Luis Roberto Sánchez Briseño
Expediente 611/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 18 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 611/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Luis Roberto Sánchez Briseño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; diez de noviembre de dos mil veintitrés. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por la secretaria de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado estado. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Valoración documental. Este expediente es destruible, una vez cumplidos tres años de que se emite el presente acuerdo, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No se solicitó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Expediente electrónico. En el entendido que el secretario de la adscripción certificó que todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido y al defensor público federal.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la sentencia dictada en el presente sumario el seis de septiembre de dos mil veintitrés, se notificó por medio de lista, sin embargo, el quejoso se encuentra privado de su libertad, además se le designó al defensor público federal, en tales condiciones, a fin de no dejarlo en estado de indefensión, notifíquese de manera personal la sentencia de que se habla, tanto al quejoso como al defensor público federal, para que se impongan de su contenido, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido y al defensor público federal.
- Principal
Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. Licenciada Maribel Villanueva Salas.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Durango, Durango, turnado ese mismo día al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango, con sede en esa ciudad, ********************, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y los actos que a continuación se trascriben: "III. Autoridad responsable 1.- Director General del Cefereso N° 14 "CPS-Durango" 2.- Director Jurídico del Cefereso N° 14 "CPS-Durango" 3.- Titular de la administración de servicios médicos - área médica del Cefereso N° 14 "CPS-Durango" 4.- Titular del área de Seguridad y Custodia del Cefereso N° 14 "CPS-Durango" IV.- acto reclamado La negligencia, omisión y negativa de proporcionarme atención médica y medicamentos adecuados para mis padecimientos que son trastornos de ansiedad, depresión, insomnio y estrés postraumático derivado de la tortura y el múltiple consumo de sustancias psicoactivas, así como lumbalgia y una lesión de rodilla y un absceso de grasa o tumor que me salió en la espalda". En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, señalando los derechos humanos que, en su concepto, se violaron es el contenido en los artículos 1, 4, 18 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo promovida por ******************** inicialmente se turnó al Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Durango, Durango, quien en auto de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por el quejoso, por razón de territorio, conforme lo establecido por el artículo 37 de la Ley de Amparo, motivo por el cual declinó la competencia a favor de los Juzgados de Distrito en la Laguna, con sede en esta ciudad, por ser quien ejerce jurisdicción en la ciudad de Gómez Palacio, Durango, En proveído de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada, se convalidó todo lo actuado por el juzgado homólogo y fue admitida en sus términos y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número ********************, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados correspondientes; y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta, en el caso se reclaman actos de una autoridad con residencia en la circunscripción territorial en que este jugado ejerce su jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: i. La omisión de proporcionarle la atención médica adecuada a los padecimientos que lo aquejan. ii. Asimismo, la parte quejosa solicita le sean proporcionados los medicamentos adecuados. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por el hoy impetrante, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Negativa de los actos reclamados. Las autoridades responsables Director del Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS Durango", Titular del Área Jurídica del Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS Durango", titular del área médica del Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS Durango, titular del área de seguridad y custodia del Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS Durango", al rendir su respectivo informe justificado negaron categóricamente los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa aportara pruebas a fin de demostrar su existencia. CUARTO. Improcedencia del juicio constitucional. Previo al estudio del fondo, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes o de oficio se adviertan, al ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la ley de la materia. En la especie, se advierte que respecto del acto reclamado que aquí se analiza, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Pues previo a la promoción del juicio de amparo, el quejoso debió agotar la controversia administrativa, al tratarse de una cuestión inherente a su internamiento. Los artículos 108, 116, fracción I, en relación con los diversos 130 y 131 de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevén un medio ordinario de defensa en contra del acto Reclamado. Lo anterior es así, ya que la parte que se encuentre legitimada podrá formular controversia relativa a las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas ante el Juez de Ejecución respectivo, por lo que una vez substanciada la controversia planteada por la parte afectada, se llevará a cabo la audiencia relativa, de conformidad con el artículo 126 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que el Juez de Ejecución, dentro del término legal deberá notificar a las partes la resolución que emita, la cual se ejecutará una vez que quede firme. Es preciso destacar que una condición de internamiento es cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, conclusión a la que se conduce después de realizar una interpretación sistemática en la parte conducente de los artículos 3°, fracciones XVII y XXV; 9, fracciones I, II, III, VI y VII; 10, fracciones II, IV y V; y 30 todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En el caso concreto, el quejoso aduce que no se le brinda la atención médica adecuada a los padecimientos que refiere ni se le ha dado el medicamento adecuado, en consecuencia constituyen omisiones relativas a cuestiones de internamiento. Ahora, de conformidad con los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dicho procedimiento contiene un mecanismo de control -de peticiones administrativas que cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual las personas privadas de su libertad se encuentran facultadas para reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento y que estima vulneran sus derechos. Cabe señalar, que el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo se traduce en la obligación por parte del promovente del amparo, de agotar, previa promoción del juicio de amparo, los medios de defensa que la ley de la materia prevea, que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar el acto reclamado. En ese sentido, quien ahora provee advierte, que se actualiza la causal de improcedencia relativa a que la parte quejosa no agotó el recurso ordinario antes de acudir al presente juicio, por lo que se trasgrede el principio de definitividad, respecto del acto reclamado por el quejoso, y que relativo a la falta de atención médica adecuada a los padecimientos que refiere ni se le ha dado el medicamento adecuado. El artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de as cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" La fracción transcrita contempla el principio de definitividad que rige al juicio de amparo y encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter Constitucional, el quejoso debe acudir en primer lugar a las instancias ordinarias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le cause afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se tiene la posibilidad de acudir al juicio de amparo, pues precisamente, una de las finalidades de esta limitación es la de evitar los abusos en su promoción y con ello, impedir que se utilice para retardar la administración de justicia. Por tal motivo, el legislador reservó la procedencia de esta instancia a las impugnaciones de las resoluciones judiciales, administrativas o del trabajo, una vez que se haya agotado el recurso o medio de defensa, por virtud del cual aquéllas puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, por ello, toda vez que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones a los derechos fundamentales que los actos de autoridad generan en perjuicio de los gobernados que lo promuevan, el fallo protector que en su caso se llegue a pronunciar, tiene que concretarse y trascender a la esfera jurídica del quejoso, lo que no ocurriría si el acto reclamado queda sin efectos. En el caso concreto, el acto reclamado no se impugnó a través del medio de defensa ordinario previsto en la legislación aplicable, es decir, la parte quejosa debió recurrir a los medios de impugnación que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal contra el acto que pretende combatir ante la presente instancia. Lo anterior es así, pues con motivo de la entrada en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, y de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente, además de la intervención primaria de las autoridades administrativas en cuanto a la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el internamiento del imputado y el cumplimiento de las sentencias, también están involucrados particularmente los jueces de control y los jueces de ejecución en Materia Penal, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse. Sumado a ello, se destaca que las reformas constitucional y legal sobre el sistema penitenciario, tuvieron como uno de sus propósitos esenciales involucrar a ambos jueces (control y ejecución) como protectores inmediatos de los derechos humanos de los procesados o internos. Por eso, las controversias deben ser del conocimiento del juez, pues, de otro modo, no tendrían efecto útil las disposiciones de la ley en comento y serían obsoletas, en tanto que se dejaría de cumplir con su objetivo: garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad en forma directa e inmediata. Además, se dejaría de observar que el ánimo de la reforma es garantizar con celeridad esa protección, ya que el procedimiento respectivo es breve, dado que, por ejemplo, el juez de ejecución tiene la obligación de resolver en un plazo de setenta y dos horas, a fin de que de ser procedente la acción, la autoridad penitenciaria dé respuesta de fondo a la petición formulada. Ahora, es importante señalar que el marco constitucional que rige la actuación de todos los órganos del Estado Mexicano, sufrió una modificación trascendental con motivo de la entrada en vigor del decreto por el que se modifica la denominación del capítulo I del título primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, específicamente con lo establecido en los párrafos segundo y tercero del artículo 1o. constitucional, los cuales indican: "Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley". De lo previsto en estos párrafos, se advierte que con motivo de su entrada en vigor, por una parte, todas las disposiciones relacionadas con los derechos humanos, deben interpretarse favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a los sujetos de derecho que se someten al orden jurídico del Estado Mexicano y, por otra parte, que todas las autoridades, sin excepción alguna, en ejercicio de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Por tanto, es en los procesos ordinarios en los que se constriñe a los jueces a dilucidar el conflicto con base en los hechos, argumentaciones, pruebas y alegatos de las partes, dando cumplimiento a las garantías de audiencia, legalidad, debido proceso y acceso a la impartición de justicia. Es ahí donde el juzgador ordinario, realiza un examen de compatibilidad entre los actos y los derechos humanos que reconoce el orden jurídico nacional y los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, lo que surge y obedece a la obligación que impone el control de constitucionalidad y de convencionalidad que reconoce el artículo 1° de la Carta Magna. Por lo que en armonía con la reforma constitucional y legal sobre el sistema penitenciario, es claro que