Luis Tolentino Pablo
Expediente 66/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 66/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 08/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Horlando Moreno Moreno
- Luis Tolentino Pablo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
En ocho de mayo de dos mil diecisiete, el licenciado Francisco Javier Soto Moreno, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, CERTIFICO: Que el auto de veintiséis de abril de dos mil diecisiete fue notificado a la parte quejosa el veintisiete siguiente (foja 127), por lo que el plazo de tres días que le fue concedido para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, respecto del acto realizado por el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, transcurrió del dos al cuatro de mayo de dos mil diecisiete, sin que haya hecho manifestación al respecto. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta a la Juez, con el estado de autos y la certificación que antecede.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, ocho de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos es procedente resolver sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas, a la sentencia de veintitrés de marzo del presente año; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)"; emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con registro 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en la que por una parte se sobreseyó en el juicio, y a su vez, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Luis Tolentino Pablo, para los siguientes efectos: "En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: a) Los artículos 78 a 88 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que prevén respectivamente el impuesto adicional para infraestructura, el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y el derecho por el servicio de control vehicular, sean desincorporados de la esfera jurídica del quejoso, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas devuelva las contribuciones erogadas por el agraviado con fundamento en las disposiciones anteriores en el recibo fiscal V 8252997, lo que debe incluir la actualización fiscal correspondiente. b.1) En particular, devuelva debidamente actualizado lo erogado en el recibo en comento por concepto de aportación a la Cruz Roja Mexicana. Lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo. Posteriormente, por acuerdo de once de abril de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la mencionada resolución y se requirió al Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas, para que dentro del término de tres días acatara el fallo protector e informara sobre su cumplimiento. Así, mediante acuerdo de veintiséis de abril pasado, se recibió el oficio PF/0746/2007, por el cual, el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas, informó que no le fue posible notificar al quejoso Luis Tolentino Pablo, la constancia de devolución por pago indebido 278/2017 (derecho de control vehicular, impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, adicional para la infraestructura y Cruz Roja Mexicana), de veinte de abril actual; ello, en virtud a que el domicilio del quejoso se encontraba cerrado, como consta del acta de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, levantada por el Notificador adscrito a dicha dependencia (foja 114); asimismo, hizo del conocimiento que la cantidad que refiere en su comunicado se encuentra a disposición del promovente, en la Dirección de Ingresos de esa secretaría, o en su defecto, de proporcionar cuenta bancaria la devolución se realizará vía transferencia electrónica o depósito. De igual forma, la autoridad oficiante en cumplimiento al fallo protector, realizó declaratoria en el sentido de que se abstendrá de aplicar al quejoso, el contenido de los artículos 78 a 88 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, así como el concepto de Cruz Roja, en lo presente y en lo futuro. Consecuentemente, con lo anterior se ordenó dar vista a la parte quejosa por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho correspondiera; acuerdo que le fue notificado personalmente por conducto de su autorizado el veintisiete de abril del año en curso, sin que a la fecha en que se actúa haya realizado manifestación alguna. En virtud de lo anterior, considerando que en la sentencia de mérito, se otorgó la protección de la justicia federal solicitada, para los efectos precisados y toda vez que existe constancia en autos de que el veinte de abril de dos mil diecisiete, la autoridad responsable Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, dejó a disposición del quejoso en las instalaciones que ocupa la Dirección de ingresos de dicha dependencias, las cantidades pagadas debidamente actualizadas en términos del artículo 16-A del Código Fiscal del Estado de Zacatecas, por lo que respecta a los conceptos de derecho de control vehicular, impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, adicional para la infraestructura y Cruz Roja Mexicana; además, hizo la declaratoria en el sentido de que se abstendrá de aplicar al amparista el contenido de los artículos 78 a 88 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, así como el concepto de Cruz Roja, en lo presente y en lo futuro, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, sin exceso o defecto DECLARA CUMPLIDA la ejecutoria que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la nueva Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente juicio, como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos y, en su caso, de la ejecutoria correspondiente. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firmó la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistida del Secretario que autoriza, licenciado Francisco Javier Soto Moreno.- Doy fe. /manuelcc.
