Luis Mariano Victoria Ordaz

Expediente 959/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 59 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
959/2021
Año
2021
Actuaciones
59
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Luis Mariano Victoria Ordaz
  • LUIS MARIANO VICTORIA ORDAZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 59.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, se advierte que no se encuentra registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) ninguna promoción que indique que las partes de este juicio recurrieron el auto dictado por este juzgado el seis de octubre de dos mil veintitrés, donde se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que las partes tercera interesada y quejosa, fueron notificadas en la misma fecha y el trece siguiente, respectivamente, y la segunda de ellas, en forma electrónica, quedando comprendido dicho lapso del nueve de los citados mes y año al diez de los cursantes. Sentado lo anterior, con fundamento en los ordinales 354, 355 y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO el auto de sobreseimiento de referencia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en su artículo 20, fracción I, procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, toda vez que se decretó el sobreseimiento en el juicio. De igual manera, realícese la valoración documental en el cuaderno incidental, en acatamiento al artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referido en el párrafo precedente, toda vez que se concedió la suspensión de los actos reclamados.

  2. Incidental

    Visto el estado de los autos, se obtiene como hecho notorio que, en esta fecha, se ordenó el archivo del juicio de amparo 959/2021, del que deriva el incidente en que se actúa y, que en dicho cuaderno incidental, se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, el sumario en que se actúa es CONSERVABLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo. De igual forma, en atención al diverso numeral 20, fracción II, inciso a), del citado ordenamiento, el duplicado del incidente en mención deberá ser destruido, una vez que cuente con más de seis meses de haberse ordenado el archivo del juicio de amparo indirecto del que éste deriva.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta de la que se desprende que en auto de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, se concedió a la parte quejosa el plazo de veinte días para que, acudiera a este juzgado a recoger los edictos a efecto de emplazar a juicio al tercero interesado********************, y para que, en el plazo de otros tres días contado a partir del día siguiente del en que los recogiera, acreditara que realizó su pago o, en su caso, informara su imposibilidad económica para ello, bajo apercibimiento que, de no recoger y pagar los edictos o, en su caso, realizar manifestación al respecto en el término antes referido, se entendería que no tiene interés en su publicación y por ende, en la debida integración de este juicio, lo cual ocasionaría la paralización del mismo, retardándose la solución del conflicto y, ante esa situación, tomando en cuenta que el interés particular no puede estar por encima del interés público, su omisión podría conducir al sobreseimiento del asunto, atendiendo a las circunstancias del caso; mismo que le fue notificado el uno de septiembre del año en curso, quedando comprendido dicho plazo del cuatro siguiente al cinco de octubre del año en curso, con excepción de los días seis, siete, catorce y quince de septiembre de la presente data, toda vez que se ordenó suspender de manera total las actividades jurisdiccionales, debido a las condiciones climatológicas ocurridas en las primeras horas del seis de septiembre del presente año, sin que haya atendido el requerimiento que se le formuló en dicho proveído en torno a la entrega para el pago y publicación de los edictos. Luego, en el caso, a juicio de quien esto provee, atendiendo a las circunstancias del caso, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó (.)." De igual manera, conviene precisar lo que establece el artículo 27 de la Ley de Amparo: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (...) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: (.) b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. Del análisis literal de los numerales antes transcritos se desprende que procede el sobreseimiento del juicio de amparo, cuando el quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó. Ahora bien, del examen minucioso de las constancias de autos revela que, mediante proveído de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, se ordenó emplazar al presente juicio constitucional al tercero interesado********************, mediante publicación de edictos por tres veces, de siete en siete días, tanto en el "Diario Oficial de la Federación", como en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República, de acuerdo a lo que establece el precepto 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a fin de que dentro de los treinta días siguientes al de la última publicación, se apersonara al juicio. En dicho acuerdo se requirió a la parte quejosa, para que dentro del plazo legal, previsto en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, compareciera al local que ocupa este Juzgado de Distrito, a recoger los edictos de referencia, para su publicación; apercibiéndolo que en caso de no acreditar la publicación de los mismos, se proveería lo conducente, en torno al sobreseimiento aplicable al caso en estudio, sin que a la fecha dicha parte haya comparecido a recoger esos edictos, no obstante que quedó debidamente notificada de dicho proveído; por lo que el término concedido transcurrió sin que así lo hicieran. De manera que, tomando en consideración la fecha en que la parte quejosa quedó notificada del auto en el que se ordenó emplazar a juicio al tercero interesado de referencia por medio de edictos, esto es, el uno de septiembre del año en curso, se estima que el término de veinte días que la ley otorgó a la parte quejosa para acreditar haber entregado para publicación los edictos, transcurrió del cuatro de septiembre al cinco de octubre de dos mil veintitrés; sin que lo haya acreditado, con excepción los días seis, siete, catorce y quince de septiembre de la presente data, toda vez que se ordenó suspender de manera total las actividades jurisdiccionales, debido a las condiciones climatológicas ocurridas en