esta última reforma tuvo como propósito esencial involucrar a los jueces de control y ejecución como protectores inmediatos de los derechos humanos de los procesados o internos; luego, es claro que corresponde a los jueces de ejecución conocer en primera instancia de aquellos asuntos relativos a las peticiones de las personas que se encuentran privadas de la libertad y que involucren una supuesta violación de algún derecho humano. No pasa inadvertido que de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las violaciones directas a la Constitución pueden ser reclamadas en amparo sin necesidad de agotar el principio de definitividad, lo cual no se considera aplicable en la especie, en primer término, porque no se trata de un recurso cuando nos referimos a la instancia natural, sino que hablamos del juicio previsto constitucionalmente, artículos 14 y 17, que instrumenta como valor y principio constitucional, la justicia. El juicio de amparo tiene como materia de estudio esos juicios, precisamente, para garantizar el respeto de los derechos humanos de los gobernados en esas controversias, pero no debe sustituir a las autoridades naturales con un indebido concepto de acceso a la justicia a través del juicio de amparo de inicio, que avasalla las instancias naturales que competen a los jueces federales o de los Estados. En segundo término, el marco constitucional actual es diverso a aquél que regía cuando se sostuvo que las violaciones directas a la Constitución podían reclamarse en el juicio de amparo, sin agotar el principio de definitividad, pues era cuando el Poder Judicial de la Federación tenía el control concentrado de la constitucionalidad de los actos y no existía el control difuso. Sin embargo, ello cambió con la llamada reforma en materia de derechos humanos de junio de dos mil once, donde, de su interpretación, la misma Suprema Corte sostuvo que todas las autoridades, entre ellos los jueces, pueden y deben realizar el control difuso de constitucionalidad a fin de proteger efectivamente los derechos humanos de los gobernados. Tal consideración, debido a que los actos reclamados por el referido quejoso no se ubican en ningún supuesto de excepción del aludido principio de definitividad, dada su naturaleza. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia PC.III.P. J/18 P (10a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima época, registro 2017822, cuyo rubro y texto dicen: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad". Así como la tesis aislada V.1o.P.A.5 P (10a.), sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 56, julio de 2018, tomo II, página, 1573, registro: 2017362, del tenor siguiente: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA AUTORIDAD CARCELARIA Y LA CONTROVERSIA PLANTEADA AL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYEN LOS MEDIOS DE DEFENSA JUDICIALIZADOS, EFICACES E IDÓNEOS PARA RESOLVER SUS PETICIONES E INCONFORMIDADES EN RELACIÓN CON LOS ASPECTOS QUE INCIDAN EN LAS CONDICIONES DE SU RECLUSIÓN, POR LO QUE DEBEN AGOTARSE, PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La Ley Nacional de Ejecución Penal, en sus artículos 1, 2, 4, 9, 25, 30, 107 al 115, 122 y 130 al 135, prevé sendos procedimientos, uno administrativo y otro de índole jurisdiccional (procedimiento administrativo ante la autoridad carcelaria o la controversia planteada al Juez de Ejecución Penal), instituidos a favor de las personas privadas de su libertad y demás sujetos legitimados con el objeto de que, en principio, sea la propia autoridad penitenciaria la que conozca y resuelva las peticiones e inconformidades en torno a todos aquellos aspectos que incidan en las condiciones de reclusión, y de subsistir la inconformidad u omisión en atender la petición, podrá plantearse controversia ante el Juez de Ejecución, excepto en los casos urgentes en los que pudieran estar en riesgo la vida e integridad física del interno, en los que se acudirá directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición o controversia, quien posee facultades para ordenar de inmediato la suspensión de los actos u omisiones respectivas. Así, como esos procedimientos se traducen en un medio de defensa judicializado, eficaz e idóneo para resolver dichas inconformidades o peticiones, deberán agotarse previo a instar el juicio de amparo indirecto en su contra, de lo contrario será improcedente en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; máxime que, acorde con el artículo 25, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el Juez de Ejecución se instituyó como protector inmediato de los derechos y garantías fundamentales de las personas privadas de su libertad". En tales consideraciones, es improcedente el juicio de amparo, al actualizarse la causal contenida en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al no haber agotado el principio de definitividad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la misma ley, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Se notifica al Defensor Público Federal. Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del que se advierte que el presente no está plena y debidamente integrado, en virtud de que en auto de seis de junio de dos mil veintitrés, se otorgó al defensor público federal adscrito a este juzgado de distrito una prórroga de diez días que solicitó a fin de regularizar el escrito de ampliación de demanda del quejoso, sin que a la fecha se tenga noticia si fue o no regularizada. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que habría de celebrarse el día de hoy y se señalan las diez horas con cincuenta minutos del seis de septiembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notificaciones a autoridades. Por último, destáquese a las partes que a partir de este momento procesal, para el caso de que audiencia incidental no se celebre en la hora y fecha que se indica, el proveído en el que ésta se reprograme, les será notificado por lista de acuerdos, de conformidad con los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo y el diverso numeral 21 del aludido Acuerdo General 21/2020, pues dada su trascendencia no resulta necesaria la notificación por oficio o personal; máxime que la ley de la materia no lo dispone expresamente. Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido y al defensor público federal.
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