Luis Morelos del Rio
Expediente 1729/2014 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1729/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 06/04/2015
Partes del expediente
- LUIS MORELOS DEL RIO y Otros.
- Luis Morelos del Rio
- Rosalinda Hernandez Gonzalez
- Juez Sexto Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Mexico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2º, intégrese a los autos para que surta los efectos legales conducentes el oficio signado por el Juez Sexto Mercantil de Primera Instancia, de Toluca Estado de México, por medio del cual, acusa recibo del oficio 9855, a través del que se le remitió un pagare, autos originales del expediente 666/2012 y un cuaderno de incidente de actuación de interés; en consecuencia, se tiene por cumplida la carga procesal impuesta a la oficiante por auto de veintisiete de marzo del año en curso. En otro orden de ideas, agréguese a los autos el oficio en que el Juez Sexto Mercantil de Primera Instancia, de Toluca Estado de México, informa que no cuenta con ejecutor adscrito, pero que los actuarios, se encuentran concentrados en la Central de Notificadores y Ejecutores de Toluca, México, autoridad que recibió el diverso 34796, dirigido al ejecutor del juzgado sexto mercantil de primera instancia de Toluca, México, (foja 49). En consecuencia, se comisiona al actuario de la adscripción para que entregue el oficio de referencia a la autoridad respectiva, en la Central de Notificadores y Ejecutores de Toluca, México, a efecto que tengan cocimiento de su contenido; en el entendido que de negarse a recibirla, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 28 fracción I, de la ley supracitada, se tendrá por hecha la notificación correspondiente, situación que debe hacer saber el actuario al encargado de la oficina correspondiente.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen recurrido el auto dictado el veintitrés de diciembre del año pasado, por el que se sobreseyó en el presente asunto fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho acuerdo, QUEDA FIRME para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y en su oportunidad, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Asimismo, devuélvase al Juez Sexto Mercantil de Primera instancia de Toluca estado de México, el expediente original con número 666/2012 constante de 214 fojas, y un cuadernillo de veintisiete fojas relativo al incidente de Actualización de Intereses Moratorios que obra en un legajo de pruebas por separado y un pagaré, que remitió como complemento a su informe justificado, solicitando giré sus apreciables instrucciones a quien corresponda acuse el recibo de estilo respectivo. Se ordena la sustracción de la caja de valores de este órgano para su devolución a la autoridad correspondiente. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, este expediente no tiene relevancia documental, ni trascendencia jurídica, política, social, ni económica; por lo que, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, considerando vigésimo primero, fracción I, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído.
- Principal
Visto el estado de autos y el análisis de las constancias que constituyen los tomos de prueba relativos al juicio en que se actúa, se advierte en forma notoria, manifiesta e indudable, que en relación al acto reclamado consistente en la interlocutoria de dieciocho de septiembre de dos mil catorce, en la que se declaró fundado el incidente de liquidación de intereses moratorios planteado en el juicio ejecutivo mercantil ***, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que en su contra procedía el recurso de apelación. A efecto de evidenciar tal aserto resulta necesario traer al contexto que el referido artículo establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [El énfasis es propio]. De la cita que antecede, en la parte que interesa se aprecia que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Destacando como casos de excepción a dicho ordenamiento aquellos en los cuales se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; o bien, consistan en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; así como respecto de los cuales, el quejoso se ostente como persona extraña al procedimiento. En el entendido que si la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal es insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo, es decir, será optativo a fin de dar certeza al gobernado, ya que dicho recurso judicial no debe ser dudoso. Ahora bien, respecto de la normatividad que rige el acto reclamado que nos ocupa, es necesario citar los artículos 1336, 1339, 1339 Bis, 1345 fracción IX y 1348 del Código de Comercio, que señalan: "De la apelación. Art. 1,336. Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos siguientes. Art. 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $562,264.43 (Quinientos sesenta y dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos 43/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código. Art. 1,339 Bis. Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables. Art. 1,345. Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este Capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan: (.) IX. Contra las resoluciones o autos que siendo apelables se pronuncien en ejecución de sentencia; (.) Art. 1,348. Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resolución será apelable en el efecto devolutivo, de tramitación inmediata. De lo anterior se aprecia que el recurso de apelación es el medio ordinario de defensa establecido en la ley que rige la materia de la que emana el acto reclamado, que tiene como fin confirmar, reformar o revocar diversas actuaciones en un juicio mercantil, entre las que destacan las interlocutorias que decidan un incidente, respecto de las cuales, para que proceda dicho recurso es necesario que expresamente lo disponga el citado código y de no ser así, es decir, cuando no exista disposición expresa al respecto, deberá atenderse entonces a su impugnación dependiendo del monto reclamado como surte principal en el juicio del que emana. En el entendido que los asunto de cuantía indeterminada siempre serán apelables, al igual que las interlocutorias emitidas en los incidentes que tienen como fin establecer una cantidad líquida, las cuales incluso lo serán en el efecto devolutivo, de tramitación inmediata. En este orden de ideas, es inconcuso que cuando pretenda liquidarse una cantidad porque en sentencia no fue posible establecer su cuantificación, independientemente del monto de lo reclamado como suerte principal en el juicio mercantil de origen, la interlocutoria que resuelva el incidente de liquidación respectivo, como en el particular acontece, deberá impugnarse a través del recurso de apelación a fin que el Tribunal superior confirme, reforme o revoque la interlocutoria apelada, pues así expresamente lo dispone el Código de Comercio, apelación que incluso dada la naturaleza propia de la liquidación, es en el efecto devolutivo y de tramitación inmediata. Ahora bien, de las constancias que integran el presente sumario se advierte que los quejosos acudieron al juicio de garantías, señalando como acto reclamado del Juez Sexto Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, la interlocutoria de dieciocho de septiembre de dos mil catorce, en la que se declaró fundado el incidente de liquidación de intereses moratorios planteado en el juicio ejecutivo mercantil ***. Lo que además se corrobora con el contenido del informe justificado remitido por el Juez responsable, así como con las copias certificadas de las documentales que constituyen el tomo de pruebas atinentes al expediente de origen del que emana el acto reclamado, las cuales gozan con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2°, se tienen a la vista al resolver y evidencian que efectivamente el dieciocho de septiembre de dos mil catorce, en los autos del incidente de liquidación de intereses moratorios derivado del juicio ejecutivo mercantil 666/2012, el Juez responsable, determinó aprobar la liquidación de intereses moratorios y, en consecuencia, ordenó despachar ejecución (fojas 15 a 17, del mencionado tomo). En este contexto, es inconcuso que el juicio de garantías intentado contra dicha interlocutoria, resulta improcedente por no observarse el principio de definitivadad contenido en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que como se adelantó, previo a cuestionar su constitucionalidad a través de un juicio extraordinario, debió agotarse el medio ordinario de defensa que prevé la ley que rige la materia, es decir, el recurso de apelación. Lo que además es acorde con la Jurisprudencia II.2o.C. J/5 del Segundo Tribunal Colegiado Civil del Segundo Circuito, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, Materia(s): Civil, Página: 678, Registro: 194826, que señala: INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES. CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE. PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN. Conforme a la actual redacción del artículo 1348 del Código de Comercio, la interlocutoria que resuelve un incidente de liquidación es apelable en el efecto devolutivo. Ahora, si se exige en la vía mercantil ejecutiva y en ejercicio de la acción cambiaria directa el cobro de un pagaré y accesorios, no se trata de créditos otorgados mediante algún contrato celebrado con anterioridad a las reformas del veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, y por consiguiente, en esos casos no se aplican tales reformas, pues la acción ejercitada fue por el incumplimiento del pago de un título de crédito, no surtiéndose la hipótesis del artículo 1o. transitorio invocado. Así, el juicio de amparo resulta improcedente acorde a lo establecido por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que debió intentarse el recurso de apelación a través del cual podía obtenerse su modificación o revocación, y al no hacerlo, se inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. [El énfasis es propio] Así como con el criterio orientador contenido en la Tesis XII.1o.36 C del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, visible a en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, Materia(s): Civil, Página: 1107, Registro: 188629, que señala: DEFINITIVIDAD, PRINCIPIO DE. NECESIDAD DE AGOTARLO CUANDO LA INTERLOCUTORIA QUE RESOLVIÓ EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL RECURSO DE APELACIÓN CONFORME AL CÓDIGO DE COMERCIO REFORMADO. Cuando el procedimiento se sigue de acuerdo con una legislación reformada no aplicable, los recursos que se interpongan deben ser a la luz de la normatividad correcta. Si en el caso concreto se siguió un juicio bajo el Código de Comercio anterior a la reforma de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, pero de las constancias de autos se advierte que es aplicable el reformado, es inconcuso que los recursos que se contengan en este último deben ser interpuestos por la parte quejosa antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de agotar el principio de definitividad, porque la interlocutoria que resolvió el incidente de liquidación de intereses es impugnable a través del recurso de apelación, que se introdujo en el artículo 1348 del Código de Comercio en su texto actual, pues el hecho de que dicho acto se apoyara indebidamente en su texto anterior no aplicable, no constituye impedimento para promover el recurso ordinario, porque su procedencia emana directamente de la ley y representa el medio ordinario para impugnar la incorrecta fundamentación del acto. Máxime que la parte quejosa no se encuentra en alguno de los casos de excepción que el propio ordenamiento señala, pues no tienen el carácter de terceros extraño al procedimiento de origen, ya que son la parte demandada; los actos que reclaman no corresponden a alguno de los que señalan los inciso a) y b), de la fracción XVIII del referido precepto; aunado a que las disposiciones que establecen la procedencia del citado recurso no están sujetas a una interpretación adicional, razón por la que se considera que su fundamento legal es suficiente para determinar su procedencia. En consecuencia, al encontrarse plenamente acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados al Ejecutor del Juzgado Sexto Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, conforme a la Jurisprudencia sustentada por la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 156, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Por tanto, se deja sin efectos la fecha señalada en autos para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Finalmente, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos únicamente para que corresponda, el escrito de cuenta, mediante el cual los quejosos realizan diversas manifestaciones en vía de alegatos, toda vez que en esta fecha se decreta el sobreseimiento en el presente juicio.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual, el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común B adscrito a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en cumplimiento al auto de veintinueve de enero anterior, dictado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, remite el informe justificado de los Ejecutores adscritos a la Central de Ejecutores y Notificadores de Toluca, Estado de México; por medio del cual rinden informe justificado; con él dese vista a las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, para los efectos legales conducentes; y, como lo solicita el oficiante, remítase el acuse de recibo correspondiente.
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