Luis Pedro Herrera Flores
Expediente 1902/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1902/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/01/2019
Partes del expediente
- Luis Pedro Herrera Flores
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, tres de enero de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio del Encargado del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por el cual remite el diverso signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, del que se advierte que acusa recibo del original del juicio de amparo 1902/2018, de esta estadística e informa que dicho órgano aceptó la competencia planteada por este órgano de control constitucional declinante, al que registró con el número de amparo indirecto 1950/2018. Acúsese recibo. En ese orden, archívese el presente asunto como concluido. Háganse las anotaciones respectivas. Finalmente, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se trata de un asunto que carece de relevancia documental en el que éste juzgado declaró no tener competencia legal para conocer del juicio de amparo.
- Principal
Vista la demanda promovida por ****, por propio derecho contra los actos y autoridades precisados en la propia demanda, regístrese bajo el número 1902/2018-I-C. INCOMPETENCIA Este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del presente asunto, de conformidad con las consideraciones que a continuación se exponen. En primer término, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese orden, del contenido de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama, esencialmente, lo siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS. Las normas, actos y omisiones que se reclaman al Congreso de la Unión, atañen a las siguientes: 1. La discusión, aprobación, expedición, órdenes de publicación (atribuido a la cámara de origen), circulación, observación y debido cumplimiento del Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 5 de noviembre de 2018, en vigor a partir del martes 6 de noviembre de 2018, en particular: Artículos Primero y Segundo Transitorios de ese Decreto. Artículo Primero por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Ley de Remuneraciones reclamada), por consiguiente la totalidad de disposiciones normativas que derivan de ese ordenamiento (artículos 1,2,3,4,5,6,7,8,10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 y demás ,conforme a los conceptos de violación). Artículo Segundo por el que se adiciona un Capítulo V Bis al Título Décimo, Libro Segundo, del Código Penal Federal, con la denominación "Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos", en relación con los artículos 217 Bis y 217 Ter (en adelante Código Penal reclamado), por consiguiente ambas disposiciones normativas que derivan de ese acto legislativo. 2. Las omisiones legislativas del Congreso de la Unión, por desatención al mandato constitucional que para legislar imponen los artículos tercero transitorio de la reforma constitucional de veinticuatro de agosto de dos mil nueve, 127, fracción VI, en relación con los numerales 1°, tercer párrafo, 14, primer párrafo, 17, 49, 75 y 94, décimo primer párrafo, este último reiterado en el 116, fracción III, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular Para expedir las normas generales transitorias del Decreto reclamado, que resultaban necesarias para evitar la aplicación retroactiva en perjuicio, salvaguarda de la independencia judicial y garantías jurisdiccionales, y conservar la división de poderes del Estado, con especial referencia a la irreductibilidad salarial durante el ejercicio del encargo; en términos de lo que al efecto establece el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional de veinticuatro de agosto de dos mil nueve al numeral 127, en donde armónicamente con los preceptos referidos en el párrafo inmediato anterior se estableció la forma de operación de la reforma. Atentos al principio de reserva de ley que el constituyente impuso para la reglamentación de la ley de remuneraciones reclamada, las reglas concretas que fijen los parámetros de control y límites de actuación en la propuesta del Presupuesto de Egresos que formule el Presidente de la República y consiguiente aprobación por parte de la Cámara de Diputados, en lo concerniente a la imposibilidad de reducción a las remuneraciones totales que percibe el Presidente de la República en funciones, y por ende, respecto a la totalidad de servidores públicos. 3. Los efectos y consecuencias, tanto de hecho como de derecho, que derivan de los anteriores actos reclamados, de entre los que destacan: No se apliquen en nuestro perjuicio los efectos y consecuencias del Artículo Primero por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente se impida se apliquen en nuestro perjuicio los efectos y consecuencias jurídicas que derivan de las disposiciones normativas de ese ordenamiento legal, de manera enunciativa más no limitativa, los artículos 1, 2, fracción II, 3, primer y segundo párrafos, 4, 5, 6, fracciones I, II y III, 12, 13 a 17. No se apliquen en nuestro perjuicio los efectos y consecuencias del Artículo Segundo por el .que se adiciona un Capítulo V Bis al Título Décimo, Libro Segundo, del Código Penal Federal, con la denominación "Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos", con los artículos 217 Bis y 217 Ter, concretamente se impida se apliquen en nuestro perjuicio los efectos y consecuencias jurídicas que derivan de las disposiciones normativas de ese ordenamiento legal, de manera enunciativa más no limitativa, los artículos 217 Bis y 217 Ter. Lo anterior a efecto de que prevalezca la situación jurídica, financiera