicha comunicación hubiese sido recibida por parte del mencionado Instituto y que este haya tenido conocimiento de su contenido.". En el auto de veinticinco de julio del año en curso, de igual modo, se requirió a la autoridad responsable a fin de que comunicara el cumplimiento respectivo. 1.4. Por acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional determinó el parcial cumplimiento de la sentencia, toda vez que únicamente se acreditó la resolución de reconocimiento de la condición de refugiada, no así la notificación a la autoridad migratoria. Motivo por el cual, este juzgado de distrito en dicho auto ordenó requerir nuevamente a la autoridad responsable Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, para que diera cumplimiento a la sentencia de amparo pronunciada en el presente juicio, en cuanto a ese tópico. 2. Informe sobre el cumplimiento a dicho efecto. En cumplimiento a lo anterior, con fecha catorce de octubre de dos mil veintidós, se recibió en este juzgado de distrito, oficio signado por parte del Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Titular de la Subdirección de Protección y Retorno de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, al que adjuntó copia certificada bajo protesta de decir verdad de ser copia íntegra e inalterada del documento impreso, del acuse de recibo de la constancia de reconocimiento de la condición de refugiada, así como del oficio COMAR/DP/20479/2021, dirigido a la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí. 3. Valoración probatoria. Documentales que, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo según su artículo 2, son suficientes para demostrar: - Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veintidós, se hizo entrega a la quejosa de la constancia de reconocimiento de refugiada; y, - Que con fecha cinco de noviembre de dos mil veintiuno se notificó al Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, la resolución dictada el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. 4. Determinación sobre el cumplimiento. Ante tal situación, este juzgado considera que con el actuar de la autoridad responsable se obtiene el cumplimiento total del fallo protector, pues es evidente: - Que se resolvió reconocer la condición de refugiada a la quejosa Luisa María Pitter Lizardo. - Que se notificó al Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí la resolución de reconocimiento de la condición de refugiada dictada el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, el cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Motivos por los que, con apoyo en lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede declarar cumplida la sentencia dictada en este asunto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y mediante oficios que se remitan a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Arturo Itzcóatl Hernández García, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de octubre de dos mil veintidós. Se agrega(n) promoción(es). Agréguese el oficio y anexo de cuenta, signado por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Titular de la Subdirección de Protección y Retorno de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, por medio del cual rinde informe requerido en auto de ocho de septiembre pasado, con relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Vista con informe. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, corriéndole traslado con copia del oficio y anexo de mérito, para que manifieste lo que a su derecho convenga; en la inteligencia que, transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; y por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Arturo Itzcóatl Hernández García, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Estado de autos Visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, este Juzgado procede a analizar si la ejecutoria dictada en el mismo se encuentra cumplida. 1. Antecedentes. A efecto de iniciar el estudio propuesto, debe tenerse presente que: 1.1. El veintitrés de julio de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el presente asunto, en la que se concedió el amparo y protección constitucional a la parte quejosa. 1.2. Inconforme con tal determinación, la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos 4, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en representación del Subdirector de Protección a Grupos Vulnerables, interpuso recurso de revisión, el cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito. 1.3. En proveído de veinticinco de julio de dos mil veintidós, se tuvo recibido el testimonio de la resolución de siete del mismo mes y año, pronunciada por el citado tribunal, en el amparo en revisión 11/2022, la cual modificó la sentencia recurrida, concediendo el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Fátima Sheet Joseph, para los siguientes efectos: ".1. Dentro del término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de que cause ejecutoria esta sentencia, emita acuerdo donde precise si falta de realizarse alguna entrevista o solicitud de información; en caso de que así sea deberá precisar cuáles y su finalidad. 2. En caso de que, en efecto falten diligencias a desahogar; éstas deberán quedar desahogadas dentro de los quince días hábiles siguientes a esa certificación. Lo anterior, salvo que tal desahogo no le sea imputable a la responsable, caso en el cual deberá realizar las diligencias y gestiones necesarias para lograr su desahogo incluso con base en los medios de apremio legales que, en su caso, tenga a su alcance, en un plazo ampliado al señalado en el párrafo que antecede no mayor a diez días hábiles y al término del cual, deberá emitir la resolución que en derecho corresponda al procedimiento de reconocimiento de condición de refugiado de la quejosa, aun subsistiendo aquella situación. 3. En caso de que no sea necesario realizar alguna diligencia adicional; dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que certifiquen tal circunstancia, deberá resolverse el procedimiento de reconocimiento de condición de refugiado, instado por la quejosa; determinación que deberán notificar a la parte quejosa y al Instituto Nacional de Migración en breve término. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 24/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Mayo de 2001, página 142, que dispone: "JUECES DE DISTRITO. ESTAN FACULTADOS PARA APRECIAR SI HA TRANSCURRIDO UN PLAZO RAZONABLE PARA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO EMITA ALGÚN PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DEL EJERCICIO O NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y PARA, EN SU CASO, IMPONERLE UNO PARA QUE DICTE LA RESOLUCIÓN QUE CORRESPONDA COMO RESULTADO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. La circunstancia de que el juicio de amparo indirecto sea procedente en contra de la abstención del Ministerio Público de pronunciarse sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, autoriza al juzgador de amparo a apreciar en cada caso concreto si ha transcurrido un plazo razonable para que la representación social dicte la resolución que conforme a derecho corresponda, con base en las manifestaciones del quejoso y las de la propia autoridad responsable en su informe con justificación, sin que ello implique otorgar al juzgador constitucional la facultad de estudiar el fondo de la denuncia o querella planteada por el gobernado, sino únicamente la de imponer, en su caso, a dicha representación un plazo prudente para que dicte su resolución.". En dicha ejecutoria, en el apartado correspondiente a las notificaciones de la quejosa y el Instituto Nacional de Migración se estableció expresamente: ".asimismo, expresó que no se le expidió copia de la cédula de notificación respectiva, aspecto por el que considera que han cesado los efectos del acto reclamado. [.] . no obra constancia que demuestre de manera fehaciente que dicha resolución fue notificada del mismo modo al Instituto Nacional de Migración. [.] .solo obra la emisión del correo electrónico en comento, sin embargo, no obra constancia fehaciente de que, efectivamente, dicha comunicación hubiese sido recibida por parte del mencionado Instituto y que este haya tenido conocimiento de su contenido.". En el auto de veinticinco de julio del año en curso, de igual modo, se requirió a la autoridad responsable a fin de que comunicara el cumplimiento respectivo. 2. Informe sobre el cumplimiento. Mediante oficio recibido el doce de agosto del año en curso, el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados rindió su informe respecto del cumplimiento a la ejecutoria de garantías acompañando acuerdo de veinte de agosto de dos mil veintiuno, diligencia de esa misma data y resolución pronunciada el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, todas relativas al expediente 89637, con la manifestación bajo protesta de decir verdad, ser copias íntegras e inalteradas de sus documentos impresos. 3. Valoración probatoria. Documentales a las cuales se concede valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo según su artículo 2 y que son suficientes para demostrar: 1. Que se resolvió reconocer la condición de refugiada a la quejosa Luisa María Pitter Lizardo. 2. Al interponer la revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, la autoridad responsable remitió el ocurso signado por la quejosa de mérito, en el cual expresó haber recibido el correo electrónico que contenía la resolución de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, sin que se le hubiera expedido copia de la cédula de notificación respectiva. 3. La autoridad responsable acompañó la impresión de un correo electrónico remitido al Instituto Nacional de Migración. 4. Ahora, en términos de la ejecutoria modificatoria no se acredita la notificación fehaciente, en términos del último párrafo del artículo 45 del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, realizada tanto a la quejosa como al Instituto Nacional de Migración. 6. Determinación sobre el cumplimiento. Ante tal situación, este juzgado determina que se encuentra demostrado por parte de la autoridad responsable, el cumplimiento parcial a la ejecutoria de amparo, al acreditarse únicamente la resolución de reconocimiento de la condición de refugiada, no así la notificación a la autoridad migratoria. 7. Requerimiento. Atento a ello, con apoyo en el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que reciba la notificación del presente auto, se sirva informar el cumplimiento a los efectos de la concesión del amparo, remitiendo copia certificada de: a) La cédula de notificación practicada a la quejosa de la resolución de reconocimiento de la condición de refugiada dictada el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno; b) La recepción expresa del correo por parte del Instituto Nacional de Migración; y c) Los acuses de recibo firmados por la quejosa, solicitados en el correo enviado a dicha dependencia. 8. Apercibimiento. En caso de no atender el requerimiento que antecede, dentro del plazo concedido, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación, de conformidad con lo previsto en el artículo citado en primer término. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y mediante oficio que se remita a la autoridad requerida. Así lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Arturo Itzcóatl Hernández García, Secretario que autoriza y da fe.

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