Luis Roberto Aranda Varela

Expediente 1837/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 24 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1837/2019
Año
2019
Actuaciones
24
Última actuación
28/09/2021

Partes del expediente

  • Luis Roberto Aranda Varela
  • Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
  • LUIS ROBERTO ARANDA VARELA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos la constancia actuarial que antecede, de la que se advierte que no fue posible notificar la determinación de veintiséis de octubre de dos mil veinte, a la quejosa Patricia del Carmen Partida Mejía, por las razones ahí expuestas; en consecuencia, dada la imposibilidad para notificar personalmente el referido proveído, practíquesele por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de la Amparo.

  2. Principal

    Tepic, Nayarit, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en las disposiciones contenidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 (en adelante AG 21/2020), este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: 1. REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. El levantamiento de la suspensión implica que se debe continuar el trámite del cumplimiento de la ejecución de la sentencia de amparo, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque con los siguientes ajustes: 1.1. Comunicación a las partes. Con fundamento en el artículo 2 del AG 21/2020, hágase saber a las partes que, por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del tres de agosto del año en curso se reanudan los plazos y términos procesales en el presente juicio, los cuales se encontraban suspendidos en virtud de los diversos acuerdos generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, del propio cuerpo colegiado. 1.2. Reglas de actuación para el personal judicial y las partes. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del AG 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la reanudación estará sujeta a las reglas de actuación que se precisan a continuación: 1.2.1. Continuidad del trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 1.2.2. Cambio de modalidad a juicio en línea. Para facilitar la prosecución y cumplimiento de la sentencia emitida por esta órgano jurisdiccional, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 1.2.3. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 1.2.4. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, la secretaria o el secretario encargado de la tramitación del asunto brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario de las 8:30 a 13:30 horas, de lunes a viernes. Los datos de contacto de la secretaria o el secretario encargado del asunto serán proporcionados en las instalaciones del juzgado, previa cita para acudir que haga el interesado. 1.2.5. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. c) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes de este órgano judicial, la promoción u oficio, de lunes a viernes, de las 8:30 a las 13:30 horas. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 1.2.6. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada de este juzgado para su consulta por los interesados. 1.2.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. 1.3. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2. ESTADO PROCESAL. Este expediente se encuentra en etapa de ejecución. 3. LINEAMIENTOS DE ACTUACIÓN PARA ACTUARIOS EN MATERIA DE NOTIFICACIONES. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 3.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede); lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 3.2. Excepcionalmente, las notificaciones se harán de forma personal, cuando así se ordene en la resolución respectiva. 3.3. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 1jdo24ctoaj@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 4. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 5. NOTIFICACIÒN DEL ACUERDO DE REANUDACIÓN. Este acuerdo deberá ser notificado en los términos siguientes: 5.1. Por oficio a las autoridades responsables. 5.2. De forma personal a la parte quejosa. 5.3. Por oficio al agente del ministerio público adscrito a este órgano jurisdiccional. Por otra parte, visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este juzgado federal el veinticuatro de enero y seis de febrero del año en curso, respectivamente, el Jefe del Departamento de Recursos Humanos, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Disciplina y el Consejero Presidente de la Comisión de Disciplina, todos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, residentes en esta ciudad, informaron el cumplimiento dado a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de siete de febrero de la anualidad que transcurre, se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que, de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Sin que realizara manifestaciones respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la ley de amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Por sentencia terminadas de engrosar el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se aprecia que por una parte, se sobreseyó en el presente juicio de amparo, por otra, se negó y, por otra, se determinó conceder a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ".NOVENO. Efectos de la concesión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74 fracción V y 77 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a fijar los efectos de la concesión del amparo, para que la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit: Deje sin efectos la resolución veintiocho de junio del de dos mil diecinueve, dictada en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa CD-PAQ-35/2018; tocante a los quejosos Luis Roberto Aranda Varela y Patricia del Carmen Partida Mejía; y dicte una nueva, donde purgue los vicios aquí reseñados; sin quedar constreñida a hacerlos en determinado sentido. Concesión extensiva a los diversos actos reclamados en vía de ejecución, ya que se encuentran condicionados a la resolución aquí proscrita.." Asimismo, de la lectura integral del fallo protector se advierte que la violación que dio lugar a la concesión del amparo a los quejosos, esencialmente, en que la resolución reclamada, en la cual se determinó la responsabilidad administrativa de los