Luis Miguel Flores Campaña

Expediente 936/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 14 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
936/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
15/02/2022

Partes del expediente

  • Luis Miguel Flores Campaña
  • Agencia del Ministerio Público de la Federación, de la Celula 2 del Equipo V Mazatlán, En el Estado de Sinaloa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que las partes de este juicio recurrieron la sentencia emitida en este asunto el diecisiete de enero de dos mil veintidós, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que la autoridad responsable Agencia del Ministerio Publico de la Federación, Célula 2 del Equipo V Mazatlán, en el Estado de Sinaloa, y el quejoso Luis Miguel Flores Campaña, fueron notificados en primer y último lugar, quedando comprendido dicho plazo de diecinueve de enero al tres del presente mes y año. En consecuencia, con fundamento en los ordinales 354, 355 y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y electrónico y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, toda vez que se decretó el sobreseimiento en el mismo.

  2. Incidental

    Visto el estado de los autos, de los cuales se advierte como hecho notorio que en proveído de esta fecha, se ordenó archivar como asunto definitivamente concluido el juicio de amparo 936/2021-I, del cual deriva este incidente; en consecuencia, en cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, procede hacer la indicación en el sentido de que el cuaderno original del incidente de suspensión en que se actúa es depurable, toda vez que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. De igual forma, en atención al diverso vigésimo, fracción II, inciso a) del citado ordenamiento, el duplicado del incidente en mención deberá ser destruido, una vez que cuente con más de seis meses de haberse ordenado el archivo del juicio de amparo indirecto del que deriva.

  3. Principal

    Audiencia constitucional. En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, siendo las doce horas con veinte minutos del diecisiete de enero de dos mil veintidós, hora y día señalados, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo ******************** El licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido por la licenciada Miriam Suheid Flores Osuna, secretaria con quien actúa y da fe, la declaró abierta sin comparecencia de las partes, haciendo constar que de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en el módulo de "Agenda de Visita a OJ", opción "Consulta General", no se desprende que alguna de las partes haya generado cita para comparecer a esta audiencia ni que hayan solicitado estar presentes por medio de videoconferencia. Enseguida, se procede a hacer una relación de las constancias que obran en autos: demanda de amparo presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno; auto admisorio de veintinueve siguiente; e informes justificados rendidos por las autoridades responsables ********************y ********************ambos con sede en esta ciudad. Acto seguido, el Juez acuerda: se tienen relacionadas las constancias que obran en el presente sumario y de conformidad con el numeral 117 de la Ley de Amparo, por rendidos los informes justificados de mérito. Abierto el período de pruebas: la secretaria hace constar que las partes no ofrecieron medios de convicción, por tanto se cierra el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos: el secretario hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho, ni el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito formuló pedimento, con lo que se concluye la fase de referencia. No habiendo diligencia pendiente que desahogar, se procede a dictar la sentencia correspondiente. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número ********************, promovido por ********************; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, turnado al día hábil siguiente a este órgano jurisdiccional, ******************** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó del ********************con sede en esta ciudad, y otras autoridades, que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, que hizo consistir esencialmente en la orden tendiente a privarlo de su libertad personal y su pretendida ejecución. SEGUNDO. Radicación de la demanda. Correspondió conocer del expresado libelo constitucional, a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, donde se registró con el número de expediente ********************, y por acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite; se requirió a las autoridades señaladas como responsables sus informes justificados y se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional la intervención que legalmente compete, quien no formuló pedimento. Seguido el juicio por sus demás etapas legales, las autoridades responsables rindieron su informe justificado; la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede, la cual concluye con el dictado de este fallo. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado es competente para conocer del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 párrafo primero, de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; así como, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, toda vez que el acto reclamado puede tener ejecución dentro de los límites territoriales en los que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. Antes de establecer la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se estima necesario fijar en forma clara y precisa el planteamiento de impugnación que formula la parte quejosa en su demanda de garantías, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y los criterios contenidos en la jurisprudencia número P./J.40/2000 y la tesis P.VI/2004, sustentadas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera publicada en la página 32 del Tomo XI, abril de dos mil, y la segunda a foja 255 del Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal, respectivamente, es como sigue: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De la demanda de amparo se obtiene que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables la orden tendiente a privarlo de si libertad y su pretendida ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al respecto, las autoridades responsables ********************y ********************ambos con sede en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados. Asimismo, resulta aplicable al caso, la jurisprudencia número 310, sustentada por el Pleno de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1621, del Apéndice de 1995, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por tanto, al no haberse allegado al presente sumario ninguna prueba con la cual se acredite que los actos de los que se dio noticia sean imputables a las autoridades señaladas en este considerando, lo que procede es sobreseer en el juicio, respecto a éstas y por los actos que se les reclaman, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sin que obste que la autoridad responsable ********************con sede en esta ciudad, haya informado que en esa agencia a su cargo se encuentra radicada la carpeta de investigación ********************, en la que aparece como imputado el aquí quejoso ********************, quien compareció ante esa autoridad ministerial el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, sin que se aprecie que en su contra de haya emitido orden de captura alguna. Cabe precisar que la aplicación de los criterios contenidos en las tesis invocadas en la presente resolución, no es contraria a lo previsto en el ordinal sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. CUARTO. Transparencia y acceso a la información pública. Tomando en consideración que las partes en el presente juicio constitucional, no se opusieron a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, en el plazo concedido para tal efecto, no obstante haber sido legalmente notificadas del proveído en el que se les hizo de su conocimiento tal circunstancia; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, y como consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en relación con los diversos numerales 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley en comento, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 61 al 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ******************** contra el acto que reclama a las autoridades señaladas como responsables, por las razones expuestas en el considerando tercero de la presente determinación. SEGUNDO. Cúmplase con lo establecido en el considerando cuarto de esta resolución.

  4. Principal

    Visto el estado de los autos, se advierte el proveído de dos de los corrientes, en el que se proveyó el informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula 2, del Equipo V de Investigación y Litigación de esta ciudad; en consecuencia para dar margen a que la parte quejosa se imponga del contenido del aludido informe, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada hoy SE DIFIERE, a fin de que tenga verificativo a las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Encuentra aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2000, resuelta en contradicción de tesis 29/98-PL, 15 de febrero de 2000, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario". Sin que el criterio invocado sea contrario al actual texto de la Ley de Amparo, por lo que puede ser aplicado al caso, conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que ésta se expidió.

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