Luis Neri Pichardo

Expediente 974/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
974/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
18/10/2016

Partes del expediente

  • Luis Neri Pichardo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    II. Por recibido el oficio de cuenta, a través del cual el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito remite copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja Q.T.- 95/2016, en el que se determinó: "ÚNICO. Es INFUNDADO EL RECURSO DE QUEJA interpuesto por LUIS NERI PICHARDO, contra el auto de veinte de julio de dos mil dieciséis dictado por el JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO Y JUICIOS CIVILES FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, por los motivos expuestos en el considerando último de la presente resolución." Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, agréguense a los autos el oficio y anexo que se atiende para que surtan los efectos legales procedentes; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Atento a lo anterior y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitir el presente expediente al archivo de este Juzgado de Distrito. En el libro de gobierno realícense las anotaciones correspondientes. En ese orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: - El presente asunto es susceptible de destrucción, (punto vigésimo primero, inciso I) pues se desechó la demanda de amparo. - No existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del acuerdo de referencia). De igual forma, se hace la indicación de que a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia.

  2. Principal

    II. Visto el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, donde transcribe el acuerdo de cuatro de agosto de dos mil dieciséis, mediante el cual comunica que se admitió a trámite al recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de veinte de julio del año en curso, dictado en el presente juicio de amparo; medio de impugnación que se registró con el número de QT. 95/2016. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese el oficio de cuenta para que surta los efectos legales conducentes y estese en espera de la determinación que al respecto emita el Tribunal Colegiado oficiante.

  3. Principal

    II. Visto el escrito signado por el quejoso Luis Neri Pichardo, a través del cual interpone recurso de queja contra el auto dictado el veinte de julio del año en curso, en el cual se desechó la demanda de amparo. En conformidad con lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, dese el trámite correspondiente al medio de impugnación de referencia y ríndase el informe respectivo en términos del párrafo primero del ordinal 101 de la legislación invocada. Por ende, el original del escrito de expresión de agravios y copias certificadas de este juicio de amparo, remítanse al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en turno, a fin de que provea lo conducente, asimismo, se adjunta copia de los agravios para el Agente del Ministerio Público Federal de su adscripción.

