Luis René Torres Cervantes

Expediente 821/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
821/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
27/10/2016

Partes del expediente

  • Luis René Torres Cervantes

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el proveído de tres de octubre del año en curso, por el cual este Tribunal sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que QUEDA FIRME el proveído de mérito. Notifíquese lo anterior a la responsable, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por lo que hace al presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción II del punto vigésimo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio que suscribe el Presidente de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes, sin perjuicio de hacer nueva relación al celebrarse la audiencia constitucional. Téngase al oficiante ofreciendo como prueba de su intención las documentales que acompaña, las que se admiten y se tienen por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de las constancias que adjunta el Presidente de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, se advierte que en el presente asunto, sobreviene de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien en el caso concreto, de la lectura de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el presente asunto, se advierte que la parte quejosa reclama: ? El proveído de siete de julio de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 2672/16-10-01-2-OT, por el Magistrado Instructor de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual se desecha por improcedente el recurso de reclamación interpuesto por el aquí quejoso. En ese sentido, de las constancias que adjuntó el Presidente de la Sala Regional del Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, al oficio presentado en la oficialía de partes de este Juzgado el cinco de los corrientes, así como al oficio de cuenta, se advierte que: 1. El veintidós de abril de dos mil dieciséis, ******, presentó demanda de nulidad ante la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, reclamado la nulidad de los actos emitidos en el procedimiento administrativo de responsabilidad RESP/0003/2015, de la estadística del Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Matemáticas A.C. (CIMAT), siendo estos los siguientes: a) La resolución de doce de febrero de dos mil dieciséis, b) El acuerdo de radicación de dieciocho de noviembre de dos mil quince, c) Oficio CIMCI-090/2015 de fecha dieciocho de noviembre de dos mil quince, en el que se cita audiencia para rendir declaración en relación a los hechos que se le imputan. d) El acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil quince, en el que se señala fecha para la audiencia de ley. e) El acuerdo de quince de diciembre de dos mil quince, en el que se admite lo relativo a las pruebas ofrecidas en dichos procedimiento. 2. Mediante proveído de doce de mayo de dos mil dieciséis, la autoridad responsable, la radicó con el número de expediente 2672/16-10-01-2-OT de su índice, en la que determinó admitir la demanda contenciosa administrativa únicamente respecto del acto reclamado precisado en el inciso a) y desechó la demanda de nulidad respecto de los actos señalados en los incisos b), c), d) y e). 3. Inconforme con dicha resolución, el dieciséis de junio del año en curso, quejoso interpuso recurso de reclamación y mediante resolución de siete de julio del año en curso, la autoridad responsable desechó por improcedente dicho medio de impugnación, dentro del cuaderno de suspensión. (acto reclamado). 4. Mediante proveído de veintiocho de septiembre del año en curso, dictado en el expediente 2672/16-10-01-2-OT, el Magistrado Instructor de la Sala Regional del Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de esta ciudad, dejó sin efectos el auto dictado el siete de julio de dos mil dieciséis en la parte que desechó el recurso de reclamación y lo admitió a trámite. Constancias a la que se les concede valor probatorio pleno en términos de los arábigos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En el caso, tomando en consideración que la parte quejosa acudió al presente juicio de amparo doliéndose del proveído de siete de julio de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 2672/16-10-01-2-OT, por el Magistrado Instructor de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, en el que se desechó por improcedente el recurso de reclamación que interpuso y, mediante resolución de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el citado expediente, se dejó insubsistente el auto reclamado en la parte que desechó dicho recurso y lo admitió a trámite, es evidente que el acto que el quejoso tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, pues no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales conculcados, al haberse admitido a trámite el recurso de reclamación. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el oficio que suscribe el Presidente de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes, sin perjuicio de hacer nueva relación al celebrarse la audiencia constitucional. Téngase al oficiante ofreciendo como prueba de su intención las documentales que acompaña, las que se admiten y se tienen por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de las constancias que adjunta el Presidente de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, se advierte que en el presente asunto, sobreviene de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien en el caso concreto, de la lectura de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el presente asunto, se advierte que la parte quejosa reclama: ? El proveído de siete de julio de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 2672/16-10-01-2-OT, por el Magistrado Instructor de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual se desecha por improcedente el recurso de reclamación interpuesto por el aquí quejoso. En ese sentido, de las constancias que adjuntó el Presidente de la Sala Regional del Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, al oficio presentado en la oficialía de partes de este Juzgado el cinco de los corrientes, así como al oficio de cuenta, se advierte que: 1. El veintidós de abril de dos mil dieciséis, ******, presentó demanda de nulidad ante la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, reclamado la nulidad de los actos emitidos en el procedimiento administrativo de responsabilidad RESP/0003/2015, de la estadística del Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Matemáticas A.C. (CIMAT), siendo estos los siguientes: a) La resolución de doce de febrero de dos mil dieciséis, b) El acuerdo de radicación de dieciocho de noviembre de dos mil quince, c) Oficio CIMCI-090/2015 de fecha dieciocho de noviembre de dos mil quince, en el que se cita audiencia para rendir declaración en relación a los hechos que se le imputan. d) El acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil quince, en el que se señala fecha para la audiencia de ley. e) El acuerdo de quince de diciembre de dos mil quince, en el que se admite lo relativo a las pruebas ofrecidas en dichos procedimiento. 2. Mediante proveído de doce de mayo de dos mil dieciséis, la autoridad responsable, la radicó con el número de expediente 2672/16-10-01-2-OT de su índice, en la que determinó admitir la demanda contenciosa administrativa únicamente respecto del acto reclamado precisado en el inciso a) y desechó la demanda de nulidad respecto de los actos señalados en los incisos b), c), d) y e). 3. Inconforme con dicha resolución, el dieciséis de junio del año en curso, quejoso interpuso recurso de reclamación y mediante resolución de siete de julio del año en curso, la autoridad responsable desechó por improcedente dicho medio de impugnación, dentro del cuaderno de suspensión. (acto reclamado). 4. Mediante proveído de veintiocho de septiembre del año en curso, dictado en el expediente 2672/16-10-01-2-OT, el Magistrado Instructor de la Sala Regional del Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de esta ciudad, dejó sin efectos el auto dictado el siete de julio de dos mil dieciséis en la parte que desechó el recurso de reclamación y lo admitió a trámite. Constancias a la que se les concede valor probatorio pleno en términos de los arábigos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En el caso, tomando en consideración que la parte quejosa acudió al presente juicio de amparo doliéndose del proveído de siete de julio de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 2672/16-10-01-2-OT, por el Magistrado Instructor de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, en el que se desechó por improcedente el recurso de reclamación que interpuso y, mediante resolución de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el citado expediente, se dejó insubsistente el auto reclamado en la parte que desechó dicho recurso y lo admitió a trámite, es evidente que el acto que el quejoso tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, pues no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales conculcados, al haberse admitido a trámite el recurso de reclamación. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del Magistrado de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad; SE ADMITE; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 821/2016-III. Requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de QUINCE DÍAS, contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio en el que se le solicita, rinda su informe justificado, al que deberá adjuntar copia certificada LEGIBLE de la totalidad de las constancias en las que se basó para la emisión del acto reclamado, o en su defecto manifestar el impedimento que tuviere, apercibiéndole que de no hacerlo así, se le podrá imponer una multa de cien a mil días de salario mínimo vigente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, con apoyo en el numeral 117, tercer párrafo, del mismo ordenamiento legal, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informe justificado se presumirá cierto el acto que se le atribuye. Asimismo, requiérase a la parte quejosa y a la autoridad responsable para que, de sobrevenir cualquiera de las causas de improcedencia o sobreseimiento previstas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, lo informen de inmediato y remitan las constancias que lo acrediten; lo anterior con fundamento en el numeral 64 del citado ordenamiento. En términos de lo dispuesto en el artículo 251 de la propia legislación, se hace saber a las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comuniquen a este Juzgado de Distrito, se les podrá imponer una multa de treinta a trescientos días de salario mínimo vigente en la ciudad de México. Se señalan las once horas con treinta minutos del siete de octubre de dos mil dieciséis, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo. No se forme incidente de suspensión porque no fue solicitado por la parte quejosa ni existe capítulo expreso en la demanda. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde. Téngasele ofreciendo como prueba las documentales que adjunta su escrito inicial de demanda, así como las presuncionales legal y humana e instrumental de actuaciones, las cuales de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en atención a su naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Por otra parte, resulta un hecho notorio para el suscrito que en el presente circuito generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este órgano jurisdiccional, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes obstaculizando con ello el manejo físico y estudio de los mismos; y, debido a que el propio artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado a través del funcionario adscrito designado, quien recabará recibo del mismo, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. Por lo que, a fin de evitar lo anteriormente señalado, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que resulta innecesario que informe cada vez que reciban comunicación proveniente de este juzgado, salvo aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado el acuse de recibo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Hugo Alejandro Guardado Santoyo, al contar con cédula profesional 3815084, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal y en términos del segundo párrafo del precepto legal en cita a las demás personas que menciona, al no encontrase en ese supuesto. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,190 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano