Luis Rodríguez Bolio

Expediente 1305/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1305/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
09/10/2023

Partes del expediente

  • Luis Rodríguez Bolio

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, con en el que contaban las partes para recurrir el auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, se declara que el citado auto que sobreseyó en este juicio fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el escrito presentado por los quejosos ********************, mediante el cual expresan que a su parecer, sobrevino una causa de improcedencia en este asunto. Ello, debido a que al recibir la notificación personal del auto de admisión del recurso de reconsideración con número de expediente ********************, de quince de agosto del año en curso, por conducto de su apoderado legal, el diecisiete del mes anterior, estiman han cesado los efectos de las omisiones motivo de su reclamo constitucional. Ahora, tomando en cuenta las manifestaciones de la parte quejosa, así como lo expresado en los informes justificados rendidos por el Director y la Subdirectora Jurídica de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, se advierte que uno de los actos reclamados consiste en la omisión de las responsables de dar entrada al recurso de reconsideración que hicieron valer, y dictar el auto admisorio al mismo; por lo que, atendiendo a las constancias anexas a dichos informes, se aprecia que en el caso a estudio por lo que toca a dicho acto, se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la omisión de proveer lo conducente a la admisión del recurso de reconsideración promovido en el expediente CONT.********************. Ahora bien, de las constancias remitidas por las responsables Director y Subdirectora Jurídica, ambos de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, mismas que integran este juicio de amparo, se desprende que el quince de agosto de dos mil veintitrés, la Dirección en comento dictó una resolución en la cual admitió a trámite el recurso de reconsideración presentado ante ellas por Gabriel Jesús López Cervera, en su carácter de apoderado legal de los directos quejosos, mismo que fue notificado al referido López Cervera, el diecisiete de agosto siguiente. Documentales que por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a las responsables, al haberse demostrado que acordaron lo relativo a la admisión del recurso interpuesto por la parte quejosa, por medio de su apoderado legal, cuyo contenido también ya les fue notificado. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable de dictar el proveído en el que se pronunciara respecto del recurso de reconsideración de la parte quejosa y su apoderado legal, en el expediente de origen dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con el auto de quince de agosto de dos mil veintitrés. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la paralización impugnada; sin embargo, tal como se ha señalado, al haber acordado la responsable lo peticionado por aquella, es evidente que han cesado los efectos de la aludida paralización. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Ahora, del informe justificado rendido por el Jefe del Departamento de Asuntos Contenciosos de la Subdirección Jurídica de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, se advierte que dicha responsable informó sobre la negativa del acto reclamado, aduciendo que carece de facultades para resolver y substanciar el recurso de reconsideración promovido por la parte quejosa; sin que exista prueba en contrario que desvirtúe dicha negativa. Al respecto, el quejoso no aportó prueba alguna a fin de acreditar la existencia de tal acto atribuido a dicha autoridad, ni de las constancias que obran en autos, se advierte la certeza del mismo, máxime que de las mismas que integran este expediente se aprecia que las diversas responsables Director y la Subdirectora Jurídica de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, hicieron manifestaciones en sus informes de las que pueden advertirse que los actos a ellos reclamados son ciertos. Motivo por el que, ante la inexistencia manifestada por el Jefe del Departamento de Asuntos Contenciosos de la Subdirección Jurídica de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se sobresee en este juicio de amparo, únicamente por lo que corresponde al referido acto y autoridad responsable. Sirve de apoyo al caso, la tesis jurisprudencial 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Por otra parte, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama también la denegación de justicia en que incurren las responsables al no substanciar el recurso de reconsideración CONT-173/2023, dentro de los plazos que establece la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. Acorde al contenido de los informes justificados rendidos por el Director y la Subdirectora Jurídica de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, se advierte que éstos señalan que conforme a lo preceptuado en el artículo 179 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, la resolución relativa al recurso de reconsideración que se interponga se dictará dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que concluya la etapa probatoria, pudiéndose confirmar, modificar o anular total o parcialmente el acto reclamado. Ahora bien, en relación con los actos omisivos reclamados en una demanda de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia con número de tesis 99/2018, señaló lo siguiente: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". Del criterio anterior se puede advertir, que el Alto Tribunal determinó, que el juzgador de amparo