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En veintiséis de abril de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta a la Juez con el oficio registrado con el folio 5522 (con anexos).- Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de abril de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente sumario, informa que no le fue posible notificar al quejoso Luis Tolentino Pablo, la constancia de devolución por pago indebido 278/2017, de veinte de abril actual; ello, en virtud a que el domicilio del quejoso se encontraba cerrado, como consta del acta de veintiuno del presente mes y año, levantada por el Notificador adscrito a dicha dependencia; asimismo, hace del conocimiento que la cantidad que refiere en su comunicado se encuentra a disposición del promovente, en la Dirección de Ingresos de esa secretaría, o en su defecto, éste proporcione cuenta bancaria a efecto de que se realice la devolución vía transferencia electrónica o deposito. Asimismo, la autoridad oficiante en cumplimiento a al fallo protector, manifiesta su declaratoria en el sentido de que se abstendrá de aplicar al quejoso, el contenido de los artículos 78 a 88 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, así como el concepto de Cruz Roja, en lo presente y en lo futuro. En consecuencia, con lo anterior, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, este Juzgado con base a los documentos que obren en autos, se pronunciará sobre el cumplimiento por parte de las autoridades responsables al fallo constitucional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza.- Doy fe. /manuelcc
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EJECUTORIA AMPARO CONCEDIDO El licenciado José de Jesús Martínez Torres, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, CERTIFICA: Que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Que no existen constancias por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, a once de abril de dos mil diecisiete. Doy fe. En la misma fecha, el Secretario da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a once de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el Secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado Federal el veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, en la que por una parte se sobreseyó en el presente juicio de amparo; y por otra, se concedió al quejoso Luis Tolentino Pablo, el amparo y protección de la justicia federal solicitados; consecuentemente, con apoyo en lo previsto por los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa de artículo 2 de la ley de la metería, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Ahora bien, tomando en consideración que en la sentencia protectora se determinó la inconstitucionalidad de los artículos 78 a 88 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas; así como por el concepto de aportación de la Cruz Roja Mexicana, los cuales no podrán ser declarados insubsistentes con la concesión de amparo, sino únicamente no deben ser aplicados al quejoso; por tanto, resulta innecesario requerir a las autoridades responsables Congreso y Gobernador del Estado de Zacatecas que participaron en el proceso legislativo del acto reclamado en cuanto a su creación se refiere; lo anterior, en términos del artículo 192, de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que este Juzgado determina no requerirlas para el cumplimiento de la ejecutoria. Es aplicable al respecto la tesis de clave siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase únicamente a la autoridad responsable Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas, para que en el plazo de tres días, acate en sus términos el fallo protector de que se trata, debiendo realizar lo siguiente: [.] ".En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: a) Los artículos 78 a 88 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que prevén respectivamente el impuesto adicional para infraestructura, el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y el derecho por el servicio de control vehicular, sean desincorporados de la esfera jurídica del quejoso, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas devuelva las contribuciones erogadas por el agraviado con fundamento en las disposiciones anteriores en el recibo fiscal V 8252997, lo que debe incluir la actualización fiscal correspondiente. b.1) En particular, devuelva debidamente actualizado lo erogado en el recibo en comento por concepto de aportación a la Cruz Roja Mexicana.". [.] Se apercibe a la citada autoridad que de no cumplir con lo anterior sin causa justificada se le impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, en términos del artículo 258 de la ley de la materia; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este propio Circuito para seguir el trámite de ejecución que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación de salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, secretario que autoriza y da fe.
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VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 66/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de enero de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Luis Tolentino Pablo demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: Legislatura del Estado de Zacatecas. Gobernador del Estado de Zacatecas. Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas. Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas. Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas. Actos reclamados: - La aprobación, expedición, refrendo y publicación de los artículos 78 a 88 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que prevén el impuesto adicional para infraestructura, el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y el derecho por el servicio de control vehicular; con motivo de su aplicación en el recibo fiscal con folio V 8252997 de diecinueve de enero de dos mil diecisiete. Actos que, a su parecer, resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y, en proveído de veinte de enero de dos mil diecisiete se admitió a trámite, por lo que se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que se reclama una norma general que tiene como ámbito de aplicación el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos siguientes: Del Congreso, del Gobernador y Secretario General de Gobierno y del Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Zacatecas, respectivamente, la expedición, promulgación, refrendo y publicación de: a) Los artículos 78 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, que prevén el impuesto adicional para la infraestructura. b) Los normativos 83 a 88 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, que regulan el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas. c) El numeral 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, que establece el derecho por el servicio de control vehicular. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Congreso del Estado de Zacatecas aceptó la expedición de la norma general combatida (fojas 56-70). Por su parte, el Gobernador del Estado de Zacatecas, a través del Coordinador General Jurídico, aceptó la promulgación de la ley reclamada (fojas 31-42). El Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, admitió el acto relativo al refrendo del decreto impugnado (fojas 44-55). Asimismo, el Director del Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, aceptó haber publicado la Ley que se combate (fojas 18-30). Además, la existencia de las disposiciones legales reclamadas se acredita en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados de oficio por el propio órgano jurisdiccional, de modo que la existencia del ordenamiento legal reclamado constituye un hecho notorio que no es objeto de prueba. Sustenta lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, agosto de 2000, tomo XII, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. También resulta aplicable a la consideración precedente, la tesis aislada V.2°.214 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 205, febrero de 1995, tomo XI-I, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas. Por su parte, el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas fue omiso en rendir su informe con justificación, a pesar de que fue requerido para tal efecto (foja 15); por tanto, en términos del cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierta la exacción que se atribuye a dicha autoridad. Además, el quejoso exhibió el original del recibo fiscal con folio V 8252997 de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, expedido por la propia secretaría en referencia; documental que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Luego, al estar involucrado el cobro de un derecho (control vehicular) resulta indudable que la participación del secretario responsable en la exacción combatida se encuentra acreditada, al no tratarse de la autoliquidación de un tributo, pues es el Estado quien calcula, cuantifica y determina el importe a pagar, ya que no existe la posibilidad de erogar una cantidad diversa y, mientras no se pague, no se presta el servicio. Sustenta lo anterior, por las razones que informa, la tesis IX.1o.2 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable a página 1701, Libro XX, mayo de 2013, tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: AMPARO CONTRA LEYES. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ENCARGADAS DE DETERMINAR Y COBRAR LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE PLANEACIÓN QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, AL TENER EL CARÁCTER DE EJECUTORAS DE LA LEY RECLAMADA DEBEN SER LLAMADAS A JUICIO. El artículo 11 de la Ley de Amparo establece que son autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, entre otras, aquellas que ejecutan la ley reclamada. En ese supuesto se encuentran las autoridades administrativas que determinan y cobran los derechos por los servicios de planeación previstos en el artículo 13, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Luis Potosí, para el ejercicio fiscal 2012, toda vez que son ellas quienes ejecutan dicha norma cuando fijan el monto a pagar por el servicio, pues a diferencia de lo que sucede con el pago de impuestos, cuya recepción no es un acto imputable a las autoridades receptoras del tributo, tratándose del cobro de derechos no existe autodeterminación o autoliquidación alguna por parte de la persona que solicita el servicio, pues es el Estado quien calcula, cuantifica y determina el importe a pagar, y mientras no se pague, no presta el servicio. Por ese motivo, es necesario llamarlas a juicio con el carácter de autoridades responsables ejecutoras, sin que sea obstáculo a lo anterior, que no se reclame el acto de aplicación por vicios propios, ya que la razón por la que debe emplazárseles obedece a que su participación en el procedimiento puede ser relevante, al estar en aptitud de hacer valer motivos que impliquen la actualización de alguna causa de improcedencia. En ese contexto, se encuentra plenamente probada la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Actualización de causa de improcedencia. Examinada la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio constitucional, por ser de orden público y de estudio preferente, ya sea que se cuestione por alguna de las partes o de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, por cuanto hace a las autoridades responsables Secretario General de Gobierno y Director del Periódico Oficial, ambos del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, esta Juez de Distrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [...] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejosa deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejosa deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios... La fracción transcrita en último término establece que las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la norma general reclamada o en su publicación constituyen autoridades responsables únicamente cuando se impugnen sus actos por vicios propios. Por tanto, si no se atribuyen vicios propios a los actos de las autoridades referidas, no les corresponde el carácter de responsables en el juicio de amparo. En la demanda de derechos, la quejosa reclama diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas. Como autoridades responsables, entre otras, señaló al Secretario General de Gobierno y al Director del Periódico Oficial, ambos del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, de quienes reclamó el refrendo y la publicación de la norma general impugnada. De lo destacado se sigue que las autoridades mencionadas fueron señaladas como parte de la litis constitucional en virtud de la publicación y refrendo de la Ley reclamada. No obstante, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que a dichas autoridades no se les atribuyen vicios propios en su actuación, pues el supuesto básico del que parte el quejoso se integra por el argumento relativo a que los preceptos reclamados vulneran los derechos tributarios contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, al no combatirse vicios propios de su actuación, a las autoridades en comento no les corresponde el carácter de responsables, en términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, lo que genera que se actualice la causa de improcedencia invocada; por tanto, debe sobreseerse en el juicio, por lo que se refiere a dichas autoridades, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de esa propia legislación. QUINTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes de los actos reclamados: 1. El diecinueve de enero de dos mil diecisiete, Luis Tolentino Pablo erogó en favor de la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas la cantidad de dos mil cuatrocientos nueve pesos, por concepto de derecho por control vehicular, impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, adicional para infraestructura y Cruz Roja Mexicana, entre otros (foja 7). La contribución anterior constituye la materia de la presente instancia constitucional. SEXTO. Reproducción innecesaria de los conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación vertidos, ya que para mayor claridad de la sentencia éstos se sintetizaran al realizarse el estudio de fondo del asunto y se emitirá una respuesta puntual sobre lo planteado, en atención a los principios de congruencia y exhaustividad. Sirve de criterio orientador, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X De las sentencias, del título primero Reglas generales, del libro primero Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SÉPTIMO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación resultan substancialmente fundados, como se argumentará a continuación. Impuesto adicional para infraestructura e impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas. El quejoso argumenta, en esencia, que los artículos 78 a 88 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas vulneran el principio de proporcionalidad tributaria, en razón de que no reflejan la capacidad tributaria del gobernado, ya que toma como base gravable otro impuesto y no los ingresos, utilidades o rendimientos. El concepto de violación anterior resulta fundado, conforme a lo siguiente: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante jurisprudencia número 2a./J. 126/2013 (10a), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 2, declaró que el impuesto adicional contemplado en los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, trasgreden el principio de proporcionalidad tributaria, como quedó precisado en la tesis de rubro y texto: IMPUESTO ADICIONAL. LOS ARTÍCULOS 119 A 125 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS QUE LO PREVÉN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. Los preceptos citados, al establecer un impuesto adicional a cargo de las personas físicas o morales que realicen pagos por concepto de impuestos y derechos municipales en la mencionada entidad federativa, ya sea en su carácter de responsables directos o solidarios, violan el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no existe congruencia entre el mecanismo impositivo que prevén y la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, ya que no fue diseñado para gravar en un segundo nivel determinada manifestación de riqueza previamente sujeta a imposición, a través de un impuesto primario, como operan las sobretasas u otras contribuciones adicionales -cuyo hecho imponible gira en torno a una misma actividad denotativa de capacidad económica-, sino que fue estructurado para gravar globalmente todos los pagos de contribuciones municipales efectuados por los causantes, por lo que su hecho imponible se materializa al momento de cumplir con esa obligación tributaria. Por consiguiente, el aludido gravamen adicional no participa de la misma naturaleza jurídica del impuesto primigenio, pues no se circunscribe a una sola contribución mediante el pago de un doble porcentaje, sino que tiene por objeto gravar todos los pagos por concepto de impuestos y derechos municipales previstos en la Ley de Ingresos del Municipio de que se trate del Estado de Morelos, por lo que es inconcuso que dicho actuar no refleja la capacidad contributiva de los causantes." Del criterio anterior se sigue que las disposiciones en comento resultan inconstitucionales, al tener como presupuesto objetivo otras contribuciones, lo que no atiende la capacidad contributiva de los gobernados, ya que no se grava una misma manifestación de riqueza, sino todos los pagos que se realicen por concepto de aquéllas, con independencia de su naturaleza. Esto es así, ya que tales normativos no fueron diseñados para gravar en un segundo nivel determinada manifestación de riqueza previamente sujeta a imposición, a través de un impuesto primario (sobretasas o contribuciones adicionales). Por tanto, de la jurisprudencia citada, como reglas de interpretación constitucional, es posible deducir: I. Resultan inconstitucionales todos los impuestos que sean estructurados para gravar globalmente los pagos de contribuciones efectuados por los causantes, es decir, que su hecho imponible sea el cumplir con otras obligaciones tributarias. I.I. Para que sean proporcionales, las sobretasas o contribuciones adicionales deben recaer sobre una misma manifestación de riqueza, esto es, la gravan en un segundo nivel; lo que presupone la existencia de un impuesto primario que sirve de base a aquéllas. En ese contexto, los artículos 78 a 88 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, disponen: CAPÍTULO SÉPTIMO Otros Impuestos SECCIÓN I Del Impuesto Adicional para la Infraestructura DEL OBJETO ARTÍCULO 78. El objeto de este impuesto lo constituyen los pagos que se deban efectuar por concepto del derecho establecido en el artículo 99 de esta Ley. DEL SUJETO ARTÍCULO 79. Son sujetos de este impuesto, los contribuyentes que deban realizar los pagos señalados en el artículo anterior. DE LA BASE GRAVABLE ARTÍCULO 80. La base de este impuesto, la constituirá el monto total del pago que deban realizar los contribuyentes por el concepto a que se refiere el artículo 99 de esta Ley. DE LA TASA ARTÍCULO 81. El impuesto se determinará aplicando a la base gravable que establece el artículo anterior, la tasa del 30%. DEL PAGO ARTÍCULO 82. El pago de este impuesto, se realizará conjuntamente y en el momento en que deban efectuarse los pagos relativos al Derecho establecido en el artículo 99 de esta Ley. Los sujetos de este impuesto efectuarán su pago en la oficina recaudadora correspondiente y en las Instituciones Bancarias o en los medios que la Secretaría tenga autorizados". "Del Impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas DEL OBJETO ARTÍCULO 83. Es objeto de este impuesto, las cantidades que cobre el Estado por las contribuciones previstas en esta Ley. DEL SUJETO ARTÍCULO 84. Son sujetos del impuesto, los contribuyentes afectos al pago de impuestos o derechos del Estado. DE LA BASE GRAVABLE ARTÍCULO 85. La base de este impuesto será el monto que se cubra por el concepto de impuestos y derechos estatales. DE LA TASA ARTÍCULO 86. La tasa aplicable a la base de este impuesto será el 10%. DEL PAGO ARTÍCULO 87. El impuesto se calculará aplicando a la base determinada, la tasa establecida en el artículo anterior. ARTÍCULO 88. El pago deberá hacerse al momento de enterar los impuestos o derechos correspondientes. Los preceptos anteriores regulan, respectivamente, los elementos esenciales de los impuestos para la Universidad Autónoma del Estado de Zacatecas y adicional para infraestructura. La base gravable para el impuesto adicional para infraestructura se integra por el monto total del pago que deban realizar los contribuyentes por el concepto a que se refiere el artículo 99 de esta ley (derecho por el servicio de control vehicular). Mientras que la del impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas se integra por la cantidad total que se cubra por el concepto de impuestos y derechos estatales. De lo anterior destaca que las bases gravables de los tributos en comento se integran: I. Por el monto del derecho de control vehicular, en el caso del impuesto adicional para infraestructura; y, II. Por la cantidad total que se cubra por el concepto de impuestos y derechos estatales, en el caso del impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas. Sin embargo, acorde con lo antes considerado, las bases gravables anteriores resultan violatorias del principio de proporcionalidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV, porque se trata impuestos cuyo hecho imponible es cumplir con otras obligaciones tributarias, lo que no guarda congruencia con la capacidad contributiva del sujeto pasivo. En particular, el impuesto adicional para infraestructura tiene como base lo que se erogue por concepto del derecho de control vehicular, lo que resulta desproporcional, pues no se toma como base otro impuesto para considerar que se tratara de una sobretasa o contribución adicional, es decir, que se gravara adicionalmente la misma base; esto es así, porque, como se expuso, dichas figuras deben recaer sobre una manifestación de riqueza previamente gravada (impuesto), lo que no acontece en la especie, al tratarse de una contraprestación por un servicio público (derecho). Por tanto, las bases gravables establecidas en los preceptos reclamados resultan desproporcionales, pues no atienden de manera evidente a la capacidad económica del contribuyente, sino a factores ajenos, lo que vicia la totalidad del mecanismo tributario, al resultar inconstitucional uno de los elementos esenciales de los impuestos en comento. En el caso, el quejoso reclama las disposiciones legales en referencia. Como acto de aplicación, señaló el recibo fiscal con folio V 8252997 de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, expedido por la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas (foja 7); de dicho documento, se advierte que el quejoso erogó la cantidad de cuatrocientos cinco pesos por concepto de impuesto adicional para infraestructura y ciento treinta y nueve pesos por concepto de impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas; lo que actualiza las hipótesis normativas combatidas, pues se trata de tributos erogados respecto de contribuciones pagadas en el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, en particular, respecto del derecho por control vehicular. No obstante, como se expuso, los mecanismos tributarios respectivos se encuentran viciados, en lo concerniente a la base gravable, por lo que no es posible que incidan dichos impuestos en la esfera jurídica del amparista. Luego, los cobros reclamados tienen sustento en normativos que resultan violatorios de los derechos tributarios previstos en el artículo 31, fracción IV, constitucional, lo que impide que puedan fundamentar las contribuciones en comento. Derecho por servicio de control vehicular El quejoso asevera, en concreto, que el artículo 99 de la Ley de Hacienda reclamada transgrede los principios de equidad y proporcionalidad tributarias, debido a que para el cobro del derecho en comento se atiende a factor ajeno al costo del servicio público involucrado, al establecerse diversos costos por un mismo servicio, en función del modelo o año del automotor o el tipo de vehículo de que se trate. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: (...) IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes." De precepto reproducido se deduce que todo gobernado debe aportar aquellas contribuciones al gasto público impuestas por el Estado, mismas que deben atender a los siguientes principios constitucionales: 1. Legalidad. 2. Proporcionalidad. 3. Equidad, y 4. Destino al gasto público. Por tanto, es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la Federación, de la Ciudad de México o del Estado o Municipio en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. En ese sentido, en materia de contribuciones, los derechos constituyen una cuota a cargo del contribuyente en relación con la prestación de un servicio por el Estado. La proporcionalidad de ese tipo de contribuciones se determina por la razonable correlación o avenencia entre el costo del servicio y el monto de la cuota, mientras que para la equidad debe verificarse que todos los que reciben igual servicio paguen la misma cuota. Luego, para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos deben tomarse en cuenta únicamente elementos que trasciendan al costo del servicio prestado. No obstante, excepcionalmente, el legislador puede considerar elementos adicionales al costo del servicio, para el efecto de conseguir fines extra fiscales, por ejemplo: para favorecer a quienes no tienen posibilidades económicas para acceder a servicios de gran importancia humana. En consecuencia, por regla general, para analizar la proporcionalidad y equidad de una norma que establece un derecho, se debe tomar en cuenta la actividad del Estado que genera su pago, ya que la cuota no puede contener elementos ajenos al costo del servicio prestado sin que exista una justificación razonable, por lo que debe existir congruencia con el costo que representa para la autoridad el servicio relativo. En ese sentido, el costo por el servicio público tiene que ser individualizado al usuario atendiendo a su uso o consumo, considerando que el servicio que le da origen sea susceptible de ser dividido en unidades de consumo o de uso, es decir, individualizado en el contribuyente. Así, atendiendo que los costos que despliega el Estado para prestar los servicios son de difícil cuantificación por los factores inmanentes en su ejecución, las bases conforme a las cuales se debe analizar la constitucionalidad de los derechos por servicios debe ser conforme a parámetros de razonabilidad y no de cuantía. Es decir, para individualizar el costo del servicio es necesario que exista una razonabilidad entre el costo del servicio y la cuota que se cobra, ya que sería imposible que algún elemento normativo estableciera parámetros para verificar si es acorde cuantitativamente el costo del servicio con la cuota del derecho que individualiza en cada sujeto, dado que, se reitera, los costos que despliega el Estado para prestar los servicios son de difícil cuantificación, dada la complejidad de su ejecución. Por tanto, la única forma en que es posible medir el costo del servicio para efecto de poder individualizarlo es mediante parámetros de razonabilidad relacionados con el tipo del servicio y las actividades que desarrolla el Estado para prestarlo. En ese sentido, para analizar la razonabilidad entre el costo del servicio y el cobro de éste, atendiendo a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, es necesario que el legislador configure la contribución a través de referentes adecuados y parámetros objetivos, con base en los cuales se refleje el costo en que incurre el Estado de acuerdo con el uso o consumo del servicio, y cubra más del costo quien más lo utilice. Por tanto, la proporcionalidad de los derechos debe analizarse en función de la correlación entre la cuota a pagar y el costo del servicio de que se trate, a través de criterios de razonabilidad y no de cuantía, por lo que no es posible exigir un registro que proporcione información respecto del costo exacto del servicio expresado en cantidades numéricas. Es sustento de lo expuesto, la tesis P. V/2012 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, página: 227, del contenido siguiente: DERECHOS POR SERVICIOS. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE RAZONABILIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de derechos por servicios, deben analizarse en función de la correlación entre la cuota a pagar y el costo del servicio de que se trate, a través de criterios de razonabilidad y no de cuantía, ya que para el caso de servicios divisibles prestados por el Estado, el equilibrio entre el costo del servicio y la cuota a pagar debe efectuarse mediante el establecimiento de criterios razonables, conforme a los cuales desde un análisis cualitativo, se verifique que la individualización del costo se efectúa en función de la intensidad del uso del servicio. En este sentido, el análisis de razonabilidad consiste en verificar que la unidad de medida utilizada para individualizar el costo del servicio, esto es, el referente, se relacione con su objeto y que el parámetro individualice los costos en función de la intensidad del uso, lo que conlleva a que pague más quien más utilice el servicio. Por su parte, para el análisis del parámetro debe identificarse si el tipo de servicio es simple o complejo, para con ello determinar si en la cuota debe existir o no una graduación; así, los servicios simples son aquellos en los que las actividades que desarrolla directamente el Estado para prestarlos no se ven modificadas por su objeto, mientras que en los complejos las actividades directamente relacionadas con la prestación del servicio varían con motivo de las características de su objeto; en este sentido, en el primer caso el parámetro no debe reflejar una graduación en la intensidad, pues el aumento en el uso está determinado por las veces en que se actualice el hecho imponible, mientras que en el segundo el parámetro debe reflejar la graduación en la intensidad del uso. Ahora bien, la elección de la unidad de medida conforme a la cual se individualiza el costo y en cómo se aplica éste, ya sea mediante cuota, tarifa o rango, es parte de la libertad de configuración de la que goza el legislador, pues en el caso de normatividad con efectos tributarios, la intensidad del análisis constitucional debe ser poco estricta, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador en campos como el económico, en donde la propia Constitución establece una amplia capacidad de intervención y regulación diferenciada del Estado. Es ilustrativo de lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: XXIV, noviembre de 2006, página: 29: ANÁLISIS CONSTITUCIONAL. SU INTENSIDAD A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICO Y DE DIVISIÓN DE PODERES. Acorde con las consideraciones sustentadas por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CXXXIII/2004, de rubro: IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)., siempre que la acción clasificadora del legislador incida en los derechos fundamentales garantizados por la Constitución, será necesario aplicar con especial intensidad las exigencias derivadas del principio de igualdad y no discriminación. De igual manera, en aquellos asuntos en que el Texto Constitucional limita la discrecionalidad del Congreso o del Ejecutivo, la intervención y control del tribunal constitucional debe ser mayor, a fin de respetar el diseño establecido por ella. Para este Alto Tribunal es claro que la fuerza normativa del principio democrático y del principio de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos del Estado -y entre ellos, el juzgador constitucional- deben respetar la libertad de configuración con que cuentan el Congreso y el Ejecutivo, en el marco de sus atribuciones. Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma. De esta manera, resulta evidente que la Constitución Federal exige una modulación del juicio de igualdad, sin que eso implique ninguna renuncia de la Corte al estricto ejercicio de sus competencias de control. Por el contrario, en el caso de normatividad con efectos económicos o tributarios, por regla general, la intensidad del análisis constitucional debe ser poco estricta, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador, en campos como el económico, en donde la propia Constitución establece una amplia capacidad de intervención y regulación diferenciada del Estado, considerando que, cuando el Texto Constitucional establece un margen de discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que las posibilidades de injerencia del Juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. En tales esferas, un control muy estricto llevaría al Juez constitucional a sustituir la competencia legislativa del Congreso -o la extraordinaria que puede corresponder al Ejecutivo-, pues no es función del Poder Judicial Federal, sino de los órganos políticos, entrar a analizar si esas clasificaciones económicas son las mejores o si éstas resultan necesarias. En suma, un derecho será proporcional y equitativo mientras los parámetros elegidos por el legislador para su cálculo sean razonables y objetivos, lo que implica la correlación entre la cuota a pagar y el costo del servicio de que se trate en función de la intensidad de su uso por parte del contribuyente, sin que puedan establecerse criterios cuantitativos. Bajo ese panorama, constituye un hecho notorio que el despliegue técnico del servicio público correspondiente al control vehicular se integra por el registro y actualización de los datos relativos a los vehículos automotores en un determinado territorio, pues precisamente se busca tener un control a través de la identificación de dichos aspectos. Así, el monto del derecho debe fijarse en función del costo que tiene para el Estado realizar el registro vehicular correspondiente. De tal suerte que el trámite desarrollado y el servicio prestado resulta ser el mismo con independencia de que se trate de diversos tipos de vehículos o con una antigüedad distinta, porque ello no varía en nada la función de control a realizar, al ser en todos los casos el mismo despliegue técnico, relativo al registro y actualización de los datos vehiculares respectivos. Es ilustrativa de lo anterior, la tesis IV.1o.A.29 A Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, abril de 2006, página: 1186: SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR, INSCRIPCIÓN Y REFRENDO ANUAL. EL ARTÍCULO 276, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL ESTABLECER DIVERSAS CUOTAS PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS RELATIVOS, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA. Si los derechos son las contraprestaciones que se pagan a la hacienda pública por servicios administrativos prestados a los gobernados, deben estar en concordancia con el costo del servicio y no con una diversa capacidad contributiva, por tratarse del mismo trámite respectivo y de la misma atención brindada. Así, al establecer el artículo 276, fracción XIII, de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, que por los servicios que preste la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado o sus dependencias, se causarán los derechos de control vehicular por la inscripción respectiva y por el refrendo anual correspondiente, en los términos siguientes: Tratándose de vehículos de motor, excepto motocicletas, 18 cuotas; remolques, 7 cuotas, y motocicletas de motor mayor de setenta y cinco centímetros cúbicos, 1.5 cuotas. Se llega a la conclusión de que dicho precepto no satisface los principios de proporcionalidad y equidad que deben normar el pago de derechos por servicios de control vehicular, supuesto que el trámite desarrollado y el servicio prestado resulta ser el mismo con independencia de que se trate de diversos tipos de vehículos, porque no varía en nada la función a realizar por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado o sus dependencias, y no advirtiéndose motivación jurídica alguna que justifique esa diversidad contributiva en el pago de los derechos, es claro que se violan dichos principios consagrados por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República. CONCEPTO IMPORTE Del año en curso....................... $2,350.00 Con un año de antigüedad................. $2,150.00 Con dos años de antigüedad................ $1,950.00 Con tres años de antigüedad................ $1,750.00 Con cuatro años de antigüedad................ $1,550.00 Con cinco y más años de antigüedad............ $1,350.00 En consecuencia, los derechos de control vehicular que se fijen en función del tipo o año de vehículo transgreden los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, al generar cobros diferenciados por un mismo servicio público atendiendo a una cuestión que no incide en el costo de la actividad estatal. El artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas establece: ARTÍCULO 99. El derecho de control vehicular con vigencia al 31 de marzo del año siguiente, deberá efectuarse durante los primeros tres meses del año que corresponda, para: Veículos de servicio público y particular: Remolques:............... $700.00 Motocicletas:............... $400.00 Cuando no se cubra la contribución dentro del plazo señalado, deberán pagarse recargos y actualización por concepto de indemnización a la Hacienda Pública Estatal por falta de pago oportuno, de conformidad con la Ley de Ingresos del Estado. Del precepto trascrito se infiere que el derecho por control vehicular en el Estado de Zacatecas debe erogarse en función de la antigüedad y el tipo de vehículo de que se trate, pues se establece una cuota dependiendo de dichos parámetros. No obstante, como se expuso, los factores anteriores no inciden en el costo del servicio público involucrado, pues la supervisión que se ejerce es la misma, con independencia del año del automotor y del tipo de vehículo que se trate (remolque o motocicleta). En efecto, dado que el despliegue técnico se concreta en mantener una base de datos respecto de los datos de identificación de los vehículos en el Estado, el servicio es el mismo para todos los vehículos, pues, en todo caso, únicamente involucra el registro de datos y el establecimiento de mecanismos de identificación vehicular. Luego, la disposición en análisis resulta violatoria del principio de proporcionalidad tributaria, porque atiende a factores que no guardan una relación con el costo del servicio público respectivo, lo que, por vía de consecuencia, incide en la equidad de dicho precepto. En consecuencia, la totalidad de las cuotas establecidas para el derecho de control vehicular en comento se encuentran viciadas, pues todas son fijadas en función de los factores destacados, lo que implica que no existe un parámetro mínimo que permita subsanar el mecanismo tributario, es decir, que no contenga el vicio destacado. Esto es relevante, ya que la violación determinada se integra principalmente por la desproporción de las tarifas establecidas y no solo por la inequidad de éstas, por lo que el cobro de la cuota mínima establecida, aunque pudiera brindar un trato igualitario, no excluye que también ésta fue fijada en función de un elemento ajeno al costo del servicio público involucrado; de manera que, se insiste, respecto de la totalidad de las cuotas establecidas no existe certeza de su proporcionalidad. En esta instancia constitucional, el quejoso reclama la disposición legal en comento. Del recibo fiscal que constituye el acto de aplicación (foja 7), se advierte que pagó ochocientos diez pesos por concepto de servicio de control vehicular; lo que actualiza la hipótesis normativa relativa a dicho derecho (artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, vigente a partir del uno de enero de dos mil diecisiete), pues se trata de un derecho erogado en el ejercicio fiscal en el que entró en vigencia dicha disposición. No obstante, como se expuso, el mecanismo esencial de la contribución se encuentra viciado, en lo concerniente a las cuotas aplicables, por lo que no es posible que incida dicho derecho en la esfera jurídica del amparista. Luego, el cobro reclamado tiene sustento en un normativo que resulta violatorio de los derechos tributarios previstos en el artículo 31, fracción IV, constitucional, lo que impide que pueda fundamentar la contribución en comento. Vicio de legalidad En el tercer concepto de violación, el quejoso combate que el cobro por concepto de Cruz Roja es injustificado, ya que no está previsto en disposición legal alguna. El motivo de inconformidad anterior resulta fundado, ya que del análisis integral de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas y de la ley de ingresos de dicha entidad federativa, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, no se advierte una disposición que dé sustento al cobro reclamado, lo que implica que, en todo caso, se trata de una aportación voluntaria, respecto de la que no se encuentra acreditado en esta instancia constitucional que se haya realizado de esa manera. Esto es relevante, porque en términos del artículo 1 de la Ley de Hacienda referida los ingresos que percibe el Estado deben estar previstos en la Ley de Ingresos respectiva y regulados en aquélla. Por tanto, tal como refiere el quejoso, el cobro asentado por el concepto reclamado resulta injustificado, por lo que debe ser devuelto al amparista. Concesión de amparo En suma de lo hasta aquí expuesto y en acatamiento a las disposiciones contenidas en los artículos 74, fracción V, y 77, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se determinan con precisión los efectos de la concesión de amparo, especificando las medidas que la responsable debe adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: a) Los artículos 78 a 88 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que prevén respectivamente el impuesto adicional para infraestructura, el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y el derecho por el servicio de control vehicular, sean desincorporados de la esfera jurídica del quejoso, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas devuelva las contribuciones erogadas por el agraviado con fundamento en las disposiciones anteriores en el recibo fiscal V 8252997, lo que debe incluir la actualización fiscal correspondiente. b.1) En particular, devuelva debidamente actualizado lo erogado en el recibo en comento por concepto de aportación a la Cruz Roja Mexicana. Sirve de apoyo para los efectos anteriores, la jurisprudencia P./J. 112/99 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página: 19, que establece: AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro. Y la jurisprudencia 2a./J. 13/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página: 592, que establece: LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL). El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada" Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 66/2017, promovido por Luis Tolentino Pablo, respecto de los actos reclamados al Secretario General de Gobierno y al Director del Periódico Oficial, ambos del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, por lo motivos señalados en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Luis Tolentino Pablo contra los actos que reclamó del Congreso, del Gobernador y del Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas, a saber, los artículos 78 a 88 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, con motivo de su aplicación en el recibo fiscal con folio V 8252997 de diecinueve de enero de dos mil diecisiete; por las razones, fundamentos y para los efectos precisados en el considerando séptimo de la presente sentencia. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, secretario que autoriza y da fe, hoy veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del Juzgado.
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