económica, personal, laboral, fáctica, familiar, de entorno social e institucional que impera para nuestra calidad de ciudadanos y juzgadores federales, con especial referencia: A que se paguen en nuestro beneficio las remuneraciones nominales y adicionales que percibimos actualmente en nuestra calidad de funcionarios federales conforme al Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal de 2018, bajo la vigencia de los montos, conceptos, términos y plazos previo a la entrada en vigor el Decreto reclamado, y se impida que se vean menoscabadas, reducidas o alteradas en nuestro perjuicio, que de manera enunciativa más no limitativa, consisten: Remuneraciones nominales y adicionales a las nominales, en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, como son los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizada, incluyendo cualquier contribución fiscal causada por esos conceptos y que el Estado eroga a nuestro favor como concepto de prestación, percepción extraordinaria u otro análogo. Respecto al ejercicio fiscal de 2019 y subsiguientes, se apliquen los incrementos que correspondan sobre la totalidad de nuestras remuneraciones, teniendo como referente cuando menos, el porcentaje o índice inflacionario con el que se incrementaron beneficiosamente nuestras remuneraciones según Decreto de Egresos del ejercicio fiscal de 2018, en relación con los montos percibidos según Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal de 2017. Lo anterior, porque también esos incrementos forman parte de nuestro derecho humano de propiedad privada en términos del artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y al constituir un derecho adquirido, están i Así lo sostuvo destacadamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia Abril! Masilla y otros Vs. Perú. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de Marzo de 2011 Serie C No. 223. En la que a su salvaguardados por la garantía jurisdiccional prevista en el artículo 94, onceavo párrafo, constitucional. e.Se exima de responsabilidad penal o administrativa por el cobro que se reciba sobre esos conceptos, tal y como inconstitucional e inconvencionalmente lo disponen las disposiciones que derivan del Decreto reclamado. Por lo que, se estima pertinente que al no constituir esa circunstancia un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se esté a la regla de análisis que prevé la jurisprudencia 1a./J. 25/2003, de la Primera Sala de Suprema Corte2, en cuanto a que ello acontezca hasta el dictado de la sentencia en audiencia constitucional." En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación literal de dicho precepto se advierte que el Juez de Distrito es competente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo, en los siguientes casos: Es Juez competente para conocer del asunto aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Es competente el juez de distrito que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en sus jurisdicciones. Es Juez competente aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo, siempre y cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material. Entonces, de conformidad con las premisas que estatuye el artículo 37 de la Ley de Amparo, por regla general, para conocer de un juicio de amparo será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías. Es aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 107, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época, con número de registro 200781, que establece: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCION ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Sobre la base expuesta, como se advierte, en el caso se reclama la inconstitucionalidad de una norma general en su carácter autoaplicativo, lo que si bien tiene como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer, desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se le identifique con aquellos actos que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que los dictó, pues es evidente que una ley autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones, por lo que, la circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, queden automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder, por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos. Bajo esa premisa, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tengan ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen, traten de realizarse o vayan a tener lugar, dicho en otras palabras, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, es lo que determina la competencia territorial de los Jueces de Distrito. Establecido lo anterior, el suscrito estima que carece de competencia legal por razón territorial para conocer del presente asunto, pues el acto reclamado se relaciona principalmente con el desempeño de las funciones del quejoso, así como con las percepciones que éste recibe, en atención a su calidad de servidor público adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, situación que al conllevar un principio de ejecución, se patentiza que se produce en relación con el domicilio laboral del quejoso. En ese sentido, si el centro laboral del quejoso no se ubica dentro de la circunscripción territorial que corresponde a este Juzgado de Distrito, y la ley que se reclama tendrá ejecución en aquél lugar donde habrá de aplicarse a la parte impetrante, esto es, en el domicilio de su fuente laboral, pues es ahí donde se concretarán los efectos de los supuestos normativos que contienen las disposiciones en controversia, dicha circunstancia hace evidente que este juzgado de distrito no tiene competencia para conocer del presente asunto. Lo anterior se afirma, pues el órgano jurisdiccional al cual se encuentra adscrito el quejoso, se reitera es el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Dicha circunstancia se corrobora con las constancias que adjuntó el quejoso a su demanda de amparo, relativas a las copias certificadas de su nombramiento, recibo de pago, así como la constancia de antigüedad y percepciones del impetrante de amparo emitidas, estas últimas, por la Dirección General de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal. Documentales que alcanzan valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 226, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, primera parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Materia Común, con número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." De ahí que, si la parte promovente tiene su centro de trabajo fuera de la jurisdicción territorial de este Juzgado, se deduce que este órgano no es competente por razón de territorio para conocer de la demanda de mérito, toda vez que el acto reclamado se ejecutará en la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a. 11, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 193, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, Octava Época, con registro 206498, de rubro y texto siguientes: "LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS. El hecho de que una ley autoaplicativa tenga como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer, desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se le identifique con las resoluciones a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, con aquellas que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que las dictó, pues es evidente que una ley federal autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. La circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, queden automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder, por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos." Igualmente, sirve de apoyo por su contenido jurídico la jurisprudencia PC.VII.L. J/1 L (10a.), publicada por el Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 995, Libro 20, Julio de 2015, Tomo II, Décima Época, con registro 2009606, que se transcribe: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA LEY 247 DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ, RECLAMADA COMO AUTOAPLICATIVA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA SU CENTRO DE TRABAJO. Del artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se advierte que, con independencia del lugar donde radique la autoridad ordenadora, si el acto reclamado tiene carácter ejecutivo, el conocimiento de la instancia constitucional recaerá en el juzgado federal que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; por ende, al constituir la Ley 247 de Educación del Estado de Veracruz una norma autoaplicativa que sí amerita ejecución material, precisamente, en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones, entendiendo por éstos, aquellos en los cuales se desempeñen como docentes o autoridades educativas y escolares, es que resulta evidente que la competencia para conocer de los juicios de amparo en los que se reclame la inconstitucionalidad de esa normatividad, se surte a favor del Juzgado de Distrito que ejerza jurisdicción en la localidad en la que se encuentre el centro de trabajo de los quejosos, así manifestado bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, al haber promovido el juicio constitucional en su carácter de trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz; sobre todo, porque la protesta de decir verdad de la demanda de amparo, que en relación con los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de sus conceptos de violación, es un requisito formal y no una mera fórmula sacramental o solemne; así que, el juzgador de amparo no puede desconocer a priori lo manifestado por el peticionario de amparo, desde el auto de admisión, pues no pondera respecto de la certeza de los actos reclamados o su vinculación con las autoridades responsables; de modo que, para estimar competente al Juez de Distrito ante quien se interpone juicio de amparo en contra de la Ley 247 de Educación del Estado de Veracruz, a partir de esa fase del procedimiento, basta que en la demanda se hubiera señalado el lugar donde los quejosos tienen su fuente de trabajo para corroborar la competencia del juez federal ante quien se presentó, si ello aconteció bajo protesta de decir verdad; sin perjuicio de que durante el juicio o en la audiencia constitucional se pueda concluir de manera diversa." Finalmente, es aplicable la tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, con número de registro 189167, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase la demanda y sus anexos, al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, pues se insiste, es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde tuvo ejecución el acto reclamado. Háganse las anotaciones respectivas y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. Por otra parte, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno y en términos del citado artículo 48 de la Ley de Amparo, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. PRUEBAS De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como pruebas las exhibidas. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda; a saber, las listas que se publican en los estrados de este juzgado de Distrito. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éste se avala en términos amplios, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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