Luis Roberto Aranda Varela

Expediente 2667/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 21 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2667/2019
Año
2019
Actuaciones
21
Última actuación
22/10/2021

Partes del expediente

  • Luis Roberto Aranda Varela
  • Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado de autos, se aprecia que mediante oficio y anexo signado por el Presidente de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la cual, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado y anexo, para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación respectiva manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que, de no hacer expresión alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos; sin que hubiera realizado manifestación al respecto. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Así pues, mediante sentencia dictada en el presente sumario constitucional el veinticuatro de julio de dos mil veinte, por una parte se sobreseyó y por otra se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".para el efecto de que la citada Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, deje sin efectos la resolución de treinta de agosto de dos mil diecinueve, emitida en dicho procedimiento administrativo, y en su lugar emita otra con libertad de jurisdicción, sin más limitación que la de subsanar los vicios formales destacados, en la que funde y motive su actuación, debiendo ser clara, precisa y congruente con los hechos materia del procedimiento administrativo referido." Resolución que causó ejecutoria en proveído de veintidós octubre de dos mil veinte. Ahora, de lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, era lo siguiente: A) Dejar sin efectos la resolución de treinta de agosto de dos mil diecinueve; y, B) Emitir otra con libertad de jurisdicción, sin más limitación que la de subsanar los vicios formales destacados en la sentencia de amparo, en la que fundara y motivara su actuación, debiendo ser clara, precisa y congruente con los hechos materia del procedimiento administrativo de origen. Luego, a través del oficio y anexo presentados por el ente responsable el veinte de enero de dos mil veintiuno, informó a este juzgado federal la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, para lo cual adjuntó copia certificada de la resolución de dieciocho de enero del año en curso, dictada en el procedimiento administrativo de queja CD PAQ 58/2018, en la cual se advierte que dejó insubsistente la diversa resolución de treinta de agosto de dos mil diecinueve; y, subsanó los vicios formales destacados en la sentencia de amparo. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Luego, con sustento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referido precedentemente, específicamente en su inciso a) de la fracción I del artículo 18, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es depurable, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar por una parte se negó y por otra se concedió, con excepción de la demanda y las determinaciones relativas a su otorgamiento, las cuales deberán conservarse de conformidad con el Acuerdo en cita; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable las constancias que remitió en apoyo a su informe con justificación.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado de autos, se aprecia que mediante oficio y anexo signado por el Presidente de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la cual, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado y anexo, para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación respectiva manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que, de no hacer expresión alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos; sin que hubiera realizado manifestación al respecto. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Así pues, mediante sentencia dictada en el presente sumario constitucional el veinticuatro de julio de dos mil veinte, por una parte se sobreseyó y por otra se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".para el efecto de que la citada Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, deje sin efectos la resolución de treinta de agosto de dos mil diecinueve, emitida en dicho procedimiento administrativo, y en su lugar emita otra con libertad de jurisdicción, sin más limitación que la de subsanar los vicios formales destacados, en la que funde y motive su actuación, debiendo ser clara, precisa y congruente con los hechos materia del procedimiento administrativo referido." Resolución que causó ejecutoria en proveído de veintidós octubre de dos mil veinte. Ahora, de lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, era lo siguiente: A) Dejar sin efectos la resolución de treinta de agosto de dos mil diecinueve; y, B) Emitir otra con libertad de jurisdicción, sin más limitación que la de subsanar los vicios formales destacados en la sentencia de amparo, en la que fundara y motivara su actuación, debiendo ser clara, precisa y congruente con los hechos materia del procedimiento administrativo de origen. Luego, a través del oficio y anexo presentados por el ente responsable el veinte de enero de dos mil veintiuno, informó a este juzgado federal la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, para lo cual adjuntó copia certificada de la resolución de dieciocho de enero del año en curso, dictada en el procedimiento administrativo de queja CD PAQ 58/2018, en la cual se advierte que dejó insubsistente la diversa resolución de treinta de agosto de dos mil diecinueve; y, subsanó los vicios formales destacados en la sentencia de amparo. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Luego, con sustento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referido precedentemente, específicamente en su inciso a) de la fracción I del artículo 18, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es depurable, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar por una parte se negó y por otra se concedió, con excepción de la demanda y las determinaciones relativas a su otorgamiento, las cuales deberán conservarse de conformidad con el Acuerdo en cita; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable las constancias que remitió en apoyo a su informe con justificación.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en la circular SECNO/10/2021 emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: 1. REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. El levantamiento de la suspensión implica que se debe continuar el trámite del presente asunto, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque con los siguientes ajustes: 1.1. Comunicación a las partes. De conformidad con las circulares SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, emitidas por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en las que se determinó el regreso al esquema de contingencia del artículo 1 del Acuerdo General 13/2020 a partir del uno al nueve de febrero y del diez al quince de febrero de dos mil veintiuno, respectivamente, se suspendieron los plazos en esas fechas y en base a la circular SECNO/10/2021 en que se ordenó de nueva cuenta la aplicación del Acuerdo General 21/2020 emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos, a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Es oportuno precisar que, la aplicación del citado acuerdo general se prorrogó al treinta de junio de dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto en el diverso Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de marzo de dos mil veintiuno. 1.2. Reglas de actuación para el personal judicial y las partes. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del AG 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la reanudación estará sujeta a las reglas de actuación que se precisan a continuación: 1.2.1. Continuidad del trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 1.2.2. Cambio de modalidad a juicio en línea. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 1.2.3. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 1.2.4. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, la secretaria o el secretario encargado de la tramitación del asunto brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario de las 8:30 a 14:30 horas, de lunes a viernes. Los datos de contacto de la secretaria o el secretario encargado del asunto serán proporcionados en las instalaciones del juzgado, previa cita para acudir que haga el interesado. 1.2.5. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. c) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes de este órgano judicial, la promoción u oficio, de lunes a viernes, de las 8:30 a las 14:30 horas. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 1.2.6. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada de este juzgado para su consulta por los interesados. 1.2.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. 1.3. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2. ESTADO PROCESAL. ESTADO PROCESAL. Este expediente se encuentra en etapa de ejecución, encontrándose pendiente de pronunciarse respecto al acatamiento de la ejecutoria de amparo. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, en particular del proveído de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, se advierte que se dio vista a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación del citado auto, manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciaría en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hicieran en forma extemporánea, sin que a la fecha obre constancia de que se hubiera notificado dicha determinación; por tanto, comisiónese al actuario judicial de la adscripción a efecto de que vigile el cumplimiento de dicha notificación, de conformidad con los artículos 26 y 27 de la Ley de Amparo, así como su integración al presente juicio de amparo, para los efectos legales a que haya lugar. En esas condiciones, el plazo de tres días concedido a la parte quejosa comenzará a computarse a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación que se realice a la quejosa de la determinación aludida. Consecuentemente, una vez acontezca lo anterior este órgano jurisdiccional estará en aptitud de pronunciarse en relación con el cumplimiento al fallo protector. 3. LINEAMIENTOS DE ACTUACIÓN PARA ACTUARIOS EN MATERIA DE NOTIFICACIONES. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 3.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede); lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 3.2. Excepcionalmente, las notificaciones se harán de forma personal, cuando así se ordene en la resolución respectiva. 3.3. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 1jdo24ctoaj@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 4. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 5. NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE REANUDACIÓN. Este acuerdo deberá ser notificado en los términos siguientes: 5.1. Por oficio a la autoridad responsable. 5.2. Por lista a la parte quejosa y tercero interesado, que deberá publicarse en la entrada de este juzgado.

  4. Principal

    Tepic, Nayarit, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio firmado por el Director General de Recursos Humanos y Nómina de la Secretaría de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad y anexo, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; al respecto, agréguense a sus autos el oficio y anexo de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar, toda vez que por proveído de veintiuno del mes y año en curso, se dio vista a la parte quejosa con el acatamiento dado a la ejecutoria de mérito. Notifíquese.

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