Luis Ricardo Solares González

Expediente 861/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 28 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
861/2020
Año
2020
Actuaciones
28
Última actuación
07/12/2021

Partes del expediente

  • Luis Ricardo Solares González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Ejecutoria. Téngase por recibido el oficio del Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la resolución pronunciada en sesión de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del conflicto de competencia administrativo 6/2021. De la ejecutoria de cuenta se desprende que el Tribunal Colegiado determinó lo siguiente: "PRIMERO. El Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero, es legalmente competente por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo que originó el conflicto aquí resuelto. SEGUNDO. Remítase testimonio de esta resolución a los jueces de distrito contendientes y los autos del juicio de amparo al juzgador señalado en el resolutivo anterior, para los efectos legalmente conducentes. Notifíquese (.)" Hágase del conocimiento de las partes, acúsese el recibo de estilo y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado, Registro de Juicios de Amparo. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y envíese al archivo. Notifíquese por oficio al Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito y mediante lista a las demás partes.

  2. Principal

    -Acuse T.C.C- Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual el Actuario judicial del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, comunica el contenido del auto de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 6/2021 del índice de dicho órgano colegiado, en el cual se acusa recibo del oficio mediante el que se remitió el original del juicio de amparo 861/2020-VIII; asimismo, informa que admite a trámite el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Decimotercero de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero y este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese por lista a las partes

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta, agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento respecto a su contenido, en virtud de lo acordado en proveído de diecinueve de octubre del año en curso. Cúmplase. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez José Guadalupe Arias Ortega, titular del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Aguascalientes, asistido de la Secretaria de Juzgado Alma Delia Buendía Martínez, quien autoriza y da fe, dentro del juicio de amparo 861/2020-VIII (I).

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda; en atención a su contenido, el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, comunica el proveído de catorce de octubre del año en curso, por el que no acepta la competencia declinada por este tribunal y ordena la devolución del juicio de amparo 861/2020-VIII, del que deriva el presente cuaderno de antecedentes. Por tanto, este juzgador, determina pronunciarse respecto del mismo en los siguientes términos: RESULTANDO PRIMERO Acuerdo de incompetencia El treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, la secretaria del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en funciones de Jueza de Distrito, al emitir el fallo en el presente juicio, determinó que este Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Aguascalientes, carecía de competencia legal por razón de territorio para conocer el juicio de amparo en que se actúa. Derivado de lo anterior, en acuerdo de seis de septiembre del año en curso, este juzgado en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, previa copia certificada que se dejara de los autos que integran el presente juicio de amparo para el conocimiento de la demanda, en cumplimiento a lo resuelto en auxilio de éste Juzgado por el citado órgano auxiliar, ordenó remitir el expediente principal al Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, quien se estimó que era el órgano jurisdiccional competente. SEGUNDO Oposición expresa a conocer de la demanda de amparo Mediante oficio 37162/2021-V-B, el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, comunicó que en autos del juicio de amparo 1151/2021-I-B, emitió pronunciamiento expreso en el sentido de no aceptar la competencia para conocer del amparo que este juzgado le remitió, pues consideró que la competencia es del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Aguascalientes, por ser quien previno en el conocimiento y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades en donde se llevó acabo el acto de aplicación, acorde al principio de concentración en el juicio de amparo y de lo contrario se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito en donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir. Que si bien el lugar donde