Luisa Antonio Ruiz
Expediente 610/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 610/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Luisa Antonio Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual el Magistrado Presidente de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar, con sede en Toluca, remite copia certificada del proveído de trece de noviembre del año en curso, dictado en el expediente ** de su índice, del cual se advierten las gestiones que realizó a efecto de cumplir con la sentencia de nulidad de mérito y en consecuencia con la ejecutoria de amparo. Por tanto, se toma nota de lo anterior y se tiene a la responsable en vías de cumplimiento conforme a lo estatuido por el artículo 193 de la Ley de Amparo. Por otra parte, del estado de autos, se advierte que el encargado o titular de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, delegación Oaxaca, no ha informado el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo o en su caso, las gestiones que se encuentre realizando a efecto de llevar a cabo lo anterior. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a dicha autoridad responsable, para que, dentro del plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria de amparo en los términos apuntados, para lo cual, deberá remitir copia certificada que acredite dicho cumplimiento. Se apercibe a la responsable que si no actúa como se le indica en esta resolución, este juzgado de distrito le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, al momento en que incurra en la conducta sancionadora y, de ser el caso, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, para que en el momento procesal oportuno propongan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en caso de que proceda, la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes. Dígase a la autoridad responsable, que en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, si el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, es injustificado, no la exime de responsabilidad, pero podrá tomarse en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Además de insistir en su conducta contumaz, se evidenciaría que trata de eludir el cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que las autoridades responsables no han dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo o bien, informado las gestiones que se encuentren realizando a efecto de cumplir con ella. Por tanto, con fundamento en lo previsto por el arábigo 192 de la Ley de Amparo requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días siguiente al en el que queden notificadas, cumplan la ejecutoria de amparo en los términos apuntados en la sentencia dictada en autos, para lo cual deberán remitir copias certificadas ordenadas, legibles y completas de las constancias que acrediten su acato al fallo protector. Se apercibe a las responsables que si no actúan como se indica en la ejecutoria de amparo este Juzgado de Distrito impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos de lo previsto por los dispositivos 192 y 258 de la Ley de Amparo, al momento en el que incurran en la conducta sancionadora y, de ser el caso, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, para que en el momento procesal oportuno proponga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el supuesto de que proceda, la destitución del cargo del servidor público respectivo y, posteriormente, la consignación ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes. Asimismo, dígaseles que en términos de lo señalado por el normativo 195 de la Ley de Amparo, si el cumplimiento extemporáneo del fallo protector es injustificado, no las exime de responsabilidad, pero podrá tomarse en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Se precisa que de incurrir en una conducta contumaz se evidenciaría que tratan de eludir el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Aunado a lo anterior, comuníquese a las responsables, que conforme a lo establecido por el precepto 192 de la Ley de Amparo es su deber informar el resultado de las determinaciones que adopten en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y no esperar a que este Juzgado Federal realice los requerimientos respectivos en cada trámite subsecuente, dado que ese fallo es vinculante para la responsable al haber adquirido la calidad de cosa juzgada. Asimismo, se hace de su conocimiento que podrán remitir sus informes a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual el Magistrado Presidente de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar, informa las gestiones que realizó a efecto de lograr el cumplimiento de la sentencia de nulidad dictada en el expediente ********************de su índice y en consecuencia con la ejecutoria de amparo. Por tanto, se toma nota de lo anterior y se tiene a la responsable en vías de cumplimiento conforme a lo estatuido por el artículo 193 de la Ley de Amparo. Por otra parte, la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, delegación Oaxaca, no ha informado el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo o en su caso, las gestiones que se encuentre realizando a efecto de llevar a cabo lo anterior. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a dicha autoridad responsable, para que, dentro del plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria de amparo en los términos apuntados, para lo cual, deberá remitir copia certificada que acredite dicho cumplimiento. Se apercibe a la responsable que si no actúa como se les indica en esta resolución, este juzgado de distrito le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, al momento en que incurra en la conducta sancionadora y, de ser el caso, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, para que en el momento procesal oportuno propongan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en caso de que proceda, la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes. Dígase a la autoridad responsable, que en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, si el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, es injustificado, no la exime de responsabilidad, pero podrá tomarse en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Además de insistir en su conducta contumaz, se evidenciaría que tratan de eludir el cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto. Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 610/2023, promovido por ********************, por propio derecho, en contra de actos dilatorios que atribuye a la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con Sede en Toluca, Estado de México y otra autoridad. El problema jurídico en el presente asunto exige analizar, en el caso de que se cumplan los presupuestos procesales correspondientes para el dictado de una sentencia de fondo, si la omisión reclamada vulnera en perjuicio de la inconforme el derecho sustantivo a una tutela judicial efectiva reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, y particularmente la ejecución de la sentencia que constituye cosa juzgada. ANTECEDENTES. Ante la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la quejosa ******************** demandó la nulidad de la resolución negativa ficta recaída a su escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, ante la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual solicitó el incremento a su pensión por viudez. El once de julio de dos mil diecinueve, la sala regional en comento, admitió a trámite el asunto registrándolo con el número de expediente 2921/19-15-01-6; posteriormente, mediante auto de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve el asunto fue radicado ante la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con Sede en Toluca, bajo el progresivo ********************. Seguida la correspondiente etapa procesal, el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, los Magistrados integrantes de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con Sede en Toluca, resolvieron el asunto bajo los resolutivos siguientes: "PRIMERO. La enjuiciante probó parcialmente su pretensión, en consecuencia. SEGUNDO. Se declara la NULIDAD de la Resolución combatida, para los efectos precisados en el último considerando del presente fallo." Inconforme con la referida resolución la autoridad demandada jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal de Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la recurrió quedando bajo el número de revisión fiscal 101/2022 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, el cual fue desechado por la superioridad mediante ejecutoria de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Por auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con Sede en Toluca, declaró firme la resolución de nulidad de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, por lo que requirió a la parte demandada diera cumplimiento voluntario a la sentencia dictada en el expediente ********************, bajo el apercibimiento que en caso contrario iniciaría el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, inciso a) de la ley precitada. Posterior a ello, mediante escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil veintitrés la quejosa ********************, promovió recurso de queja contra el incumplimiento por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a la sentencia de diecisiete de septiembre de dos mil veinte. El medio ordinario de defensa, fue resuelto por la sala responsable el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, quien declaró procedente y fundada la queja formulada, y concedió a la autoridad demandada el término de tres días para que diera cumplimiento a la sentencia de nulidad. El diecinueve de junio de dos mil veintitrés, la sala administrativa requirió a la parte demandada, para que dentro del plazo de tres días, diera cumplimiento a la sentencia de nulidad de diecisiete de septiembre de dos mil veinte y a la interlocutoria de queja de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, bajo el apercibimiento de multa, siendo esto, la última actuación realizada por la sala responsable a efecto de lograr el cumplimiento en el juicio de nulidad ********************. La parte quejosa indica que las responsables han sido omisas en realizar las gestiones y hacer efectivos los apercibimientos bajo su alcance para lograr el cumplimiento de la sentencia de nulidad indicada, de ahí que ante las omisiones de las autoridades responsables que la parte quejosa estimó violatorias de su esfera jurídica es que acudió a esta instancia constitucional. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. ********************, presentó un escrito el dieciséis de junio de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos reclamados a la Sala Regional del Sur del Estado de México y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca y otra autoridad. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda de amparo fue turnada a este órgano jurisdiccional el diecinueve de junio de dos mil veintitrés y por auto de veinte de junio siguiente se admitió a trámite registrándose bajo el número de expediente 610/2023, precisándose que la autoridad a quien debía tenerse como responsable en sustitución de la señalada como "Delegado Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado", era la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables y se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en contra de actos en materia administrativa y los actos reclamados tienen ejecución en la demarcación territorial en la que este Juzgado ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que la quejosa ******************** reclama de las autoridades responsables lo siguiente: Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con Sede en Toluca. Omisión de hacer efectivas las medidas para lograr el cumplimiento de la sentencia dictada el diecisiete de septiembre de dos mil veinte e interlocutoria de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós dictadas en el expediente ********************. Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Incumplimiento de la sentencia dictada el diecisiete de septiembre de dos mil veinte e interlocutoria de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós dictadas en el expediente ********************. En este punto es necesario precisar que la autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo federal en este caso despliegan una conducta omisiva, a pesar de las acciones intentadas por el tribunal de origen, no ha sido vencida, por lo cual adquiere el carácter de acto de autoridad para efectos del amparo, al dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, tras agotar las instancias ordinarias. Lo anterior encuentra su justificación en la jurisprudencia sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). La excepción al principio de igualdad procesal consagrado en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles a favor de las dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas al disponer que nunca podrá dictarse en su contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, no significa la posibilidad de incumplimiento a una sentencia condenatoria por parte de los órganos estatales, sino que parte de que la entidad estatal cumplirá voluntariamente, por lo que es innecesario acudir a la vía de apremio, lo que así se señala en el segundo párrafo de dicho precepto, al establecer que las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones. Sin embargo, en caso de que tal cumplimiento voluntario no se dé, dicha omisión constituye un acto de autoridad que puede combatirse en el juicio de amparo, pues se surten las condiciones para considerar al ente estatal como autoridad en virtud de que: a) Se encuentra colocado en un plano de desigualdad frente al particular, atendiendo precisamente a su calidad de órgano del Estado, pues se le otorga el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa; b) Tal prerrogativa deriva de la ley, pues ésta responde al cumplimiento voluntario del órgano estatal; c) El uso indebido de ese beneficio implica transgredir la obligación legal de cumplimiento voluntario y afecta la esfera legal del particular porque le impide obtener la prestación que demandó en el juicio en que se dictó sentencia a su favor; y d) La actitud contumaz de la autoridad coloca al particular en estado de indefensión ante la imposibilidad de lograr por las vías ordinarias la justicia que mandata el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se evidencia que no es propiamente la omisión de proveer e imponer multas lo que combate, sino la conducta asumida por el órgano jurisdiccional responsable para adoptar medidas efectivas con el fin de vencer la contumacia de la autoridad demandada y obtener el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de origen; mientras que de la autoridad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, reclama el notorio desinterés en dar cumplimiento a la sentencia firme. En ese contexto, en observancia de los principios de congruencia y de exhaustividad que rigen el pronunciamiento de esta sentencia, la litis se atenderá como quedó fijada en los párrafos precedentes. V. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades responsables al rendir su informe de ley niegan la existencia del acto reclamado, aduciendo que si bien es cierto existe el juicio administrativo de origen, se ha proveído respecto al cumplimiento de la sentencia de origen. En ese orden, se debe desvirtuar las negativas expresadas, tenerse por cierto el acto y estudiar la legalidad de la omisión que se les atribuye. La determinación anterior tiene sustento en la tesis aislada emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito18, de contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Lo anterior se corrobora con copias certificadas del juicio administrativo ******************** que adjuntó a su informe de ley la sala responsable, las cuales adquieren valor probatorio pleno en su carácter de documentales públicas, de conformidad con lo previsto en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación20, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Es por ello que, queda demostrada la certeza de los actos omisivos combatidos. En consecuencia, se procede a efectuar el análisis respecto de la procedencia del juicio. VI. OPORTUNIDAD Por la naturaleza del acto reclamado, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, por tratarse de omisiones que crea una situación permanente en la esfera jurídica del peticionario de amparo, la cual no se subsana mientras aquélla subsista. Es aplicable, por analogía, el siguiente criterio: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista". VII. LEGITIMACIÓN En el presente asunto la quejosa ******************** reclama la falta de cumplimiento de la sentencia de nulidad de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, dictada en el expediente ******************** del índice de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con Sede en Toluca, Estado de México, en el cual figura como parte actora, de ahí que la disconforme está legitimada para promover este juicio constitucional, en términos de lo dispuesto por el numeral 6° de la Ley de Amparo, pues al ser la parte quien instó el conflicto administrativo, la falta de cumplimiento a la sentencia de nulidad dictado en el mismo afecta sus derechos. VIII. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Conforme a la técnica del juicio de amparo, y de acuerdo con el artículo 62, en relación con el diverso 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este juzgado federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Bien, a consideración de quien aquí resuelve, se considera que en el presente asunto, no se advierte motivo de sobreseimiento o alguna causa de improcedencia prevista en el numeral 61 de la Ley de Amparo hecha valer por las partes o que se advierta de oficio; por ende, se procede analizar la legalidad de las omisiones reclamadas. IX. ESTUDIO DEL ASUNTO. Los conceptos de violación si bien no se transcriben, se tienen por insertos en aras de economía procesal, en virtud de no existir disposición en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción; no obstante, para su análisis se sintetizarán más adelante. La inconforme alega esencialmente que existe una dilación injustificada por parte de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con Sede en Toluca, Estado de México, para adoptar medidas eficaces y obtener el cumplimiento de la sentencia dictada en los autos del juicio ********************. Así como, la omisión de cumplimiento del ente público demandado, cuya contumacia e inacción transgreden su derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que existe a su favor una sentencia ejecutoriada. El concepto de violación sintetizado es fundado, en la medida de lo que se expondrá a continuación, para lo cual se atiende a la causa de pedir inmersa en él. A fin de sostener dicha calificativa, es necesario invocar el artículo 17 constitucional, en la parte que interesa prevé: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [...]" El precepto constitucional inserto establece la garantía de acceso a la tutela jurisdiccional y prescribe que debe ser, en lo que aquí interesa, pronta y completa, y acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, de ahí que las leyes locales y federales deban establecer los medios necesarios para garantizar esta última, ya que de no hacerlo se haría nugatoria la primera. Así, si toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, ese derecho debe verse complementado con la debida ejecución de la sentencia que le resultó favorable, con la certeza de que lo obtenido en la misma no quede sólo en una actuación de buena fe del tribunal, esperando la realización voluntaria del pago por parte del vencido, sino que con base en tal prerrogativa, sea capaz el propio tribunal de velar porque, en caso de cumplimiento forzoso de la sentencia, ésta realmente sea materializada. Ese derecho en favor de los gobernados implica el disfrute de diversas prerrogativas relacionadas con la impartición de justicia, a saber: Prontitud, que se traduce en la obligación de los órganos y las autoridades encargadas de impartir justicia, de resolver las controversias que les sean planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes aplicables. Exhaustividad, esto es, que la autoridad que conoce el asunto y va a resolver la controversia, emita pronunciamiento respecto de la totalidad de los temas debatidos, garantizando al gobernado la obtención de una resolución sustentada en la ley aplicable al caso concreto. Imparcialidad, que implica que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, sin favoritismos respecto de alguna de las partes, ni arbitrariedad en su sentido. Gratuidad, que significa que los órganos del Estado encargados de impartir justicia, así como los servidores públicos a quienes se encomienda dicha función, no cobren a las partes en conflicto, emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Las consideraciones expuestas encuentran respaldo en la jurisprudencia 2a./J.192/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES: La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Con base en el criterio anterior, se considera que las autoridades, en el ámbito de su competencia transgreden la obligación de ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los asuntos, en dos formas: Cuando no desarrollen el juicio diligentemente sino con demora y, Cuando sean omisas en proveer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. En el caso concreto, como quedó asentado en los antecedentes del acto reclamado con motivo de la sentencia firme derivada del juicio de origen surgió un derecho subjetivo para la quejosa en el sentido de que la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, acate la sentencia resuelta a favor de la impetrante en los términos en la que fue concedida por la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con Sede en Toluca, el diecisiete de septiembre de dos mil veinte. La pretensión de la parte vencedora no ha sido satisfecha, lo que se convierte en una omisión en el cumplimiento del fallo, la cual, a su vez, se traduce en una violación al derecho de acceso a la Justicia contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al significar un obstáculo al derecho fundamental de obtener la ejecución de una sentencia condenatoria. Es aplicable la jurisprudencia 1a. CCXXXIX/2018 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. En el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende tres etapas, a las que corresponden determinados derechos: (i) una previa al juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción; (ii) una judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y (iii) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. Ahora bien, el derecho a la ejecución de sentencias, como parte de la última etapa, es relevante por su instrumentalidad para que la justicia administrada se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar al derecho que se había reconocido. Lo anterior se advierte en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, y Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú, en los que se consideró que "la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia", sino que se requiere, además, que el Estado consagre normativamente recursos para ejecutar esas decisiones definitivas y garantice la efectividad de esos medios. Posteriormente en los casos Acevedo Buendía y otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloría) Vs. Perú, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, Furlan y Familiares Vs. Argentina, y del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos agregó que "la efectividad de las sentencias depende de su ejecución", de modo que ésta se establece como un componente fundamental de la protección efectiva de los derechos declarados o reconocidos." Ahora, los numerales 57 y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevén los lineamientos para que el tribunal dicte las medidas necesarias para obtener el cumplimiento de sus fallos, preceptos cuya parte conducente se estima necesario reproducir: "ARTÍCULO 57.