Luis Velazquez Salgado
Expediente 1739/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 49 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1739/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 49
- Última actuación
- 16/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Luis Velazquez Salgado
- Paulo Sergio González Méndez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 49.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido para las partes el término de diez días señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinticinco de abril del año en curso, por la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En razón de que el acuerdo antes mencionado no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN y que de igual forma el DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, primera parte, del citado acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN toda vez que se negó la medida cautelar respecto del acto reclamado. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese por medio de oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, según oficio CCJ/ST/0506/2017, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 1739/2015, estando en audiencia pública la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, inició su celebración, sin contar con la asistencia de las partes. Acto seguido, el secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de derechos, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto, la juez acuerda: Téngase hecha la relación de constancias y, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, rendidos los informes justificados de la autoridades responsables Subdelegada Administrativa en el Estado de Zacatecas de la Procuraduría General de la República (fojas 60 y 61) y Director General de Recursos Humanos y Organización de la Procuraduría General de la República (fojas 101 a 103). A continuación, en el período de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa (fojas 12 a 19 y 67 a 96) y con las remitidas por las autoridades responsables (foja 62, 311, 312 y 364, respectivamente); a lo que la juez acuerda: en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene desahogada las pruebas referidas, en atención a su propia y especial naturaleza. Con lo anterior, se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en el que el secretario da cuenta con los formulados por la representación social (foja 98) y por la parte quejosa (fojas 114, 120 y 324). La juez acuerda: en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse formulados los argumentos referidos. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta en términos del artículo 124 de la ley de la materia, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1739/2015; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido el once de septiembre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, turnado al día siguiente a este órgano jurisdiccional, Luis Velázquez Salgado, Paulo Sergio González Méndez, Ricardo Pedraza Martínez y Francisco Javier García Barrientos, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que enseguida se precisan: Autoridades responsables: a) Subdelegada Administrativa de la Procuraduría General de la República en el Estado de Zacatecas. b) Director de Recursos Humanos de la Procuraduría General de la República. Actos reclamados: - La orden de suspensión del sueldo que perciben como suboficiales de la Policía Federal Ministerial y su ejecución Actos que, a su parecer, resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 3, 4, 29 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En auto de quince de septiembre de dos mil quince, el entonces titular de este juzgado ordenó registrar la demanda con el expediente 1739/2015 y desechó la demanda por extemporánea (fojas 20 a 22). Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de queja. En resolución de dieciséis de octubre de dos mil quince (fojas 37 a 46), el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito estimó fundado el recurso citado y revocó el auto inicial del juicio de derechos en referencia, para el efecto de que no se tuviera como fecha de conocimiento del acto reclamado el catorce de agosto de dos mil quince, ya que la inconformidad no se concretaba únicamente en la simple suspensión del pago, sino también en el oficio a través del cual tuvieron conocimiento de los motivos y fundamentos de ésta, del que tuvieron conocimiento hasta el treinta y uno de ese mes y año. En auto de veintidós de octubre de dos mil quince (fojas 47 y 48), se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe con justificación a las autoridades responsables, se ordenó dar la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público adscrito, y se señaló fecha para la celebración de la audiencia, la que inició el veintitrés de diciembre de dos mil quince (foja 123). En sentencia de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis (fojas 127 a 138), en auxilio de las labores de este juzgado, la secretaria en funciones de juez del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, concedió el amparo solicitado para el efecto de que se dejaran sin efecto los oficios reclamados y, en su lugar, se emitieran otros de manera fundada y motivada. En desacuerdo con la determinación anterior, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y el Director de Recursos Humanos y Organización de la Procuraduría General de la República interpusieron recurso de revisión. En sentencia de doce de enero de dos mil diecisiete (fojas 299 a 310), el tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito ordenó la reposición del procedimiento para el efecto de que, en concreto, se dejara insubsistente la audiencia constitucional de veintitrés de diciembre de dos mil quince y los autos de trece y treinta de noviembre de dicha anualidad, a fin de que se tuvieran recibidos los informes justificados y con ellos se corriera traslado por medio de notificación personal a la parte quejosa, para que tuviera oportunidad de ampliar la demanda de amparo; asimismo, a efecto de que se realizara el pronunciamiento respecto de las pruebas ofrecidas por las responsables y se designara representante común de los quejosos. Mediante auto de dieciocho de enero de dos mil diecisiete (fojas 313 y 314), se ordenó la reposición del procedimiento, para el efecto de dejar insubsistente la audiencia constitucional y los proveídos citados, por lo que se tuvieron rendidos los informes justificados, se admitieron las pruebas ofrecidas por las autoridades responsables y con dichas comunicaciones se ordenó dar vista y corree traslado a la parte quejosa, a efecto que dentro del plazo de quince días manifestara si ampliaba la demanda contra la Directora de Apoyo Jurídico de la Dirección de Recursos Humanos y Organización de la Procuraduría General de la República y la Juez de Control del Centro de Justicia Penal en el Estado de Zacatecas, al advertirse su posible participación en la emisión de los actos reclamados. Por medio de escrito presentado el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete (fojas 336 a 352), la parte quejosa amplió la demanda de amparo contra la juez de control referida por la orden de suspensión de sueldos como medida cautelar decretada en la causa penal ZAC/32/2015. En auto de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete (foja 353), se desechó de plano la ampliación de demanda referida, ya que resultaba extemporánea. Mediante proveído de dos de marzo de dos mil diecisiete (foja 358), se determinó que había causado estado el auto en el que se desechó la ampliación de la demanda. La audiencia constitucional inició al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que los oficios reclamados se atribuyen a una autoridad que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio; consiste en: De la Subdelegada Administrativa de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República en Zacatecas: a) Los oficios SA632/2015, SA/633/2015, SA/634/2015 y SA/635/2015 de treinta y uno agosto de dos mil quince, mediante los cuales se informó respecto de la justificación de los descuentos vía nómina realizados a los amparistas. Lo precisado, porque, en conformidad con lo determinado por la superioridad en la resolución de queja de dieciséis de octubre de dos mil quince, los quejosos no controvierten la simple falta de pago del salario que percibían como elementos de la Policía Federal Ministerial, sino las razones contenidas en los oficios citados (fojas 44, reverso). De manera que la litis constitucional se concreta en las determinaciones destacadas, pues, en todo caso, la justificación del descuento combatido se encuentra en éstas y, por ende, constituyen el sustento de aquél, por lo que la orden de descuento controvertida se subsume en las respuestas objeto de los oficios en comento. Del Director de Recursos Humanos de la Procuraduría General de la República: b) La ejecución del descuento materia de los oficios reclamados. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Subdelegada Administrativa de la Delegación Estatal Zacatecas de la Procuraduría General de la República negó la existencia de los actos reclamados; no obstante, del análisis integral de la negativa anterior se advierte que ésta se limitó a la inconstitucionalidad de los actos reclamado, ya que manifestó que ordenó la suspensión temporal de sueldo combatida por mandato judicial; lo que revela la existencia de los actos reclamados (foja 60). Es ilustrativa de lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, Octava Época, julio de mil novecientos noventa y cuatro, página trescientos noventa y uno, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Lo que se corrobora con los originales de los oficios reclamados que allegó la parte quejosa (fojas 71 a 73) y el remitido por la subdelegada responsable (foja 364); documentales públicas que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Por su parte, el Director General de Recursos Humanos y Administración de la Procuraduría General de la República manifestó que no ordenó la ejecución de la suspensión temporal de sueldo reclamada, sino que ésta derivaba de una orden judicial y que en términos del artículo 71 del Reglamento de la Procuraduría General de la República, es facultad de dicha autoridad aplicar las sanciones al personal, como aconteció en la especie. Entonces, es evidente que la negativa referida se circunscribió al origen de la falta de pago en controversia, pero se aceptó su ejecución, lo que constituye el acto que la parte quejosa atribuye a dicha autoridad. Luego, se encuentra acreditada la existencia de los oficios reclamados y de la ejecución de la suspensión de sueldo materia de éstos. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Debe sobreseerse en el presente juicio, debido a que no se agotó la regla de definitividad que rige en el juicio de amparo. En efecto, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.". La fracción invocada establece, en lo conducente, que el juicio de amparo es improcedente respecto de actos de autoridades administrativas distintas de las de carácter jurisdiccional, cuando las leyes que los rigen establezcan un juicio o medios ordinarios de defensa en su contra, que tenga el alcance de modificar o revocar dichos actos. No obstante, para tal efecto, es necesario que el juicio o medio ordinario de defensa contemple la suspensión de los actos reclamados, con los mismos alcances y requisitos que los que prevé la suspensión que contempla la Ley de Amparo. Luego, en sentido contrario, el juicio de amparo resulta procedente si el juicio o medio de defensa contemplado contra el acto administrativo de que se trate no tiene los mismos alcances o prevé mayores requisitos que los que prevé la ley de la materia para su suspensión. Además, la fracción transcrita establece otros supuestos de excepción al principio de definitividad, estos son cuando: - El acto reclamado carece de fundamentación y motivación. -Se alegan únicamente violaciones directas a la constitución. -El medio de defensa está previsto en un reglamento sin que en la ley que rige el acto se contemple su existencia. En consecuencia, para determinar si el juicio de amparo es procedente respecto de actos reclamados de autoridades administrativas no jurisdiccionales, en primer término, se debe analizar si respecto de éstos existe algún juicio o recurso que sea procedente; y, en segundo lugar, si es necesario que dicho medio de defensa se interponga. En lo conducente, por identidad jurídica sustancial, es sustento de lo argumento el criterio dictado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia P./J. 3/2001, visible en la página 8, tomo XIII, enero de 2001, novena época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo previene que el juicio de amparo es improcedente: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal ... que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. ...". Ahora bien, del contenido de este precepto, se advierte que no se indica qué debe entenderse por "leyes que rijan los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo", a fin de establecer si es necesario o no agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal procedente, siempre que proceda la suspensión definitiva, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo establece para conceder dicha medida, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido conforme a dicha ley. Sin embargo, la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen los actos", no pudo ser otra, más que la de considerar, a aquellos ordenamientos legales (entendiendo por éstos a las leyes propiamente), que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en la inteligencia que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Es decir, para determinar cuáles son las leyes que rigen el acto y así tener pleno conocimiento sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que en contra del mismo se debe agotar previamente al amparo, debe atenderse a la relación que guardan esas leyes con dicho acto, sobre todo aquella que establece propiamente el medio de defensa en cuestión y, si además se cumplen los demás requisitos previstos en el citado artículo 73, fracción XV, para así estimar que es obligatorio agotarlo". Luego, si contra el acto administrativo reclamado la ley prevé un medio ordinario de defensa respecto del cual no se surte alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, el quejoso debe agotarlo previo a promover el juicio de amparo, por lo que en caso contrario se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. En ese contexto, la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional dispone: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: (...) B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: (...) XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido..." El precepto constitucional transcrito establece que los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes y que podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos de permanencia o bien removidos por causa de responsabilidad. De lo anterior se sigue que dicho precepto establece un régimen específico para ese tipo de servidores públicos que, por las funciones que desempeñan, se ubican en una posición fundamental en la procuración de justicia, persecución e investigación de los delitos y, por ende, en la conformación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por tanto, resulta claro que el Poder Constituyente excluyó a los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y a los miembros de las instituciones policiales del régimen laboral que se establece en el apartado B del artículo 123 constitucional; en consecuencia, los grupos ya precisados constitucionalmente no pueden considerarse trabajadores al servicio del Estado, sino que su relación con el poder público es de naturaleza administrativa. Es ilustrativa de lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: II, septiembre de 1995, página: 43: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. La relación Estado-empleado fue, en principio de naturaleza administrativa, pero en derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como un patrón sui géneris. Sin embargo, de dicho tratamiento general se encuentran excluidos cuatro grupos a saber: los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y, el Estado, autoridad. Por tanto, si los miembros de la policía municipal o judicial del Estado de México, constituyen un cuerpo de seguridad pública, están excluidos por la fracción XIII apartado B del artículo 123, en relación