el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, reviste primordial importancia para determinar a qué órgano le recae la competencia, también debe tomarse en cuenta que cuando en la controversia constitucional se encuentra la impugnación de normas generales, no puede dividirse la continencia de la causa. Además, consideró que si en el juicio de amparo indirecto se reclama el requerimiento efectuado por el Administrador Desconcentrado Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5", con sede en Tamaulipas, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio fiscal del contribuyente, ya que ahí tendrá ejecución el acto de aplicación, ya que el criterio general establecido en la legislación fiscal, para efectos de vinculación del contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, es el de su domicilio fiscal. Lo anterior lo consideró así, pues estimó que conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del numeral 37 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, conocerá del juicio de amparo aquel ante quien se presentó el escrito de garantías, por ser quien previno en el conocimiento y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades en donde se llevó a cabo el acto de aplicación, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario, se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito en donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir. Que esto es así, pues en el escrito de demanda el quejoso refirió que realizó su cambio de domicilio fiscal al ubicado en Privada La Roca número 129, Condominio La Piedra, Jesús María, Aguascalientes; que entonces, si la parte quejosa controvierte la constitucionalidad del decreto mediante el cual se expide la "Ley que modifica al Código Fiscal de la Federación y a las Leyes del Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al valor Agregado, Impuesto Especial Sobre producción y Servicios, Impuesto sobre tenencia o Uso de Vehículos, Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y Federal de Derechos", en específico el artículo 42-A, además de la resolución de catorce de octubre de dos mil veinte emitida por la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5" con sede en Tamaulipas, por la que le requiere diversa documentación y señala que tiene su domicilio fiscal en Jesús María, Aguascalientes; en consecuencia el acto reclamado por el quejoso podría tener ejecución en más de un distrito, esto es, en Tamaulipas y en Aguascalientes, aunado al hecho de que el Juzgado declinante previno en el conocimiento de la demanda de amparo, al haber sido Aguascalientes el lugar en que se presentó la demanda constitucional. TERCERO Trámite del conflicto competencial Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48, párrafos segundo y tercero de la Ley de Amparo, este juzgador considera jurídicamente correcto insistir en declinar la competencia y por tanto se determina remitir los autos al tribunal colegiado de éste Trigésimo Circuito, a efecto de que determine en definitiva qué órgano jurisdiccional deberá conocer de este asunto; atendiendo al siguiente: CONSIDERANDO PRIMERO Existencia de conflicto de competencia Previo a determinar la existencia del conflicto de competencia existente entre este órgano jurisdiccional con el Juzgado Decimotercero de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, conviene identificar que para que exista un conflicto de competencia es necesario que dos autoridades deseen conocer de un mismo asunto, que es de carácter positivo o no conocer de él (conflicto negativo). Las cuestiones de competencia entre autoridades judiciales son el reflejo de los atributos de jurisdicción e imperio de que están investidas. El supuesto es que a las autoridades judiciales contendientes se les haya planteado el conocimiento de un mismo asunto y emitan resolución en la que decidan sobre si tienen o no competencia para resolverlo, de modo que cuando ambas autoridades la sostienen, o ambas se niegan a conocer, es cuando propiamente surge el conflicto competencial. Luego, el objeto de la decisión en un conflicto competencial, lógicamente será la determinación -atendiendo a la naturaleza y particularidades del conflicto- de la autoridad jurisdiccional que deba resolver las cuestiones controvertidas a través del procedimiento correspondiente, cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento relativo. De esta forma, a fin de que se considere legalmente planteado un conflicto competencial y pueda ser dirimido en términos del artículo 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que la negativa de las autoridades contendientes para conocer de un asunto, emitida de manera expresa -no tácita- en ejercicio de su autonomía y de su potestad, se refiera exclusivamente a un punto concreto jurisdiccional, es decir, que se trate de una cuestión de grado, territorio o materia para conocer de un asunto. En el presente caso, el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, la secretaria del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en funciones de Jueza de Distrito, al emitir el fallo en el presente juicio, determinó que este Juzgado de Distrito carecía de competencia legal por razón de territorio para conocer el juicio de amparo en que se actúa, por tal motivo, el seis de septiembre de dos mil veintiuno, en cumplimiento de esa determinación, este juzgado ordenó remitir los autos al órgano jurisdiccional en turno, en el estado Tamaulipas, el cual correspondió el conocimiento al Juzgado Decimotercero de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, por razón de territorio ordenándose remitir los autos a dicho juzgador. Por su parte, mediante oficio 37162/2021-V-B, que remite el Juzgado Decimotercero de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, comunicó a este órgano jurisdiccional que en autos del amparo 1151/2021-I-B, emitió pronunciamiento expreso en el sentido de no aceptar la competencia para conocer del amparo que este juzgado le remitió, pues consideró que la competencia es del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Aguascalientes, por ser quien previno en el conocimiento y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades en donde se llevó acabo el acto de aplicación, acorde al principio de concentración en el juicio de amparo y de lo contrario se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito en donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir. Así, en el presente caso, existe conflicto competencial entre este órgano jurisdiccional y el citado Juzgado Decimotercero de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, porque ambos órganos jurisdiccionales hemos expresado negativa a conocer de la demanda planteada, por lo que se está en presencia de un conflicto negativo de competencia territorial entre ambos órganos jurisdiccionales. Por lo anterior, es necesario que un órgano superior, en el caso, Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito en turno, determine qué juzgado debe conocer de la demanda, a efecto de garantizar los derechos de legalidad y seguridad jurídica del quejoso, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Deviene ilustrativa la tesis jurisprudencial en materia común 1a./J. 30/2003, sustentada por esta Primera Sala, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, junio de dos mil tres, página cuarenta y seis, que textualmente establece: "CONFLICTO COMPETENCIAL. PRESUPUESTO PARA SU EXISTENCIA. Para que exista un conflicto competencial es presupuesto indispensable que los órganos jurisdiccionales contendientes manifiesten de manera expresa, en ejercicio de su autonomía y de su potestad, que no aceptan conocer de determinado asunto sometido a su jurisdicción." SEGUNDO Tribunal que debe conocer del conflicto competencial Del conflicto competencial existente entre este Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Aguascalientes y el Juzgado Decimotercero de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, corresponde al Tribunal Colegiado en turno del Trigésimo Circuito, por ser el que ejerce jurisdicción en el lugar en que se encuentra éste juzgado de distrito que actúa como requirente, al haber declinado competencia, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo. TERCERO Consideraciones del Juzgado Decimotercero de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero Las argumentaciones que realizó el citado órgano jurisdiccional, en las que sustenta su oposición a aceptar la competencia para conocer de los actos reclamados en la demanda, se basan esencialmente en lo siguiente: Consideró que el acto reclamado por el quejoso podría tener ejecución en más de un distrito, esto es, en Tamaulipas y en Aguascalientes dado que el quejoso ahora tiene su domicilio fiscal en esta demarcación territorial, aunado al hecho de que este Juzgado previno en el conocimiento de la demanda de amparo que presentó Luis Ricardo Solares González y el lugar en que se presentó la demanda constitucional, que éste inicialmente tuvo domicilio fiscal en Tamaulipas y posteriormente en Jesús María, Aguascalientes. Estimó que debe aplicarse la regla competencial que se ordena en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que refiere que, si el acto reclamado - principalmente lo es una norma general y abstracta- y que por ello puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos, y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que la parte quejosa presente la demanda. Que por tanto, si en el juicio de amparo indirecto se reclama el requerimiento efectuado por el Administrador Desconcentrado Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5", con sede en Tamaulipas, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio fiscal del contribuyente, que ahí tendrá ejecución el acto de aplicación, ya que el criterio general establecido en la legislación fiscal, para efectos de vinculación del contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, es el de su domicilio fiscal. Que la parte quejosa controvierte la constitucionalidad del decreto mediante el cual se expide la "Ley que modifica al Código Fiscal de la Federación y a las Leyes del Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al valor Agregado, Impuesto Especial Sobre producción y Servicios, Impuesto sobre tenencia o Uso de Vehículos, Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y Federal de Derechos", en específico el artículo 42-A, que además de la resolución de catorce de octubre de dos mil veinte, emitida por la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5", con sede en Tamaulipas, por la que le requiere diversa documentación y señala que tiene su domicilio fiscal en Jesús María, Aguascalientes, es de ahí que, no comparte el criterio de la Jueza declinante para proponer que ese Juzgado con competencia en Ciudad Madero, Tampico y Altamira, conozca de la demanda de amparo promovida por Luis Ricardo Solares González, insiste que el acto reclamado por el quejoso podría tener ejecución en más de un distrito, esto es, en Tamaulipas y en Aguascalientes dado que el quejoso ahora tiene su domicilio fiscal en esta demarcación territorial, aunado al hecho de que el Juzgado declinante previno en el conocimiento de la demanda de amparo, al haber sido Aguascalientes. Considera, que atendiendo a la técnica del juicio de amparo en la materia de las reglas de competencia, solo se debe atender a las disposiciones de la competencia que señala el artículo 37 de la Ley de Amparo. Que además que con lo anterior se maximizan tres principios esenciales: el de economía procesal, el de inmediatez y el de concentración, además de facilitar a los gobernados el acceso al juicio de amparo, ya que estimar lo contrario, infringiría el principio de impartición de justicia pronta y expedita, que rige el juicio de amparo. En conclusión, refiere que no acepta la incompetencia declinada porque existen dos domicilios fiscales, en Tamaulipas y en Aguascalientes, por lo que al haber conocido previamente del asunto, y encontrarse el domicilio fiscal actual del quejoso Aguascalientes, quien es competente a prevención es este Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Aguascalientes. CUARTO Consideraciones que sostuvo el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas. Para establecer sus argumentos el Juzgado Auxiliar precisó que las reglas para fijar la competencia de las y los jueces de distrito por razón de territorio, están previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyo contenido se transcribe: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado." Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del anterior precepto consideró que derivan tres reglas de competencia de las y los jueces de distrito, para conocer de un juicio de amparo por razón de territorio, a saber: Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente la o el juez de distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente la o el juez de distrito de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda; y, Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente la o el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Consideró que las dos primeras reglas de competencia se refieren a actos que requieren de ejecución, esto es, involucran actos y autoridades que pretenden cumplir el acto considerado inconstitucional; mientras que la tercera prevé la competencia de la autoridad constitucional cuando el acto reclamado carece de ejecución; que atento a ello, la o el juez que deberá conocer del asunto será aquel ante quien se ha presentado la demanda de amparo. Pero con fin de establecer la competencia de la o el juez de distrito por razón de territorio, en primer término, es preciso acudir al examen del acto reclamado; en segundo lugar, analizar si dicho acto es o no de carácter ejecutivo y; finalmente, a partir de esas bases, determinar cuál de los criterios contenidos en el precepto legal invocado resulta aplicable para resolver la cuestión competencial. Con relación a ello, citó la tesis aislada sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, agosto de 2001, página 1299, cuyo sumario es: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Entonces, sostuvo que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente la o el juez de Distrito ante quien se presente la demanda; pero por el contrario, si el acto reclamado requiere de ejecución material, el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el mismo. En principio, precisó bajo qué regla o reglas de competencia para conocer de un juicio de amparo por razón de territorio, se ubican los actos reclamados, para lo cual debe atenderse al carácter jurídico de estos, a fin de determinar si son de ejecución material o no, para estar en posibilidad de asignar la competencia al juez de distrito correspondiente, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo; que un acto de autoridad si no es absolutamente negativo o totalmente declarativo se desenvuelve normalmente en dos fases: una, es la decisoria u ordenadora, y otra, la ejecutiva. Que para determinar la competencia de una o un juez de distrito en el conocimiento de un juicio de amparo es el que se reclamen actos decisorios y actos ejecutivos, debe atenderse al lugar donde estos se realicen o traten de realizarse, de tal manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial. Que es el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, lo que establece la competencia de la autoridad de amparo. En ese sentido, al advertir de la demanda de amparo y de las constancias que integran el presente juicio que los actos reclamados en el presente asunto son: Del Presidente de la Republica, Cámaras de Senadores y Diputados: La discusión, aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación de la Ley que modifica al Código Fiscal de la Federación y las Leyes del Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y Federal de Derechos, particularmente el artículo 42-A del Código Fiscal de la Federación. Del Administrador Desconcentrado Auditoria Fiscal de Tamaulipas "5", con sede en Tamaulipas, de la Administración General de Auditoria Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria: La solicitud de información al quejoso, contenida en el oficio número 500-62-00-03-00-2020-02946 y con número de folio 2831672, como primer acto de aplicación. Que en el citado oficio la Administradora Desconcentrada de Auditoria Fiscal de Tamaulipas "5", con residencia en Tampico, Tamaulipas, solicitó al quejoso la información y documentación que en el mismo se indica, con la finalidad de que estuviera en aptitud de planear y programar actos de fiscalización para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales del contribuyente, para los ejercicios comprendidos del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, y del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, y se le exteriorizó que debía presentarlo en el término y lugar siguiente: "Dicha información se considera necesaria para el ejercicio de las facultades que las disposiciones anteriormente invocadas le otorgan a esta autoridad, por lo cual, la misma deberá proporcionarse en forma impresa, completa, correcta y oportuna, mediante escrito original firmado por ese contribuyente, haciendo referencia al número de este oficio, en las oficinas de esta autoridad fiscal, ubicadas en Calle Héroes del Cañonero 304 Piso 4, Colonia Zona Centro, C.P. 89000, Esquina con Aduana, Tampico, Tamaulipas dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente requerimiento. Asimismo, se hace de su conocimiento que el no proporcionar la información materia de la presente solicitud dentro del plazo otorgado para tal efecto, constituye una omisión que infringe lo dispuesto en el artículo 81, fracción XXXIV del Código Fiscal de la Federación, la cual se sanciona de conformidad con lo señalado en el artículo 82, fracción XXXIV del mismo Código." **Énfasis agregado. Por tal motivo, sostuvo que si la solicitud realizada al impetrante de derechos contiene una ejecución material, consistente en la entrega de la información de forma física en las oficinas de la autoridad requirente, esto es en el Estado de Tamaulipas, tienen competencia legal las y los jueces de distrito con jurisdicción en el citado lugar, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone que será competente la o el juez del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Para sostener su argumento citó la jurisprudencia 1ª./J. 37/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, junio de 2004, página 90, registro IUS 181369, con el título y texto siguientes: "COMPETENCIA. LA TENDRÁ EL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN TENGA LUGAR SU EJECUCIÓN. De lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se advierte que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el Juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que lo hubiese dictado; y que de lo contrario, es decir, si requiere de ejecución material, el Juez competente será el del lugar donde se verifique la ejecución del acto reclamado. En ese sentido, si el acto reclamado es una orden de aprehensión, la cual por su naturaleza requiere de ejecución material, y el quejoso se encuentra recluido, es indudable que el Juez competente será el de la jurisdicción donde tenga lugar la ejecución de dicha orden, esto es, aquel en cuya jurisdicción se encuentre la persona contra la cual va dirigida". Sostuvo que no es óbice a para considerar la incompetencia legal por territorio, el hecho de que el impetrante de derechos haya anexado a su demanda de amparo, una solicitud de cambio de domicilio fiscal, presentado ante la autoridad tributaria, en la que actualizó su domicilio, ahora en la Entidad de Aguascalientes, puesto que es una petición de actualización de domicilio, realizada con posterioridad a la emisión del acto reclamado y, en el caso, no se advierte que esa circunstancia haya modificado la ejecución del acto reclamado. En las relatadas circunstancias, determinó que este Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Aguascalientes, con sede en la ciudad del mismo nombre y por consiguiente, ese Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, carecen de competencia legal por razón de territorio para resolver el juicio de amparo indirecto 861/2020 (expediente auxiliar 174/2021) y el competente sería el Juez de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, en turno. QUINTO Consideraciones que sostiene este Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Aguascalientes Atendiendo a la naturaleza del problema a dilucidar este juzgador comparte las consideraciones que sostuvo el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, al emitir el fallo correspondiente en este juicio de amparo. En ese sentido, en abono a lo resuelto por la Jueza auxiliar de éste órgano jurisdiccional, este resolutor considera que en efecto en el caso concreto se actualiza la regla de competencia territorial contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, atinente a que en el particular el acto que se reclama, consistente en el oficio número 500-62-00-03-00-2020-02946 con número de folio 2831672, requiere ejecución material, la cual se verificará en el estado de Tamaulipas, por dos razones esenciales: a) Porque es en esa jurisdicción donde ejerce sus facultades de comprobación la autoridad fiscal responsable [Auditoria Fiscal de Tamaulipas "5", con residencia en Tampico, Tamaulipas]; y, b) Porque el contribuyente, aquí parte quejosa, conforme a lo que le fue requerido en el oficio que se reclama, deberá proporcionar en forma impresa, completa, correcta y oportuna, mediante escrito original firmad, la documentación que le fue requerida, en las oficinas de esa autoridad fiscal ubicadas en Tampico, estado de Tamaulipas; donde ejerce jurisdicción el Juzgado de Distrito que rechazó la competencia declinada. Además, respetuosamente no se comparte lo determinado por el Juzgado Decimotercero de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, al sostener que en el caso aplica la regla de competencia territorial que invoca, por el hecho de que el quejoso tiene dos domicilios fiscales, uno en el estado de Tamaulipas y otro en el estado de Aguascalientes, y que por ello deberá conocer del juicio de amparo este Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Aguascalientes, por haber prevenido en el conocimiento de la demanda de amparo. Ahora, el yerro de lo resuelto por el Juzgado Decimotercero de Distrito en el estado de Tamaulipas, reside esencialmente en que considera que en autos del juicio de amparo se encuentra demostrado que la quejosa cuanta con dos domicilios fiscales, uno en esa entidad Federativa y el otro en el estado de Aguascalientes; así lo consideró con base en el hecho de que la quejosa anexó a su demanda de amparo el aviso de cambio de domicilio fiscal. Sin embargo, perdió de vista que el solo hecho de que la parte quejosa haya presentado a la autoridad hacendaria el aviso de cambio de domicilio fiscal no significa, se insiste por sí solo, que en efecto la autoridad fiscal le haya reconocido como tal el domicilio que señaló en dicho aviso, ubicado en el estado de Aguascalientes, pues no existe en autos evidencia probatoria que así lo acredite. Efectivamente, el domicilio fiscal, es el que la hacienda pública utiliza para sus relaciones con el obligado tributario, es decir, es el lugar de su residencia habitual, en el que precisamente se encuentre centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. Los artículos que se refieren al domicilio fiscal y al cambio de domicilio fiscal, son los artículos 10 y 27 del Código Fiscal de la Federación, y 14 y 20 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, preceptos que son del tenor literal siguiente: "Artículo 10. Se considera domicilio fiscal: "I. Tratándose de personas físicas: "a) Cuando realizan actividades empresariales, el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios. "b) Cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior y presten servicios personales independientes, el local que utilicen como base fija para el desempeño de sus actividades. "c) En los demás casos, el lugar donde tengan el asiento principal de sus actividades. "II. En el caso de personas morales: "a) Cuando sean residentes en el país, el local en donde se encuentre la administración principal del negocio. "b) Si se trata de establecimientos de personas morales residentes en el extranjero, dicho establecimiento; en el caso de varios establecimientos, el local en donde se encuentre la administración principal del negocio en el país, o en su defecto el que designen. "Las autoridades fiscales podrán practicar diligencias en el lugar que conforme a este artículo se considere domicilio fiscal de los contribuyentes, en aquellos casos en que éstos hubieran designado como domicilio fiscal un lugar distinto al que les corresponda de acuerdo con lo dispuesto en este mismo precepto. Lo establecido en este párrafo no es aplicable a las notificaciones que deban hacerse en el domicilio a que se refiere la fracción IV del artículo 18." "Artículo 27. Las personas morales, así como las personas físicas que deban presentar declaraciones periódicas o que estén obligadas a expedir comprobantes por las actividades que realicen, deberán solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y proporcionar la información relacionada con su identidad, su domicilio y en general sobre su situación fiscal, mediante los avisos que se establecen en el reglamento de este código ..." "Artículo 14. Las personas físicas o morales obligadas a solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes en los términos del artículo 27 del código, deberán presentar su solicitud de inscripción, en la cual, tratándose de sociedades mercantiles, señalarán el nombre de la persona a quien se haya conferido la administración única, dirección general o gerencia general, cualquiera que sea el nombre del cargo con que se le designe. Asimismo, las personas físicas o morales presentarán, en su caso, los avisos siguientes: "I. Cambio de denominación o razón social. "II. Cambio de domicilio fiscal. "III. Aumento o disminución de obligaciones, suspensión o reanudación de actividades. "IV. Liquidación o apertura de sucesión. "V. Cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes. "Asimismo, presentarán aviso de apertura o cierre de establecimientos o de locales que se utilicen como base fija para el desempeño de servicios personales independientes, en los términos del artículo 24 de este reglamento." "Artículo 20. Se considera que hay cambio de domicilio fiscal en los términos de la fracción II del artículo 14 de este reglamento, cuando el contribuyente o retenedor lo establezca en lugar distinto al que se tiene manifestado o cuando deba considerarse un nuevo domicilio en los términos del código. "El aviso de cambio de domicilio fiscal deberá darse dentro del mes siguiente al día en que tenga lugar la situación jurídica o de hecho que corresponda. "Cuando el nuevo domicilio fiscal del contribuyente o retenedor, esté en la misma circunscripción territorial de la autoridad ante la que ha venido presentando declaraciones periódicas, este aviso lo presentará ante ella. "Cuando el nuevo domicilio fiscal del contribuyente o retenedor quede dentro de la circunscripción territorial de autoridad distinta de aquella ante la que venía presentando declaraciones periódicas, este aviso se presentará ante la autoridad recaudadora que corresponda a su nuevo domicilio. "Cuando en las formas de declaración se prevea el señalamiento de cambio de domicilio fiscal y así se manifieste, se considerará presentado el aviso a que se refiere este artículo al presentarse dicha declaración ante la autoridad recaudadora correspondiente. "En caso de cambio de nomenclatura o numeración oficial, la autoridad fiscal actualizará los datos correspondientes, sin que en este caso el contribuyente deba presentar el aviso de cambio de domicilio fiscal. "Las personas físicas a excepción de aquellas que perciban ingresos por actividades empresariales o por prestar servicios personales independientes, quedarán relevadas de presentar el aviso a que se refiere este artículo, manifestando su cambio de domicilio fiscal en la primera declaración anual del impuesto sobre la renta que presente o deba presentar con posterioridad a dicho cambio." De las transcripciones anteriores y muy en especial del artículo 10 del código tributario, se advierte que el legislador ordinario define y clasifica el domicilio fiscal de los contribuyentes, dependiendo si se trata de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, pero destacando en todos los casos como criterio prevaleciente de asignación, a aquel lugar donde se encuentra el principal asiento de los negocios o aquel lugar en el que se encuentre la administración principal del negocio. Así, se considera domicilio fiscal, en el caso de las personas físicas, el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios, o bien, el local que utilicen para el desempeño de sus actividades; asimismo, para las personas morales residentes en el país o en el extranjero, se entenderá como el local en que se encuentre la administración principal del negocio, y en el caso de ser varios los locales, será aquel en el que tenga su administración principal. Lo anterior permite interpretar que para el legislador el domicilio fiscal de los causantes será aquel en que se encuentre real y materialmente la administración principal del negocio y no cualquier domicilio convencional; inclusive, a pesar del señalamiento en contrario por el contribuyente, al facultar a las autoridades hacendarias a practicar las diligencias en el lugar que conforme a lo establecido en el artículo 10 del código tributario se considere como domicilio fiscal, es decir, donde se encuentre el principal asiento o local de su administración. Tal premisa cobra importancia porque para el legislador es primordial no coartar el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, y en especial la realización de diligencias propias de su ámbito de competencia, como lo son visitas domiciliarias, visitas de gabinete, órdenes de embargo o cualquiera otras diligencias íntimamente ligadas con sus facultades, sobresaliendo que tales diligencias no pueden estar supeditadas al simple dicho de los contribuyentes, manifestado a través de su inscripción o aviso de cambio de domicilio, es decir, tienen que asegurarse de que los hechos narrados sean verídicos. Así, los artículos 27 del Código Fiscal de la Federación y 14, fracción II, de su reglamento, establecen la posibilidad de que los contribuyentes puedan declarar su domicilio fiscal, o bien, efectuar cambios del mismo, a través del aviso respectivo, pero conservando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en todo tiempo la facultad contenida en el artículo 10, último párrafo del Código Fiscal de la Federación; es decir, sus facultades de comprobación respecto de la veracidad de la información contenida en el aviso de cambio de domicilio fiscal. Lo anterior no significa que el domicilio fiscal no pueda ser trasladado, sino que para que surta efectos de validez debe ser de manera real, pues la autoridad hacendaria conserva en todo tiempo la facultad de verificar su certeza a través de la práctica de diligencias y constatar que el nuevo domicilio corresponde al lugar en que se encuentre la principal administración del negocio; de manera que el simple aviso de cambio de domicilio no opera como tal, ya que de ser así impediría que la autoridad fiscal pudiera ejercer sus facultades, al darse casos en que el contribuyente señalara un domicilio que no cumpla con los requisitos para que éste se considere como domicilio fiscal. Así, el hecho de que la parte quejosa haya presentado el aviso de cambio de domicilio fiscal, por sí mismo no comprueba que en efecto la quejosa tenga su domicilio fiscal en el estado de Aguascalientes y que, en consecuencia, los actos de comprobación derivados del oficio número 500-62-00-03-00-2020-02946 con número de folio 2831672 que se reclama, pudieran tener ejecución en el estado de Aguascalientes, como lo afirmó el juzgado de Distrito en el estado de Tamaulipas que rechazó la competencia declinada por la juzgadora auxiliar antes citada; y, por tanto, contrariamente a lo que consideró aquél juzgado, en el particular se surte la regla de competencia territorial asumida inicialmente por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, que éste juzgador ahora comparte, por las razones que han sido expuestas; por lo que se estima que quien debe seguir conociendo del presente juicio de amparo debe ser el Juzgado Decimotercero de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Por las razones expuestas en esta resolución, se insiste en declinar la competencia de este órgano jurisdiccional al Juzgado Decimotercero de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero. SEGUNDO. Se denuncia conflicto competencial, por lo que remítase el presente asunto al Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito en turno, con sede en esta ciudad, a través de la Oficina de Correspondencia Común de dichos Tribunales, para que determine en definitiva el órgano jurisdiccional que deberá asumir la competencia en conocimiento de este juicio de amparo. TERCERO. Comuníquese la presente determinación mediante oficio al Juzgado Decimotercero de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables, al Decimotercero Tercero de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito en turno, con sede en esta ciudad y por lista al resto de las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el diverso Acuerdo General 9/2021. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez José Guadalupe Arias Ortega, titular del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Aguascalientes, asistido de la Secretaria de Juzgado Alma Delia Buendía Martínez, quien autoriza y da fe, dentro del juicio de amparo 861/2020-VIII. Firmado Electrónicamente Juez de Distrito Firmado Electrónicamente Secretaria de Juzgado aida

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