Luis Santiago Flota Baqueiro

Expediente 753/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
753/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
18/05/2022

Partes del expediente

  • Luis Santiago Flota Baqueiro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se ha notificado a la parte quejosa el auto de dos de mayo de la presente anualidad; por ende, toda vez que no existe razón para que este expediente siga al resguardo de la secretaría, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, así como que carece de documentos originales, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el Acuerdo antes citado. De conformidad al artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio signado por el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado de Yucatán, con un anexo que adjuntó, con el que, en atención al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional, informa que se aperturó el acta de investigación V1-G4-0071/2022, en la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Tortura de la Fiscalía General del Estado, a fin de que se inicie la investigación correspondiente por la probable trasgresión de los derechos humanos de los quejosos Luis Santiago Flota Baqueiro y Sulemi Cristina Can Robleda. En ese sentido, es importante traer a colación, lo sostenido por el Protocolo para Juzgar Casos de Tortura y Malos Tratos, expedido por la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del que se puede extraer conceptos y lineamientos inherentes a la correcta conducción de asuntos que involucren tortura y malos tratos. Entre ellos, lo establecido en el inciso C), denominado, Guía para juzgar casos de tortura y malos tratos, en concreto, en el punto 7 "vista con efectos de denuncia", que señala, que el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que, quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de algún delito, está obligado a denunciarlo al ministerio público, y respecto del delito de tortura, tal deber se encuentra contemplado en el artículo 33 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, dicha denuncia será con efectos para que la representación social inicie la investigación penal correspondiente. En tal virtud, atendiendo a que la definición de tortura, según la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia; de conformidad con lo estipulado en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del once de junio de dos mil once, el cual establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, así como en los artículos 22 Constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura, derecho fundamental garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. En ese orden de ideas, tomando en consideración que la Fiscalía General del Estado, ha iniciado el acta de investigación correspondiente, dese vista a la parte quejosa con las constancias que dicha autoridad remitió, a fin de que, en caso de estimarlo procedente, se integre a la etapa de investigación respectiva en el acta V1-G4-0071/2022, de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Tortura, de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y reciba la asesoría jurídica correspondiente en su carácter de víctima, tal como lo prevé el invocado Protocolo para Juzgar Casos de Tortura y Malos Tratos, expedido por la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notificado que sea este auto, provéase sobre el archivo de este asunto. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de abril de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio CEAV/DGAJ/1809/2022, de catorce de los corrientes, suscrito por la Encargada del Despacho de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual informa las gestiones realizadas a fin de cumplimentar la ejecutoria de amparo, de las que se aprecia que ésta se encuentra en vías de cumplimiento. Asimismo, tómense en consideración las manifestaciones que realiza la citada autoridad en su oficio de cuenta, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, del contenido del oficio de la citada responsable, se advierte que ésta solicita prórroga a fin de que las autoridades que intervienen en el cumplimiento de la sentencia de amparo, se encuentren en aptitud de dar cabal cumplimiento a ésta; en tal virtud, este Juzgado de Distrito accede a lo solicitado y otorga una prórroga de diez días hábiles a la referida responsable, los cuales comenzaran a contar a partir del siguiente al en que tenga conocimiento del presente acuerdo, en la inteligencia de que además deberá remitir a este Juzgado copia certificada de las constancias con las que acredite el debido cumplimiento a la ejecutoria que nos ocupa. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que, dada la situación de contingencia que prevalece con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que limita el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, la información solicitada podrá rendirla vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión. Apercibida que de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad y Medida y Actualización, en términos del artículo conforme al numeral 2581, en armonía con el diverso ordinal 2382, ambos del citado ordenamiento legal; en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el escrito suscrito por Luis Ángel Jiménez Santana, en su carácter de autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual formula alegatos; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, hágase relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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