con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, de donde se concluye que la relación que guardan con el Gobierno del Estado o del Municipio, es de naturaleza administrativa y se rige por las normas también administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan y que, por lo tanto, las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a ésta no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad, que en el caso particular referente a la orden de baja del servicio, hace procedente el juicio de amparo ante el Juez de Distrito". En consecuencia, la relación de los elementos de la Policía Federal con el Estado es de naturaleza administrativa, por lo que las determinaciones que emitan las entidades respectivas en torno al vínculo laboral subyacente comparten la misma naturaleza y, por ende, constituyen actos de autoridad, en general. En esa línea, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la competencia para conocer de los asuntos derivados de la prestación de servicios en el régimen administrativo destacado corresponde, por afinidad, al entonces Tribunal Fiscal de la Federación (actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa), como deriva de la tesis 2a. CLXI/98, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, diciembre de 1998, página: 429: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS ASUNTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, ha considerado que el Tribunal Fiscal de la Federación es el órgano jurisdiccional más afín para conocer y resolver las controversias derivadas de la prestación del servicio de seguridad pública entre policías municipales y el Estado, en tanto que se trata de una relación jurídica del orden administrativo, tomando en cuenta que a dicho tribunal se le ha dotado, entre otras facultades, la de resolver en materia disciplinaria los conflictos derivados de infracciones por responsabilidad administrativa de servidores públicos, entendiéndose por éstos de acuerdo con el primer párrafo del artículo 108 constitucional, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal; en tal virtud, por las mismas razones, tratándose de conflictos derivados de la prestación de los servicios de agentes de la Policía Judicial Federal que se encuentran adscritos a la Procuraduría General de la República debe estimarse que, por afinidad, es competente para conocer de ese tipo de controversias el Tribunal Fiscal de la Federación, puesto que dentro de su esfera competencial realiza funciones contencioso-administrativas, ya que cuenta con atribuciones para conocer no sólo de asuntos fiscales, sino también de controversias administrativas relativas al régimen de responsabilidades de los servidores públicos federales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2o., 3o., fracción VII, 53 y 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos". Por tanto, por regla general, los conflictos derivados de la prestación de servicios de los elementos de la Policía Federal son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En ese tenor, el artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa establece: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.". El precepto anterior establece la competencia material del tribunal en comento para conocer de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, tratándose de las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Ahora bien, en virtud del régimen especial que prevé artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para los cuerpos de seguridad pública e instituciones de procuración de justicia, debe entenderse que el supuesto de procedencia destacado es genérico, es decir, que el juicio contencioso administrativo procede contra la impugnación de resoluciones definitivas que diriman una situación jurídica derivada de la prestación de los servicios públicos materia de dicho sistema de regulación o resuelvan una instancia, sin que sea indispensable que expresamente se hubieran emitido términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Lo anterior teniendo como directriz la garantía de acceso a la justicia tutelada en el artículo 17 constitucional, en tanto los servidores públicos involucrados se rigen por sus propias leyes, por lo que, en algunos casos, no sería eficaz el derecho fundamental a la administración de justicia por una cuestión formal intrascendente. Es ilustrativa de lo anterior, por la razón que informa, la tesis I.7o.A.70 A (10a.) del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 3, página: 1997: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES DEFINITIVAS MEDIANTE LAS CUALES SE DIRIMA UNA SITUACIÓN JURÍDICA DERIVADA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS ELEMENTOS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL. CORRESPONDE, POR MATERIA, AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. De la impugnación de resoluciones definitivas mediante las cuales se dirima una situación jurídica derivada de la prestación de servicios de los elementos de los cuerpos de seguridad pública federal, corresponde conocer, por materia, al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por dos motivos fundamentales: el primero, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteradamente ha destacado que la relación entre el Estado y los mencionados elementos es de naturaleza administrativa y que, por afinidad, a aquél le corresponde el conocimiento de dichos asuntos, al estar dotado, entre otras facultades, de la relativa a resolver en materia disciplinaria los conflictos derivados de infracciones por responsabilidad administrativa de servidores públicos y, el segundo, porque aun cuando el artículo 14, fracción XI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, prevea su competencia material para conocer de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, tratándose de las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, debe privilegiarse para la procedencia de dichos asuntos, que se trata de una resolución definitiva, ya que atento al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes; de ahí que exigir su resolución conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para justificar la procedencia de dicho juicio, atentaría contra la garantía de acceso a la justicia tutelada en el artículo 17 constitucional, ya que no puede supeditarse el acceso a los tribunales a condición alguna, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador, como lo ha establecido el Máximo Tribunal en la jurisprudencia de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES." (Novena Época. Registro IUS: 172759. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, abril de 2007. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./J. 42/2007. Página: 124); circunstancia que se corrobora con lo dispuesto por el artículo 50, párrafos quinto y sexto, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el sentido de que procede el juicio o medio de defensa contra las resoluciones en las que se decida la separación o cualquier forma de terminación del servicio de los elementos integrantes de las instituciones policiales de la Federación". En consecuencia, contra las resoluciones definitivas que diriman una situación jurídica derivada de la prestación del servicio público que brinden los elementos de la Policía Federal o resuelvan una instancia respecto de la relación administrativa subyacente procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Respecto de dicho juicio, la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia determinó que la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo prevé, esencialmente, los mismos requisitos para la suspensión del acto reclamado que los de la Ley de Amparo; es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 28, marzo de 2016, Tomo II, página: 1194: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria". Entonces, cuando resulta procedente en contra de los actos reclamados, es necesario agotar el juicio contencioso administrativo federal previamente a acudir al juicio de amparo, en conformidad con la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. En esta instancia constitucional, en lo conducente a la materia del presente considerando, la parte quejosa reclama los oficios SA632/2015, SA/633/2015, SA/634/2015 y SA/635/2015 de treinta y uno agosto de dos mil quince, mediante los cuales se informó respecto de la justificación de los descuentos vía nómina realizados a los amparistas; y la ejecución del descuento citado. El supuesto básico de la inconformidad radica en el argumento de que los descuentos materia de los actos reclamados resultan injustificados, pues las razones brindadas como sustento no facultaban a realizar tales deducciones; de lo anterior se sigue que la litis constitucional versa sobre una determinación que incide en la relación jurídica derivada del servicio público que brindan los quejosos como elementos de la Policía Federal Ministerial. Ahora bien, los oficios reclamados se emitieron en respuesta a los escritos presentados por los peticionarios del amparo, en los que se inconformaron respecto de los descuentos en comento (fojas 15 a 18); así, tales determinaciones constituyen la respuesta a las instancias presentadas por los quejosos, en relación con el descuento de nómina involucrado, de tal suerte que resuelven la situación jurídica particular derivada de dicha deducción; lo que implica que, como se precisó, las respuestas en comento subsumen la orden de descuento reclamado, pues ésta se encuentra regida por lo determinado en aquéllas. De manera que los quejosos combaten, en esencia, las determinaciones que se emitieron en respuesta a su inconformidad sobre las condiciones en que desempeñan el cargo de elementos de la Policía Federal Ministerial. Por tanto, los actos reclamados son de naturaleza administrativa, ya que, se reitera, el servicio público involucrado es materia del régimen especial que prevé artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al estar inmersas las condiciones laborales de agentes de los cuerpos de seguridad pública federales. En consecuencia, al tratarse de las resoluciones a una instancia de la parte quejosa respecto de la relación administrativa subyacente, como se consideró, procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos del artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; lo anterior, como se expuso, porque se trata del órgano jurisdiccional con competencia respecto de la materia involucrada, lo que resulta conforme con la garantía de acceso a la justicia tutelada en el artículo 17 constitucional. Luego, la parte quejosa debió agotar el juicio contencioso respectivo previamente a promover la presente instancia constitucional, en conformidad con la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Esto es así, pues, se reitera, la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo no establece más requisitos que los contemplados en la Ley de Amparo para la suspensión de los actos reclamados. Además, no se advierte que se actualice alguno de los demás supuestos de excepción a la regla de definitividad