Luis Ricardo Rodríguez Bueno
Expediente 1141/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1141/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 25/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Luis Ricardo Rodríguez Bueno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de treinta de agosto de dos mil diecisiete, que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio en lo principal, transcurrió para la última de las partes en notificarse del siete al veintidós de septiembre del año en curso, con exclusión de los días inhábiles, sin que se haya hecho valer el citado recurso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Téngase este asunto como concluido y envíese al archivo. Ahora bien, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de octubre de dos mil nueve, se determina lo siguiente: El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del artículo vigésimo primero, en razón de que el treinta de agosto de dos mil diecisiete, se decretó el sobreseimiento. Como se hizo constar, no obran documentos originales en el expediente principal; ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica e histórica.(IV)
- Principal
Se notifica por lista al quejoso la determinación de treinta de agosto de dos mil diecisiete. "...Visto el oficio que remite la autoridad responsable Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y anexo que acompaña, agréguese a los autos para que obre como corresponda; por tanto, téngase cumplido el requerimiento que le fue formulado...De esa actuación, se desprende que cesaron los efectos de las omisiones reclamadas, por lo que resulta procedente sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo...En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es las nueve horas con veinte minutos del treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete..."(VII)
- Principal
Se notifica por lista a los terceros interesados Administradora Mexicana de Hipodromo, S.A. de C.V., Codere México, S.A. de C.V. y Elías Alejandro Ruedas de la Torre, la determinación de treinta de agosto de dos mil diecisiete: Visto el oficio que remite la autoridad responsable Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y anexo que acompaña, agréguese a los autos para que obre como corresponda; por tanto, téngase cumplido el requerimiento que le fue formulado mediante proveído de veinticinco de agosto del año en curso. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se aprecia que: a) El ocho de agosto del año en curso,... presentó demanda de amparo contra la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y del Actuario adscrito a la mencionada junta, en el que reclamó la omisión dictar la resolución correspondiente en el expediente laboral... de su índice, así como de notificar el laudo b) La demanda se registró en el libro de gobierno con el consecutivo 1141/2017-IV, se admitió en auto de diez de agosto del año en curso, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, solicitar el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. c) El veinticuatro de agosto del año que transcurre, se recibió en la Oficina de Partes de este juzgado el informe justificado de la autoridad responsable. d) La Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, allegó copias certificadas del laudo de once de agosto de dos mil diecisiete, elevado a la categoría de cosa juzgada el veintidós siguiente; asimismo, de la notificación realizada al quejoso. Dichas documentales tienen valor probatorio pleno por haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus facultades legales de conformidad con lo previsto en los artículos 79, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de la Ley de la Materia. De esa actuación, se desprende que cesaron los efectos de las omisiones reclamadas, por lo que resulta procedente sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En sustento de lo anterior, es pertinente citar que desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, que está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En el asunto concreto la parte quejosa se duele substancialmente, de la omisión de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de dictar la resolución correspondiente en el expediente laboral... de su índice y del Actuario adscrito dicha junta, la omisión de notificarla al quejoso. Luego, del análisis de las constancias que la responsable remitió en apoyo a su informe justificado se obtiene que el once de agosto de dos mil diecisiete, dictó el laudo correspondiente dentro del expediente laboral... de su índice, el cual se elevó a la categoría de cosa juzgada el veintidós de agosto del presente año, además, se notificó al quejoso el propio veintidós del mes y año en curso. Así, se colige que este sumario ya no tiene razón de ser, toda vez que en caso de concederse la protección constitucional, en términos del numeral 77 de la ley de la materia, sería para el efecto de que la responsable obrara justamente en la situación que prevalece en la actualidad. En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Tesis: 2a./J-10/2003, página 386, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL". En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no es menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es las nueve horas con veinte minutos del treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Sin que sea óbice la falta de emplazamiento al tercero interesado..., dada la determinación que aquí se emite, pues no le irroga perjuicio, al sobrevenir una causal de improcedencia manifiesta e indudable. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito firmado por el autorizado del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual expresa que la autoridad responsable dictó laudo en el controvertido de origen; lo anterior, únicamente para que obre como corresponda, en atención a lo determinado en apartados anteriores.(VII)
- Principal
Visto el informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; déjese a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Conforme al artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas las documentales que acompaña la autoridad responsable a su informe de Ley, las cuales serán tomadas en consideración al momento de llevar a cabo la audiencia constitucional. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, que facultan al juzgado de Distrito a recabar las pruebas que se consideren necesarias para resolver el asunto, así como aquellas que puedan actualizar alguna causa de improcedencia, gírese atento oficio a la autoridad responsable Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, a efecto que de no tener inconveniente legal remita copia certificada de la constancia de notificación practicada al quejoso, respecto del laudo dictado el once de agosto del presente año en el expediente laboral... de su índice. Con el apercibimiento que en caso de ser omiso a lo anterior, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del numeral 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que de conformidad con el articulo 4, fracciones I, II y III de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero del presente año, dio a conocer que el valor diario de la unidad de medida y actualización es... Finalmente, se tiene a la citada autoridad informando el domicilio del tercero interesado..., sin que haya lugar a ordenar su emplazamiento, toda vez que el domicilio que proporciona es el mismo que obra en autos, donde no se logró la localización de dicha parte procesal.(IV)
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