Luis Perez Moreno
Expediente 472/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 30 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 472/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 24/05/2017
Partes del expediente
- Luis Perez Moreno
- Juez Séptimo de Distrito En El Estado De Guerrero Con Resisencia En Chilpancingo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Incidental
VIII. Se tiene por recibido el escrito signado por Erick Michel Carmona Esquivel, autorizado del quejoso Luis Pérez Moreno, a través del cual en atención al estado que guarda el presente asunto, solicita la devolución del billete de depósito que exhibió para garantizar la medida de aseguramiento decretada en auto de trece de abril de dos mil dieciséis, a efecto de surtiera efectos la suspensión concedida. Atento a lo anterior, y toda vez que en el presente asunto no existe tercero interesado que resienta daños con motivo de la reparación del daño, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, previa sustracción de la caja de seguridad, devuélvanse el billete de depósito citado. Lo anterior, previa comparecencia, en la cual se deberá exhibir copia simple de la identificación oficial que se presente, para que se certifique y se glose para debida constancia legal.
- Principal
VIII. Atento a lo anterior, la certificación de cuenta evidencia que el quejoso, no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el auto de veintiséis de octubre pasado (fojas 151 a 153), en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de catorce de julio de dos mil dieciséis (fojas 41 a 56). En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Ahora, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de depurable, pues se otorgó el amparo en este juicio. 2. El original incidente de suspensión es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, inciso I,). 3. El duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción (punto vigésimo, inciso III). Por otra parte, las constancias adjuntadas por el quejoso en su escrito inicial de demanda, manténganse por separado y déjensele a su disposición, en el entendido de que si no solicita su devolución podrán ser destruidas junto con el expediente; sin que haya lugar a darle vista correspondiente en virtud de que no son documentos originales, sino copias certificadas. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, una vez que obren las constancias de notificación respectivas, el expediente se enviará materialmente al archivo.
- Incidental
VIII. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el día de hoy en el expediente principal del cual deriva esta incidencia se dictó el acuerdo siguiente: "Toluca, Estado de México; veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. Atento a lo anterior, la certificación de cuenta evidencia que el quejoso, no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el auto de veintiséis de octubre pasado (fojas 151 a 153), en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de catorce de julio de dos mil dieciséis (fojas 41 a 56). En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Ahora, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de depurable, pues se otorgó el amparo en este juicio. 2. El original incidente de suspensión es susceptible de depurable (punto vigésimo primero, inciso I,). 3. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III). Por otra parte, las constancias adjuntadas por el quejoso en su escrito inicial de demanda, manténganse por separado y déjensele a su disposición, en el entendido de que si no solicita su devolución podrán ser destruidas junto con el expediente; sin que haya lugar a darle vista correspondiente en virtud de que no son documentos originales, sino copias certificadas. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, una vez que obren las constancias de notificación respectivas, el expediente se enviará materialmente al archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Fernando Saldaña Meneses, que autoriza, firma y da fe." Lo que se hace del conocimiento a las partes para los efectos legales conducentes. Finalmente, de los autos del incidente de suspensión se advierte que obra el billete de depósito N 762312, que ampara la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n), con el objeto de garantizar la suspensión provisional concedida en auto de trece de abril de dos mil dieciséis (fojas 5 y 6), guardado en la caja de seguridad de este juzgado con el registro 20/2016-B. En ese sentido, ya que el quejoso no obtuvo sentencia favorable en el juicio principal, una vez que transcurra el plazo establecido en el artículo 156 de la Ley de Amparo, se dejará a disposición el billete referido en las oficinas de este órgano jurisdiccional, con el apercibimiento que en caso de no presentarse a recogerlo, se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Fernando Saldaña Meneses, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