en comento, a saber: (a) los actos reclamados carezcan de fundamentación y motivación, al haberse citado las disposiciones que se estimaron aplicables y las razones por las cuales se realizaron los descuentos objeto de inconformidad; (b) no se alegan únicamente violaciones directas a la constitución, pues una parte de los argumentos expuestos en la demanda de amparo descansa, como se destacó, en la insuficiencia de las razones brindadas para el descuento realizado; y, (c) el medio de defensa está previsto en un acto formal y materialmente legislativo (Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa). En suma, al no haberse agotado el medio de defensa procedente contra los actos reclamados, debe sobreseerse en el presente juicio de derechos, en conformidad con la fracción XX del artículo 61, en relación con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a la ejecución reclamada, ya que no se combate por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de la de los oficios reclamados, respecto de los que, como se consideró, resulta improcedente el presente juicio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Luis Velázquez Salgado, Paulo Sergio González Méndez, Ricardo Pedraza Martínez y Francisco Javier García Barrientos, contra los actos que reclamó de la Subdelegada Administrativa en Zacatecas y del Director de Recursos Humanos, ambos de la Procuraduría General de la República, consistentes en los oficios SA632/2015, SA/633/2015, SA/634/2015 y SA/635/2015 de treinta y uno agosto de dos mil quince, mediante los cuales se informó respecto de la justificación de los descuentos vía nómina realizados a los amparistas y la ejecución del descuento citado; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido del licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. Esta foja corresponde a la última parte de la sentencia dictada el veinticinco de abril de dos mil diecisiete, en los autos de juicio de amparo 1739/2015, promovido por Luis Velázquez Salgado, Paulo Sergio González Méndez, Ricardo Pedraza Martínez y Francisco Javier García Barrientos. Conste.
- Principal
Juicio de amparo 1739/2015-3 El licenciado Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CERTIFICA - - - - - - - - - - - - - - - - - Que se encuentran señaladas las once horas con veinte minutos del tres de abril del presente año, para la celebración de la audiencia constitucional; asimismo, con la circunstancia, que mediante proveído de veintisiete de marzo de la anualidad actual se dio vista a las partes con las constancias allegadas por la autoridad responsable Subdelegada Administrativa de la Procuraduría General de la República en el Estado de Zacatecas, en cumplimiento a un requerimiento efectuado en autos, siendo que a la fecha aún no fenece el plazo previsto en el numeral 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impongan de su contenido. Lo que asienta para los efectos legales conducentes. Zacatecas, Zacatecas, tres de abril de dos mil diecisiete. Conste. Lic. Juan García Trejo Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre. En tres de abril de dos mil diecisiete, el secretario licenciado Juan García Trejo, da cuenta a la Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre, con la certificación secretarial que antecede y con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, tres de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de veintisiete de marzo de la anualidad actual, se dio vista a las partes con las constancias allegadas por la autoridad responsable Subdelegada Administrativa de la Procuraduría General de la República en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre, en cumplimiento a un requerimiento efectuado en autos, siendo que a la fecha aún no fenece el plazo previsto en el numeral 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes se impongan de su contenido; en consecuencia y para dar oportunidad a que estén en posibilidad de ejercer de manera eficaz su defensa, se difiere la celebración de la audiencia constitucional programada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, para su verificativo. Notifíquese. Así lo provee y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, quien actúa legalmente asistida con el Secretario licenciado Juan García Trejo que autoriza y da fe. SISE___ DEY_____
- Principal
En veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, licenciado Juan García Trejo, da cuenta a la Titular, con dos oficios y anexos certificados, con números de registro 4112 y 4131. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos los oficios y anexos certificados de cuenta que remite la Subdelegada Administrativa de la Procuraduría General de la República en el Estado de Zacatecas, a través de los cuales da cumplimiento al requerimiento formulado por este Juzgado mediante proveído de quince de los actuales, anexando para tal efecto copia certificada del oficio SA/634/2015 por el que da respuesta al escrito de fecha catorce de agosto de dos mil quince, presentado por el aquí quejoso Ricardo Pedraza Martínez; la cuál será valorada en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de hacer relación de ella al momento de la audiencia que se celebre en el presente juicio, de conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, con la documental de mérito, dese vista a las demás partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, quien actúa legalmente asistida, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Dey
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