Luis Rey Perez Juarez
Expediente 342/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 22 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 342/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 12/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Luis Rey Perez Juarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de julio de dos mil veintitrés. CAMBIO DE DENOMINACIÓN. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y al cambio de denominación de la Oficina de Correspondencia Común que presta servicio a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta entidad (en adelante AG 3/2023); a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, cambia de denominación a Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula. QUEJOSO SOLICITA COPIAS. Agréguese a los autos el escrito signado por el escrito signado por el quejoso ********************, visto su contenido, se provee: Como lo solicita, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en los diversos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2, expídanse a su costa las copias certificadas que refiere en su ocurso de cuenta, debiendo comparecer con identificación oficial y vigente (y copia simple de la misma), en el horario comprendido de las diez a las doce horas de los días hábiles, por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución no se integrará al expediente físico pues no es indispensable para el impulso del presente incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Luis Rey Pérez Juárez y, visto su contenido, se provee: Como lo solicita el ocursante, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2, expídasele copia certificada por duplicado de las constancias que indica, por conducto de la persona que para tal efecto autoriza, quien deberá comparecer con identificación oficial y vigente (y copia simple de la misma), en el horario comprendido de las diez a las doce horas de los días hábiles, por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el diez de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del diecinueve de septiembre al nueve de octubre de dos mil dieciocho, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en consecuencia de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida cautelar. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable en el presente juicio de amparo, devuélvase al Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, la copia certificada de la causa penal 131/2010 de su índice, con la que se formaron los anexos I a III; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro de la circunscripción de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de los documentos descritos. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes que, mediante oficio SEADS/962/2018, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informó que el Pleno del Consejo, por unanimidad de votos, aprobó la propuesta presentada y designó como titular de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla a Horacio Óscar Rosete Mentado, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil dieciocho. Resulta aplicable por analogía, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J.104/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa mediante proveído de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho (foja 247), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que el quejoso haya desahogado dicha vista. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veinte de julio de dos mil dieciocho (fojas 88 a 121), se concedió el amparo y protección a Luis Rey Pérez Juárez, para que el Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: ".OCTAVO. Concesión del amparo y sus efectos. En las apuntadas condiciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, resulta procedente conceder el amparo solicitado a favor del quejoso Luis Rey Pérez Juárez, porque el acto reclamado atenta contra la garantía de legalidad contenida en el artículo 19, en relación con los diversos 16 y 17, de la Constitución Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, una vez que sea requerido el cumplimiento de esta sentencia, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución de veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, en la que decretó auto de formal prisión en contra de Luis Rey Pérez Juárez, en los autos de la causa penal 131/2010, como probable responsable del delito de fraude específico, previsto y sancionado en los artículos 403, fracciones I, II, III y IV, y 404, fracción X, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de Rosa María Teresa Ramos y Sánchez y otros. 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, fundada y motivada, que podrá ser en sentido diverso que la anterior, o en el mismo sentido, pero purgando los vicios formales advertidos, es decir, deberá: a. Especificar los preceptos legales que sustentan su competencia por razón de fuero, materia y territorio; asimismo, deberá explicar las razones por las que el caso encuadra en dichos supuestos normativos. b. Resolver la situación jurídica del inculpado, aquí quejoso por la comisión del delito que efectivamente aparezca probado, conforme a la mecánica de los hechos materia de la causa penal de origen, debiendo fundar y motivar la determinación que adopté al respecto. Para lo cual, deberá tomar en cuenta el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 43/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "FRAUDE ESPECÍFICO MEDIANTE PROMESA DE VENTA. NO SE CONFIGURA EL TIPO PENAL CUANDO EL ENGAÑO O APROVECHAMIENTO DEL ERROR SE GENERA POR UNA OFERTA DIVERSA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)". c. Valorar pormenorizadamente las pruebas con lo que tuvo por acreditado el cuerpo del delito, por lo que, entre otras, deberá realizar las siguientes acciones: - Explicar con qué medios de convicción tuvo por acreditado que la empresa Servicios Inmobiliarios y de Computación, Sociedad Anónima de Capital Variable, captaba recursos del público sin contar con la autorización correspondiente y porqué era necesaria esa autorización, debiendo valorar conforme a la legislación aplicable, las pruebas que tome en cuenta para acreditar tal extremo; pues en la resolución reclamada, la responsable sólo expuso: "A mayor abundamiento, tenemos que al operar la empresa SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMPUTACIÓN, S.A. de C.V., lo hizo de manera irregular, con lo cual creo un riegos para las personas que decidieron invertir, riegos que jurídicamente esta desaprobado" (foja 69 del Anexo III). - Señalar a qué tipo de documentos se refiere (recibo, contrato, renovación de contrato, instrumento notarial, etcétera), cuando en el auto de bien preso impugnado señala que la entrega del dinero por parte de los agraviados, se confirmaba con "las documentales privadas descritas por los pasivos en cada una de su querellas" (foja 64, vuelta del Anexo III). - Precisar los datos (fecha de emisión, notario ante el cual se celebró, número de instrumento, número de volumen y contenido del documento), que permitan identificar el instrumento notarial, con el que a su juicio se acredita la existencia de la persona jurídica denominada Servicios Inmobiliarios y de Computación, Sociedad Anónima de Capital Variable, pues en relación con este punto, se limitó a señalar que la existencia de la sociedad quedó justificada con "la copia debidamente certificada de las diligencias de la averiguación previa 692/2009/DMS-V, las cuales obran a partir de la foja 1555 del segundo tomo, de la presente causa, de las cuales se advierten los instrumentos Notariales, mediante los cuales se realizaron los protocolos del acta de asamblea general extraordinaria de accionistas" (foja 66 del Anexo III). - En general, al valorar las pruebas que estime aptas para acreditación del cuerpo del delito, deberá indicar el precepto legal que estimó aplicable (fundamentación), así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en cuenta para realizar la justipreciación (motivación); amén, que deberá precisar los datos suficientes para identificar el documento, declaración, diligencia o cualquier otro tipo de prueba a que se refiere. Por lo que, en caso de que en la nueva resolución de plazo constitucional, haya medios de prueba que no puedan ser identificados, por no haber sido descritos adecuadamente, o que estén sin valorar, la sentencia de amparo no podrá tenerse por cumplida. d. Señalar con exactitud el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito de fraude, por el que se dictó el auto de bien preso. Debiendo precisar las fechas en que cada uno de los agraviados "invirtió" su dinero con la empresa denominada Servicios Inmobiliarios y de Computación, Sociedad Anónima de Capital Variable, conocida comercialmente como Grupo SITMA, la sucursal de esa sociedad, en la que se efectuó cada operación, así como el número de contrato que en cada caso se suscribió y el monto de las supuestas inversiones. Y a partir de la precisión de las fechas en que se llevaron a cabo las supuestas inversiones, tiene que establecer si había prescrito o no la acción penal cuando cada uno de los agraviados presentó su querella. e. Establecer con qué prueba documental- instrumento notarial- se acredita la calidad de representante legal de la empresa Servicios Inmobiliarios y de Computación, Sociedad Anónima de Capital Variable, que se dice ostentaba el inculpado, aquí quejoso Luis Rey Pérez Juárez; y a partir de ahí establecer cuál es su grado de participación en la comisión del delito imputado (como podría ser autor material, copartícipe, auxiliador, entre otros supuestos), es decir, cuál es la conducta en concreto que realizó y de qué manera contribuyó para la actualización del ilícito; ya que no resulta suficiente que en la resolución reclamada, la autoridad responsable haya citado de manera genérica el contenido del artículo 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla. f. Valorar pormenorizadamente las pruebas con las que tuvo por acreditada la probable responsabilidad del indiciado, por lo que, entre otras, deberá realizar las siguientes acciones: - Explicar los motivos por los que desestimó las documentales que ofertó el inculpado, aquí quejoso durante la ampliación de término constitucional, mediante escrito presentado el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho; debiendo indicar, porqué la circunstancia de que los documentos ofertados hayan sido objetados por la representación social, trascendió de tal manera que esos medios de convicción carezcan de valor probatorio, es decir, deberá señalar si esas objeciones resultaron fundadas y los motivos para ello, o bien, si la sola expresión de que se objetan es suficiente para negarles valor probatorio a esos documentos; y, en cualquier caso, deberá exponer el fundamento legal en que sustenta su conclusión. - Indicar cuáles son los agraviados que identifican al aquí quejoso como uno de los representante de la empresa Servicios Inmobiliarios y de Computación, Sociedad Anónima de Capital Variable, conocida comercialmente como Grupo SITMA y en qué fechas rindieron las declaraciones en que constan esos señalamientos incriminatorios; así como el valor probatorio que se otorga a esas deposiciones; pues al respecto únicamente, señaló que "LUIS REY PÉREZ JUÁREZ fue identificado por los agraviados, como uno de los representantes legales, de dichas negociaciones" (foja 68, vuelta, del Anexo III). - Precisar en qué declaración o documento aparece que el procesado, aquí quejoso "reconoce haber sido quien se encargaba de realizar el trámite de la estructuración (sic) de los bienes que pasaban a ser parte de la Persona moral en cita, así como del (sic) la gestión de protocolización de las actas de asamblea y Asambleas (sic) de la empresa antes mencionada, según lo reconoce el propio indiciado (foja 68, vuelta del Anexo III); y el valor que alcanza esa prueba conforme a la legislación aplicable. - Indicar cuáles son los documentos que a su juicio resultan aptos para acreditar las acciones con la que el sujeto activo del delito colaboró en la realización del fraude, así como el fundamento conforme al cual valoró esos medios de convicción, pues sobre este punto únicamente, señaló que del "contenido de la documental pública consistente en la averiguación previa en la que se corrobora cuáles eran las acciones que directamente desempeñaba el inculpado en comento y que trascendieron en el resultado dañoso del cual se duelen los agraviados, circunstancia que se corrobora con el contenido de los contratos aportados por los agraviados dentro de la presente averiguación" (foja 69 del Anexo III). - En general, al valorar las pruebas que estime aptas para acreditación de la probable responsabilidad del indiciado, deberá indicar el precepto legal aplicable (fundamentación), así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en cuenta para realizar la justipreciación (motivación); amén, que deberá precisar los datos suficientes para identificar el documento, declaración, diligencia o cualquier otro tipo de prueba a que se refiere. Por lo que, en caso de que en la nueva resolución de plazo constitucional, haya medios de prueba que no puedan ser identificados, por no haber sido descritos adecuadamente, o que estén sin valorar, la sentencia de amparo no podrá tenerse por cumplida. g. Precisar a cuánto asciende el salario mínimo vigente en la época y lugar de los hechos imputados al inculpado, aquí quejoso, lo cual resulta importante para, en su caso, poder encuadrar la conducta que se le atribuye respecto de cada uno de los agraviados, en las diferentes fracciones del artículo 403, del Código Penal para el Estado de Puebla; y ese encuadramiento deberá explicarlo mediante la realización de las operaciones aritméticas que resulten necesarias. h. Respetar la congruencia interna que en toda resolución judicial debe de observarse, por lo que, deberá corregir todas aquellas consideraciones que resulten ambiguas o imprecisas. Cabe indicar que, las incongruencias destacadas en esta sentencia, tuvieron como fin ilustrar el vicio de forma que dio lugar a la concesión del amparo, pero ello no implica que sean las únicas, por lo que, al dictar la resolución con la que dé cumplimiento, el juez deberá de ocuparse de subsanarlas todas; esto es, para acatar el fallo protector, la nueva resolución no deberá presentar consideraciones contradictorias entre sí, o que resulte ambiguas o imprecisas. En el entendido de que, la sentencia no surte efectos inmediatos de conformidad con lo establecido en el artículo 77, de la Ley de Amparo, al no actualizarse el supuesto establecido en ese precepto, pues la concesión de amparo no es lisa y llana, por lo que no tiene por efecto dejar en libertad al quejoso, sino sólo que subsanen los vicios detectados. (.) Además, resulta importante señalar que para acatar el fallo protector, el juez deberá atender puntualmente y en su totalidad los citados efectos conforme a las consideraciones y los lineamientos establecidos en esta sentencia. (.) Por último, se destaca que la concesión del amparo no implica que se deje en libertad al quejoso ni tampoco anular actuaciones posteriores al auto de formal prisión reclamado, sino, en su caso, únicamente que la responsable subsane las deficiencias advertidas en esta resolución. (.) (.)Por último, debe decirse que los efectos de la concesión del amparo, se hacen extensivos a los actos de ejecución reclamados al Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, incluyendo desde luego la identificación administrativa del procesado, aquí quejoso, en virtud de que su inconstitucionalidad se hizo depender del atribuido a la autoridad responsable ordenadora, al no haberse combatido por vicios propios." En acuerdo de trece de agosto de dos mil dieciocho (fojas 142 a 146), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Por oficio 1625/2018/SRIA/IMPAR de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho (foja 156), el Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, emitida en el proceso penal 131/2010 de su índice (fojas 157 a 185); sin embargo, como en dicha resolución, la autoridad responsable no observó los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, por acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho (fojas 186 a 193) se requirió nuevamente al juez responsable para que acatara cabalmente el fallo protector. Así, mediante oficio 1659/2018/SRIA-NON de veinticuatro de agosto de la presente anualidad (foja 201), el Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, remitió copia certificada del auto de término constitucional emitido en esa fecha en la causa penal de origen (fojas 203 a 246). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en relación con los efectos de dicha sentencia, la jueza responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó sin efectos la resolución de veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, en la que decretó auto de formal prisión en contra de Luis Rey Pérez Juárez, en los autos de la causa penal 131/2010, como probable responsable del delito de fraude específico, previsto y sancionado en los artículos 403, fracciones I, II, III y IV, y 404, fracción X, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de Rosa María Teresa Ramos y Sánchez y otros; así como la diversa de diecisiete de agosto de la presente anualidad con la que pretendió cumplir la sentencia de amparo (foja 203). 2. El veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, resolvió la situación jurídica de Luis Rey Pérez Juárez y emitió una otra en diverso sentido a la reclamada, toda vez que dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley a su favor, respecto del delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracciones I, II, III y IV del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla (fojas 245 vuelta y 246). Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.
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