en el capítulo de existencia del acto reclamado, debe analizar las manifestaciones de la autoridad responsable al rendir su informe, esto es, si niega la omisión reclamada, con la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar, se debe verificar esta circunstancia, esto es, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución. Con ese marco de referencia y como quedó precisado, las responsables al rendir su informe justificado aceptaron la existencia de la omisión reclamada, esto es, reconocieron que no habían resuelto el recurso de consideración promovido; sin embargo, agregaron que la omisión reclamada no era en los términos planteados por la parte quejosa, pues la sustanciación del aludido medio de inconformidad se rige acorde a lo dispuesto en los artículos 178 y 179 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. Dichos ordenamientos señalan lo siguiente: "Artículo 178.- Cualquier persona que considere afectados sus derechos por un acto administrativo, podrá interponer el recurso de reconsideración, ante la autoridad u órgano responsable, por sí o por medio de legítimo representante, en los términos de esta ley y el reglamento respectivo. Los afectados podrán recurrir directamente a interponer el recurso de revisión ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Municipal. Los interesados podrán autorizar por escrito, en cada caso a la persona que en su nombre reciba notificaciones, ofrezca y rinda pruebas e interponga recursos dentro del procedimiento administrativo. Los apoderados y legítimos representantes deberán acreditar su personalidad al comparecer ante las autoridades u órganos competentes. Artículo 179.- La tramitación del recurso de reconsideración se sujetará a las reglas siguientes: I.- Se interpondrá por escrito dentro de los diez días posteriores a la fecha en que surta efectos la notificación del acto que se impugne o en que se hubiere ostentado sabedor del mismo, ante la autoridad u órgano que dictó el acto impugnado; II.- El escrito con que se promueve el recurso de reconsideración deberá contener: a) Nombre y domicilio para recibir notificaciones del recurrente, dentro de la jurisdicción municipal; b) Autoridad o autoridades de las que emana el acto reclamado; c) Los hechos o antecedentes del acto combatido, así como la expresión de los agravios que éste le cause al recurrente, y d) Señalar y acompañar las pruebas que considere necesarias para demostrar su pretensión, en su caso. Cuando el interesado no comparezca por sí mismo, sino por medio de apoderado o legítimo representante, éstos deberán acreditar su personalidad, para lo cual, acompañarán al escrito inicial, los documentos que la acrediten. Si el escrito no satisface algunos de los requisitos mencionados, la autoridad u órgano competente instará al promovente para que lo subsane en un término no mayor de tres días hábiles; en caso de no cumplir con dicho requerimiento, se desechará el recurso; III.- Recibido el escrito en los términos de las fracciones precedentes, la autoridad u órgano competente acordará su admisión y las pruebas ofrecidas. Corriéndose el debido traslado a la responsable, en un plazo de cinco días hábiles; IV.- Transcurrido dicho término, y contestado o no, se desahogarán las pruebas que así lo requieran, en un plazo no mayor de diez días hábiles; salvo, que sea imposible su desahogo, y para tal caso la autoridad u órgano competente podrá ampliar dicho término hasta por cinco días adicionales. En la tramitación del recurso serán admisibles todos los medios de prueba, con excepción de la confesión de las autoridades. Las pruebas documentales deberán ser acompañadas al escrito inicial, cuando obren en poder del recurrente. La autoridad u órgano competente podrá solicitar a las diversas oficinas y dependencias municipales, los informes y documentos necesarios. V.- La resolución se dictará dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que concluya la etapa probatoria, pudiéndose confirmar, modificar o anular total o parcialmente el acto reclamado." Por tanto, si de autos se advierte que el quince de agosto de dos mil veintitrés se dio trámite al recurso de reconsideración planteado por los ahora quejosos ********************es claro que la citada omisión reclamada de resolver el recurso de reconsideración es inexistente. Como se indicó del análisis realizado a las constancias de autos se deduce, que la inferencia de certeza de las responsables en relación con la omisión alegada por la parte quejosa, de que no se ha resuelto el recurso de reconsideración planteado se debe primordialmente a que en fecha quince de agosto del año en curso, se proveyó lo conducente a la admisión del referido recurso, por lo que aún no se ha substanciado el mismo en términos de lo dispuesto por los antes citados numerales 178 y 179 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y por ende, aun no se está en aptitud ni en término para dictar la resolución que resuelva el citado medio de impugnación. Con base en lo anterior, es correcta la aceptación de la responsable de la omisión reclamada, pues no ha dictado la resolución del recurso de reconsideración; sin embargo, ello se debe a que el procedimiento de origen no se encuentra en la fase correspondiente para que se emitió el fallo respectivo del que se duele la parte agraviada. En ese orden de ideas, es claro que al momento en que se presentó la demanda de amparo, que dio origen a este juicio, el recurso de reconsideración ni siquiera había sido admitido a trámite, por tal motivo, es que la omisión apuntada por la parte quejosa, resulte inexistente. En las relatadas consideraciones, al resultar inexistente el diverso acto reclamado consistente en la omisión de dictar la resolución en el recurso de reconsideración, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo por lo que respecta al acto reclamado consistente en la omisión de las responsables de resolver el recurso de reconsideración planteado por la parte quejosa. Sin que obste a lo anterior, que tratándose de la inexistencia del acto u omisión reclamada deba esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa tenga la oportunidad de desvirtuarla, toda vez que en el caso particular, las constancias remitidas por las responsables actualiza indudablemente la causal de sobreseimiento en el juicio, sin que dé lugar a la posibilidad de desvirtuarse, dado que las responsables, exhibieron copias certificadas de los autos que integran el expediente de origen CONT.