Luis Ramos Ávila

Expediente 1258/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1258/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
10/01/2023

Partes del expediente

  • Luis Ramos Ávila

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, diez de enero de dos mil veintitrés. Causa estado. De la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que el promovente ********************interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo origen de este juicio, sin que haya ejercido ese derecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que causó estado la referida determinación. Archivo. Con fundamento en el artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo del dos mil veinte Diario Oficial de la Federación, archívese este expediente como concluido...

  2. Principal

    .... Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si existe una manifiesta e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Tomando en consideración lo narrado por el impetrante del amparo, se advierte que la parte aquí quejosa, promovió juicio laboral el siete de noviembre de la presente anualidad, mismo que correspondió conocer al Octavo Tribunal Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, autoridad que radicó dicho asunto con el número ******************** de su índice y por acuerdo de once de noviembre siguiente lo previno para que aclarara diversas irregularidades. Posteriormente, el quejoso pretendió cumplir con dicho requerimiento; sin embargo, la autoridad responsable no lo tuvo por cumplido, puesto que no aclaró la totalidad de los puntos requeridos, motivo por el cual lo requirió de nueva cuenta, concediéndole un día hábil a fin de que señalara a cuánto asciende el pago correspondiente al aguinaldo del número 6 de sus prestaciones de la demanda así como el periodo que reclama del mismo, lo cual no hizo. Por lo que, al no haberse cumplimentado éste último requerimiento, como lo señala el quejoso bajo protesta de decir verdad, la responsable determinó revocar al profesionista que se ostentaba con el carácter de representante legal de la parte actora (aquí quejoso) en fecha treinta de noviembre de dos mil veintidós, siendo el acto que por esta vía se combate. En esas condiciones, este Juzgado Federal considera que, en el caso se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 107, fracción III, inciso b), establece la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro del juicio en los términos siguientes: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (...) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...)." En ese contexto, de los preceptos legales antes precisados, se puede colegir, que el acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veintidós, dictado en los autos del expediente ********************, del índice de la autoridad responsable, no causa una afectación directa a los derechos sustantivos de la parte quejosa, toda vez que la consecuencia jurídica del auto reclamado es únicamente tener por no reconocida la personalidad del profesionista que señaló como representante legal de su parte en ese controvertido, de ahí que sólo se afectan derechos adjetivos o procesales. Ello es así, debido a que el acto aquí combatido se trata de una posible violación al procedimiento, cuyo efecto puede desaparecer de llegar a obtener la parte quejosa un laudo favorable a sus intereses, pues es parte en el litigio, y la circunstancia de que no se tenga por reconocida la personalidad del profesionista que señaló como su representante legal, no significa necesariamente que se dictará un laudo desfavorable a sus intereses. Por tanto, se insiste, la determinación de treinta de noviembre del año en curso, que reclama el aquí quejoso en nada violenta sus derechos fundamentales, ya que no constituye una determinación que se traduzca en una vulneración a derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, en su perjuicio; ello, tomando en consideración que, en la controversia que se sigue ante la responsable no se encuentra concluida, máxime que en el procedimiento laboral el tribunal correspondiente debe garantizar el derecho de una adecuada defensa, para que el actor, aquí quejoso, pueda tener debida representación dentro del juicio laboral que defienda sus derechos. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia VII.2o.T. J/52 (10a) Instancia Tribunales Colegiados, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, Página: 2075, de la Décima Época, Registro: 2020262, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESCONOCE LA QUE OSTENTA EL APODERADO O REPRESENTANTE DEL DEMANDADO CON MOTIVO DE LA DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN O INCIDENCIA PROPUESTA POR SU CONTRAPARTE, O POR UN PRONUNCIAMIENTO OFICIOSO DE LA JUNTA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. De una interpretación extensiva de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", se advierte el supuesto de improcedencia del amparo indirecto promovido contra la resolución que desconoce la personalidad que ostenta en juicio el apoderado o representante del demandado, bien sea con motivo de la declaración de procedencia de la excepción o incidencia propuesta por su contraparte actora o, en su caso, por un pronunciamiento oficioso de la Junta, pues si bien la consecuencia de tal declaratoria conlleva tener por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho a ofrecer y desahogar pruebas, en virtud de que la sanción procesal de trato (desconocimiento de la personalidad del compareciente) le impedirá mantener una participación activa dentro del juicio, en tanto que sólo podrá imponerse de los autos sin poder desplegar defensa alguna, lo cierto es que ello no da pauta en automático a obtener un laudo adverso a sus intereses, ya que la Junta debe analizar la procedencia de la acción, con independencia de lo alegado o probado por la demandada en el juicio. De manera que si sólo procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, entendidos éstos como aquellos que afecten derechos sustantivos, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, lo que confirma la improcedencia del amparo indirecto, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia I. 4o. C. 2 sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1988, Materia(s): Común, Página: 827, de la Octava Época, Registro: 231982, de rubro y texto siguientes: "EJECUCION IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACION DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B, CONSTITUCIONAL). En la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, conduce a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El diverso concepto de irreparabilidad que se ha llegado a sostener, que se hace consistir