Luis Salvador Rodríguez Torres

Expediente 1095/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1095/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
02/12/2020

Partes del expediente

  • Luis Salvador Rodríguez Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a dos de diciembre de dos mil veinte. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, al cual acompaña copia certificada del testimonio de resolución dictada por la superioridad, con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa. Hágase del conocimiento de las partes que al resolver dicho recurso, el tribunal de alzada resolvió: "PRIMERO. Es fundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se revoca el auto impugnado de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo indirecto 1095/2019, del índice del Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, para el efecto precisado en la parte final de la presente resolución". Acuse recibo. Acúsese recibo de estilo al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, para todos los efectos legales a que haya lugar. Radicación. Visto lo de cuenta, se analiza nuevamente el escrito de demanda de amparo promovida por********************contra actos que reclaman del Ayuntamiento, con residencia en Gómez Palacio, Durango y otras autoridades. Desechamiento. Ahora bien, en la referida resolución el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, determinó declarar fundado el recurso de queja y revocó el auto impugnado para el efecto de que la demanda de amparo se admita a trámite, siempre y cuando, no exista diversa causa manifiesta e indudable de improcedencia. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo y de sus anexos, este juzgador advierte un diverso motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca de un juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara de plano." Al respecto atendiendo a la facultad conferida por la superioridad para analizar nuevamente la demanda de amparo y en su caso la libertad de analizar la existencia de un diverso motivo de improcedencia, procede desechar de plano la presente demanda de que se trata, en atención a las consideraciones que se expondrán adelante. El citado precepto autoriza al suscrito juzgador a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Del escrito de la demanda, se advierte, que la parte quejosa reclama esencialmente del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango, y otras autoridades la autorización de pensiones que no contempla el contrato colectivo de trabajo de los trabajadores del municipio de Gómez Palacio, sin legalidad, imparcialidad y seguridad jurídica, y las actas de cabildo en que autorizaron dichas pensiones. Bajo estas consideraciones y en relación a los actos reclamados, se advierte que en el presente se juicio se actualiza en forma evidente, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX. En el presente caso, este juzgado advierte que se actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, en relación con la fracción V, del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo, al no agotarse previamente a la presentación de la demanda en comento el principio de definitividad, en virtud que la ley ordinaria prevé un medio de defensa que puede confirmar, revocar o nulificar el acto, tal como lo establece de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Durango, antes de acudir a esta instancia constitucional. Lo anterior es así pues el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: ... De la interpretación literal de los artículos anteriormente transcritos se desprende que el juicio de amparo biinstancial es improcedente en materia administrativa en el supuesto que contra el acto reclamado sea procedente un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión. De lo precedentemente expuesto, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la promovente debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. En efecto, el juicio de amparo se rige por diversos principios, entre los que se encuentra el de "definitividad", el cual establece que para la procedencia de amparo es preciso previamente agotar todos los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley por medio de los cuales el acto reclamado pueda, ser modificado, revocado o nulificado; en términos de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y el citado 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; de ahí que la promovente de amparo, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, en razón de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa y, por tanto, para acudir a él es necesario antes de la demanda de amparo, agotar en la vía ordinaria, todos los medios de defensa con los que cuenta la promovente para combatir el acto reclamado, de modo que si las partes no tuvieran la carga de agotar defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, el amparo se convertiría en un recurso ordinario. ... En el caso concreto, la parte quejosa se encontraba en aptitud de interponer el juicio contencioso administrativo contra los actos reclamados en esta instancia constitucional, de acuerdo a lo dispuesto por los preceptos 100 y 101 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Durango. Para corroborar tal aserto, debe tenerse en cuenta lo estipulado por los numerales 1°, 98, 100 y 101, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Durango, del tenor: ... La literalidad de los preceptos reproducidos es clara en cuanto a que contra las