- Las autoridades demandadas y cualesquiera otra autoridad relacionada, están obligadas a cumplir las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme a lo siguiente: I. En los casos en los que la sentencia declare la nulidad y ésta se funde en alguna de las siguientes causales: [.] b) Si tiene su causa en un vicio de forma de la resolución impugnada, ésta se puede reponer subsanando el vicio que produjo la nulidad; en el caso de nulidad por vicios del procedimiento, éste se puede reanudar reponiendo el acto viciado y a partir del mismo. "En ambos casos, la autoridad demandada cuenta con un plazo de cuatro meses para reponer el procedimiento y dictar una nueva resolución definitiva, aun cuando hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 del Código Fiscal de la Federación. [.] Si la autoridad tiene facultades discrecionales para iniciar el procedimiento o para dictar una nueva resolución en relación con dicho procedimiento, podrá abstenerse de reponerlo, siempre que no afecte al particular que obtuvo la nulidad de la resolución impugnada. Los efectos que establece este inciso se producirán sin que sea necesario que la sentencia lo establezca, aun cuando la misma declare una nulidad lisa y llana. [...]" "ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta (sic) determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: Procederá en contra de los siguientes actos: 1.- La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 2.- La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 4.- Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia. b) Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho. En dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto; repetición del acto impugnado o del efecto de éste; que precluyó la oportunidad de la autoridad demandada para emitir la resolución definitiva con la que concluya el procedimiento ordenado; o bien, que procede el cumplimiento sustituto. El Magistrado Instructor o el Presidente de la Sección o el Presidente del Tribunal, en su caso, ordenarán a la autoridad a quien se impute el incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de cinco días en el que justificará el acto que provocó la queja. Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se dará cuenta a la Sala Regional, la Sección o el Pleno que corresponda, la que resolverá dentro de los cinco días siguientes. c) En caso de repetición de la resolución anulada, la Sala Regional, la Sección o el Pleno hará la declaratoria correspondiente, anulando la resolución repetida y la notificará a la autoridad responsable de la repetición, previniéndole se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones. Además, al resolver la queja, la Sala Regional, la Sección o el Pleno impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, establecidos por la fracción I, inciso a) de este artículo. d) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno resuelve que hubo exceso o defecto en el cumplimiento, dejará sin efectos la resolución que provocó la queja y concederá a la autoridad demandada veinte días para que dé el cumplimiento debido al fallo, precisando la forma y términos conforme a los cuales deberá cumplir. e) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno comprueba que la resolución a que se refiere el inciso a), subinciso 2 de esta fracción, se emitió después de concluido el plazo legal, anulará ésta, declarando la preclusión de la oportunidad de la autoridad demandada para dictarla y ordenará se comunique esta circunstancia al superior jerárquico de ésta. f) En el supuesto comprobado y justificado de imposibilidad de cumplir con la sentencia, la Sala Regional, la Sección o el Pleno declarará procedente el cumplimiento sustituto y ordenará instruir el incidente respectivo, aplicando para ello, en forma supletoria, el Código Federal de Procedimientos Civiles. g) Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución que en su caso existiere. [.]" Los numerales insertos establecen que una vez que cause ejecutoria la sentencia definitiva: Todas las autoridades están obligadas a cumplir las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Se puede requerir de oficio o a petición de parte mediante queja. La autoridad demandada tiene cuatro meses para cumplir con la sentencia que haya quedado firme. En caso contrario, de oficio se le requerirá que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia; una vez concluido tal plazo con informe o sin él, se decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia y se le impondrá una multa de entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, requiriéndola nuevamente a cumplir con la sentencia en el término de tres días. En caso de que persista la contumacia y no acaten el requerimiento anterior, o se nieguen a cumplir la sentencia, el tribunal impondrá a la autoridad demandada nuevas multas, requerirá al superior jerárquico, y en caso de no obtener el cumplimiento, también impondrá multa a este último. Finalmente, se podrá poner dicha conducta en conocimiento de la Contraloría Interna (órgano interno de control correspondiente), para que proceda conforme a sus atribuciones. Por otro lado, la propia normativa prevé que el afectado recurra en queja, cuando la resolución de cumplimiento repita indebidamente la determinación anulada o se dicte pretendiendo acatar una sentencia o cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia, entre otros. Lo que se ceñirá al siguiente procedimiento: Al escrito correspondiente se acompañará la resolución motivo de la queja, una copia para la autoridad responsable, y se presentará ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro del plazo correspondiente. Se ordenará a la autoridad a quien se impute el incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de cinco días en el que justificará el acto que provocó la queja. Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se dará cuenta a la Sala Regional, la Sección o el Pleno que corresponda, la que resolverá dentro de los cinco días siguientes. En caso de repetición de la resolución anulada, la Sala Regional, la Sección o el Pleno hará la declaratoria correspondiente, anulando la resolución repetida y la notificará a la autoridad responsable de la repetición, previniéndole se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones. Además, al resolver la queja, la Sala Regional, la Sección o el Pleno impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, para los efectos legales correspondientes. Como se puede constatar, los numerales reproducidos obligan a la Sala a observar lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo que implica que está constreñida a proveer de oficio o a petición de parte de manera pronta y expedita la ejecución de la sentencia, con el dictado de todas y cada una de las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes, pues de no hacerlo así, el fallo definitivo carecería de eficacia legal y su cumplimiento quedaría a la voluntad de las partes. Expuesto lo anterior, como se advierte de los antecedentes narrados en esta resolución, se determina que la sala regional responsable no ha observado los plazos y lineamientos previstos por los citados ordinales para obtener el cumplimiento de la sentencia de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, mientras que la parte demandada en el juicio de origen continúa en contumacia al incumplimiento de la misma. Se dice lo anterior, ya que conforme a las constancias que integran el expediente ********************, se aprecia la conducta contumaz reclamada a la sala responsable, en gestionar el cumplimiento a la sentencia de nulidad materia de la omisión reclamada, pues a partir de su firmeza (auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós), al día de hoy han transcurrido más de ocho meses sin que se atienda su ejecutoriedad dentro de los plazos que establece la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por tanto, se estima pertinente concluir que las autoridades responsables, no han realizado las gestiones necesarias para el total cumplimiento de la sentencia pronunciada en el expediente ********************, ya sea como órgano jurisdiccional o como autoridad demandada u obligada al cumplimiento. X. DECISIÓN Consecuentemente en atención a que los argumentos examinados resultaron fundados en virtud de que quedó demostrada la trasgresión de los derechos fundamentales de la inconforme ********************, contenidos en el artículo 17 Constitucional; lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión. EFECTOS DE LA CONSECIÓN DEL AMPARO El artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo establece que cuando el acto reclamado es de carácter negativo, o bien, omisivo, como en el caso, la sentencia concesoria del amparo tendrá por objeto obligar a las responsables a respetar el derecho fundamental violado. Para ello, la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con Sede en Toluca, Estado de México, deberá: De manera inmediata continuar con el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el juicio ********************; para ello deberá proveer y gestionar lo correspondiente para hacer efectivas las multas impuestas a la autoridad obligada en el juicio de origen, así como, todos los subsecuentes que resulten necesarios, a fin de vencer la contumacia de la parte demandada, Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, delegación Oaxaca, a fin de llevar a cabo el total cumplimiento del fallo de que se trata. Para efecto de constreñir a la autoridad señalada como responsable en este sumario del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de que acate las determinaciones adoptadas por la sala tendentes a obtener el cumplimiento de la sentencia, podrá dictar las medidas más eficaces e inmediatas, entre ellas multas al superior jerárquico, dar vista al Órgano de Control Interno y cualquier otra que resulte necesaria e idónea para tal fin, de conformidad con sus facultades y atribuciones. Por su parte, la autoridad adscrita a la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deberá realizar las gestiones conducentes para calcular, programar y realizar el pago de las prestaciones a favor de la quejosa en los términos indicados en la sentencia de nulidad antes referida. Cabe destacar que tratándose de los alcances por los que se otorga la protección constitucional, éstos deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto reclamado dentro del procedimiento de génesis, sin que pueda abarcar el análisis constitucional de actos procesales posteriores; asimismo, que los anteriores son extensivos a todas las autoridades señaladas como responsables. En respaldo a la consideración anterior por analogía es aplicable la jurisprudencia 2a. /J. 15/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA". Finalmente, debe decirse que en esta sentencia se citaron diversos criterios, los cuales, aunque fueron integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, siguen siendo aplicables, de acuerdo a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, en esas condiciones, lo que en ellos se interpreta no se opone a las disposiciones de la ley de la materia aplicable. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a ********************, por las razones expuestas en esta sentencia. Notifíquese.
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