Luis Miguel Correa Bugarín

Expediente 2326/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2326/2015
Año
2015
Actuaciones
10
Última actuación
20/06/2016

Partes del expediente

  • Luis Miguel Correa Bugarín

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    En veinte de junio de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Media Becerra, CERTIFICO: Que transcurrió el término de tres días que se concedió a la parte quejosa en auto de treinta de mayo del año en curso, para manifestar lo que a su derecho correspondiera, en relación con el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, a la fecha ha fenecido sin que lo hubiera hecho; lo que se asienta para los efectos legales conducentes.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinte de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, de la que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El dos de febrero de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, la que concluyó con el dictado de la sentencia respectiva en veintisiete de abril de la presente anualidad, por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en esta ciudad, en la que se concedió al impetrante de garantías el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados en los términos y para los efectos siguientes: ."Entonces, debe restituirse a Luis Miguel Correa Bugarín en el pleno goce de sus derechos vulnerados y restablecer las cosas como estaban antes de la violación, por lo que el amparo se concede para que, cuando se notifique la determinación que declare ejecutoria esta sentencia, la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas: a) Deje insubsistente la resolución de treinta de noviembre de dos mil quince, dictada en el toca penal 265/2015. b) Dicte otra resolución, en la cual, con libertad de jurisdicción, subsane las deficiencias formales destacadas en el considerando quinto de esta sentencia, es decir, de considerar que no se encuentran acreditados los elementos del cuerpo del delito de despojo de aguas, deberá justificar fundada y motivadamente tal aspecto, estableciendo los fundamentos y razones particulares que la llevaron a resolver como lo hizo." (fojas de la ciento sesenta a la ciento setenta y seis) Posteriormente, por auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se declaró que causó ejecutoria la sentencia de mérito, y se requirió a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, para que diera cumplimiento al fallo protector (fojas doscientos veinticinco y doscientos veintiséis de autos). Mediante oficio registrado bajo el número 10313, recibido por este Juzgado de Distrito el veintisiete de mayo de la presente anualidad, el Magistrado Presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, en cumplimiento al fallo protector, remitió testimonio de la resolución de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, mediante el cual dejó insubsistente la resolución de treinta de noviembre de dos mil quince, dictada dentro del Toca Apelación Penal 265/2015, y resolvió confirmar el auto que negó la orden de aprehensión, solicitada en contra de Martín Covarrubias Núñez y José Luis Márquez Arteaga, por el delito de despojo de aguas, cometido en agravio de Luis Miguel Correa Bugarín (fojas de la doscientos veintinueve a la doscientos cincuenta y uno de autos). En proveído de treinta de mayo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días para que expusiera lo que a su derecho correspondiera, sin que hubiera hecho manifestación alguna (foja doscientos cincuenta y dos). Ahora bien, atendiendo a que en la ejecutoria de amparo, se concedió a la parte quejosa para el efecto de que la Sala responsable, dejara insubsistente la resolución de treinta de noviembre del año próximo pasado, y dictara otra, en la cual, con libertad de jurisdicción, subsanara las deficiencias formales, es decir, que de considerar que no se acreditaron los elementos del cuerpo del delito de despojo de aguas, justificar fundada y motivadamente que el agua de uso doméstico no es de aquéllas a que se refiere el numeral III del artículo 345 del Código Penal del Estado de Zacatecas. Además, porqué razón el delito de despojo, solo tutela el derecho de aguas generalmente para riego, esto es, para uso agrícola o para uso pecuario, pero no las destinadas al servicio de agua potable o de uso doméstico, aunado que esta última también es agua nacional como las citadas por la responsable que son para uso agrícola y pecuario. Así también, al realizar el estudio de la acreditación de los elementos del cuerpo del delito de que se trata, consistentes en que el activo actúe de propia autoridad, haciendo uso de violencia en las personas, de manera furtiva, deberá exponer los fundamentos y motivos suficientes, de los cuales se desprenda que los indiciados estaban facultados para actuar como lo hicieron. Justificar el por qué los indiciados al realizar el corte del servicio de suministro de agua potable, en los meses de mayo y diciembre de dos mil once, no fue de propia autoridad, sino que se encontraban legitimados para ello, debiendo precisar los preceptos legales en que dicho actuar se apoye y las razones