Luisa Magaña Guzmán

Expediente 288/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
288/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
01/10/2018

Partes del expediente

  • Luisa Magaña Guzmán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Por lista notifico a la parte quejosa el siguiente auto: Morelia, Michoacán, uno de octubre de dos mil dieciocho. ARCHIVO Visto el estado que guardan los presentes autos de los cuales se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el cuaderno de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el presente juicio de amparo encuadra en las hipótesis contenidas en el punto vigésimo primero, fracción II, del capítulo quinto, del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído el mismo, por lo que se estima que el principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha. ORIGINAL DE INCIDENTE Ahora bien, respecto del original del incidente de suspensión, por contener medidas cautelares concedidas, es susceptible de depurarse y se deberán conservar todas las determinaciones relativas a su otorgamiento o violación. DUPLICADO DE INCIDENTE En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, por ubicarse en el supuesto de la fracción III, punto vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse dictado la interlocutoria correspondiente. TRANSFERENCIA Finalmente, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. REQUERIMIENTO Y APERCIBIMIENTO Finalmente, como de la certificación de cuenta se desprende que a fojas doce y trece obran dos facturas AA3343 y AA3442 que la parte quejosa exhibió con la demanda generadora de este expediente; en tal virtud, con fundamento en el punto vigésimo, último párrafo, del acuerdo antes mencionado, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días naturales, contados a partir del siguiente al de la legal notificación de este proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger dichos documentos, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso que para tal efecto se le concede, se procederá a la destrucción de los mismos junto con el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy Fe.Rcl

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. SE RECIBE EJECUTORIA Agréguese a los presentes autos el oficio por el cual la autoridad que lo signa remite testimonio autorizado de la ejecutoria emitida en la revisión 184/2018 de su índice, interpuesta en el expediente en que se actúa. SENTIDO DE FALLO Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes, que el tribunal de alzada mediante resolución aprobada en sesión de seis de septiembre de dos mil dieciocho, resolvió: "PRIMERO. Se Confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por Luisa Magaña Guzmán contra los actos de las autoridades señaladas en el resultando primero de esta ejecutoria." . ACUSE DE RECIBO Acúsese recibo del oficio 5595/2018, al que también se anexó el original del juicio de amparo en que se actúa y un tomo de pruebas, para los efectos a que haya lugar. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Glósense al principal las actuaciones que obran en el cuadernillo relativo y háganse las anotaciones en el libro de gobierno para los fines estadísticos correspondientes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución del cuaderno de prueba constante de copias certificadas del juicio de origen, que la autoridad responsable adjuntó a su informe, por ser innecesaria su retención. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de junio de dos mil dieciocho. POR INTERPUESTO RECURSO DE REVISIÓN Agréguese a los presentes autos copia simple del escrito mediante el cual la parte quejosa interpone recurso de revisión en contra de la resolución emitida en el juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por interpuesto dicho recurso, por lo tanto, distribúyanse entre las partes las copias del escrito de agravios relativo y, en su oportunidad remítase el presente juicio de garantías, un tomo de prueba, escrito original de agravios y la copia para el Fiscal Federal de su adscripción, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para lo que a bien tenga determinar. Notifíquese personalmente y mediante oficio como corresponda. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 288/2018-IV, promovido por Luisa Magaña Guzmán, por su propio derecho, contra actos que reclama del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en esta ciudad, y remitido en la misma data a este juzgado por razón de turno, Luisa Magaña Guzmán, por su propio derecho, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclamó del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y actuaria adscrita a dicho órgano; en los términos siguientes: "IV. ACTO RECLAMADO: El embargo que recaído en autos con fecha 21 veintiuno de febrero del presente año; realizado por la actuaria adscrita al Juzgado Séptimo; llevándose mercancía perecedera producto de mi trabajo y mi esfuerzo laboral que he logrado mismas que tiene el depositario que desconozco ya que no pertenezco al que se radica en el Juzgado Séptimo de lo Civil del Distrito de Morelia, Michoacán juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 732/2010 promovido por el señor Ricardo Ramírez Quiroz en contra de Francisco Morales Magaña". En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Mediante auto de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, admitió a trámite la demanda; se formó el expediente y lo registró bajo el número 288/2018; se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación, quien sí formuló pedimento y por auto de dos de abril de dos mil dieciocho lo remitió a este juzgado por razón de conocimiento previo, por lo que en auto de cuatro del mes y año en cita, se avocó al conocimiento del asunto, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: Diligencia de embargo efectuada el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho por la actuaria adscrita al Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, dentro del juicio ejecutivo mercantil 732/2010 en el domicilio ubicado en calle Chile, block 4, bodega 48 de la central de abastos de esta ciudad. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil con sede en esta ciudad y actuario adscrito a ese órgano jurisdiccional, toda vez que al rendir sus respectivos informes con justificación, aceptaron la existencia de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". Además, la existencia de los actos reclamados se corrobora con las constancias que las responsables exhibieron en apoyo a su informe justificado, consistentes en copia certificada de las principales constancias del juicio ejecutivo mercantil número 732/2010, del índice del referido juzgado. Documentales que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". CUARTO. Antecedentes. Previo al estudio del análisis de fondo, se estima necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en el juicio de origen, para una mejor comprensión del asunto. 1. Ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial se substanció el juicio ejecutivo mercantil número 732/2010, promovido por Ricardo Ramírez Orozco, frente a Francisco Morales Magaña. Cabe destacar que originalmente, se señaló como domicilio para emplazar al demandado el ubicado en la calle Chicle bodega 44, block 4, del Mercado de Abastos de esta ciudad (foja 5 del cuaderno de pruebas). 2. Posteriormente, se aclaró que el domicilio correcto era el ubicado en la calle Chile bodega 44, block 4, del Mercado de Abastos (foja 6 del cuaderno de pruebas); y después se corrigió precisando que la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento debía verificarse en esa misma calle pero en la bodega 49, entre la 50 y 45, debido a que no contaba con número oficial (foja 8 del cuaderno de pruebas); lugar en el que se verificó la diligencia encomendada el día nueve de febrero de dos mil once, con el directo demandado (foja 13 del cuaderno de pruebas). 3. Una vez seguido el trámite del juicio en rebeldía, el veintidós de noviembre de dos mil once, se dictó sentencia en la que se condenó al demandado al pago de la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) (foja 52 a 56 del cuaderno de pruebas). 4. Mediante auto de siete de febrero de dos mil doce, se requirió al sentenciado para que cumpliera voluntariamente con la condena (foja 58 del cuaderno de pruebas), sin que lo hubiera hecho, por lo que en diverso acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil trece, se autorizó a la Actuaria del juzgado responsable para que se constituyera en el domicilio del demandado y le requiriera del pago de la cantidad a que resultó condenado y, en caso de no hacerlo, se procediera al embargo de bienes, autorizándose para tal efecto el auxilio de la fuerza pública (foja 75 del cuaderno de pruebas). 5. En mérito de ello, el veintiséis de marzo de dos mil trece, se constituyó la actuaria asociada de la parte actora en el domicilio ubicado en la bodega 49, entre la 50 y 45, de la calle Chile, del Mercado de Abastos, en el que encontraron presente al demandado, quien manifestó que esa bodega correspondía a diversa persona, lo que así se corroboró al momento en que el arrendatario de dicho local compareció ante el juzgado a exponer y probar tal circunstancia exhibiendo contrato de arrendamiento (fojas 85 y 86 del cuaderno de pruebas), sin que se hiciera pronunciamiento alguno virtud a que no tenía carácter reconocido en autos. 6. Siendo así, que ante la imposibilidad de dar cumplimiento a la sentencia virtud a la oposición del demandado, se comisionó nuevamente a la Actuaria para que se constituyera en el referido domicilio, sin que se pudiera verificar la diligencia ya que nuevamente el demandado señaló que ese no era su negocio. 7. Ante tales circunstancias la parte actora señaló como domicilio del demandado para verificar la ejecución de la sentencia el ubicado en la calle Chile block 4, bodega 49 de la Central de Abastos (foja 148 del cuaderno de pruebas); sin embargo, al constituirse en ese domicilio el demandado nuevamente señaló que no era suyo y que el mismo se registraba a nombre de Luisa Magaña Guzmán, a cuyo efecto se tuvo a la vista una nota de venta a nombre de la aludida persona. 8. Ante la imposibilidad de requerir el pago de lo sentenciado en los diversos domicilios proporcionados, mediante proveído de veintidós de junio de dos mil diecisiete, se autorizó a la actuaria responsable para que se constituyera en el domicilio ubicado en la calle Chile block 4 bodega entre los números 48 y 49, colonia Central de Abastos de esta ciudad, a fin de cumplimentar la diligencia de requerimiento de pago, autorizándose para ello el auxilio de la fuerza pública (foja 154 del cuaderno de pruebas). 9. Por auto de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, el juez responsable acordó que en razón de que a esa fecha se había decretado el sobreseimiento dentro del diverso juicio de amparo 759/2017 del índice de este juzgado, tramitado por Luisa Magaña Guzmán, comisionó a la actuaria adscrita a efecto de que cumplimentara en sus términos la diligencia de requerimiento de pago y embargo decretada mediante proveído de ocho de mayo de dos mil diecisiete, y la autorizó a efecto de que se constituyera en el domicilio de la parte demandada ubicado en la calle Chile block 4, bodega con los números 48 y 49 de la central de abastos de esta ciudad a fin de proceder al desahogo de esa diligencia, autorizando el uso de la fuerza pública. 10. En cumplimiento a esa determinación, el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho la Actuaria adscrita al Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en esta ciudad, a las diez horas con treinta minutos, se constituyó al inmueble ubicado en la calle Chile block 4, bodega 48 de la central de abastos de esta ciudad, lugar donde atendió la diligencia con el demandado Francisco Morales Magaña, a quien requirió del pago de la suma de $535,749.99 (quinientos treinta y cinco mil pesos con setecientos cuarenta y nueve pesos 99/100 moneda nacional), quien expuso que no señalaría nada hasta que arribara su abogado, por lo que la parte actora señaló para su embargo lo siguiente: 1. veintitrés costales de maíz pozolero de aproximadamente cincuenta kilos cada uno, corrigiéndose que el peso era de veintinueve kilogramos. 2. Veinte costales de frijol pinto de treinta y cinco kilos aproximadamente. 3. Dieciocho bultos de frijol de junio, con un peso de cuarenta y nueve kilogramos cada uno. 4. Cuarenta y cuatro bultos de frijol negro, con un peso aproximado de treinta y cinco kilogramos cada uno. 5. Treinta y dos cajas de chile mulato con un peso aproximado de dieciséis kilos. 6. Catorce bultos de chile guajillo con un peso aproximado de veintisiete kilos. 7. Ocho cajas de chile negro de aproximadamente catorce kilos. 8. Cuarenta y ocho bultos de frijol peruano con un peso aproximado de treinta y cinco kilos. 9. Nueve pacas tipo costal de chile negro de un peso aproximado de ochenta y siete kilos. 10. Veinte bultos de frijol bola de un peso aproximado de 35 kilos. 11. Dieciséis pacas tipo costal de chile guajillo con un peso aproximado de 597 kilos. 12. Trece pacas tipo costal de chile negro, con un peso aproximado de 982 kilos. 13. Tres pacas de chile mulato con un peso aproximado de 370 kilos. Diligencia la anterior que constituye el acto de reclamo. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Epoca: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95". Así, previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a la luz de los motivos de disenso expuestos por la parte quejosa, debe abordarse el estudio de la causal de improcedencia que se estima actualizada en la especie, por ser ello una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, respecto del acto reclamado consistente en la diligencia de embargo efectuada el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho por la actuaria adscrita al Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, dentro del juicio ejecutivo mercantil 732/2010 en el domicilio ubicado en calle Chile, block 4, bodega 48 de la central de abastos de esta ciudad, en la que fueron embargados diversos bienes de consumo perecedero, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;...". En ese sentido, el artículo 5° de la ley de la materia prescribe que el ejercicio de la acción constitucional está reservada en exclusiva a quien resiente un perjuicio, con motivo de la ley o el acto de autoridad que se impugna; por tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad faculta a su titular para acudir ante el órgano constitucional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías. Asimismo, la procedencia del juicio de amparo presupone no sólo la demostración de un interés jurídico, sino además la afectación de ese interés por el acto reclamado; de ahí que para la procedencia del juicio de garantías no basta que se acredite tener derecho sobre determinados bienes, sino que debe probarse que con los actos de las responsables se afecta o se pretende afectar esos derechos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 10, de rubro y texto: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona. Este alto tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sea estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." Ahora, del informe justificado y constancias remitidas por la autoridad responsable, se desprende que en diligencia de requerimiento de pago y embargo efectuada el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho se efectuó el secuestro judicial de los bienes perecederos anotados en párrafos anteriores. A efecto de acreditar la titularidad del derecho que dice violado, la quejosa refirió en su demanda de amparo que acompañaba facturas de compra venta de mercancía, pero es el caso que de su análisis se desprende que en realidad lo que acompañó a su demanda de amparo son notas de venta folio AA 3343 y AA 3442, expedidas el cinco y ocho de febrero de dos mil dieciocho por "Bodegas Miranda Hermanos sociedad anónima de capital variable", en las que se aprecia RFC, domicilio de quien expidió esa nota, además se describe la mercancía siguiente: B.40 hojas para tamal; b.80 2800 kilogramos de peruano 20; b30 2867 kilogramos de chile negro pacas 70; b.80 arroz paisa 275;b.30 900 kilogramos pozolero rojo 8; b 60 3000 kilogramos junio bulto grande 15; b60 960 kilogramos de mulato casas 80; b50 1750 kilogramos frijol pinto 16, entre otros, más no facturas como lo señaló la quejosa. Se afirma que dichos documentos no pueden ser considerados como facturas, porque el artículo 29 A del Código Fiscal de la Federación refiere: "Artículo 29-A.- Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este Código, deberán contener los siguientes requisitos: I. La clave del registro federal de contribuyentes de quien los expida y el régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes fiscales. II. El número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria, referidos en la fracción IV, incisos b) y c) del artículo 29 de este Código, así como el sello digital del contribuyente que lo expide. III. El lugar y fecha de expedición. IV. La clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se expida. Cuando no se cuente con la clave del registro federal de contribuyentes a que se refiere esta fracción, se señalará la clave genérica que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Tratándose de comprobantes fiscales que se utilicen para solicitar la devolución del impuesto al valor agregado a turistas extranjeros o que amparen ventas efectuadas a pasajeros internacionales que salgan del país vía aérea, terrestre o marítima, así como ventas en establecimientos autorizados para la exposición y ventas de mercancías extranjeras o nacionales a pasajeros que arriben al país en puertos aéreos internacionales, conjuntamente con la clave genérica que para tales efectos establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, deberán contener los datos de identificación del turista o pasajero y del medio de transporte en que éste salga o arribe al país, según sea el caso, además de cumplir con los requisitos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. V. La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen. Los comprobantes que se expidan en los supuestos que a continuación se indican, deberán cumplir adicionalmente con lo que en cada caso se específica: a) Los que se expidan a las personas físicas que cumplan sus obligaciones fiscales por conducto del coordinado, las cuales hayan optado por pagar el impuesto individualmente de conformidad con lo establecido por el artículo 73, quinto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberán identificar el vehículo que les corresponda. b) Los que amparen donativos deducibles en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberán señalar expresamente tal situación y contener el número y fecha del oficio constancia de la autorización para recibir dichos donativos o, en su caso, del oficio de renovación correspondiente. Cuando amparen bienes que hayan sido deducidos previamente, para los efectos del impuesto sobre la renta, se indicará que el donativo no es deducible. c) Los que se expidan por la obtención de ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, deberán contener el número de cuenta predial del inmueble de que se trate o, en su caso, los datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable. d) Los que expidan los contribuyentes sujetos al impuesto especial sobre producción y servicios que enajenen tabacos labrados de conformidad con lo establecido por el artículo 19, fracción II, último párrafo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, deberán especificar el peso total de tabaco contenido en los tabacos labrados enajenados o, en su caso, la cantidad de cigarros enajenados. e) Los que expidan los fabricantes, ensambladores, comercializadores e importadores de automóviles en forma definitiva, cuyo destino sea permanecer en territorio nacional para su circulación o comercialización, deberán contener el número de identificación vehicular y la clave vehicular que corresponda al automóvil. El valor del vehículo enajenado deberá estar expresado en el comprobante correspondiente en moneda nacional. Para efectos de esta fracción se entiende por automóvil la definición contenida en el artículo 5 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. Cuando los bienes o las mercancías no puedan ser identificados individualmente, se hará el señalamiento expreso de tal situación. VI. El valor unitario consignado en número. Los comprobantes que se expidan en los supuestos que a continuación se indican, deberán cumplir adicionalmente con lo que en cada caso se especifica: a) Los que expidan los contribuyentes que enajenen lentes ópticos graduados, deberán separar el monto que corresponda por dicho concepto. b) Los que expidan los contribuyentes que presten el servicio de transportación escolar, deberán separar el monto que corresponda por dicho concepto. c) Los relacionados con las operaciones que dieron lugar a la emisión de los documentos pendientes de cobro de conformidad con lo establecido por el artículo 1o.