impetrantes en el procedimiento de origen, adolece de fundamentación y motivación. Lo anterior debido a que la responsable no citó razonamientos especificando los hechos, razones particulares o causas inmediatas que consideró para tener por acreditada la responsabilidad administrativa de la parte quejosa. Es así, porque debió precisar, de conformidad con la legislación aplicable, la disposición o disposiciones normativas inobservadas por los impetrantes del amparo, detallando las obligaciones a sus cargos y la precisa materia de su inobservancia, de manera que no quede lugar a dudas sobre la obligatoriedad de la conducta que debieron desplegar los servidores públicos; que ese deber les sea imputable; y, que sobre estos elementos no se requiera realizar labor interpretativa alguna. Lo que sólo se puede lograr precisando la atribución incumplida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; y para el caso que el ordenamiento legal no los contenga, si se trataba de una norma compleja, habría de transcribir la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las obligaciones inobservadas. En ese contexto, se advierte que el vicio de inconstitucionalidad que se debía purgar en cumplimiento al fallo protector, consiste en que: a) la responsable debe dejar insubsistente la resolución de veintiocho de junio del de dos mil diecinueve, dictada en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa CD-PAQ-35/2018. b) dictar otra de manera fundada y motivada; en particular, precisando la atribución -en ejercicio de sus funciones de juez y secretario, respectivamente- que incumplieron los quejosos, así como los preceptos que las contienen, indicando los incisos y subincisos, para el caso de que se traten de normas complejas. Así, por oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el veinticuatro de enero presente año, el Secretario Ejecutivo de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, informó que, mediante acuerdo de veintidós de enero del presente año, se dejó sin efectos la resolución dictada el veintiocho de junio del de dos mil diecinueve, dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa CD-PAQ-35/2018, de su índice. Luego, mediante ocurso y anexo presentados ante es órgano jurisdiccional el seis de febrero de la anualidad que transcurre, el Consejero Presidente de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó el cumplimiento dado a la resolución dictada en el juicio en que se actúa; asimismo, remitió copia certificada de la nueva determinación dictada el cinco de febrero del año actual, dentro del juicio de origen; entonces, con lo anterior se cumple el primer aspecto del amparo otorgado a los quejosos. Ahora bien, del análisis de la resolución previamente mencionada, se desprende que, por unanimidad, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit dictó resolución en la que tuvo por acreditada, respectivamente, las faltas administrativas imputadas a los aquí quejosos Luis Roberto Aranda Varela y Patricia del Carmen Partida Mejía. En lo que aquí interesa para calificar el cumplimiento del fallo protector, respecto de Luis Roberto Aranda Varela consideró que en el expediente 240/2019 (el cual conoció dicho quejoso en calidad de juez de primera instancia) proveyó de forma extemporánea a diversas peticiones formuladas por una de las partes en juicio, sin que dicho quejoso vigilara el cumplimiento de la obligación de la secretaria adscrita (diversa quejosa) de dar vista con esas promociones en el término de veinticuatro horas; de igual forma, no vigiló que el expediente se encontrara debidamente foliado; y tampoco dio vista al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial en el Estado de Nayarit respecto de la conducta omisiva de la aludida secretaria. Asimismo, la responsable precisó que, con dichas conductas, el quejoso dejó de cumplir con las atribuciones que le impone el artículo 46, párrafos 7, 11 y 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nayarit; a su vez, se indicó que el quejoso dejó de vigilar que el secretario cumpliera con las obligaciones que impone el artículo 49 de dicho ordenamiento, párrafos 3 y 7, lo que además, resulta violatorio del segundo párrafo del artículo 17 constitucional, que establece que los actos de autoridad deben ser pronunciados dentro de los términos que previene la ley, de manera pronta. Por otro lado, respecto de la diversa quejosa ***, en su carácter de secretaria de juzgado de primera instancia, se estableció que ésta fue omisa en dar vista con las promociones presentadas en el expediente 240/2019, en el término de veinticuatro horas; y de igual forma, no supervisó que dicho expediente se encentrara debidamente foliado. En particular, la responsable indicó que, con dichas conductas, se dejó de cumplir con las atribuciones que le impone el artículo 49 de dicho ordenamiento, párrafos 3 y 7, lo que además, resulta violatorio del segundo párrafo del artículo 17 constitucional, que establece que los actos de autoridad deben ser pronunciados dentro de los términos que previene la ley, de manera pronta. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido en el goce de los derechos violados a la quejosa, en términos del numeral 196 de la ley de amparo; toda vez, que, la responsable dejó sin efectos la resolución dictada el veintiocho de junio del de dos mil diecinueve, dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa CD-PAQ-35/2018, de su índice. Asimismo, se dictó una nueva determinación, en la cual como se precisó en los párrafos que anteceden se purgó el vicio de falta de fundamentación y motivación precisados en la sentencia concesora. Motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Luego, con sustento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referido precedentemente, específicamente en su inciso a) de la fracción I del artículo 18, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es depurable, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar provisional se concedió, con excepción de la demanda y las determinaciones relativas a su otorgamiento, las cuales deberán conservarse de conformidad con el Acuerdo en cita; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Tepic, Nayarit, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en las disposiciones contenidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 (en adelante AG 21/2020), este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: 1. REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. El levantamiento de la suspensión implica que se debe continuar el trámite del cumplimiento de la ejecución de la sentencia de amparo, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque con los siguientes ajustes: 1.1. Comunicación a las partes. Con fundamento en el artículo 2 del AG 21/2020, hágase saber a las partes que, por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del tres de agosto del año en curso se reanudan los plazos y términos procesales en el presente juicio, los cuales se encontraban suspendidos en virtud de los diversos acuerdos generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, del propio cuerpo colegiado. 