Luis Omar Lastra Gómez

Expediente 571/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
571/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
12/09/2023

Partes del expediente

  • Luis Omar Lastra Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    ...el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica el acuerdo de once de septiembre de la anualidad en curso, en el que tuvo por recibido el recurso de queja 251/2023 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, aceptó la competencia declinada por su homólogo y lo radicó con el expediente de queja 139/2023 relativo al medio de impugnación hecho valer por el quejoso contra el auto de desechamiento de demanda dictado por este juzgado federal.

  2. Principal

    ... el oficio de la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual comunica el acuerdo de diez del mes y año en curso, con el que se radicó el recurso de queja ******************** y en el que ese cuerpo colegiado se declaró legalmente incompetente para conocer del aludido recurso por razón de materia, ordenando su remisión al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en turno del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad capital. Notifíquese. ...

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Medida cautelar. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, en proveído dictado en esta fecha en el juicio de amparo del que deriva este incidente, se ordenó su archivo como asunto concluido. Archivo. ... se ordena el archivo de este incidente como concluido. Destino. Respecto al original del incidente de suspensión, toda vez que se negó la suspensión definitiva, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del referido Acuerdo General, este expediente es destruible. Una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, cúmplase con dicha determinación. En tanto que el duplicado, de conformidad con la fracción II, inciso a), del artículo 19 del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este juzgado dentro de los treinta días siguientes a que se cumplan seis meses a partir de esta fecha, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. ... Instrucciones a la secretaria. ... Notifíquese. ...

  4. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a quince de junio de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Luis Omar Lastra Gómez, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Educación de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades; fórmese el juicio de amparo con el registro 571/2023-A. Firma electrónica de promociones. Toda vez que la demanda de cuenta fue presentada físicamente, en cumplimiento a lo ordenado por los artículos 253 y 263 fracción I, del Acuerdo General que establece las Disposiciones en Materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, se ordena digitalizarla e incorporarla al expediente electrónico con firma electrónica del Secretario, así como las demás promociones y actuaciones que se presenten y generen de forma impresa. Exhortación a las partes. De conformidad con el artículo 263 fracción II, párrafo segundo, del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes, para que cuando les sea posible, transiten a l actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Actos reclamados. Del análisis a la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: "La orden y/o medida provisional de separarme de mi centro de trabajo en el que me venía desempeñando como maestro en el Tele bachillerato de la Zona Escolar de Cerro Azul Veracruz, así como la investigación instruida en mi contra en términos del acta circunstanciada levantada en fecha 29 de marzo del 2023, a las 11:30 horas del día,. trayendo como consecuencia el oficio número SEMSYS/DGTEBA/1796/2023, dirigido a mi persona PROFESOR LUIS OMAR LASTRA GÓMEZ, ASUNTO.- NOTIFICACIÓN DEL DICTAMEN de fecha 24 de mayo del 2023 Xalapa Veracruz. EN EL QUE ME COMUNICAN EL CESE EN LOS EFECTOS DE SU NOMBRAMIENTO." Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si existe una manifiesta e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el oficio SEMSYS/DGTEBA/1796/2023, de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, expedido por la Encargada de la Dirección de Telebachillerato de la Secretaría de Educación de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual se le notificó al quejoso Luis Omar Lastra Gómez, adscrito al "Telebachillerato Potrero del Llano", con clave 30ETH0011B, del municipio de Álamo, Temapache, derivado del escrito de queja de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, instrumentado por presuntas conductas de connotación sexual en agravio de la menor L.E.G.C., resolución en la que la Oficial Mayor y el Director Jurídico, ambos de la Secretaría de Educación de Veracruz, determinaron aplicar al aludido impetrante del amparo el cese en los efectos de su nombramiento como profesor del referido plantel escolar, siendo lo que atribuye a las autoridades señaladas como responsables. Expresiones, las anteriores, que para el suscrito juzgador adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, tomo 12, diciembre de mil novecientos noventa y tres, octava época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito, considera que respecto del acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1º, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, y 103, fracción I, de la Constitución Federal. Conviene precisar que para que se actualice la improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del aludido artículo 61, es menester efectuar el complemento relativo con otras disposiciones, por lo que deberá relacionarse únicamente con disposiciones de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Federal, de ahí que en la especie se haya apelado al contenido de los artículos 1° y 5° de la Ley de Amparo y 103 constitucional. Tal proceder encuentra apoyo en la tesis aislada 2a. LXXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, tomo 9, junio de mil novecientos noventa y nueve, publicada en la página trescientos setenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO". Del artículo 5, fracción II de la Ley de la materia, se desprende que para efectos de los juicios de amparo, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado. Como se observa, el legislador únicamente ejemplificó las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de garantías, pero no abordó las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales para efectos de la procedencia de dicho juicio. Por lo que la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de los tribunales federales, especialmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República. En tal sentido, el Máximo Tribunal del país interpretó, en un principio, que los actos de autoridad para efectos del amparo son aquéllos que provienen de entidades de la administración pública que tienen como característica la imperatividad, la unilateralidad, la coercitividad y que pueden disponer de la fuerza pública. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desestimó la necesidad de emplear "el uso de la fuerza pública" como elemento integrante del acto autoritario, aceptando la posibilidad de que organismos descentralizados, como las Universidades, puedan emitir actos de autoridad susceptibles de impugnarse en amparo. En la inteligencia de que, por su propia naturaleza, ese tipo de órganos emiten, además, otro tipo de actos que no resultan ser impugnables en juicio constitucional; por ello, ha sido ampliado dicho criterio y también se tiene con tal carácter a los funcionarios de organismos públicos descentralizados que con fundamento en una norma legal emitan actos de manera unilateral a través de los cuales crean, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, es decir, siempre que se sitúen en una relación de supra a subordinación respecto de los gobernados. A partir de tal conclusión, es posible afirmar que no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un "acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo", sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, aquellos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación. Así, para distinguir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo y que complementan a los anteriores, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CCIV/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, página 39, que expresa: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Ahora bien, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Asimismo, las relaciones de supra a subordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, dentro de los cuales pueden mencionarse las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En cambio, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, en la que se tiene que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos por las leyes respectivas para dirimir las controversias que se susciten, por ejemplo, las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. ... Ahora, para el caso, se considera que el acto que reclama la parte quejosa no son de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues tiene una naturaleza eminentemente laboral que se genera por el vínculo jurídico que se mantiene entre trabajador-patrón equiparado; es decir, derivan de la relación laboral que sostienen en un plano de coordinación y no de supra-subordinación con el mismo, por lo cual, al emitir u omitir dictar el acto reclamado las autoridades señaladas como responsables, no se encuentran en un plano superior dotado de autoridad, sino que constituyen actos en su calidad de patrón equiparado del ahora promovente. De modo que, cualquier decisión que adopte u omitan adoptar las autoridades señaladas como responsables, con motivo de la relación laboral que guardan, no constituyen actos de autoridad, sino hechos derivados de dicha relación; motivo por el cual, los conflictos que se susciten entre el trabajador y el patrón equiparado, deben ser ventilados ante la autoridad competente y no en este órgano de control constitucional. Es decir, el acto reclamado queda comprendido dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta o pretende que se ejecute, sometido a las prevenciones del derecho laboral como particular; por ende, el acto de que se duele no puede ser considerado como de autoridad para los efectos del amparo. Asimismo, el juicio de amparo no es el medio para reclamar el oficio SEMSYS/DGTEBA/1796/2023, de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, expedido por la Encargada de la Dirección de Telebachillerato de la Secretaría de Educación de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual se le notificó al quejoso Luis Omar Lastra Gómez, adscrito al "Telebachillerato Potrero del Llano", con clave 30ETH0011B, del municipio de Álamo, Temapache, derivado del escrito de queja de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, instrumentado por presuntas conductas de connotación sexual en agravio de la menor de identidad L.E.G.C., resolución en la que la Oficial Mayor y el Director Jurídico, ambos de la Secretaría de Educación de Veracruz, determinaron aplicar al aludido impetrante del amparo el cese en los efectos de su nombramiento como profesor del referido plantel escolar, dado que el promovente tiene a su alcance para hacer valer su reclamación la vía procesal ordinaria, tramitable ante los órganos jurisdiccionales competentes de acuerdo al vínculo trabajador-patrón que existe entre el agraviado y las autoridades que señala como responsables. ... En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia citada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte promovente para recibir notificaciones, el que señala en su escrito de cuenta y por autorizados en términos amplios, acorde a lo previsto en el artículo 12 de la citada ley, a Bogar Aarón Ochoa Morales y Claudia Evangelina Hernández Nava, en virtud de que la certificación secretarial, se conoce que cuentan con cédula profesional. Horas y días inhábiles. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para la práctica de notificaciones. Integración de expedientes. Se instruye a los (as) secretarios (as), tanto a quienes tienen a su cargo el trámite como a los que están comisionados en la integración, así como a los actuarios (as), para que, de acuerdo a sus funciones, supervisen la debida integración de los expedientes, tanto físico como electrónico. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Notifíquese personalmente al quejoso. ...

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