-C, fracción III de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, deberán consignar la cantidad efectivamente pagada por el deudor cuando los adquirentes hayan otorgado descuentos, rebajas o bonificaciones. VII. El importe total consignado en número o letra, conforme a lo siguiente: a) Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, en el momento en que se expida el comprobante fiscal digital por Internet correspondiente a la operación de que se trate, se señalará expresamente dicha situación, además se indicará el importe total de la operación y, cuando así proceda, el monto de los impuestos trasladados desglosados con cada una de las tasas del impuesto correspondiente y, en su caso, el monto de los impuestos retenidos. (REFORMADO, D.O.F. 18 DE NOVIEMBRE DE 2015) Los contribuyentes que realicen las operaciones a que se refieren los artículos 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; 19, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y 11, tercer párrafo de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, no trasladarán el impuesto en forma expresa y por separado, salvo tratándose de la enajenación de los bienes a que se refiere el artículo 2o., fracción I, incisos A), D), F), G), I) y J) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, cuando el adquirente sea, a su vez, contribuyente de este impuesto por dichos bienes y así lo solicite. Tratándose de contribuyentes que presten servicios personales, cada pago que perciban por la prestación de servicios se considerará como una sola exhibición y no como una parcialidad. b) Cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición se emitirá un comprobante fiscal digital por Internet por el valor total de la operación en el momento en que ésta se realice y se expedirá un comprobante fiscal digital por Internet por cada uno de los pagos que se reciban posteriormente, en los términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, los cuales deberán señalar el folio del comprobante fiscal digital por Internet emitido por el total de la operación, señalando además, el valor total de la operación, y el monto de los impuestos retenidos, así como de los impuestos trasladados, desglosando cada una de las tasas del impuesto correspondiente, con las excepciones precisadas en el inciso anterior. c) Señalar la forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo, transferencias electrónicas de fondos, cheques nominativos o tarjetas de débito, de crédito, de servicio o las denominadas monederos electrónicos que autorice el Servicio de Administración Tributaria. VIII. Tratándose de mercancías de importación: a) El número y fecha del documento aduanero, tratándose de ventas de primera mano. b) En importaciones efectuadas a favor de un tercero, el número y fecha del documento aduanero, los conceptos y montos pagados por el contribuyente directamente al proveedor extranjero y los importes de las contribuciones pagadas con motivo de la importación. IX. Los contenidos en las disposiciones fiscales, que sean requeridos y dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general. Los comprobantes fiscales digitales por Internet que se generen para efectos de amparar la retención de contribuciones deberán contener los requisitos que determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Las cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales que no reúnan algún requisito de los establecidos en esta disposición o en el artículo 29 de este Código, según sea el caso, o cuando los datos contenidos en los mismos se plasmen en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente. (ADICIONADO, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2016) Los comprobantes fiscales digitales por Internet sólo podrán cancelarse cuando la persona a favor de quien se expidan acepte su cancelación. (ADICIONADO, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2016) El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, establecerá la forma y los medios en los que se deberá manifestar dicha aceptación. En esos términos, no es dable afirmar que los comprobantes de compra exhibidos por la quejosa reúnan la calidad de comprobantes fiscales digitales o facturas, porque en dichos documentos sólo se asentó el RFC de quien expidió la nota, a nombre de quien va dirigida, con RFC, CURP, fecha de expedición, monto y firma de quien recibió, pero carece del resto de los requisitos, tales como sello digital, forma en que se realizó el pago, fecha y hora de certificación, número de serie del certificado digital del SAT con el que se realizó el sellado, entre otros; por lo tanto, las documentales exhibidas en realidad corresponden a notas de venta, más no así a facturas como lo afirma la quejosa. Sin embargo, al consultar la página web Ftp://ftp.sat.gob.mx/asistencia_ftp/publicaciones/folletos08/comprofisc.pdf [la cual constituye un hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles porque los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas forman parte del conocimiento público que se puede utilizar al momento en que se dicta una resolución judicial]; se advierte que el Servicio de Administración Tributaria establece la definición de "comprobante simplificado" como "el documento que deben expedir a sus clientes las personas que vendan bienes o presten servicios al público en general, es decir, se expedirán a aquellos clientes que no requieran de un comprobante con todos los requisitos fiscales para hacerlo deducible o acreditable". También señala que a esos comprobantes simplificados también se les conoce como "notas de venta", que en ellos se desglosa el impuesto al valor agregado o el impuesto sobre producción de servicios (se incluyen en el monto total), por lo que estos impuestos no se pueden acreditar (Restar del impuesto a cargo); que el importe pagado en una nota de venta no es deducible para calcular el IETU o IRS correspondientes. De igual manera, se establece que los comprobantes simplificados o notas de venta deben obtenerse de imprentas (no es necesario que estén autorizadas por el SAT), en original y copia, foliados en forma consecutiva antes de ser utilizados y además deben de cumplir con los requisitos siguientes: Impreso el nombre, la denominación o razón social, según se trate de persona física o moral, domicilio fiscal y clave del RFC de quien los expida. Cuando se tenga más de un local o establecimiento debe señalarse el domicilio del local o establecimiento en que se expidan. Impreso el número de folio. Lugar y fecha de expedición. Importe total de la operación, consignado en número o letra. Cuando se expidan comprobantes simplificados o notas de venta, debe entregarse al cliente la copia y conservar el original empastándolo en su orden. Ahora, si bien las notas de venta tienen el nombre de quien las expidió, RFC, número de folio, lugar y fecha de expedición así como el importe total con número y letra, también lo es que las mismas no son suficientes para acreditar su interés jurídico. Lo anterior es así, porque cuando se trate de muebles que son identificables con datos inequívocos, basta la exhibición de la factura o documentos que se le equipare y algún otro medio que robustezca ésta, de los cuales se desprenda que el quejoso, además de la propiedad, tenga la posesión de los bienes. En cambio, si no son identificables, además de los elementos de convicción precisados deberán aportarse al sumario pruebas tendentes a demostrar la identidad de los bienes que afirma la parte quejosa le pertenecen, con lo que fueron objeto de los actos reclamados y que esos bienes eran los únicos con las características indicadas por la quejosa, existentes en el lugar y fecha de ejecución del acto reclamado. En vía de orientación es aplicable la tesis aislada del siguiente contenido: Época: Octava Época Registro: 212600 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIII, Mayo de 1994 Materia(s): Común Tesis: XIV.21 K Página: 465 "INTERES JURIDICO RELATIVO A LA PROPIEDAD DE BIENES MUEBLES, COMPROBACION DEL. Para demostrar la afectación del interés jurídico en el amparo, se requiere que de la demanda de garantías, informes justificados y pruebas aportadas en el sumario, se acredite la existencia conjunta de varios elementos, a saber: a). Una persona determinada (principio de instancia de parte); b). Un derecho legítimo de ésta; c). La precisión indudable de ese derecho (legitimación); d). Un acto de autoridad (principio de procedencia del juicio de amparo); y, e). La afectación del citado derecho, a través de dicho acto autoritario (principio de agravio personal y directo). Así, si en el caso se reclaman violaciones al derecho de propiedad de bienes muebles, evidentemente el referido interés jurídico debe demostrarse de manera fehaciente. Si tales muebles son identificables con datos inequívocos, bastará la exhibición de la factura o documento que se le equipare, y algún otro medio que robustezca ésta, de los cuales se desprenda que el quejoso, además de la propiedad, tenga la posesión actual de los bienes. En cambio, si no son identificables, entonces, además de los elementos de convicción precisados con antelación deberán aportarse al sumario las pruebas tendientes a demostrar la identidad de los bienes que afirma la parte quejosa le pertenecen, con los que fueron objeto de los actos reclamados, y que esos bienes eran los únicos con las características indicadas por la quejosa, existentes en el lugar y fecha de la ejecución del acto reclamado. TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CUARTO CIRCUITO. Amparo en revisión 820/93. Tomasa Koyoc. 4 de marzo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando A. Yates Valdez. Secretario: Juan José Franco Luna". En el caso, los bienes embargados no son identificables, al tratarse de alimentos perecederos, consistentes en: Maíz pozolero, frijol pinto, frijol junio frijol negro, chile mulato, chile guajillo, chile negro, frijol peruano, chile negro, frijol bola, entre otros, por lo que la quejosa debió ofrecer pruebas tendentes a demostrar la identidad de los bienes. Es así, porque con las notas que exhibió la quejosa no se logra acreditar la identidad entre los bienes muebles que aduce le fueron embargados y los amparados por dichas notas de venta, toda vez que las características que se establecieron tanto en las notas de venta como en el propio embargo son insuficientes y ambiguas para que se pueda tener certeza de que se trata de los mismos bienes. Por lo que era necesario que la quejosa hubiere ofrecido una prueba diversa, para acreditar que los bienes embargados coinciden con las notas de venta que exhibió en el presente juicio de amparo. Además cabe señalar que la quejosa Luisa Magaña Guzmán se ostenta como poseedora del inmueble donde tal acto tuvo ejecución, pero es el caso que tampoco acreditó que exista identidad entre el inmueble que defiende y aquél en el que se llevó a cabo el embargo. Lo anterior es así, porque si bien obra en autos la impresión de la constancia de situación fiscal de la aquí quejosa, de la misma se desprende que su domicilio fiscal se ubica en el Block 4 número exterior B48 en la ciudad de Morelia, Michoacán, lo cierto es que tales datos no coinciden a cabalidad con los relativos al domicilio en el que se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo, esto es, no existe identidad entre el inmueble donde dice tener su domicilio fiscal y el diverso en el que se efectuó dicha diligencia de requerimiento de pago y embargo, circunstancia que correspondía probar a la aquí quejosa, sin que lo haya hecho, lo que se afirma, porque la diligencia de embargo se efectuó en la calle Chile, block 4, bodega 48 de la central de abastos de esta ciudad, y su domicilio fiscal se ubica en el block 4, número exterior B48, por lo que no es factible afirmar que se trata del mismo inmueble. No es obstáculo que se haya acompañado a la demanda copia de la licencia de funcionamiento con folio 11158, expedida por el Ayuntamiento Constitucional de esta ciudad, en favor de Magaña Guzmán Luisa, respecto del inmueble ubicado en el mercado de abastos calle Chile, block 4, bodega 48, pero es el caso que dicho documento fue ofrecido en copia fotostática simple carente de valor probatorio; por lo tanto no puede tomarse en consideración para el fin pretendido. Además de dicha licencia se desprende que fue expedida el nueve de noviembre de dos mil diecisiete, como revalidación del año 2017; de ahí que aun y cuando se hubiese exhibido en copia certificada o en original, al no tener vigencia en la fecha en que se llevó a cabo la diligencia de embargo, tampoco sería documento suficiente para acreditar que la quejosa cuenta con algún derecho respecto al inmueble y por consecuencia sobre los bienes perecederos embargados. Ahora, si bien obra en autos la impresión de la constancia de situación fiscal de la aquí quejosa, de la misma se desprende que su domicilio fiscal se ubica en el block 4 número exterior B48 en la ciudad de Morelia, Michoacán, lo cierto es que tales datos no coinciden a cabalidad con los relativos al domicilio en el que se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo, esto es, no existe identidad entre el inmueble donde dice tener su domicilio fiscal y el diverso en el que se efectuó dicha diligencia de requerimiento de pago y embargo, puesto que la diligencia de embargo se efectuó en la calle Chile, block 4, bodega 48 de la central de abastos de esta ciudad, y su domicilio fiscal se ubica en el block 4, número exterior B48, por lo que no es factible afirmar que se trata del mismo inmueble. Por lo tanto, es dable establecer que incluso de llegarse a tener por acreditada la posesión del inmueble ubicado en la calle Chile, block 4, bodega 48 de la central de abastos de esta ciudad, dicha circunstancia sólo podría llegar a generar, en su caso, una mera presunción sobre algún derecho en relación a los productos embargados, lo que no sería suficiente para demostrar el interés jurídico que se debe acreditar plenamente y no con base en presunciones. Máxime que no debe perderse de vista que en la diligencia de embargo la actuaria asentó que encontró presente a la parte demandada, quien expuso que no señalaría nada hasta que se hiciera presente su abogado. Esa circunstancia arroja que los bienes muebles embargados se encontraban dentro del radio de acción de disponibilidad del demandado, lo que genera la presunción de que los poseía. En el mismo sentido se toma en consideración que dentro de las constancias remitidas por la responsable se evidencia que obra contrato de arrendamiento celebrado entre Edgar Morales Magaña y Froylán Alcauter Ibarra, respecto de la bodega número 48 de la manzana o block 4, de la central de abastos de esta ciudad, en el que se estipuló que el contrato de arrendamiento tendría vigencia hasta el cinco de octubre de dos mil diecinueve. Lo anterior evidencia que respecto del local en el que se llevó a cabo el embargo, se ostentan como poseedor y propietario diversas personas a la quejosa, por lo que el contrato de arrendamiento y la circunstancia de que la parte demandada haya sido localizada en ese sitio genera incertidumbre de que el bien inmueble que defiende la quejosa sea el mismo que aquel en el que se practicó el embargo, puesto que como se expuso, la documental que acompañó la quejosa para acreditar su interés, refiere que su domicilio fiscal se encuentra en el block 4, número exterior B48, de Morelia, más no en el block 4, bodega 48 del mercado de abastos de Morelia, Michoacán. Orienta a lo anterior la jurisprudencia