  4. Principal

    II. Ratifica escrito. Visto la comparecencia de diecinueve de los cursantes de la que se advierte que el quejoso ratificó el escrito presentado el doce de julio de la anualidad en curso mediante el cual, cumple con los requerimientos ahí insertos. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega la comparecencia de cuenta y al respecto se provee. De conformidad con el artículos 62 de la vigente Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causas de improcedencia, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y de interés social y, de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, procederá desecharse de plano la demanda de amparo. Al caso es aplicable la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación, mayo 1991, Tomo VII Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora, la parte quejosa, reclama en la presente vía de amparo: EL AUTO DE VEINTINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIESÉIS DE DOS MIL DIECISÉIS DONDE DESPACHA AUTO DE EJECUCIÓN CON EFECTO DE MANDAMIENTO EN FORMA, HASTA POR LA CANTIDAD DE $737.343.43. (SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 43/100 M.N.) Del texto integral del escrito de demanda y ocurso aclaratorio, este juzgado federal estima procedente desechar de plano la demanda de amparo, por su manifiesta e indudable improcedencia, pues se actualiza en el caso, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el numeral 107, fracción IV, a contrario sensu, ambos de la vigente Ley de Amparo; ello, en razón de las consideraciones siguientes: El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." A su vez, el numeral 107, fracción IV, del ordenamiento legal en cita, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En principio es de puntualizar que la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, establece la posibilidad de actualización de alguna causa de improcedencia diversa a las enumeradas en las fracciones procedentes, de manera tal que éste apartado da sustento y apoyo legal a la improcedencia legal y jurisprudencial; es decir, la derivada de disposiciones distintas a las fracciones procedentes, mismas que pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución General de la Republica, de la Jurisprudencia o algún otro ordenamiento legal. Esto es, implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, pues existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, como la derivada de los criterios jurisprudenciales. Por otra parte, la fracción IV, del artículo 107 de la actual Ley de Amparo, establece como presupuesto de procedencia del amparo en la vía indirecta, al impugnarse actos dictados en ejecución de una sentencia; éstos deben tratarse de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, de manera que no cualquier auto o resolución pronunciados en esta etapa, son reclamables en juicio constitucional. Es decir, el juicio de garantías biinstancial, procede únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo, es decir, aquélla que declara cumplida la sentencia o convenio, o en su caso, que establece la imposibilidad para cumplirla y, acorde con la naturaleza propia de las sentencias dictadas en los procedimientos judiciales del orden civil, pueden distinguirse en forma específica, resoluciones o autos que sólo son consecuencia directa e inmediata de la condena realizada en la sentencia que es cosa juzgada; resoluciones interlocutorias que liquidan la sentencia y preparan la ejecución; interlocutorias que resuelven una nulidad de actuaciones o que resuelven una cuestión que guarda autonomía de la ejecución y, otros actos que se traducen en medidas de apremio que tienden a lograr la ejecución de lo resuelto o una determinación judicial tendiente a preparar o a lograr el cumplimiento estricto de la sentencia. Al caso se cita, la jurisprudencia 32/2001 consultable en la página 31, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." En esa tesitura, la fracción IV, del artículo 107 de la actual Ley de Amparo, se apoya en el principio de economía procesal y, pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución; esto es, que el espíritu del legislador de amparo es impedir que las partes contendientes en un procedimiento puedan agotar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo. Así, el propio legislador pretende que continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan durante el mismo al impugnar la última resolución dictada, pueda hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se hubieren cometido en la sentencia en que se desapruebe o apruebe, lo que aún no acontece. Hecha tal precisión, del propio acto reclamado se advierte que el auto de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis donde despacha auto de ejecución con efecto de mandamiento en forma, hasta por la cantidad de $737.343.43. (setecientos treinta y siete mil trescientos cuarenta y tres pesos 43/100 m.n.), que en esta instancia se combate, se dictó en cumplimiento al laudo dictado, en el juicio laboral de origen, por la autoridad responsable. La anterior relación colige que el acto reclamado en la presente vía de amparo, fue dictado en la etapa de ejecución, actuación que en modo alguno es la última dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que por última resolución se entiende en forma genérica, la que declara cumplida la sentencia o convenio que tienen la calidad de cosa juzgada como culminación de un juicio en que ya se cumplió la garantía de audiencia previa, y con las formalidades esenciales del procedimiento. En efecto, las referidas determinaciones dictadas en la etapa de ejecución de lo sentenciado, y que constituyen los actos reclamados en la presente instancia constitucional, no les revisten la característica de ser la última actuación dentro de ese procedimiento, pues se encuentran dentro de la fase de cumplimiento forzoso de la sentencia, relacionado precisamente con obtener su cumplimiento; por ende, tal determinación no puede ser estudiada a través del amparo biinstancial, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culminatoria de esa etapa ejecutiva, momento en el cual válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que le hayan dejado sin defensa, durante la referida fase; razonamiento que se sustenta en el texto del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; además, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Corolario a lo expuesto, la razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de amparo contenida en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que en relación con los actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, el amparo procede únicamente contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, momento en el cual se pueden reclamar, en la misma demanda, las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, lo cual tiene su razón de ser en el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Sobre el particular se cita, la tesis I.8o.C.21 K, publicada en la página 1262, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, Materia Común, Novena Época, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR RECLAMARSE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. Procede el desechamiento de la demanda de amparo cuando se reclama el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda, pues sólo podrá promoverse el juicio de garantías contra la resolución definitiva en que se apruebe o se desapruebe aquél, contra la cual será procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, como pudiera ser el citado señalamiento de audiencia." En la parte conducente, la tesis publicada en la página 1345 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre de 2009, Tomo XXX, Novena Época, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, HASTA QUE SE HAGA EL PAGO DE LO CONDENADO O SE DECLARE LA ABSOLUTA IMPOSIBILIDAD PARA ELLO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento; en el caso del auto de ejecución, dictado por el Juez, en el que en cumplimiento de la condena que establece una obligación de pago, se ordene el requerimiento de la misma con motivo de la cantidad líquida a que se condenó a la parte que la adeudare y se le aperciba que en caso de no hacerlo se embargarán bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago de dicho adeudo, no constituye la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual proceda la vía constitucional biinstancial, porque se encuentra supeditado al resultado de las diligencias materiales de lo ordenado, que dependen de la voluntad del condenado, por lo que en caso de que se logre o no el pago requerido, la autoridad determinará los actos conducentes a la ejecución correspondiente en contra de los que no procede el amparo indirecto. Lo anterior es así, en virtud de que el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que debe cumplimentarse atento a su naturaleza de orden público; sin embargo, los proveídos que se dicten para ello se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo que se ordenó, los que a su vez dependen de dos factores, consistentes en la voluntad del condenado y la posibilidad o no de lograr el pago requerido y que son actuaciones que se emitirán conforme al contenido de la resolución definitiva. Por tanto, será hasta que se haga el pago de lo condenado o se declare la absoluta imposibilidad para ello, que proceda el amparo con el posible efecto restitutorio que le imprime el artículo 80 de la Ley de Amparo, que permite restablecer el orden constitucional mediante la devolución de lo pagado si se demuestra la violación de garantías." Y, la diversa Jurisprudencia IX.1o.J.11, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, Agosto de 1993, visible en la página 85, que al tenor literal establece: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, cuando se trate de actos dictados en período de ejecución de sentencia, es requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, que la resolución reclamada se la que ponga fin a la etapa de ejecución del juicio, sin que pueda tener ese carácter el auto mediante el cual se requiere al demandado para que cumpla voluntariamente con la condena y se le apercibe que con que en caso de incumplimiento se procederá a la ejecución forzosa del fallo condenatorio." También sirve de apoyo a lo expuesto, la Jurisprudencia 32/2001 publicada en la página 31, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Luis Neri Pichardo.

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