********************, de las que se advierte el acuerdo por medio del cual se admitió a trámite el recurso de reconsideración antes referido y del cual puede apreciarse el estado del citado procedimiento, con lo que se demuestra en forma fehaciente la inexistencia de la omisión reclamada. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense a estos autos los informes justificados y anexos remitidos por el Director, la Subdirectora Jurídica y por el Jefe del Departamento de Asuntos Contenciosos de la Subdirección Jurídica, todos de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio con su contenido, así como las constancias remitidas y hágase relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo ténganse como pruebas las documentales remitas por las responsables, para ser relacionadas y tomadas en consideración como corresponda. Finalmente, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la autoridad responsable de mérito, y como sus delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, los señalados en su informe de cuenta. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán a diecisiete de agosto de dos mil veintitrés Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra el acto que reclama del Director de Desarrollo Urbano de H. Ayuntamiento de Mérida, y otras autoridades; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda; por tanto, dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Ahora bien, con apoyo en el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de la parte quejosa, a ********************. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, requiéraseles informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables, en el que deberán rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe; apercibidas que de no rendir sus informes dentro del término fijado o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se les impondrán una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiéraseles a las autoridades responsables para que en el supuesto de que hubiera alguna causal de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a esta Juzgadora, y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrán una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada Ley de la Materia. Se hace del conocimiento a la autoridad requerida que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, el informe requerido deberán rendirlo privilegiando la modalidad electrónica: por lo que se pone a su disposición de dirección oficial del correo electrónico institucional 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión; en el entendido de que, en caso de optar por remitir dicho informe vía correo electrónico, deberán contar con el acuse de recibo correspondiente, ya que, en caso contrario, el mismo no se tendrá por rendido. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional, en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Determinación que no depara afectación a las partes, al estar en posibilidad de presentar sus alegatos de manera escrita. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a las autoridades responsables ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, entregado directamente o mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, la podrán consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Respecto a la agente del Ministerio Público adscrita, es un hecho notorio para esta Juzgadora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la ley de Amparo, que mediante oficio DEY/4458/20, el encargado del despacho de la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República, designó a la licenciada Rossana Rosemary Rosas Ricalde como agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito, proporcionando como correo electrónico para realizarle notificaciones el siguiente rossana.rosas@pgr.gob.mx; en tal virtud, se ordena notificar a la representante social el presente acuerdo y los subsecuentes que sean necesarios durante la contingencia sanitaria, mediante el citado correo electrónico. Asimismo, se invitan a las autoridades responsables a que, a la brevedad, proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Como lo señala la parte quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda. Asimismo, téngase a las personas que señala en su demanda de amparo como sus autorizados para oír y recibir notificaciones, que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes, el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales, instrumental de actuaciones y la de presunciones en su doble aspecto, las cuales serán valoradas y tomadas en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Finalmente, no se tramita el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, ni la naturaleza de los actos reclamados amerita su tramitación oficiosa, conforme al artículo 127 de la referida Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano