Luis Vargas Sereno

Expediente 11/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
11/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
29/11/2018

Partes del expediente

  • Luis Vargas Sereno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. LLEGADA DE AUTOS Acúsese recibo al Magistrado Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, del oficio número 9014/2018, mediante el cual la Secretaria adscrita a dicho órgano jurisdiccional remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada dentro del amparo en revisión 128/2018, juntamente con el juicio de amparo en que se actúa y un cuaderno de pruebas relativo. Hágase del conocimiento de las partes, que por ejecutoria de quince de noviembre del año en curso, el tribunal de alzada en cita, resolvió: "PRIMERO. Se revoca la sentencia de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al resolver el juicio de amparo indirecto 11/2018. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Luis Vargas Sereno, contra el acto que reclamado de la autoridad señalada en el resultando primero de esta ejecutoria.". En ese tenor, glósese el cuaderno de antecedentes relativo; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de junio de dos mil dieciocho. SE TIENE INTERPONIENDO RECURSO DE REVISIÓN Visto el escrito de cuenta signado por Raúl Carrera Castillo autorizado de la parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de siete de junio del año en curso, y al efecto acompaña una copia más del escrito de agravios que le fue solicitada; en tal virtud, con apoyo en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia con engrose de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. En consecuencia, distribúyanse entre las demás partes copia del escrito de agravios; y en su oportunidad, remítase el presente expediente, el diverso juicio de amparo 339/2017 del índice de este juzgado mismo que se tuvo a la vista al pronunciarse la sentencia recurrida, el original del escrito de agravios y la copia correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para lo que a bien tenga determinar. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 11/2018-VII, promovido por Luis Vargas Sereno, contra actos que reclama del Director Académico y Enlace Operativo del Servicio Profesional Docente del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el once de enero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, Luis Vargas Sereno, acudió a presentar demanda de amparo contra el siguiente acto: "IV. ACTO RECLAMADO. El comunicado dirigido al Juez Tercero de Distrito en el juicio de amparo 339/2017, sin indicar número de oficio u otro elemento que permita su individualización, fechado con la leyenda ´a la fecha de su presentación´, y que fue presentado ante el Juzgado Tercero de Distrito el 12 de diciembre de 2017, mediante el cual resuelve que el suscrito quejoso: no cumplió con el requisito de contar con un mínimo de dos años ininterrumpidos en el desempeño de funciones docentes lo anterior, toda vez que aun y cuando cuenta con una clave presupuestal como docente, nunca ha ejercido tal función, ya que desde el otorgamiento de su nombramiento fue adscrito a la Dirección General de este subsistema en donde desempeña funciones administrativas, y en esta última no se dan clases frente a grupo". En ese ocurso, el quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, y por auto de doce de enero de dos mil dieciocho, la admitió a trámite; se formó el expediente y lo registró bajo el número 11/2018; se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento. Asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La determinación emitida por el Director Académico y Enlace Operativo del Servicio Profesional Docente del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dentro de los autos del juicio de amparo 339/2017, del índice de este juzgado, presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de este juzgado el doce de diciembre de dos mil diecisiete, en la que determinó que el quejoso Luis Vargas Sereno, no cumplió con el requisito de contar con un mínimo de dos años ininterrumpidos en el desempeño de funciones docentes, por lo que no reúne la totalidad de los requisitos de la convocatoria para el concurso de oposición para la promoción a cargos con funciones de Dirección en Educación Media Superior, ciclo escolar 2017-2018 COPFD-EMS de trece de marzo de dos mil diecisiete. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Director Académico y Enlace Operativo del Servicio Profesional Docente del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, toda vez que al rendir su informe con justificación, aceptó la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que la autoridad responsable refirió obran dentro del diverso juicio de amparo 339/2017, del índice de este juzgado, el cual se tiene a la vista para resolver este juicio. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Epoca: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. El juicio de amparo de que se trata se encuentra promovido en tiempo, pues la parte quejosa refiere tuvo conocimiento del acto reclamado, el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, lo que se corrobora con las constancias que integran el juicio de amparo 339/2017 del índice de este juzgado, específicamente la diligencia de notificación de esa fecha, el cual se tiene a la vista a efecto de resolver este juicio, y constituye un hecho notorio para este Juzgador, en términos de lo que estatuye el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por tanto, el término para la interposición del juicio de amparo inició el diecinueve de ese mes y año y concluyó el diez de enero del dos mil dieciocho, sin incluir en dicho término los días inhábiles. Por otro lado, la demanda de amparo se presentó el diez de enero de dos mil dieciocho; en consecuencia, es de concluirse que la acción constitucional se ejerció dentro de los quince días a que alude el artículo 17 de la ley de la materia, pues tal presentación aconteció en el último día del término con que contaba para la interposición de la demanda. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Epoca: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95". En el caso concreto la responsable aduce que se surte la causal de improcedencia establecida en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque el acto que reclama el quejoso fue materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Es infundada la causal de improcedencia invocada por la responsable, puesto que si bien es cierto que la determinación que reclama fue emitida en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, es el caso que contrario a lo que afirma, la concesión otorgada no fue para que dictara una nueva resolución bajo determinados efectos o lineamientos sin libertad de jurisdicción, sino que por el contrario, la razón por la que se concedió el amparo, fue porque la determinación combatida carecía de fundamentación y motivación, y si es verdad que se le precisó que el nuevo acto reclamado debería colmar determinados requisitos en cuanto a la precisión de las facultades que le permitían actuar en la forma que lo hizo, lo cierto es que se dejó libertad de jurisdicción para que la autoridad que resultara competente determinara si la inscripción del aquí quejoso cumplió o no los requisitos previstos en la convocatoria respectiva. Por las consideraciones antes señaladas, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI, de la Ley de Amparo. SEXTO. Conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime la parte impetrante en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición. Es aplicable, la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez". SÉPTIMO. Estudio del fondo del asunto. Son infundados los conceptos de violación que plantea el quejoso. Del escrito de demanda, se advierte que el quejoso plantea los conceptos de violación bajo dos puntos, en el primero refiere que la responsable viola el derecho humano de certeza, seguridad jurídica y fundamentación. Que lo anterior es así, porque carece de facultades para emitir el acto reclamado, esto es, no está facultado para excluirlo o cancelar el registro que previamente había obtenido para participar en el concurso; que su registro fue realizado cumpliendo el procedimiento previsto en la base VI de la convocatoria, es decir, entregando la documentación requerida, la cual fue verificada como satisfactoria, siendo por tal motivo que si el sistema nacional correspondiente expidió la ficha de examen nacional, entonces al director académico no le corresponde revisar la documentación entregada, así como tampoco estaba facultado para privarlo del derecho creado para participar en el concurso, después de expedida la ficha por el Sistema Nacional. En esos términos, resulta infundado el primer concepto de violación, porque contrario a lo que afirma el quejoso, el acto combatido cumple con los requisitos de fundamentación y motivación que debe prevalecer en todo acto de esa naturaleza, y esto es así, porque la responsable sí precisó los normativos que lo facultan para actuar en los términos que lo hizo, porque tal como lo precisó en la determinación combatida, los lineamientos para llevar a cabo la evaluación para la promoción de docentes a cargos con funciones de Dirección, Supervisión y asesoría técnica pedagógica de Educación Básica y Media Superior para el ciclo escolar 2017-2018 LINEE-13-2016, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, establecen el marco de competencia de la responsable. Lo anterior es así, porque el artículo 12, fracción V, de los lineamientos señalados (los cuales fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, y cuya impresión obra dentro de los autos del juicio de amparo 339/2017 del índice de este juzgado, que se toma como un hecho notorio), refiere que corresponderá a las autoridades educativas locales llevar a cabo el registro de los aspirantes; así como que habrá una persona responsable de cada sede que coordinará al personal encargado de la revisión de documentos y del registro. De ahí que si la responsable se desempeña como Director Académico y Enlace Operativo del Servicio Profesional Docente del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, tal como se desprende del nombramiento que fue expedido a su favor a partir del seis de septiembre de dos mil diecisiete, por la Directora General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, es dable concluir que la responsable es la autoridad educativa local a quien compete llevar a cabo el registro y la revisión de documentos. Por otra parte, la responsable expuso que estaba facultada para emitir el acto reclamado, en los términos del instrumento normativo denominado "Etapas, Aspectos, Métodos e Instrumentos. Proceso de Evaluación para la Promoción a Cargos con Funciones de Dirección, Supervisión y Asesoría Técnica Pedagógica en la Educación Media Superior de veinte de enero de dos mil diecisiete, ciclo escolar 2017-2018, punto III, a.inciso 3)". Del marco normativo señalado, se desprende que el registro, recepción y revisión de la documentación entregada se llevará a cabo a través del Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional Docente, por medio de la página electrónica precisada en el inciso 3), y que corresponderá a las autoridades educativas y organismos descentralizados realizar ese proceso en las sedes establecidas para ese fin, en las que habrá una persona responsable que coordinará al personal encargado de la revisión y cotejo documental. En ese orden de ideas, si la normativa establecida señala que la recepción se realizará por medio de la página electrónica, pero además permite que la revisión de la documentación se lleve a cabo por las autoridades educativas, ello permite concluir que la responsable sí cuenta con la facultad de revisar la documentación entregada por el quejoso, y al ser ello así, su concepto de violación como ya se estableció resulta infundado. Ahora, en lo tocante al concepto de violación que endereza en el sentido de que la responsable carece de facultades para privar al quejoso de su derecho a participar en el concurso, también resulta infundado, y esto es así, si se toma en consideración que tal como lo apreció la responsable en la convocatoria marco nacional y Estatal de trece de marzo de dos mil diecisiete (convocatoria que obra dentro de los autos del juicio de amparo 339/2017 y se invoca como un hecho notorio), se establecieron las bases para participar en la referida convocatoria, destacando que en dicho concurso podrían participar docentes frente a grupo, docentes con funciones de subdirector, docentes con cargos de jefe de departamento y docentes con distinta denominación que ejercieran funciones equivalentes. Asimismo, que los aspirantes deberían de reunir como requisitos entre otros contar con un mínimo de dos años ininterrumpidos en el desempeño de funciones docentes en el Colegio de Estudios Científicos Tecnológicos del Estado de Michoacán. Aunado a lo anterior, se destaca que en las referidas bases también se estableció que la documentación se recibiría con la reserva de verificar su autenticidad, y para el caso de comprobarse que un aspirante proporcionó información o documentación apócrifa o falsa, quedaría eliminado del concurso en cualquiera de las fases, incluso si ya se le hubiese asignado un cargo y otorgado un nombramiento. Lo anterior evidencia que no obstante que el respectivo sistema de registro hubiese arrojado en favor del quejoso ficha para examen nacional, lo cierto es, que de la propia ficha se desprende que ese registro se realizó de forma electrónica, por lo tanto, la información que ahí se registró, se ingresó bajo protesta de decir verdad, y siendo ello así, ese registro quedó condicionado a la revisión que realizara la autoridad educativa que en este caso correspondía ejercer dicha función a la responsable. En esos términos, si la responsable se encontraba facultada para realizar la revisión de la documentación presentada por el ahora quejoso, así como que cumpliera con la totalidad de los requisitos establecidos en la convocatoria, la circunstancia de que el quejoso fuese privado de su derecho para participar en el concurso, no es más que una consecuencia de la revisión que realizó la responsable. Por lo tanto, adverso a lo sostenido por el quejoso, la responsable sí está facultada para emitir el acto reclamado. Por otra parte, en relación al último concepto de violación que hace consistir en la violación al derecho humano del debido proceso, puesto que refiere se le privó del derecho a participar en el proceso de selección, el cual ya había adquirido al culminar el registro en línea, cabe señalar que dicho concepto de violación resulta infundado. Lo anterior es así, porque el acto reclamado consistente en la determinación emitida por la responsable, en la que se canceló su registro para participar en un concurso de oposición para la promoción a cargos con funciones de dirección en Educación Media Superior, ciclo escolar 2017-2018, lo que no puede considerarse como un acto de naturaleza privativa, dado que hasta ese momento no se había adquirido el derecho a participar en el concurso respectivo, porque el registro que realizó estaba sujeto a verificación, tal como se desprende del propio comprobante o ficha que fue arrojada por el Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional Docente, puesto que en ella se advierte el texto siguiente: "[.] Declaro bajo protesta de decir verdad que cumplo con los requisitos establecidos en la convocatoria del concurso de oposición para la promoción a cargos con funciones de Dirección en Educación Media Superior ciclo escolar 2017-2018. Para confirmar mi dicho, las autoridades educativas podrán verificar la autenticidad de la documentación que proporciono, por lo que en caso de alteración o falsificación de la misma, acepto la descalificación inmediata del proceso, o en su caso, la invalidación del nombramiento respectivo, sin perjuicio de las sanciones de tipo administrativo y/o penal en las que pudiera incurrir". Lo anterior evidencia que su derecho a participar estaba sujeto a la verificación que del cumplimiento de los requisitos realizara la responsable; por lo tanto, el hecho de que el aquí quejoso haya realizado el trámite de inscripción, no generó por sí mismo el derecho a participar, sino que en su caso únicamente a que se efectuara la revisión de que cumplía o no con la totalidad de los requisitos y documentos que se establecieron en la convocatoria para participar; de ahí que no es dable establecer que el quejoso contara con un derecho incorporado a participar, sino como ya se dijo, en todo caso, sólo el derecho a que se verificara por la autoridad responsable la documentación que presentó para constatar que reuniera los requisitos establecidos en la convocatoria. Respecto al diverso motivo de inconformidad en el sentido de que no se respetó su garantía de audiencia, porque no se le dio oportunidad de conocer las causas por las que se le privó del derecho a participar, a efecto de que pudiera defenderse, cabe señalar que no se vulneró su garantía de defensa, en principio porque en la convocatoria respectiva no se prevé que la audiencia sea previa; sin que aquí se combata tal convocatoria; además de que tampoco puede establecerse que se dejó al quejoso en estado de indefensión, dado que con la promoción del presente juicio de amparo precisamente se le otorgó el acceso a la justicia y por ende el derecho de audiencia, a efecto de que pueda deducir sus derechos. En esos términos, ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Luis Vargas Sereno, en contra del acto reclamado y autoridad señalada como responsable en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de febrero de dos mil dieciocho. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra trascurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado acordado en proveído de siete de febrero del año en curso; en tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza. Doy FeRcl

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano