Luis Raul Iñiguez Tapia

Expediente 1238/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 25 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1238/2017
Año
2017
Actuaciones
25
Última actuación
31/07/2018

Partes del expediente

  • Luis Raul Iñiguez Tapia
  • I. B. I. y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el veintiocho de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del nueve al treinta de julio de dos mil dieciocho, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de Delitos contra la Mujer en el Sistema Tradicional, en apoyo a su informe justificado consistente en copia certificada de la averiguación previa AP-2050/2016/AESEX de su índice, devuélvansele los anexos I y II, que se formaron con dicha documental y se le requiere para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveídos de dieciocho y veinte de junio de dos mil dieciocho (fojas 581 y 582), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable agente del Ministerio Público de Delitos contra la Mujer en el Sistema Tradicional a la sentencia de amparo; sin que el quejoso haya presentado promoción alguna para desahogar dicha vista. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento. En principio, es necesario indicar que en la sentencia dictada el dieciocho de enero de dos mil dieciocho (fojas 76 a 93), por una parte se sobreseyó en el juicio de garantías y por otra se concedió la protección constitucional a Luis Raúl Íñiguez Tapia. Inconforme con tal resolución, el quejoso de mérito interpuso recurso de revisión (foja 125), del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, autoridad que lo radicó con el número de expediente R-49/2018 de su índice (foja 387) y, en ejecutoria de trece de abril de dos mil dieciocho (fojas 394 a 442) revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo y protección a Luis Raúl Íñiguez Tapia. Por lo anterior, en acuerdo de treinta de abril de dos mil dieciocho (fojas 440 a 442), como el órgano colegiado de referencia dejó intocado el resolutivo segundo de la sentencia sujeta a revisión, esto es, aquel en el que se le otorgó el amparo a Luis Raúl Íñiguez Tapia contra actos de la Agente del Ministerio Público de Delitos contra la Mujer en el Sistema Tradicional, se requirió a dicha autoridad responsable para que cumpliera con el fallo protector emitido por este juzgado de Distrito; esto es, para que la agente del Ministerio Público de Delitos contra la Mujer en el Sistema Tradicional realizara lo siguiente: ".OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo a Luis Raúl Íñiguez Tapia para el efecto de que la Agente del Ministerio Público de Delitos contra la Mujer en el Sistema Tradicional, cuando adquiera firmeza la presente sentencia y se le requiera su cumplimiento: 1) Deje sin efectos el acuerdo dictado a las quince horas con veintiocho minutos del cinco de octubre de dos mil diecisiete y dicte otro, en el que provea sobre la petición que Luis Raúl Íñiguez Tapia realizó mediante escrito presentado el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, dentro de la averiguación previa AP-2050/2016/AESEX, de forma congruente, esto es, deberá pronunciarse sobre la procedencia o no del ejercicio o no ejercicio de la acción penal respecto del ilícito de falsedad de declaraciones e informes dados a una autoridad, que el quejoso atribuye a Gilberto Arturo Bello de la Cruz; y, hecho lo anterior; 2) Notifique al quejoso dicha determinación como en derecho corresponda, y remita las constancias que así lo acrediten. Sin que lo anterior signifique necesariamente que la mencionada autoridad tenga que acordar favorablemente la petición formulada, pues en uso de sus facultades, podrá proveer, como en derecho proceda, y de manera fundada y motivada, lo que se le solicita, sin que el presente fallo implique en forma alguna, que la pretensión de Luis Raúl Íñiguez Tapia sea legítima, fundada en derecho o procedente, pero lo cual habrá de determinar al contestar el escrito, tomando en consideración lo expresado en esta sentencia.". En el mismo proveído, se requirió a la representante social responsable citada para que cumpliera con el fallo protector pronunciado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, cuyos efectos consistieron en: ".Consecuentemente, procede conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal a LUIS RAÚL ÍÑIGUEZ TAPIA respecto del acto reclamado a Agente del Ministerio Público de Delitos contra la Mujer en el Sistema Tradicional consistente en la omisión de pronunciarse sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, dentro de la averiguación previa 2050/2016/AESEX, por el delito de falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, atribuido por GILBERTO ARTURO BELLO DE LA CRUZ; Efectos del fallo protector. En las narradas circunstancias, lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada, a fin de que el Agente del Ministerio Público responsable obre en el sentido de respetar el derecho humano violado; es decir, mediante el acuerdo relativo, determine si existen o no pruebas por desahogar en la averiguación previa AP-2050/2016/AESEX, y en su caso, ordene su desahogo, o recabe las ya ordenadas, en el entendido de que de llegar a la conclusión de que no existe prueba pendiente, dentro del plazo de quince días siguientes, deberá determinar en definitiva la indagatoria resolviendo sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal...". Así, mediante oficio 197/2018 de siete de mayo de dos mil dieciocho (foja 454), la autoridad responsable remitió copia de la resolución de esa misma data en la averiguación previa 2050/2016/AESEX y su acumulada 1321/2016/POPUL/AESEX (fojas 455 a 459); en la que dejó sin efectos el acuerdo dictado a las quince horas con veinticinco minutos del cinco de octubre de dos mil diecisiete y en su lugar emitió otro en el que dio respuesta a la petición que el quejoso formuló mediante escrito presentado ante la responsable el cinco de septiembre del mismo año. Sin embargo, como con dicha actuación únicamente cumplió con los lineamientos del fallo protector de este juzgado, no así los diversos pronunciados por el Tribunal Colegiado de revisión, en acuerdo de nueve de mayo de dos mil dieciocho (fojas 460 y 461) se requirió a la agente del Ministerio Público de Delitos contra la Mujer en el Sistema Tradicional, para que cumpliera cabalmente con la sentencia protectora emitida por la superioridad. Por oficio 198/2018 de ocho de mayo de la presente anualidad (foja 463), la agente del Ministerio Público responsable remitió copia certificada de la constancia de notificación al quejoso, respecto de la resolución de siete de mayo del mismo año, descrita anteriormente (fojas 464 a 467); por lo que en auto de diez de mayo del año actual (foja 468), se reiteró a la autoridad responsable que debía cumplir con la sentencia de amparo pronunciada por el órgano colegiado revisor. Mediante similar 229/2018 de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho (foja 483), la agente del Ministerio Público de Delitos contra la Mujer en el Sistema Tradicional, solicitó prórroga para cumplir con la sentencia de amparo, y argumentó que ello se debía a que quedaban pruebas y diligencias pendientes por desahogar en la averiguación previa de origen 2050/2016/AESEX y su acumulada 1321/2016/POPUL/AESEX, por lo que remitió copia certificada de diversas constancias que obran en esa indagatoria (fojas 485 a 516). Sin embargo, al analizar tales documentos, en acuerdo de cuatro de junio de la presente anualidad (fojas 517 y 518), esta autoridad advirtió que las diligencias referidas por la representante social tenían relación con los delitos de violencia familiar y sustracción de menores, los cuales, aun cuando también son investigados en ese expediente ministerial, no formaron parte de la litis constitucional y, por ende, no fueron objeto de la protección constitucional, por lo que tampoco son susceptibles de ser vigilados en este juicio de garantías, por ello, se reiteraron a la autoridad responsable los efectos del fallo protector y se requirió nuevamente su cumplimiento. Mediante comunicado 232/2018 de seis de junio de dos mil dieciocho (foja 522), al agente del Ministerio Público responsable comunicó a este juzgado que remitió los autos de la averiguación previa de origen a la Dirección General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla para que se pronunciara respecto del delito de falsedad de declaraciones e informes dados a una autoridad, atribuido a Gilberto Arturo Bello de la Cruz. En auto de ocho de junio del año que transcurre, se indicó a la agente del Ministerio Público de Delitos contra la Mujer en el Sistema Tradicional que era ella quien debía emitir el pronunciamiento respectivo y no su superior jerárquico, por lo que se requirió por última ocasión a la citada representante social para que cumpliera con los efectos del fallo protector. Así, por oficio 246/2018 de catorce de junio de dos mil dieciocho (foja 541), la agente del Ministerio Público de Delitos contra la Mujer en el Sistema Tradicional remitió copia certificada de la determinación ministerial emitida en esa misma data en la averiguación previa de origen (fojas 542 a 572); y, por diverso 253/2018 de quince de junio actual (foja 576), dicha autoridad hizo llegar copia auténtica de la constancia de notificación al quejoso de la resolución referida (fojas 578 a 580). Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se aprecia que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo la agente del Ministerio Público responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente el acuerdo emitido a las quince horas con veinticinco minutos del cinco de octubre de dos mil diecisiete en la averiguación previa 2050/2016/AESEX y su acumulada 1321/2016/POPUL/AESEX de su índice (foja 455). 2. El siete de mayo de dos mil dieciocho, emitió una resolución en la que dio respuesta a la petición que el quejoso formuló mediante escrito presentado ante ella el cinco de septiembre del mismo año (fojas 455 a 457). 3. Resolución que notificó a Luis Raúl Íñiguez Tapia el ocho de mayo de la presente anualidad (fojas 465 y 466). 4. En acuerdo de catorce de junio de dos mil dieciocho, determinó que esa representación social no tenía diligencias pendientes por desahogar en la averiguación previa 2050/2016/AESEX y su acumulada 1321/2016/POPUL/AESEX (foja 541). 5. El catorce de mayo de dos mil dieciocho, determinó el no ejercicio de la acción penal por el delito de falsedad de declaraciones e informes dados a una autoridad atribuido a Gilberto Arturo Bello de la Cruz, pues considero que dicho injusto penal no se encuentra acreditado en la investigación aludida (fojas 565 a 568 y 572). 6. El quince de junio de dos mil dieciocho, notificó al quejoso Luis Raúl Íñiguez Tapia la determinación de no ejercicio de la acción penal (foja 579). Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la protección constitucional concedida, tanto por este juzgado como por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.

  3. Principal

    CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE 28 DE JUNIO DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveídos de dieciocho y veinte de junio de dos mil dieciocho (fojas 581 y 582), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable agente del Ministerio Público de Delitos contra la Mujer en el Sistema Tradicional a la sentencia de amparo; sin que el quejoso haya presentado promoción alguna para desahogar dicha vista. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento. En principio, es necesario indicar que en la sentencia dictada el dieciocho de enero de dos mil dieciocho (fojas 76 a 93), por una parte se sobreseyó en el juicio de garantías y por otra se concedió la protección constitucional a Luis Raúl Íñiguez Tapia. Inconforme con tal resolución, el quejoso de mérito interpuso recurso de revisión (foja 125), del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, autoridad que lo radicó con el número de expediente R-49/2018 de su índice (foja 387) y, en ejecutoria de trece de abril de dos mil dieciocho (fojas 394 a 442) revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo y protección a Luis Raúl Íñiguez Tapia. Por lo anterior, en acuerdo de treinta de abril de dos mil dieciocho (fojas 440 a 442), como el órgano colegiado de referencia dejó intocado el resolutivo segundo de la sentencia sujeta a revisión, esto es, aquel en el que se le otorgó el amparo a Luis Raúl Íñiguez Tapia contra actos de la Agente del Ministerio Público de Delitos contra la Mujer en el Sistema Tradicional, se requirió a dicha autoridad responsable para que cumpliera con el fallo protector emitido por este juzgado de Distrito; esto es, para que la agente del Ministerio Público de Delitos contra la Mujer en el Sistema Tradicional realizara lo siguiente: ".OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo a Luis Raúl Íñiguez Tapia para el efecto de que la Agente del Ministerio Público de Delitos contra la Mujer en el Sistema Tradicional, cuando adquiera firmeza la presente sentencia y se le requiera su cumplimiento: 1) Deje sin efectos el acuerdo dictado a las quince horas con veintiocho minutos del cinco de octubre de dos mil diecisiete y dicte otro, en el que provea sobre la petición que Luis Raúl Íñiguez Tapia realizó mediante escrito presentado el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, dentro de la averiguación previa AP-2050/2016/AESEX, de forma congruente, esto es, deberá pronunciarse sobre la procedencia o no del ejercicio o no ejercicio de la acción penal respecto del ilícito de falsedad de declaraciones e informes dados a una autoridad, que el quejoso atribuye a Gilberto Arturo Bello de la Cruz; y, hecho lo anterior; 2) Notifique al quejoso dicha determinación como en derecho corresponda, y remita las constancias que así lo acrediten. Sin que lo anterior signifique necesariamente que la mencionada autoridad tenga que acordar favorablemente la petición formulada, pues en uso de sus facultades, podrá proveer, como en derecho proceda, y de manera fundada y motivada, lo que se le solicita, sin que el presente fallo implique en forma alguna, que la pretensión de Luis Raúl Íñiguez Tapia sea legítima, fundada en derecho o procedente, pero lo cual habrá de determinar al contestar el escrito, tomando en consideración lo expresado en esta sentencia.". En el mismo proveído, se requirió a la representante social responsable citada para que cumpliera con el fallo protector pronunciado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, cuyos efectos consistieron en: ".Consecuentemente, procede conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal a LUIS RAÚL ÍÑIGUEZ TAPIA respecto del acto reclamado a Agente del Ministerio Público de Delitos contra la Mujer en el Sistema Tradicional consistente en la omisión de pronunciarse sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, dentro de la averiguación previa 2050/2016/AESEX, por el delito de falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, atribuido por GILBERTO ARTURO BELLO DE LA CRUZ; Efectos del fallo protector. En las narradas circunstancias, lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada, a fin de que el Agente del Ministerio Público responsable obre en el sentido de respetar el derecho humano violado; es decir, mediante el acuerdo relativo, determine si existen o no pruebas por desahogar en la averiguación previa AP-2050/2016/AESEX, y en su caso, ordene su desahogo, o recabe las ya ordenadas, en el entendido de que de llegar a la conclusión de que no existe prueba pendiente, dentro del plazo de quince días siguientes, deberá determinar en definitiva la indagatoria resolviendo sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal...". Así, mediante oficio 197/2018 de siete de mayo de dos mil dieciocho (foja 454), la autoridad responsable remitió copia de la resolución de esa misma data en la averiguación previa 2050/2016/AESEX y su acumulada 1321/2016/POPUL/AESEX (fojas 455 a 459); en la que dejó sin efectos el acuerdo dictado a las quince horas con veinticinco minutos del cinco de octubre de dos mil diecisiete y en su lugar emitió otro en el que dio respuesta a la petición que el quejoso formuló mediante escrito presentado ante la responsable el cinco de septiembre del mismo año. Sin embargo, como con dicha actuación únicamente cumplió con los lineamientos del fallo protector de este juzgado, no así los diversos pronunciados por el Tribunal Colegiado de revisión, en acuerdo de nueve de mayo de dos mil dieciocho (fojas 460 y 461) se requirió a la agente del Ministerio Público de Delitos contra la Mujer en el Sistema Tradicional, para que cumpliera cabalmente con la sentencia protectora emitida por la superioridad. Por oficio 198/2018 de ocho de mayo de la presente anualidad (foja 463), la agente del Ministerio Público responsable remitió copia certificada de la constancia de notificación al quejoso, respecto de la resolución de siete de mayo del mismo año, descrita anteriormente (fojas 464 a 467); por lo que en auto de diez de mayo del año actual (foja 468), se reiteró a la autoridad responsable que debía cumplir con la sentencia de amparo pronunciada por el órgano colegiado revisor. Mediante similar 229/2018 de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho (foja 483), la agente del Ministerio Público de Delitos contra la Mujer en el Sistema Tradicional, solicitó prórroga para cumplir con la sentencia de amparo, y argumentó que ello se debía a que quedaban pruebas y diligencias pendientes por desahogar en la averiguación previa de origen 2050/2016/AESEX y su acumulada 1321/2016/POPUL/AESEX, por lo que remitió copia certificada de diversas constancias que obran en esa indagatoria (fojas 485 a 516). Sin embargo, al analizar tales documentos, en acuerdo de cuatro de junio de la presente anualidad (fojas 517 y 518), esta autoridad advirtió que las diligencias referidas por la representante social tenían relación con los delitos de violencia familiar y sustracción de menores, los cuales, aun cuando también son investigados en ese expediente ministerial, no formaron parte de la litis constitucional y, por ende, no fueron objeto de la protección constitucional, por lo que tampoco son susceptibles de ser vigilados en este juicio de garantías, por ello, se reiteraron a la autoridad responsable los efectos del fallo protector y se requirió nuevamente su cumplimiento. Mediante comunicado 232/2018 de seis de junio de dos mil dieciocho (foja 522), al agente del Ministerio Público responsable comunicó a este juzgado que remitió los autos de la averiguación previa de origen a la Dirección General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla para que se pronunciara respecto del delito de falsedad de declaraciones e informes dados a una autoridad, atribuido a Gilberto Arturo Bello de la Cruz. En auto de ocho de junio del año que transcurre, se indicó a la agente del Ministerio Público de Delitos contra la Mujer en el Sistema Tradicional que era ella quien debía emitir el pronunciamiento respectivo y no su superior jerárquico, por lo que se requirió por última ocasión a la citada representante social para que cumpliera con los efectos del fallo protector. Así, por oficio 246/2018 de catorce de junio de dos mil dieciocho (foja 541), la agente del Ministerio Público de Delitos contra la Mujer en el Sistema Tradicional remitió copia certificada de la determinación ministerial emitida en esa misma data en la averiguación previa de origen (fojas 542 a 572); y, por diverso 253/2018 de quince de junio actual (foja 576), dicha autoridad hizo llegar copia auténtica de la constancia de notificación al quejoso de la resolución referida (fojas 578 a 580). Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se aprecia que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo la agente del Ministerio Público responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente el acuerdo emitido a las quince horas con veinticinco minutos del cinco de octubre de dos mil diecisiete en la averiguación previa 2050/2016/AESEX y su acumulada 1321/2016/POPUL/AESEX de su índice (foja 455). 2. El siete de mayo de dos mil dieciocho, emitió una resolución en la que dio respuesta a la petición que el quejoso formuló mediante escrito presentado ante ella el cinco de septiembre del mismo año (fojas 455 a 457). 3. Resolución que notificó a Luis Raúl Íñiguez Tapia el ocho de mayo de la presente anualidad (fojas 465 y 466). 4. En acuerdo de catorce de junio de dos mil dieciocho, determinó que esa representación social no tenía diligencias pendientes por desahogar en la averiguación previa 2050/2016/AESEX y su acumulada 1321/2016/POPUL/AESEX (foja 541). 5. El catorce de mayo de dos mil dieciocho, determinó el no ejercicio de la acción penal por el delito de falsedad de declaraciones e informes dados a una autoridad atribuido a Gilberto Arturo Bello de la Cruz, pues considero que dicho injusto penal no se encuentra acreditado en la investigación aludida (fojas 565 a 568 y 572). 6. El quince de junio de dos mil dieciocho, notificó al quejoso Luis Raúl Íñiguez Tapia la determinación de no ejercicio de la acción penal (foja 579). Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la protección constitucional concedida, tanto por este juzgado como por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveídos de dieciocho y veinte de junio de dos mil dieciocho (fojas 581 y 582), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable agente del Ministerio Público de Delitos contra la Mujer en el Sistema Tradicional a la sentencia de amparo; sin que el quejoso haya presentado promoción alguna para desahogar dicha vista. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento. En principio, es necesario indicar que en la sentencia dictada el dieciocho de enero de dos mil dieciocho (fojas 76 a 93), por una parte se sobreseyó en el juicio de garantías y por otra se concedió la protección constitucional a Luis Raúl Íñiguez Tapia. Inconforme con tal resolución, el quejoso de mérito interpuso recurso de revisión (foja 125), del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, autoridad que lo radicó con el número de expediente R-49/2018 de su índice (foja 387) y, en ejecutoria de trece de abril de dos mil dieciocho (fojas 394 a 442) revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo y protección a Luis Raúl Íñiguez Tapia. Por lo anterior, en acuerdo de treinta de abril de dos mil dieciocho (fojas 440 a 442), como el órgano colegiado de referencia dejó intocado el resolutivo segundo de la sentencia sujeta a revisión, esto es, aquel en el que se le otorgó el amparo a Luis Raúl Íñiguez Tapia contra actos de la Agente del Ministerio Público de Delitos contra la Mujer en el Sistema Tradicional, se requirió a dicha autoridad responsable para que cumpliera con el fallo protector emitido por este juzgado de Distrito; esto es, para que la agente del Ministerio Público de Delitos contra la Mujer en el Sistema Tradicional realizara lo siguiente: ".OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo a Luis Raúl Íñiguez Tapia para el efecto de que la Agente del Ministerio Público de Delitos contra la Mujer en el Sistema Tradicional, cuando adquiera firmeza la presente sentencia y se le requiera su cumplimiento: 1) Deje sin efectos el acuerdo dictado a las quince horas con veintiocho minutos del cinco de octubre de dos mil diecisiete y dicte otro, en el que provea sobre la petición que Luis Raúl Íñiguez Tapia realizó mediante escrito presentado el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, dentro de la averiguación previa AP-2050/2016/AESEX, de forma congruente, esto es, deberá pronunciarse sobre la procedencia o no del ejercicio o no ejercicio de la acción penal respecto del ilícito de falsedad de declaraciones e informes dados a una autoridad, que el quejoso atribuye a Gilberto Arturo Bello de la Cruz; y, hecho lo anterior; 2) Notifique al quejoso dicha determinación como en derecho corresponda, y remita las constancias que así lo acrediten. Sin que lo anterior signifique necesariamente que la mencionada autoridad tenga que acordar favorablemente la petición formulada, pues en uso de sus facultades, podrá proveer, como en derecho proceda, y de manera fundada y motivada, lo que se le solicita, sin que el presente fallo implique en forma alguna, que la pretensión de Luis Raúl Íñiguez Tapia sea legítima, fundada en derecho o procedente, pero lo cual habrá de determinar al contestar el escrito, tomando en consideración lo expresado en esta sentencia.". En el mismo proveído, se requirió a la representante social responsable citada para que cumpliera con el fallo protector pronunciado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, cuyos efectos consistieron en: ".Consecuentemente, procede conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal a LUIS RAÚL ÍÑIGUEZ TAPIA respecto del acto reclamado a Agente del Ministerio Público de Delitos contra la Mujer en el Sistema Tradicional consistente en la omisión de pronunciarse sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, dentro de la averiguación previa 2050/2016/AESEX, por el delito de falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, atribuido por GILBERTO ARTURO BELLO DE LA CRUZ; Efectos del fallo protector. En las narradas circunstancias, lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada, a fin de que el Agente del Ministerio Público responsable obre en el sentido de respetar el derecho humano violado; es decir, mediante el acuerdo relativo, determine si existen o no pruebas por desahogar en la averiguación previa AP-2050/2016/AESEX, y en su caso, ordene su desahogo, o recabe las ya ordenadas, en el entendido de que de llegar a la conclusión de que no existe prueba pendiente, dentro del plazo de quince días siguientes, deberá determinar en definitiva la indagatoria resolviendo sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal...". Así, mediante oficio 197/2018 de siete de mayo de dos mil dieciocho (foja 454), la autoridad responsable remitió copia de la resolución de esa misma data en la averiguación previa 2050/2016/AESEX y su acumulada 1321/2016/POPUL/AESEX (fojas 455 a 459); en la que dejó sin efectos el acuerdo dictado a las quince horas con veinticinco minutos del cinco de octubre de dos mil diecisiete y en su lugar emitió otro en el que dio respuesta a la petición que el quejoso formuló mediante escrito presentado ante la responsable el cinco de septiembre del mismo año. Sin embargo, como con dicha actuación únicamente cumplió con los lineamientos del fallo protector de este juzgado, no así los diversos pronunciados por el Tribunal Colegiado de revisión, en acuerdo de nueve de mayo de dos mil dieciocho (fojas 460 y 461) se requirió a la agente del Ministerio Público de Delitos contra la Mujer en el Sistema Tradicional, para que cumpliera cabalmente con la sentencia protectora emitida por la superioridad. Por oficio 198/2018 de ocho de mayo de la presente anualidad (foja 463), la agente del Ministerio Público responsable remitió copia certificada de la constancia de notificación al quejoso, respecto de la resolución de siete de mayo del mismo año, descrita anteriormente (fojas 464 a 467); por lo que en auto de diez de mayo del año actual (foja 468), se reiteró a la autoridad responsable que debía cumplir con la sentencia de amparo pronunciada por el órgano colegiado revisor. Mediante similar 229/2018 de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho (foja 483), la agente del Ministerio Público de Delitos contra la Mujer en el Sistema Tradicional, solicitó prórroga para cumplir con la sentencia de amparo, y argumentó que ello se debía a que quedaban pruebas y diligencias pendientes por desahogar en la averiguación previa de origen 2050/2016/AESEX y su acumulada 1321/2016/POPUL/AESEX, por lo que remitió copia certificada de diversas constancias que obran en esa indagatoria (fojas 485 a 516). Sin embargo, al analizar tales documentos, en acuerdo de cuatro de junio de la presente anualidad (fojas 517 y 518), esta autoridad advirtió que las diligencias referidas por la representante social tenían relación con los delitos de violencia familiar y sustracción de menores, los cuales, aun cuando también son investigados en ese expediente ministerial, no formaron parte de la litis constitucional y, por ende, no fueron objeto de la protección constitucional, por lo que tampoco son susceptibles de ser vigilados en este juicio de garantías, por ello, se reiteraron a la autoridad responsable los efectos del fallo protector y se requirió nuevamente su cumplimiento. Mediante comunicado 232/2018 de seis de junio de dos mil dieciocho (foja 522), al agente del Ministerio Público responsable comunicó a este juzgado que remitió los autos de la averiguación previa de origen a la Dirección General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla para que se pronunciara respecto del delito de falsedad de declaraciones e informes dados a una autoridad, atribuido a Gilberto Arturo Bello de la Cruz. En auto de ocho de junio del año que transcurre, se indicó a la agente del Ministerio Público de Delitos contra la Mujer en el Sistema Tradicional que era ella quien debía emitir el pronunciamiento respectivo y no su superior jerárquico, por lo que se requirió por última ocasión a la citada representante social para que cumpliera con los efectos del fallo protector. Así, por oficio 246/2018 de catorce de junio de dos mil dieciocho (foja 541), la agente del Ministerio Público de Delitos contra la Mujer en el Sistema Tradicional remitió copia certificada de la determinación ministerial emitida en esa misma data en la averiguación previa de origen (fojas 542 a 572); y, por diverso 253/2018 de quince de junio actual (foja 576), dicha autoridad hizo llegar copia auténtica de la constancia de notificación al quejoso de la resolución referida (fojas 578 a 580). Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se aprecia que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo la agente del Ministerio Público responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente el acuerdo emitido a las quince horas con veinticinco minutos del cinco de octubre de dos mil diecisiete en la averiguación previa 2050/2016/AESEX y su acumulada 1321/2016/POPUL/AESEX de su índice (foja 455). 2. El siete de mayo de dos mil dieciocho, emitió una resolución en la que dio respuesta a la petición que el quejoso formuló mediante escrito presentado ante ella el cinco de septiembre del mismo año (fojas 455 a 457). 3. Resolución que notificó a Luis Raúl Íñiguez Tapia el ocho de mayo de la presente anualidad (fojas 465 y 466). 4. En acuerdo de catorce de junio de dos mil dieciocho, determinó que esa representación social no tenía diligencias pendientes por desahogar en la averiguación previa 2050/2016/AESEX y su acumulada 1321/2016/POPUL/AESEX (foja 541). 5. El catorce de mayo de dos mil dieciocho, determinó el no ejercicio de la acción penal por el delito de falsedad de declaraciones e informes dados a una autoridad atribuido a Gilberto Arturo Bello de la Cruz, pues considero que dicho injusto penal no se encuentra acreditado en la investigación aludida (fojas 565 a 568 y 572). 6. El quince de junio de dos mil dieciocho, notificó al quejoso Luis Raúl Íñiguez Tapia la determinación de no ejercicio de la acción penal (foja 579). Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la protección constitucional concedida, tanto por este juzgado como por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.

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