Época: Décima Época Registro: 2005231 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 2, Enero de 2014, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 123/2013 (10a.) Página: 1023 "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA Y LA FRACTURA DE CERRADURAS DERIVADO DE UNA ORDEN DE EMBARGO, EN EL INMUEBLE DE SU PROPIEDAD DONDE TIENE SU DOMICILIO. En un juicio de naturaleza civil, la persona extraña a juicio tiene interés jurídico para promover amparo indirecto contra la determinación que hace efectivo el apercibimiento contenido en una orden de embargo, en cuanto al uso de la fuerza pública y la fractura de cerraduras (en caso de oposición) sobre el inmueble de su propiedad y en el cual tiene su domicilio. Lo anterior, ya que la afectación a su esfera jurídica se produce porque con la citada orden existe la posibilidad de que se vulneren los derechos fundamentales a la propiedad e inviolabilidad del domicilio injustificadamente; de ahí que resulte procedente el juicio de amparo indirecto, cuando la persona extraña a juicio demuestra ser propietaria del inmueble y tener su domicilio en éste, sin que ello prejuzgue sobre el fondo del asunto, toda vez que la determinación de hacer efectivo dicho apercibimiento constituye la materia del amparo en el que habrá de dilucidarse si esa autorización se encuentra ajustada a derecho. Contradicción de tesis 257/2013. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito. 6 de noviembre de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente y Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz. Tesis de jurisprudencia 123/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece. Esta tesis se publicó el viernes 10 de enero de 2014 a las 14:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de enero de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013". En esos términos, no es válido establecer que la ahora quejosa goce de potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional a ejercer la acción constitucional, como titular de los derechos que consideró le fueron restringidos por el embargo de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho en el juicio de origen respecto de los bienes muebles perecederos precisados en párrafos anteriores, puesto que era obligación de la promovente del amparo acreditar plenamente la titularidad de ese derecho, ya que éste no puede inferirse o presumirse. De ahí, si la persona extraña al juicio aduce la afectación a un derecho humano, es inconcuso que se encuentra constreñida a acreditar la posesión o propiedad de los bienes que señala son afectados, lo que en la especie no aconteció, pues como se dijo las pruebas exhibidas por la quejosa resultan insuficiente para acreditar dicha circunstancia. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia del contenido siguiente Época: Octava Época Registro: 1002355 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento Materia(s): Común Tesis: 289 Página: 309 "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Amparo en revisión 3564/84.-Dominga Estrada.-5 de septiembre de 1984.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Santiago Rodríguez Roldán.-Ponente: Carlos del Río Rodríguez.-Secretaria: Ma. Antonieta Azuela de Ramírez. Amparo en revisión 6121/83.-Santiago I. Friedmann.-28 de agosto de 1985.-Cinco votos.-Ponente: Fausta Moreno Flores.-Secretario: Enrique Rodríguez Olmedo. Amparo en revisión 6921/85.-Embotelladora de Monclova, sociedad anónima de capital variable.-13 de enero de 1986.-Cinco votos.-Ponente: Carlos de Silva Nava.-Secretaria: Margarita Beatriz Luna Ramos. Amparo en revisión 5576/85.-Héctor Manuel Martínez Centeno.-3 de febrero de 1986.-Cinco votos.-Ponente: Atanasio González Martínez.-Secretario: Marcelo Salles Borges. Amparo en revisión 653/94.-Cuprum, sociedad anónima de capital variable.-13 de junio de 1994.-Cinco votos.-Ponente: José Manuel Villagordoa Lozano.-Secretario: Manuel Suárez Fragoso. Tesis de jurisprudencia 16/94.-Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de tres de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: Presidente Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores y Noé Castañón León.-Ausente: Carlos de Silva Nava. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 82, octubre de 1994, página 17, Segunda Sala, tesis 2a./J. 16/94; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, octubre de 1994, página 60. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 242, Segunda Sala, tesis 293". Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados al actuario adscrito al Juzgado responsable, al no reclamarse por vicios propios, sino derivado de la inconstitucionalidad atribuida al acto de la ordenadora. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por Luisa Magaña Guzmán, contra los actos reclamados al Juez y Actuaria, ambos adscritos al Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en términos del último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo sentenció y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy once de junio de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante la licenciada Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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