en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, no se considera admisible, dado que contraría la sistemática legal del juicio de garantías, en cuanto que si se sigue al pie de la letra ese concepto, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales impiden que las actuaciones que causen estado puedan revisarse nuevamente en una actuación posterior, y esta apertura a la procedencia general del amparo indirecto judicial, pugna con el sistema constitucional que tiende a delimitarlo para determinados momentos solamente; además de que la aceptación del criterio indicado, traería también como consecuencia que hasta las violaciones procesales que únicamente deben impugnarse en el amparo directo fueran reclamables en el indirecto a elección del agraviado, aunque no fueran susceptibles de afectar inmediatamente las garantías individuales, lo que evidentemente no es acorde con la sistemática del juicio constitucional; y por último, desviaría la tutela del amparo hacia elementos diferentes de los que constituyen su cometido, contrariando sus fines y su naturaleza, al ensanchar indebidamente su extensión. A guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenará la intercepción de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminará a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etc., pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podría reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que, verbigracia, en el caso del embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia interceptada ya no podrá volver a su secreto, etc., y en todos estos supuestos, la posible violación de garantías individuales subsistiría irremediablemente en unos, y en otros se haría cesar hacia el futuro únicamente hasta que se emitiera la sentencia definitiva." Y finalmente, se cita la tesis XX.T.1 L (11a), Instancia Tribunales Colegiados, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Julio de 2022, Tomo V, página 4463, Registro: 2024992, de rubro siguiente: "DEFENSA ADECUADA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. EL TRIBUNAL LABORAL DEBE GARANTIZAR ESE DERECHO DEL TRABAJADOR DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA." En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia citada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte promovente para recibir notificaciones, el que señala en su escrito de cuenta y por autorizados en términos amplios, acorde a lo previsto en el artículo 12 de la citada ley, a ********************, en virtud de que la certificación secretarial, se conoce que cuentan con cédula profesional. Horas y días inhábiles. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para la práctica de notificaciones. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL AVISO DE NOTIFICACIÓN, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Luis Ramos Ávila, por propio derecho, contra actos del Octavo Tribunal Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; fórmese el juicio de amparo bajo el registro 1258/2022.. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece la obligación de examinar la demanda y si existe una manifiesta e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Tomando en consideración lo narrado por el impetrante del amparo, se advierte que la parte aquí quejosa, promovió juicio laboral el siete de noviembre de la presente anualidad, mismo que correspondió conocer al Octavo Tribunal Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, autoridad que radicó dicho asunto con el número 213/2022 de su índice y por acuerdo de once de noviembre siguiente lo previno para que aclarara diversas irregularidades. Posteriormente, el quejoso pretendió cumplir con dicho requerimiento; sin embargo, la autoridad responsable no lo tuvo por cumplido, puesto que no aclaró la totalidad de los puntos requeridos, motivo por el cual lo requirió de nueva cuenta, concediéndole un día hábil a fin de que señalara a cuánto asciende el pago correspondiente al aguinaldo del número 6 de sus prestaciones de la demanda así como el periodo que reclama del mismo, lo cual no hizo. Por lo que, al no haberse cumplimentado éste último requerimiento, como lo señala el quejoso bajo protesta de decir verdad, la responsable determinó revocar al profesionista que se ostentaba con el carácter de representante legal de la parte actora (aquí quejoso) en fecha treinta de noviembre de dos mil veintidós, siendo el acto que por esta vía se combate. En esas condiciones, este Juzgado Federal considera que, en el caso se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII2 y 107, fracción V3 , de la Ley de Amparo. Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 107, fracción III, inciso b), establece la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro del juicio en los términos siguientes: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (...) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...)." En ese contexto, de los preceptos legales antes precisados, se puede colegir, que el acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veintidós, dictado en los autos del expediente 213/2022, del índice de la autoridad responsable, no causa una afectación directa a los derechos sustantivos de la parte quejosa, toda vez que la consecuencia jurídica del auto reclamado es únicamente tener por no reconocida la personalidad del profesionista que señaló como representante legal de su parte en ese controvertido, de ahí que sólo se afectan derechos adjetivos o procesales. Ello es así, debido a que el acto aquí combatido se trata de una posible violación al procedimiento, cuyo efecto puede desaparecer de llegar a obtener la parte quejosa un laudo favorable a sus intereses, pues es parte en el litigio, y la circunstancia de que no se tenga por reconocida la personalidad del profesionista que señaló como su representante legal, no significa necesariamente que se dictará un laudo desfavorable a sus intereses. Por tanto, se insiste, la determinación de treinta de noviembre del año en curso, que reclama el aquí quejoso en nada violenta sus derechos fundamentales, ya que no constituye una determinación que se traduzca en una vulneración a derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, en su perjuicio; ello, tomando en consideración que, en la controversia que se sigue ante la responsable no se encuentra concluida, máxime que en el procedimiento laboral el tribunal correspondiente debe garantizar el derecho de una adecuada defensa, para que el actor, aquí quejoso, pueda tener debida representación dentro del juicio laboral que defienda sus derechos. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia citada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo.

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