1.2. Reglas de actuación para el personal judicial y las partes. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del AG 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la reanudación estará sujeta a las reglas de actuación que se precisan a continuación: 1.2.1. Continuidad del trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 1.2.2. Cambio de modalidad a juicio en línea. Para facilitar la prosecución y cumplimiento de la sentencia emitida por esta órgano jurisdiccional, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 1.2.3. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 1.2.4. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, la secretaria o el secretario encargado de la tramitación del asunto brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario de las 8:30 a 13:30 horas, de lunes a viernes. Los datos de contacto de la secretaria o el secretario encargado del asunto serán proporcionados en las instalaciones del juzgado, previa cita para acudir que haga el interesado. 1.2.5. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. c) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes de este órgano judicial, la promoción u oficio, de lunes a viernes, de las 8:30 a las 13:30 horas. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 1.2.6. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada de este juzgado para su consulta por los interesados. 1.2.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. 1.3. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2. ESTADO PROCESAL. Este expediente se encuentra en etapa de ejecución. 3. LINEAMIENTOS DE ACTUACIÓN PARA ACTUARIOS EN MATERIA DE NOTIFICACIONES. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 3.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede); lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 3.2. Excepcionalmente, las notificaciones se harán de forma personal, cuando así se ordene en la resolución respectiva. 3.3. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 1jdo24ctoaj@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 4. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 5. NOTIFICACIÒN DEL ACUERDO DE REANUDACIÓN. Este acuerdo deberá ser notificado en los términos siguientes: 5.1. Por oficio a las autoridades responsables. 5.2. De forma personal a la parte quejosa. 5.3. Por oficio al agente del ministerio público adscrito a este órgano jurisdiccional. Por otra parte, visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este juzgado federal el veinticuatro de enero y seis de febrero del año en curso, respectivamente, el Jefe del Departamento de Recursos Humanos, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Disciplina y el Consejero Presidente de la Comisión de Disciplina, todos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, residentes en esta ciudad, informaron el cumplimiento dado a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de siete de febrero de la anualidad que transcurre, se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que, de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Sin que realizara manifestaciones respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la ley de amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Por sentencia terminadas de engrosar el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se aprecia que por una parte, se sobreseyó en el presente juicio de amparo, por otra, se negó y, por otra, se determinó conceder a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ".NOVENO. Efectos de la concesión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74 fracción V y 77 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a fijar los efectos de la concesión del amparo, para que la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit: Deje sin efectos la resolución veintiocho de junio del de dos mil diecinueve, dictada en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa CD-PAQ-35/2018; tocante a los quejosos Luis Roberto Aranda Varela y Patricia del Carmen Partida Mejía; y dicte una nueva, donde purgue los vicios aquí reseñados; sin quedar constreñida a hacerlos en determinado sentido. Concesión extensiva a los diversos actos reclamados en vía de ejecución, ya que se encuentran condicionados a la resolución aquí proscrita.." Asimismo, de la lectura integral del fallo protector se advierte que la violación que dio lugar a la concesión del amparo a los quejosos, esencialmente, en que la resolución reclamada, en la cual se determinó la responsabilidad administrativa de los impetrantes en el procedimiento de origen, adolece de fundamentación y motivación. Lo anterior debido a que la responsable no citó razonamientos especificando los hechos, razones particulares o causas inmediatas que consideró para tener por acreditada la responsabilidad administrativa de la parte quejosa. Es así, porque debió precisar, de conformidad con la legislación aplicable, la disposición o disposiciones normativas inobservadas por los impetrantes del amparo, detallando las obligaciones a sus cargos y la precisa materia de su inobservancia, de manera que no quede lugar a dudas sobre la obligatoriedad de la conducta que debieron desplegar los servidores públicos; que ese deber les sea imputable; y, que sobre estos elementos no se requiera realizar labor interpretativa alguna. Lo que sólo se puede lograr precisando la atribución incumplida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; y para el caso que el ordenamiento legal no los contenga, si se trataba de una norma compleja, habría de transcribir la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las obligaciones inobservadas. En ese contexto, se advierte que el vicio de inconstitucionalidad que se debía purgar en cumplimiento al fallo protector, consiste en que: a) la responsable debe dejar insubsistente la resolución de veintiocho de junio del de dos mil diecinueve, dictada en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa CD-PAQ-35/2018. b) dictar otra de manera fundada y motivada; en particular, precisando la atribución -en ejercicio de sus funciones de juez y secretario, respectivamente- que incumplieron los quejosos, así como los preceptos que las contienen, indicando los incisos y subincisos, para el caso de que se traten de normas complejas. Así, por oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el veinticuatro de enero presente año, el Secretario Ejecutivo de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, informó que, mediante acuerdo de veintidós de enero del presente año, se dejó sin efectos la resolución dictada el veintiocho de junio del de dos mil diecinueve, dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa CD-PAQ-35/2018, de su índice. Luego, mediante ocurso y anexo presentados ante es órgano jurisdiccional el seis de febrero de la anualidad que transcurre, el Consejero Presidente de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó el cumplimiento dado a la resolución dictada en el juicio en que se actúa; asimismo, remitió copia certificada de la nueva determinación dictada el cinco de febrero del año actual, dentro del juicio de origen; entonces, con lo anterior se cumple el primer aspecto del amparo otorgado a los quejosos. Ahora bien, del análisis de la resolución previamente mencionada, se desprende que, por unanimidad, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit dictó resolución en la que tuvo por acreditada, respectivamente, las faltas administrativas imputadas a los aquí quejosos Luis Roberto Aranda Varela y Patricia del Carmen Partida Mejía. En lo que aquí interesa para calificar el cumplimiento del fallo protector, respecto de Luis Roberto Aranda Varela consideró que en el expediente 240/2019 (el cual conoció dicho quejoso en calidad de juez de primera instancia) proveyó de forma extemporánea a diversas peticiones formuladas por una de las partes en juicio, sin que dicho quejoso vigilara el cumplimiento de la obligación de la secretaria adscrita (diversa quejosa) de dar vista con esas promociones en el término de veinticuatro horas; de igual forma, no vigiló que el expediente se encontrara debidamente foliado; y tampoco dio vista al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial en el Estado de Nayarit respecto de la conducta omisiva de la aludida secretaria. Asimismo, la responsable precisó que, con dichas conductas, el quejoso dejó de cumplir con las atribuciones que le impone el artículo 46, párrafos 7, 11 y 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nayarit; a su vez, se indicó que el quejoso dejó de vigilar que el secretario cumpliera con las obligaciones que impone el artículo 49 de dicho ordenamiento, párrafos 3 y 7, lo que además, resulta violatorio del segundo párrafo del artículo 17 constitucional, que establece que los actos de autoridad deben ser pronunciados dentro de los términos que previene la ley, de manera pronta. Por otro lado, respecto de la diversa quejosa ***, en su carácter de secretaria de juzgado de primera instancia, se estableció que ésta fue omisa en dar vista con las promociones presentadas en el expediente 240/2019, en el término de veinticuatro horas; y de igual forma, no supervisó que dicho expediente se encentrara debidamente foliado. En particular, la responsable indicó que, con dichas conductas, se dejó de cumplir con las atribuciones que le impone el artículo 49 de dicho ordenamiento, párrafos 3 y 7, lo que además, resulta violatorio del segundo párrafo del artículo 17 constitucional, que establece que los actos de autoridad deben ser pronunciados dentro de los términos que previene la ley, de manera pronta. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido en el goce de los derechos violados a la quejosa, en términos del numeral 196 de la ley de amparo; toda vez, que, la responsable dejó sin efectos la resolución dictada el veintiocho de junio del de dos mil diecinueve, dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa CD-PAQ-35/2018, de su índice. Asimismo, se dictó una nueva determinación, en la cual como se precisó en los párrafos que anteceden se purgó el vicio de falta de fundamentación y motivación precisados en la sentencia concesora. Motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Luego, con sustento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referido precedentemente, específicamente en su inciso a) de la fracción I del artículo 18, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es depurable, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar provisional se concedió, con excepción de la demanda y las determinaciones relativas a su otorgamiento, las cuales deberán conservarse de conformidad con el Acuerdo en cita; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio signado por el Juez Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, por el que remite los autos originales del juicio de amparo número 1837/2019 y su acumulado 2121/2019, en un tomo, junto con nueve cuadernos de prueba que obran por separado, en el que se encuentra glosada la sentencia pronunciada el cuatro de diciembre del año en curso, en el cuaderno auxiliar 751/2019 y, de la que se advierte que, por una parte, sobreseyó en el presente juicio de amparo, por otra negó el amparo y protección de la justicia de la unión, y finalmente, se concedió. Agréguese a este expediente el cuaderno de antecedentes correspondiente, a partir, del acuerdo por el que se envió al citado juez auxiliar; asimismo, acúsese el recibo de estilo. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes personalmente y remítase copia simple de la indicada resolución a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes. En la inteligencia de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. Notifíquese personalmente a las partes.

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