resoluciones administrativas definitivas, actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos, procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango; ya que la intención del legislador al establecer ese juicio radicó en que las partes tuvieran a su alcance un medio de defensa para remediar los efectos de dichos actos administrativos, de modo que si no se agota, el juicio de amparo deviene improcedente. Por ello, resulta evidente que el juicio constitucional es improcedente si no se promueve y resuelve previo a su presentación, el juicio contencioso administrativo, toda vez que la interposición de este medio ordinario de defensa no es optativo, sino que resulta obligatorio antes de acudir al juicio constitucional, de conformidad con el artículo 101 de la citada ley; máxime que en relación con la tramitación de dicho juicio la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Durango no exige mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, conforme lo disponen los artículos 156, 157 y 158 del primer ordenamiento legal mencionado, que establecen: ... Los preceptos transcritos imponen como cargas a los gobernados para el otorgamiento de la suspensión que se solicite y no se lesione derechos de terceros, es decir, que la medida cautelar podrá decretarse de oficio cuando se trate de multas excesivas, confiscación de bienes o se trate de privación de la libertad por faltas administrativas procederá de plano. En los demás casos, será a petición de parte, asimismo, tendrá efectos restitutorios cuando se afecte a particulares de escasos recursos o a discreción del propio Magistrado cuando sea necesario. De igual manera, el artículo 139 de la Ley de Amparo prevé que cuando con la concesión de la suspensión de los actos se puede ocasionar un daño o perjuicio se deberá otorgar garantía para reparar el daño e indemnizar los perjuicios si no se obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo, lo cual también está regulado en el párrafo segundo del artículo 159 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Durango. Cabe mencionar que en ambas leyes se establece la figura de la contragarantía. En el caso de la Ley de Amparo dicha institución se encuentra regulada en el artículo 125 al 158, en tanto que en la ley procesal local se regula en igualdad de circunstancias en el numeral 161. Entonces, la comparación de las disposiciones legales que rigen la suspensión del acto acorde con la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Durango permiten concluir que no se exigen mayores requisitos que en el juicio de amparo para conceder la suspensión. Ahora, referente al plazo para la emisión de la suspensión del acto impugnado, es válido establecer que en el juicio contencioso administrativo la medida cautelar se provee el mismo día de la presentación de la demanda, al igual que como lo establece la Ley de Amparo; tal afirmación radica en que el artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Durango -de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa de esa entidad, según lo dispuesto por su numeral 98-, estipula que el Secretario dará cuenta con los escritos presentados a más tardar dentro de las veinticuatro horas de su presentación. Por ello, se colige que no se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad que rige el juicio constitucional, referente a que la ley que rige el acto reclamado establezca un plazo mayor para otorgar la suspensión al estipulado en la Ley de Amparo, puesto que existe la posibilidad de que se ordene la paralización de los actos impugnados desde que la demanda es presentada ante el tribunal y hasta por el plazo de veinticuatro horas. ... Bajo esa óptica, es evidente para el suscrito juzgador, que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Durango no establece mayores requisitos a los previstos la Ley de Amparo para conceder la suspensión, pues en ambas legislaciones se establecen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio. Por las razones expuestas, se concluye que, previamente a acudir al juicio de amparo, los quejosos debieron agotar el juicio contencioso administrativo que como medio de defensa ordinario establece el artículo 100 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Durango, ya que al no hacerlo infringió el principio de definitividad que establece la ley de la materia. En tales condiciones y al ser esta una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, la cual quedó plenamente demostrada en los párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por********************. ... Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. ... Vía para la rendición de promociones. ... Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. ... Notificación personal. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, al cual acompaña copia certificada del testimonio de resolución dictada por la superioridad, con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa. Hágase del conocimiento de las partes que al resolver dicho recurso, el tribunal de alzada resolvió: "PRIMERO. Es fundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se revoca el auto impugnado de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo indirecto 1095/2019, del índice del Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, para el efecto precisado en la parte final de la presente resolución". Acuse recibo. Acúsese recibo de estilo al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, para todos los efectos legales a que haya lugar. Radicación. Visto lo de cuenta, se analiza nuevamente el escrito de demanda de amparo promovida por********************contra actos que reclaman del Ayuntamiento, con residencia en Gómez Palacio, Durango y otras autoridades. Desechamiento. Ahora bien, en la referida resolución el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, determinó declarar fundado el recurso de queja y revocó el auto impugnado para el efecto de que la demanda de amparo se admita a trámite, siempre y cuando, no exista diversa causa manifiesta e indudable de improcedencia. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo y de sus anexos, este juzgador advierte un diverso motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca de un juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara de plano." Al respecto atendiendo a la facultad conferida por la superioridad para analizar nuevamente la demanda de amparo y en su caso la libertad de analizar la existencia de un diverso motivo de improcedencia, procede desechar de plano la presente demanda de que se trata, en atención a las consideraciones que se expondrán adelante. El citado precepto autoriza al suscrito juzgador a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Del escrito de la demanda, se advierte, que la parte quejosa reclama esencialmente del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango, y otras autoridades la autorización de pensiones que no contempla el contrato colectivo de trabajo de los trabajadores del municipio de Gómez Palacio, sin legalidad, imparcialidad y seguridad jurídica, y las actas de cabildo en que autorizaron dichas pensiones. Bajo estas consideraciones y en relación a los actos reclamados, se advierte que en el presente se juicio se actualiza en forma evidente, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX. En el presente caso, este juzgado advierte que se actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, en relación con la fracción V, del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo, al no agotarse previamente a la presentación de la demanda en comento el principio de definitividad, en virtud que la ley ordinaria prevé un medio de defensa que puede confirmar, revocar o nulificar el acto, tal como lo establece de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Durango, antes de acudir a esta instancia constitucional. Lo anterior es así pues el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: ... De la interpretación literal de los artículos anteriormente transcritos se desprende que el juicio de amparo biinstancial es improcedente en materia administrativa en el supuesto que contra el acto reclamado sea procedente un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión. De lo precedentemente expuesto, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la promovente debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. En efecto, el juicio de amparo se rige por diversos principios, entre los que se encuentra el de "definitividad", el cual establece que para la procedencia de amparo es preciso previamente agotar todos los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley por medio de los cuales el acto reclamado pueda, ser modificado, revocado o nulificado; en términos de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y el citado 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; de ahí que la promovente de amparo, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, en razón de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa y, por tanto, para acudir a él es necesario antes de la demanda de amparo, agotar en la vía ordinaria, todos los medios de defensa con los que cuenta la promovente para combatir el acto reclamado, de modo que si las partes no tuvieran la carga de agotar defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, el amparo se convertiría en un recurso ordinario. ... En el caso concreto, la parte quejosa se encontraba en aptitud de interponer el juicio contencioso administrativo contra los actos reclamados en esta instancia constitucional, de acuerdo a lo dispuesto por los preceptos 100 y 101 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Durango. Para corroborar tal aserto, debe tenerse en cuenta lo estipulado por los numerales 1°, 98, 100 y 101, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Durango, del tenor: ... La literalidad de los preceptos reproducidos es clara en cuanto a que contra las resoluciones administrativas definitivas, actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos, procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango; ya que la intención del legislador al establecer ese juicio radicó en que las partes tuvieran a su alcance un medio de defensa para remediar los efectos de dichos actos administrativos, de modo que si no se agota, el juicio de amparo deviene improcedente. Por ello, resulta evidente que el juicio constitucional es improcedente si no se promueve y resuelve previo a su presentación, el juicio contencioso administrativo, toda vez que la interposición de este medio ordinario de defensa no es optativo, sino que resulta obligatorio antes de acudir al juicio constitucional, de conformidad con el artículo 101 de la citada ley; máxime que en relación con la tramitación de dicho juicio la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Durango no exige mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, conforme lo disponen los artículos 156, 157 y 158 del primer ordenamiento legal mencionado, que establecen: ... Los preceptos transcritos imponen como cargas a los gobernados para el otorgamiento de la suspensión que se solicite y no se lesione derechos de terceros, es decir, que la medida cautelar podrá decretarse de oficio cuando se trate de multas excesivas, confiscación de bienes o se trate de privación de la libertad por faltas administrativas procederá de plano. En los demás casos, será a petición de parte, asimismo, tendrá efectos restitutorios cuando se afecte a particulares de escasos recursos o a discreción del propio Magistrado cuando sea necesario. De igual manera, el artículo 139 de la Ley de Amparo prevé que cuando con la concesión de la suspensión de los actos se puede ocasionar un daño o perjuicio se deberá otorgar garantía para reparar el daño e indemnizar los perjuicios si no se obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo, lo cual también está regulado en el párrafo segundo del artículo 159 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Durango. Cabe mencionar que en ambas leyes se establece la figura de la contragarantía. En el caso de la Ley de Amparo dicha institución se encuentra regulada en el artículo 125 al 158, en tanto que en la ley procesal local se regula en igualdad de circunstancias en el numeral 161. Entonces, la comparación de las disposiciones legales que rigen la suspensión del acto acorde con la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Durango permiten concluir que no se exigen mayores requisitos que en el juicio de amparo para conceder la suspensión. Ahora, referente al plazo para la emisión de la suspensión del acto impugnado, es válido establecer que en el juicio contencioso administrativo la medida cautelar se provee el mismo día de la presentación de la demanda, al igual que como lo establece la Ley de Amparo; tal afirmación radica en que el artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Durango -de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa de esa entidad, según lo dispuesto por su numeral 98-, estipula que el Secretario dará cuenta con los escritos presentados a más tardar dentro de las veinticuatro horas de su presentación. Por ello, se colige que no se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad que rige el juicio constitucional, referente a que la ley que rige el acto reclamado establezca un plazo mayor para otorgar la suspensión al estipulado en la Ley de Amparo, puesto que existe la posibilidad de que se ordene la paralización de los actos impugnados desde que la demanda es presentada ante el tribunal y hasta por el plazo de veinticuatro horas. ... Bajo esa óptica, es evidente para el suscrito juzgador, que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Durango no establece mayores requisitos a los previstos la Ley de Amparo para conceder la suspensión, pues en ambas legislaciones se establecen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio. Por las razones expuestas, se concluye que, previamente a acudir al juicio de amparo, los quejosos debieron agotar el juicio contencioso administrativo que como medio de defensa ordinario establece el artículo 100 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Durango, ya que al no hacerlo infringió el principio de definitividad que establece la ley de la materia. En tales condiciones y al ser esta una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, la cual quedó plenamente demostrada en los párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por********************. ... Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. ... Vía para la rendición de promociones. ... Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. ... Notificación personal. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Gestiones cumplimiento. Se agrega a los autos el oficio de cuenta suscrito por la autoridad responsable Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Ecatepec, con residencia en el Estado de México, mediante el cual informa las gestiones que está realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que obste el hecho de que el oficio de referencia se hubiese recibido vía correo electrónico en este juzgado, en tanto que ello contribuye a salvaguardar el principio de justicia pronta que consagra el artículo 17 de la Ley Suprema, y atendiendo también a que el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, de ahí que se tenga por recibido el oficio remitido en esos términos. Notifíquese.

  4. Principal

    Recurso de queja. Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del auto de siete de noviembre del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo que motivó el expediente en que se actúa. Remisión. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la ley en la materia, en relación con el numeral 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase copia certificada de la demanda de amparo, así como del auto impugnado, y constancias de notificación, así como original y copia del escrito de cuenta, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito en turno, con sede en esta ciudad. Informe. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo ríndase informe en el sentido de ser cierto que este juzgado emitió el proveído de siete de noviembre del presente año, sin embargo, se precisa que el mismo se pronunció apegado a derecho; como así se justifica atendiendo a los motivos y fundamentos plasmados en el mismo, lo que sustenta su legalidad. Notifíquese.

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