VIII. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Luis Pérez Moreno, a través del cual desahoga la vista que se le dio en proveído de once de octubre de dos mil dieciséis; téngase por hechas sus manifestaciones para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, visto el estado procesal de los presentes autos, este Juzgado Federal analiza de oficio si el fallo protector está o no cumplido. Al caso, es aplicable la jurisprudencia publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro expresa: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para determinar si en el caso el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, dio o no cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: El quejoso Luis Pérez Moreno, señaló como acto reclamado la orden de aprehensión, dictada en su contra el cuatro de marzo del año en curso en la causa penal 25/2014, por su probable participación en el delito de peculado, así como su ejecución. Mediante sentencia dictada por este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el catorce de julio de dos mil dieciséis (fojas 41 a 56), se resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Luis Pérez Moreno, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas para los efectos indicados en la última parte considerativa de esta resolución." Los efectos por los cuales se concedió el amparo y Protección de la Justicia Federal, fueron para lo siguiente: ". Deje insubsistente la orden de aprehensión dictada el cuatro de marzo de dos mil dieciséis, en la causa penal 25/2014, de su índice, y con plenitud de jurisdicción en su lugar dicte otra resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido que la anterior, pero subsanando los vicios formales que se indicaron, es decir: 1. Deberá expresar si en el caso el delito por el que la representación social de la Federación acusó al aquí quejoso, es perseguible de oficio o por querella del ofendido o algún otro equivalente. 2. Precisar si el ilícito en comento es instantáneo, tentado, continuado o permanente, requisito que resulta inexcusable analizar para efecto de determinar si un hecho delictivo ha prescrito o no, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 del Código Penal Federal aplicable al caso concreto. 3. Hecho lo anterior, aborde con libertad de jurisdicción y, el tema de la prescripción del delito materia de la orden de aprehensión reclamada. 4. Finalmente, de considerar que el ilícito de mérito no ha prescrito, con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada decidir respecto al valor probatorio que concede a cada uno los elementos probatorios con que acredite tanto los componentes del cuerpo del delito, como la probable responsabilidad del indiciado. Protección constitucional que se hace extensiva a los actos de ejecución que se atribuyeron a la Procuradora General de la República y Titular de la Policía Federal Ministerial y/o Agencia Federal de Investigación, en razón de que sus actuaciones no se reclamaron por vicios propios sino como consecuencia de los actos reclamados a la autoridad ordenadora." Por acuerdo de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, el cumplimiento al fallo protector. En ese orden, en cumplimiento a la sentencia de amparo el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, por oficio recibido en este juzgado de Distrito el once de octubre actual (fojas 93 a 107), comunicó la resolución dictada el catorce de julio de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 25/2014, en donde dejó sin efectos la orden de aprehensión de fecha cuatro de marzo de dos mil dieciséis y resolvió lo siguiente: Dejó insubsistente la orden de aprehensión dictada el cuatro de marzo de dos mil dieciséis, en la causa penal 25/2014, de su índice, y con plenitud de jurisdicción en su lugar dictó otra resolución, expresando si en el caso el delito por el que la representación social de la Federación acusó al aquí quejoso, es perseguible de oficio o por querella del ofendido o algún otro equivalente. Precisó si el ilícito en comento es instantáneo, tentado, continuado o permanente, requisito que resulta inexcusable analizar para efecto de determinar si un hecho delictivo ha prescrito o no, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 del Código Penal Federal aplicable al caso concreto. Hecho lo anterior, abordo con libertad de jurisdicción y, el tema de la prescripción del delito materia de la orden de aprehensión reclamada. Finalmente, de considerar que el ilícito de mérito no ha prescrito, con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada decidió respecto al valor probatorio que concede a cada uno los elementos probatorios con que acredite tanto los componentes del cuerpo del delito, como la probable responsabilidad del indiciado. Ante tal situación, por auto de once de octubre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa; por lo que después de realizar un análisis minucioso de la forma en que la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, manifestó dar cumplimiento a la sentencia de amparo, este juzgado considera que con el actuar de la autoridad responsable se obtiene el cumplimiento del fallo protector, pues se satisfacen los lineamientos expuestos en la sentencia de mérito. Por tanto, en términos del artículo 196, párrafo segundo y tercero de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo. No es óbice a lo anterior que el quejoso manifieste su inconformidad con la decisión precisada por la responsable , pues como se anotó aquella si observó puntualmente el núcleo esencial del amparo otorgado. Resulta aplicable la jurisprudencia publicada con el número 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución."
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