Luisa Diaz López

Expediente 1008/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1008/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Auxiliar de Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado
  • Luisa Diaz López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1008/2023, promovido por ********************, contra la omisión de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado y otra autoridad. ANTECEDENTES De las documentales aportadas al sumario, se advierte que ante la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, se tramita el juicio laboral ********************, promovido por ********************. Seguida la secuela procesal del juicio, en proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable acordó la conclusión de la etapa de pruebas y alegatos y señaló el cuatro de julio de dos mil veintitrés para desahogar la audiencia de pruebas, alegatos y resolución en el juicio laboral ******************** de su índice. En el supuesto de no comparecer, se procedería a declarar cerrada la instrucción y se ordenaría turnar el expediente para la formulación del proyecto en forma de laudo. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo se presentó el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz. Por razón de turno, se remitió al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, donde quedó radicada con el número de expediente ********************. Mediante proveído de veinte de septiembre del año ese juzgado declaró carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, por lo que, mediante oficio girado a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, remitió los autos del juicio de amparo ******************** de su índice, para que se turnara al juzgado competente. Los autos del juicio de amparo ******************** se remitieron a este juzgado, que por razón de turno le correspondió conocer, por lo que en proveído de tres de octubre del año en curso, se radicó bajo el consecutivo 1008/2023, se admitió a trámite, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y se señaló fecha para la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer el presente caso, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y la autoridad responsable tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, la parte quejosa reclama de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado y el auxiliar adscrito a dicha junta, lo siguiente: La omisión de dictar el laudo en el expediente laboral ********************. EXISTENCIA DE LA OMISIÓN RECLAMADA Las autoridades responsables fueron omisas en rendir su informe justificado, por lo que conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, debe presumirse cierta la omisión que se les reclama. Además, la quejosa exhibió copia del acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral ********************, en el cual, la responsable acordó tener por terminada la etapa de pruebas en ese juicio y señaló fecha y hora para la audiencia de alegatos, sin que hasta el día en que se resuelve este juicio, se haya emitido el laudo correspondiente. Constancia que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, y del que se advierte la existencia del acto reclamado. OPORTUNIDAD Por la naturaleza de los actos reclamados la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, por tratarse de actuaciones que crean una situación permanente en la esfera jurídica de la parte quejosa que no se subsana mientras aquélla subsista. Es aplicable, por analogía, el siguiente criterio: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista". CAUSALES DE IMPROCEDENCIA El tercero interesado ********************, Oaxaca, por conducto de su representante, hizo valer la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, al indicar que la parte quejosa no formuló conceptos de violación encaminados a combatir la omisión reclamada a la junta responsable. De una interpretación armónica y conjunta de estos dos preceptos, se deduce que el juicio de amparo será improcedente si no se expresan conceptos de violación, lo anterior porque no existe materia para ingresar en el análisis del fondo de la cuestión constitucional planteada. No obstante, dicha causal de improcedencia es infundada. Contrario a lo argumentado por la parte tercero interesada, basta con imponerse de la demanda de amparo, realizar estudio en su integridad y advertir que la quejosa se duele de la omisión reclamada, realizando argumentos de disenso que a su decir le generan violación a derechos fundamentales. No obstante lo anterior, al ser la parte trabajadora la quejosa en el presente asunto, debe suplirse la deficiencia de los conceptos de violación, aún ante la ausencia de ellos, en términos del penúltimo párrafo del numeral 79 de la Ley de Amparo. Apoya lo expuesto la tesis de jurisprudencia 2a./J. 39/95, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Septiembre de 1995, página 333, registro digital 200727, de rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. La Jurisprudencia 47/94 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL TRATANDOSE DEL TRABAJADOR. CASO EN QUE NO OPERA", establece que para la operancia de la suplencia de la queja en materia laboral a favor del trabajador es necesario que se expresen conceptos de violación o agravios deficientes en relación con el tema del asunto a tratar, criterio que responde a una interpretación rigurosamente literal del artículo 76 bis de la Ley de Amparo para negar al amparo promovido por el trabajador el mismo tratamiento que la norma establece para el amparo penal, a través de comparar palabra a palabra la redacción de las fracciones II y IV de dicho numeral, cuando que la evolución legislativa y jurisprudencial de la suplencia de la queja en el juicio de garantías lleva a concluir que la diversa redacción de una y otra fracciones obedeció sencillamente a una cuestión de técnica jurídica para recoger y convertir en texto positivo la jurisprudencia reiterada tratándose del reo, lo que no se hizo en otras materias quizá por no existir una jurisprudencia tan clara y reiterada como aquélla, pero de ello no se sigue que la intención del legislador haya sido la de establecer principios diferentes para uno y otro caso. Por ello, se estima que debe interrumpirse la jurisprudencia de referencia para determinar que la suplencia de la queja a favor del trabajador en la materia laboral opera aun ante la ausencia total de conceptos de violación o agravios, criterio que abandona las formalidades y tecnicismos contrarios a la administración de justicia para garantizar a los trabajadores el acceso real y efectivo a la Justicia Federal, considerando no sólo los valores cuya integridad y prevalencia pueden estar en juego en los juicios en que participan, que no son menos importantes que la vida y la libertad, pues conciernen a la subsistencia de los obreros y a los recursos que les hacen posible conservar la vida y vivir en libertad, sino también su posición debilitada y manifiestamente inferior a la que gozan los patrones." ESTUDIO DEL ASUNTO Atendiendo a la causa de pedir, resulta fundado el concepto de violación que expresa la parte quejosa, en el que sustancialmente se duele de la trasgresión al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues considera que la Junta responsable excede el término que señala la Ley de la materia para la emisión del laudo. Inicialmente debe observarse que el párrafo segundo del artículo 17 constitucional establece: "[.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales [...]" El precepto reproducido contempla el derecho humano de seguridad jurídica (tutela judicial efectiva), relativo al derecho de todo gobernado a una pronta impartición de justicia, lo que implica la obligación de las autoridades, encargadas de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, quienes emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Lo anterior, pone de manifiesto la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos a litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla; por ende, no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad de impartición de justicia pronta. Como apoyo a lo anterior, es aplicable la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, página 209, registro digital 171257, de rubro y texto siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Ahora bien, los artículos 7 y 82 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca, establecen: "Artículo 7. En ningún caso serán renunciables las disposiciones de esta Ley que favorezcan a los empleados de base. Los casos no previstos en esta Ley se resolverán de acuerdo con los lineamientos generales de la misma y supletoriamente por la Ley Federal del Trabajo en lo que no se oponga a la presente." "Artículo 82. El procedimiento para resolver todas las controversias que se sometan a la Junta de Arbitraje se reducirá a la presentación de la demanda respectiva, que deberá hacerse por escrito o verbalmente por medio de comparecencia; a la respuesta que se dé en igual forma, y a una sola audiencia en la que se presentarán las pruebas y alegatos de las partes y en la que se pronunciará resolución, salvo cuando a juicio de la propia Junta se requiera la práctica de diligencias posteriores, en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo y, una vez efectuadas, se dictará la resolución que corresponda." Así, de conformidad con el segundo precepto transcrito, el procedimiento para resolver toda controversia sometida ante la Junta de Arbitraje se substanciará en una sola audiencia en la que se presentará pruebas y alegatos y en la que se producirá la resolución, salvo cuando la Junta requiera la práctica de diligencias posteriores, hechas las cuales, se dictará la resolución conducente. Asimismo, es importante precisar lo que establecen los artículos 885, 886, 887, 888 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca, conforme lo dispuesto en el numeral 7 de este último ordenamiento, señalan "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. [.].". "Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas.". "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas.". "Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado.". "Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta.". Conforme a lo dispuesto en esos preceptos, se desprende que dentro de los diez días siguientes al en que el secretario auxiliar declare cerrada la instrucción, éste debe formular por escrito proyecto de resolución del que entregará copia a cada uno de los miembros de la Junta; posteriormente, dentro de los cinco días siguientes, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que estime necesarias para el esclarecimiento de la verdad; una vez transcurrido dicho plazo, se presentan los siguientes supuestos: En el supuesto de que se hubiera solicitado la práctica de las mencionadas diligencias por alguno de los miembros de la Junta, ésta, con citación a las partes, señalará día y hora para su desahogo, ello dentro de un plazo de ocho días. Transcurrido el plazo de cinco días concedido a los integrantes de la Junta, o el correspondiente al desahogo de las diligencias solicitadas, el presidente de la Junta citará a los miembros de aquélla para la discusión y votación del proyecto de laudo, evento que debe realizarse dentro de los diez días siguientes al en que hubieran concluido, por una parte, el plazo de cinco días o, por otra, el desahogo de las diligencias respectivas. Si el proyecto de resolución fuere aprobado sin adiciones o modificaciones se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato, de lo contrario, se ordenará al secretario que redacte el laudo de acuerdo con lo aprobado, lo que se hará constar en el acta correspondiente. De lo anterior se desprende que, una vez cerrada la instrucción, el plazo general para la emisión del laudo es de veinte días hábiles, si no hubiere solicitud por alguno de los miembros de la Junta para la práctica de las diligencias que se estimen necesarias; pues, de lo contrario, tal plazo dependerá del tiempo que conlleve el desahogo de las diligencias ordenadas; por tanto, en este evento el lapso para la emisión del laudo dependerá de que aquellas diligencias se ejecuten. En el caso concreto, presuntivamente, el cierre de instrucción se verificó el cuatro de julio de dos mil veintitrés, lo cual se robustece con el silencio de la junta responsable al omitir rendir su informe de ley y hasta el día de hoy, no existe evidencia de que la junta responsable hubiese dictado el laudo respectivo. DECISIÓN Por lo anterior, este juzgador estima procedente otorgar la protección constitucional solicitada. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dijo que la omisión de resolver el juicio, una vez fenecido el plazo señalado por la Ley Federal del Trabajo para dictar el laudo, es un acto dentro del juicio que produce, de manera directa e inmediata, una afectación al derecho contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la impartición de justicia pronta y expedita. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO En consecuencia, para restituir el goce del derecho fundamental violado, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se conceda a ********************el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, de no haberlo realizado, emita el laudo respectivo en el juicio laboral ********************. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, por los motivos y fundamentos expuestos en el apartado VIII de este fallo y para los efectos precisados en el último apartado del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que la celebración de la audiencia constitucional se encuentra señalada para hoy; sin embargo, está transcurriendo el plazo de quince días al que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que, las autoridades responsables, Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado y el auxiliar adscrito a dicha junta, rindan su informe justificado, pues el auto por el que se le requirió, se notificó el vía electrónica el cinco de octubre del año en curso, por lo que, esa situación impide la celebración de la audiencia constitucional para esta data. Por lo tanto, para dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere para las doce horas con quince minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés para que tenga verificativo. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense los oficios señalado en la cuenta para que surtan sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, del oficio de cuenta se advierte que el Ayuntamiento de Salina Cruz, Oaxaca, se apersona al presente juicio en su carácter de tercero interesado, por conducto de su síndica procuradora y hacendaria; asimismo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, y designa autorizados. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, téngase por apersonado al Ayuntamiento de Salina Cruz, Oaxaca en su carácter de tercero interesado. Asimismo, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y como autorizados para tal efecto e imponerse de autos a las personas que designa. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, se advierte que la celebración de la audiencia constitucional se encuentra señalada para hoy; sin embargo, del acuse de recibo respectivo, se aprecia que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días al que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las autoridades responsables Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado y el auxiliar adscrito a dicha Junta, rindan su informe justificado. Por tanto, para dar oportunidad a que transcurra dicho plazo, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere, por lo que se fijan las doce horas con quince minutos del trece de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese.

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