Luisa Karely Maldonado Juarez

Expediente 828/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
828/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
15/08/2022

Partes del expediente

  • Luisa Karely Maldonado Juarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de agosto de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este asunto el doce de julio de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Susceptible de destrucción. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por proveído de doce de julio de dos mil veintidós, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, mismo que causó estado con esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento exhibido por las partes que por sus características deba ser devuelto. No relevancia documental. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por medio de lista; y mediante oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de julio de dos mil veintidós. Recepción de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la documental que anexó a su oficio de cuenta. Contenido. Del contenido de dicho informe se advierte que no son ciertos los actos que se le reclaman a la referida autoridad toda vez que el siete de julio de dos mil veintidós, se dictó un nuevo acuerdo en el que se señaló nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Delegados. De igual manera, con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, ténganse como delegados de su parte a las personas que menciona. Estado de autos. Visto el estado de los autos, particularmente el contenido del informe justificado y anexo remitidos por el Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En primer término, es menester precisar que la parte quejosa reclama de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, el acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, en el cual se señaló el siete de septiembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el expediente laboral 486/2020. Ahora bien, del anexo que acompañó el Presidente de la Junta responsable a su informe justificado, consistente en copia certificada del acuerdo dictado el siete de julio del año en curso, en el juicio laboral 486/2020, se advierte que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable dejó sin efecto la fecha y hora señalada en proveído veintisiete de mayo de dos mil veintidós y señaló como nueva fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas las once horas con treinta minutos del cuatro de agosto de dos mil veintidós Documental a la cual se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. En ese contexto, en opinión de la suscrita, respecto al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, en razón de las consideraciones que a continuación se exponen. La Junta responsable demostró haber dictado un acuerdo en el que expresamente dejó sin efecto la fecha y hora señalada en proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, fijando para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas las once horas con treinta minutos del cuatro de agosto de dos mil veintidós, dentro de los autos del juicio laboral de origen; por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo. Lo anterior máxime porque los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues el acto en estudio ya fue subsanado por la citada responsable, al haberse modificado el entorno en el cual se emitió el acto reclamado, consistente en el proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 486/2020, a través del cual se señaló el siete de septiembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, ya que a través del diverso de siete de julio del año en curso, se fijó una nueva para llevar a cabo dicha audiencia, en fecha previa a la que fue inicialmente señalada. Esto es, la nueva fecha y hora señalada para la celebración de la multicitada audiencia se actualizará al día hábil de la data en que se emitió el nuevo acuerdo, generando con ello el fin buscado por la parte quejosa a través de su demanda de amparo, pues ésta pretendía que se analizara si la data fijada a través del acuerdo reclamado se encontraba dentro del término marcado por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, y en caso de no ser así, se ordenara señalar una nueva dentro del plazo previsto por dicha norma. Lo que ya ha ocurrido en el presente caso, por lo que en el eventual caso de concluirse que el acto reclamado es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho humano violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, dada la imposibilidad de que los efectos del acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se realicen o se continúen realizando, en la parte relativa al señalamiento de la fecha en que se iba a celebrar la audiencia aludida, pues ya se encuentra surtiendo efectos la nueva que se fijó a través del ulterior acuerdo de siete de julio del año en curso. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional, la cual estaba señalada para el veintiséis de julio de dos mil veintidós, quedando si efectos la misma. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de julio de dos mil veintidós. Recepción de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la documental que anexó a su oficio de cuenta. Contenido. Del contenido de dicho informe se advierte que no son ciertos los actos que se le reclaman a la referida autoridad toda vez que el siete de julio de dos mil veintidós, se dictó un nuevo acuerdo en el que se señaló nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Delegados. De igual manera, con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, ténganse como delegados de su parte a las personas que menciona. Estado de autos. Visto el estado de los autos, particularmente el contenido del informe justificado y anexo remitidos por el Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En primer término, es menester precisar que la parte quejosa reclama de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, el acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, en el cual se señaló el siete de septiembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el expediente laboral 486/2020. Ahora bien, del anexo que acompañó el Presidente de la Junta responsable a su informe justificado, consistente en copia certificada del acuerdo dictado el siete de julio del año en curso, en el juicio laboral 486/2020, se advierte que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable dejó sin efecto la fecha y hora señalada en proveído veintisiete de mayo de dos mil veintidós y señaló como nueva fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas las once horas con treinta minutos del cuatro de agosto de dos mil veintidós Documental a la cual se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. En ese contexto, en opinión de la suscrita, respecto al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, en razón de las consideraciones que a continuación se exponen. La Junta responsable demostró haber dictado un acuerdo en el que expresamente dejó sin efecto la fecha y hora señalada en proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, fijando para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas las once horas con treinta minutos del cuatro de agosto de dos mil veintidós, dentro de los autos del juicio laboral de origen; por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo. Lo anterior máxime porque los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues el acto en estudio ya fue subsanado por la citada responsable, al haberse modificado el entorno en el cual se emitió el acto reclamado, consistente en el proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 486/2020, a través del cual se señaló el siete de septiembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, ya que a través del diverso de siete de julio del año en curso, se fijó una nueva para llevar a cabo dicha audiencia, en fecha previa a la que fue inicialmente señalada. Esto es, la nueva fecha y hora señalada para la celebración de la multicitada audiencia se actualizará al día hábil de la data en que se emitió el nuevo acuerdo, generando con ello el fin buscado por la parte quejosa a través de su demanda de amparo, pues ésta pretendía que se analizara si la data fijada a través del acuerdo reclamado se encontraba dentro del término marcado por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, y en caso de no ser así, se ordenara señalar una nueva dentro del plazo previsto por dicha norma. Lo que ya ha ocurrido en el presente caso, por lo que en el eventual caso de concluirse que el acto reclamado es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho humano violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, dada la imposibilidad de que los efectos del acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se realicen o se continúen realizando, en la parte relativa al señalamiento de la fecha en que se iba a celebrar la audiencia aludida, pues ya se encuentra surtiendo efectos la nueva que se fijó a través del ulterior acuerdo de siete de julio del año en curso. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional, la cual estaba señalada para el veintiséis de julio de dos mil veintidós, quedando si efectos la misma. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."

  4. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Agrega muestreo. Agréguese a los autos la diligencia de muestreo de firma desahogada el veintidós de junio de la presente anualidad; en atención a su contenido, téngase desahogada la diligencia en comento. Requerimiento. Con fundamento en el artículo 90 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado de San Luis Potosí, a efecto de que permita a los peritos Minerva Adriana Hernández Orta y Víctor Franco Maya, la consulta del expediente de cesión de derechos 59/2018-ZM, y se les permita tomar muestras de la solicitud de autorización para cesión de derechos de treinta de mayo de dos mil dieciocho, por el aquí tercero interesado Juan Pablo Ruiz Arriaga, como parte cedente y como parte cesionario la aquí quejosa Dulce Iveth Martínez Díaz, a efecto de que estén en posibilidades de rendir los dictámenes que se les encomendó. Debiendo informar dentro del plazo de tres días, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, contado a partir del día siguiente en que se le notifique este proveído, informe la data y el horario a partir del cual se pueden constituir en sus instalaciones dichos expertos a efecto de recabar la información que necesitan para rendir los dictámenes que se les encomendaron. Apercibimiento. Apercibido que de no hacerlo, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cincuenta días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 259 de la Ley de la materia. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y por oficio a la autoridad citada.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

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