las primeras horas del seis de septiembre del presente año, que dejaron sin suministro de energía eléctrica el recinto judicial ubicado en Rio Quelite 1125, Fraccionamiento Tellerias, de esta ciudad y con fallas técnicas en el servicio de red. En ese sentido, ante la omisión de la parte quejosa, es dable considerar que no se emplazó al tercero interesado, en los términos ordenados por el artículo 27, fracción III, inciso b), de la ley de la materia; por lo que procede decretar el sobreseimiento en este juicio, con fundamento en la fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo, en razón de que hasta el momento no obra constancia de que la parte quejosa haya recogido los edictos, mucho menos que los haya publicado como está ordenado en auto de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Con relación a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación sustentó la jurisprudencia 2ª./J.64/2002, Novena Época, Tomo XVI, Julio de dos mil dos, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible a foja doscientos once, que dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5º., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14 párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso. Así las cosas, cabe señalar que este Juzgado de Distrito realizó lo que legalmente estuvo a su alcance para investigar los domicilios a fin de que se llamara a juicio al tercero interesado********************; y al no lograrlo, se ordenó la publicación de los respectivos edictos, en términos del artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, sin que, como se apuntó, en autos obre constancia alguna de que al menos se haya iniciado el trámite para la publicación de aquéllos. Entonces el sobreseimiento anterior, tiene lugar al haberse acreditado que la parte quejosa fue omisa en realizar el trámite necesario para la publicación de los edictos respectivos, incumplimiento que provoca el no llamamiento a juicio de un gobernado al que la ley le otorga el carácter de tercero interesado, lo que ocasiona imposibilidad para integrar la relación jurídica procesal, consecuentemente, impide resolver el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio la tesis II.2o.C.J/27, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Novena Época, Tomo XXXII, Julio de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta visible a foja mil ochocientos sesenta y ocho, del tenor siguiente: 'SOBRESEIMIENTO POR OMISIÓN DE RECOGER EDICTOS CON EL FIN DE EMPLAZAR A LA PARTE TERCERA PERJUDICADA. ANTE LA AUSENCIA DE NORMA QUE ESTABLEZCA TAL HIPÓTESIS, ES CORRECTA LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA RELATIVA. Si bien es exacto que inexiste precepto que establezca como causal de sobreseimiento el no recoger los edictos para que se emplace a la tercera perjudicada, no obstante, existe una jurisprudencia obligatoria ineludible, cuyo rubro es: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO."; luego, atento al criterio jurisprudencial en cita, establecido por contradicción de tesis, ello autoriza al Juez de Distrito al respecto, por contener la interpretación jurídica y armónica de esa situación fáctica y procesal, según lo estimó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al alcance de los preceptos 14, párrafo II y 17 constitucionales; 73, fracción XVIII, en relación con el 30, fracción II y 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, precisamente en razón a la falta de norma que motivó la integración de tal laguna de ley para actualizar la referida causa de sobreseimiento del juicio de garantías, dada la evidente omisión y desinterés del quejoso de recoger los edictos para emplazar al tercero o terceros perjudicados.". Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia Tesis: XVII.1o.C.T. J/14 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible a página 1859, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, Materia(s): Común, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ [INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA]. No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional, por la falta de publicación de los edictos a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento al tercer interesado, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 Constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso, ya que con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Sin que lo anterior contravenga la jurisprudencia 3/2014 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO PRIVA DEL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN A QUIENES CARECEN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGARLOS.", ya que la parte quejosa no acreditó ser una persona de escasos recursos, a quien el Consejo de la Judicatura Federal, debiera de cubrir el pago de los edictos correspondientes, lo cual se ponderó a analizando las particularidades del caso; como así se desprende de la ejecutoria emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, que sustentó la jurisprudencia en cita. Así pues, como se adelantó, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo. En ese contexto, resulta ocioso esperar hasta la fecha de la celebración de la audiencia constitucional para efectuar el estudio de la causa de improcedencia que nos ocupa y, por ende, lo procedente es SOBRESEER en el presente asunto respecto de los actos que en esta vía se reclaman, en términos de lo establecido por el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se dejan sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la referida audiencia de ley. Sustenta lo anterior, la tesis por contradicción número 26/2002-PL, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil trece, página trescientos ochenta y siete, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y a la agente del ministerio público adscrita.

  4. Principal

    Visto el estado de los autos, se advierte que le está transcurriendo el término otorgado al quejoso, en proveído de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, en el cual se puso a su disposición los edictos con el objeto de emplazar al tercero interesado ********************; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional programada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS DEL TREINTA DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. Lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar.

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