Luis René Torres Cervantes

Expediente 581/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
581/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
09/09/2016

Partes del expediente

  • Luis René Torres Cervantes

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio de cuenta que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el cual remite el testimonio autorizado de la resolución pronunciada por ese Tribunal el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, en el recurso de queja 70/2016, en la que se resuelve: "PRIMERO. Es infundado el presente recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el acuerdo pronunciado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado, el veintiocho de junio de dos mil dieciséis, mediante el cual desechó de plano la demanda de amparo registrada con el número de expediente 581/2016-III, promovida por **********, por propio derecho, contra los actos y las autoridades precisados en el resultando primero de esta resolución." Acúsese recibo; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para sus efectos y las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, del punto vigésimo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio de cuenta suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del proveído dictado el veintiocho de junio de dos mil dieciséis, quedando registrado como recurso de queja número 70/2016.

  3. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso **********; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda: Se tiene al quejoso presentando recurso de queja contra el proveído de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de amparo. II. En razón de lo anterior, y dada la naturaleza de la resolución recurrida, esto es, que no existe parte alguna a la cual se haya emplazado a este juicio de amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito en turno, el original del escrito del recurso, copia certificada de la demanda, sus anexos y de la resolución recurrida, con sus respectivas notificaciones, para su substanciación. III. Ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de ser cierto el acto reclamado, toda vez que efectivamente este juzgado dictó el veintiocho de junio de dos mil dieciséis, acuerdo en el que determinó desechar la demanda de amparo promovida por **********.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por *******, por su propio derecho, contra actos de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el expediente 581/2016-III. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Como puede advertirse, el motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el quejoso no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la determinación reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de marras se fundamenta en la naturaleza misma del amparo; es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar el Alto Tribunal, para invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. En el caso concreto, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que lo que aquí reclama la parte quejosa es: El acuerdo de doce de mayo de dos mil dieciséis emitido por la responsable dentro del expediente 2672/16-10-01-2-OCT, del índice de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, por el que niega la suspensión provisional solicitada en relación a la ejecución de la inhabilitación temporal impuesta por el órgano Interno en el Centro de Investigación en Matemáticas A.C. (CIMAT). Al respecto, resulta importante destacar que el artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, estatuye: "ARTÍCULO 62. Las resoluciones que concedan, nieguen, modifiquen o revoquen cualquiera de las medidas cautelares previstas en esta Ley, podrán ser impugnadas mediante la interposición del recurso de reclamación ante la Sala Regional que corresponda. El recurso se promoverá dentro de los cinco días siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación respectiva. Interpuesto el recurso en la forma y términos señalados, el Magistrado ordenará correr traslado a las demás partes, por igual plazo, para que expresen lo que a su derecho convenga. Una vez transcurrido dicho término y sin más trámite, dará cuenta a la Sala Regional, para que en un plazo de cinco días, revoque o modifique la resolución impugnada y, en su caso, conceda o niegue la suspensión solicitada, o para que confirme lo resuelto, lo que producirá sus efectos en forma directa e inmediata. La sola interposición suspende la ejecución del acto impugnado hasta que se resuelva el recurso. La Sala Regional podrá modificar o revocar su resolución cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. El Pleno del Tribunal podrá ejercer de oficio la facultad de atracción para la resolución de los recursos de reclamación a que se refiere el presente artículo, en casos de trascendencia que así considere o para fijar jurisprudencia." De la lectura del precepto legal transcrito, se desprende que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario, como lo es el recurso de reclamación, para que la Sala Regional confirme o modifique el acto dictado. Bajo esas premisas, se concluye que si el quejoso acude a esta instancia constitucional reclamando el auto por el que la responsable en cita niega la suspensión provisional en relación a la ejecución de la inhabilitación temporal impuesta por el órgano Interno en el Centro de Investigación en Matemáticas A.C. (CIMAT); es incuestionable que, previo a instar este juicio de amparo, era menester que agotara el medio ordinario legal de defensa que prevé la citada Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para así cumplir con el aludido principio de definitividad; es decir, el recurso de reclamación. De ahí que, al no haber cumplido con dicho principio rector del juicio constitucional, se materializa la causa de improcedencia contenida en la fracción XVIII del invocado dispositivo 63 de la ley reglamentaria, sin que el presente caso se encuentre dentro de las excepciones previstas en referido normativo, ya que no es tercero extraño al procedimiento, el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, deportación, destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; por lo que, evidente resulta que el promovente debió interponer el señalado medio de defensa para cumplir con el principio de definitividad. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa y autorizando en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, al no contar con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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