por las cuales se adecuaron aquéllos al caso concreto, y por qué razón no se acredita la violencia ni furtividad que se indica. De la nueva resolución emitida el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, consideró la Sala responsable, que el delito de despojo de aguas lo contempla la fracción III, del artículo 345 del Código Penal del Estado de Zacatecas, ilícito que se integra con los mismos elementos que el de Despojo de Bien inmueble, con la diferencia de que el objeto material son aguas; considerando que ese tipo penal se encuentra conformado por varios elementos -objetivos, normativos y subjetivos-, siendo necesario también, el acreditamiento de elementos externos como a) la ocupación por parte del sujeto activo de aguas y b) que haga uso de ellas, y c) porque el medio comisivo del delito puede ser el uso de la violencia física o moral a las personas, la furtividad, las amenazas o el engaño. Asimismo, precisó que existen diversos tipos de agua, tales como nacionales, claras o de primer uso, del subsuelo, residuales, entre otras, de acuerdo con la Ley Nacional de Aguas en su artículo 3°; estableció que las aguas no incluidas en el catálogo del numeral 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consideran parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de esta agua se considerará de utilidad pública, quedando sujeto a las disposiciones que emitan los Estados; puntualizando la autoridad responsable que el agua que señala el denunciante es de la contemplada por la ley como de uso doméstico. También tomó en consideración el artículo 115, Título Quinto relativo a "De los Estados de la Federación y del Distrito Federal" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del que se advierten las facultades del municipio son de aprobar, de acuerdo a las leyes en materia municipal que deberá expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal; así como también señaló que el municipio tiene a su cargo las funciones y servicios públicos, como son Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios o el mejor ejercicio de las funciones que le corresponda; administrar libremente su hacienda, la cual se forma de los rendimientos de los bienes que les pertenecen, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establecen a su favor; para concluir que el agua que reclama el ofendido Luis Miguel Correa Bugarín es de las denominadas "USO DOMÉSTICO" contempladas dentro de la Ley Nacional de Aguas, tal y como lo establece la autoridad federal y, que además constitucionalmente tiene derecho a ella por estar contemplada como un derecho humano que el municipio tiene la obligación de proporcionarle. De igual manera, la Sala responsable al realizar el estudio de la acreditación de los elementos del cuerpo del delito de que se trata, tuvo únicamente por acreditado el primero de ellos, consistente en la ocupación por parte del sujeto activo de aguas, no así el segundo elemento, que consistió en "que la acción de haber despojado al pasivo del agua se haya realizado de propia autoridad"; previo a su estudio la citada responsable ponderó los medios probatorios existentes en el proceso como fue la denuncia formulada por Luis Miguel Correa Bugarín, la inspección ministerial del lugar de los hechos, así como con las declaraciones de José Luis Márquez Arteaga, Martín Covarrubias Núñez, Venancio Núñez de León, con los informes de tres de mayo de dos mil trece, rendidos por los ingenieros Manuel Castro Romero y Germán García Tovar en su carácter de presidente municipal y secretario de gobierno de Tepechitlán, Zacatecas y con el diverso informe rendido por el director del Sistema de Agua Potable del mencionado municipio. Medios de convicción que la Sala responsable les confirió valor probatorio de indicio de conformidad con lo establecido por el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales en el Estado, con los que se demostró que el doce de diciembre de dos mil once, en la comunidad de Villa Juárez, Tepechitlán, Zacatecas, concretamente en el predio denominado "Los Cajones" propiedad de Luis Miguel Correa Bugarín, los integrantes del comité de la citada comunidad decidieron cortarle el suministro de agua potable, del cual venía gozando desde el veintitrés de enero de dos mil cinco, lo cual realizó José Luis Márquez Arteaga en compañía del fontanero Venancio Núñez de León al predio en comento, conducta que consideró la responsable constituye una real obstrucción al derecho del agua que tenía el denunciante; determinando que los inculpados Martín Covarrubias Reyes y José Luis Márquez Arteaga Ahora en relación al segundo de los elementos del delito en estudio, consistente en la acción de haber despojado al pasivo del agua, se haya realizado de propia autoridad, la Sala responsable, en principio definió el concepto "de propia autoridad", tomado de la obra Diccionario Jurídico Mexicano, Editorial Porrúa, en su página 1114; enseguida consideró que ese elemento no se encuentra actualizado, y para llegar a esa conclusión retomó los medios de prueba existente en el proceso, como fue la denuncia interpuesta por Luis Miguel Correa Bugarín, en la que se aprecia que es propietario del rancho denominado "Los Cajones" ubicado en la comunidad de Villa Juárez, Tepechitlán, Zacatecas, contando con dos tomas de agua potable oficialmente autorizadas, una ubicada en la casa habitación y otra en la bodega adjunta, que se formó un comité de agua potable en dicha comunidad, integrado por Martín Covarrubias Núñez, José Luis Márquez Arteaga y Refugio Salcedo Godina, conducta que no se encuentra legalmente regulada, virtud a que dicho comité no representaba autoridad alguna. Asimismo, la Sala responsable, al realizar el estudio sobre la legalidad de dicho comité para determinar si los inculpados como integrantes del mismo, se encontraban facultados para suspender el suministro de agua potable a las propiedades del ofendido, tomó en consideración los artículos 52, último párrafo, 77 y 91 de la Ley de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Zacatecas, los cuales les daban facultades a los inculpados para realizarle el corte del servicio de agua potable al denunciante, debido a su falta de pago, circunstancia que se demostró con el convenio realizado entre la presidencia municipal de Tepechitlán, Zacatecas y el denunciante, en donde se confirmó que éste donaba el terreno donde se ubicada el tanque de almacenamiento para la localidad de Villa Juárez, perteneciente al citado municipio, y en la cláusula primera se determinó que se cobraría el importe de siete pesos con cincuenta centavos por cada metro cúbico que excediera dicha cuota, y que serían pagados a la presidencia municipal, esto, cuando se tratara de una toma, pero que si se requería el servicio de otra toma, Luis Miguel Correa Bugarín tenía la obligación de pagar cuarenta y cinco pesos por los primeros diez metros y siete pesos con cincuenta centavos por cada metro cúbico que exceda de dicha cuota mínima, pagándose mensualmente. Todo lo anterior fue considerado por la Sala responsable, para determinar que los activos no actuaron de propia autoridad al cortarle el suministro de agua potable a las dos tomas de agua a las propiedades del pasivo, sino que lo hicieron atendiendo a las facultades que le confería el Comité de Agua Potable de la Comunidad de Villa Juárez, Tepechitlán, Zacatecas al que pertenecen. Por último, en relación al tercer elemento del delito de despojo de aguas, consistente en la furtividad, la Sala responsable al realizar el estudio de ese tópico, primeramente precisó su concepto, entendiéndose como la ocupación sin derecho de un inmueble (en ese caso de aguas), en ausencia de quien legalmente pueda impedirlo, sin el conocimiento del propietario o poseedor; en segundo término consideró que no se acredita el hecho de que los inculpados realizaron el despojo de aguas de manera furtiva, ya que no se cuenta con elementos de convicción necesarios que demostraran esa circunstancia; aunado al hecho de que el denunciante desde antes de que se le cortara el suministro de agua potable por parte de los denunciados, fue sabedor de que si incumplía con el pago correspondiente, nuevamente se le restringiría dicho servicio, en atención al convenio realizado por él mismo con la presidencia municipal de Tepechitlán, Zacatecas, en donde se establecieron las reglas en caso de incumplimiento. Además, la responsable en su resolución consideró pertinente tomar en cuenta la inspección del lugar de los hechos, la cual constituyó una evidencia más de que los activos no actuaron de manera furtiva, dado que no tuvieron necesidad de actuar de manera clandestina u oculta, porque la excavación que realizaron tendiente a obstruir la toma de agua que abastecía la casa y bodega del denunciante, no se realizó dentro de la propiedad del ofendido, sino en un predio vecino colindante al suyo, de lo que se advirtió que en realidad el ofendido no puede asegurar siquiera que esa maniobra se haya realizado aprovechando que él no estaba, puesto que además de que se realizó desde la propiedad diversa a la de él, los denunciados no tenían necesidad de realizar esa conducta de manera oculta, porque estaban legalmente facultados para realizar ese corte, en representación del citado Comité y con el previo conocimiento del usuario, respecto de la sanción o pena que corresponde cuando no se cumple con el pago de la cuota correspondiente. En atención a lo anterior, la juez responsable determinó confirmar el auto que negó la orden de aprehensión solicitada en contra de Martín Covarrubias Núñez y José Luis Márquez Arteaga por el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, dentro del proceso 12/2015, por no acreditarse el cuerpo del delito de Despojo de Aguas, que se dijo cometido en agravio de Luis Miguel Correa Bugarín . En el mencionado proveído de treinta de mayo de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días para que expusiera lo que a su derecho correspondiera, sin que hubiera hecho manifestación alguna (foja doscientas cincuenta y dos). Y tomando en consideración que la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado al resolver nuevamente el recurso de apelación, ponderó los puntos señalados en la ejecutoria de amparo como ya quedó establecido en párrafos que anteceden. En consecuencia, y tomando en consideración que se acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; y en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. En atención a lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretaria que autoriza licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra.- DOY FE. Jessy* RAZÓN.- ESA FOJA CORRESPONDE A LA ÚLTIMA DEL ACUERDO DE VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 2326/2015-6. CONSTE.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "En veinte de junio de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Media Becerra, CERTIFICO: Que transcurrió el término de tres días que se concedió a la parte quejosa en auto de treinta de mayo del año en curso, para manifestar lo que a su derecho correspondiera, en relación con el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, a la fecha ha fenecido sin que lo hubiera hecho; lo que se asienta para los efectos legales conducentes.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinte de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, de la que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El dos de febrero de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, la que concluyó con el dictado de la sentencia respectiva en veintisiete de abril de la presente anualidad, por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en esta ciudad, en la que se concedió al impetrante de garantías el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados en los términos y para los efectos siguientes: ."Entonces, debe restituirse a Luis Miguel Correa Bugarín en el pleno goce de sus derechos vulnerados y restablecer las cosas como estaban antes de la violación, por lo que el amparo se concede para que, cuando se notifique la determinación que declare ejecutoria esta sentencia, la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas: a) Deje insubsistente la resolución de treinta de noviembre de dos mil quince, dictada en el toca penal 265/2015. b) Dicte otra resolución, en la cual, con libertad de jurisdicción, subsane las deficiencias formales destacadas en el considerando quinto de esta sentencia, es decir, de considerar que no se encuentran acreditados los elementos del cuerpo del delito de despojo de aguas, deberá justificar fundada y motivadamente tal aspecto, estableciendo los fundamentos y razones particulares que la llevaron a resolver como lo hizo." (fojas de la ciento sesenta a la ciento setenta y seis) Posteriormente, por auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se declaró que causó ejecutoria la sentencia de mérito, y se requirió a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, para que diera cumplimiento al fallo protector (fojas doscientos veinticinco y doscientos veintiséis de autos). Mediante oficio registrado bajo el número 10313, recibido por este Juzgado de Distrito el veintisiete de mayo de la presente anualidad, el Magistrado Presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, en cumplimiento al fallo protector, remitió testimonio de la resolución de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, mediante el cual dejó insubsistente la resolución de treinta de noviembre de dos mil quince, dictada dentro del Toca Apelación Penal 265/2015, y resolvió confirmar el auto que negó la orden de aprehensión, solicitada en contra de Martín Covarrubias Núñez y José Luis Márquez Arteaga, por el delito de despojo de aguas, cometido en agravio de Luis Miguel Correa Bugarín (fojas de la doscientos veintinueve a la doscientos cincuenta y uno de autos). En proveído de treinta de mayo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días para que expusiera lo que a su derecho correspondiera, sin que hubiera hecho manifestación alguna (foja doscientos cincuenta y dos). Ahora bien, atendiendo a que en la ejecutoria de amparo, se concedió a la parte quejosa para el efecto de que la Sala responsable, dejara insubsistente la resolución de treinta de noviembre del año próximo pasado, y dictara otra, en la cual, con libertad de jurisdicción, subsanara las deficiencias formales, es decir, que de considerar que no se acreditaron los elementos del cuerpo del delito de despojo de aguas, justificar fundada y motivadamente que el agua de uso doméstico no es de aquéllas a que se refiere el numeral III del artículo 345 del Código Penal del Estado de Zacatecas. Además, porqué razón el delito de despojo, solo tutela el derecho de aguas generalmente para riego, esto es, para uso agrícola o para uso pecuario, pero no las destinadas al servicio de agua potable o de uso doméstico, aunado que esta última también es agua nacional como las citadas por la responsable que son para uso agrícola y pecuario. Así también, al realizar el estudio de la acreditación de los elementos del cuerpo del delito de que se trata, consistentes en que el activo actúe de propia autoridad, haciendo uso de violencia en las personas, de manera furtiva, deberá exponer los fundamentos y motivos suficientes, de los cuales se desprenda que los indiciados estaban facultados para actuar como lo hicieron. Justificar el por qué los indiciados al realizar el corte del servicio de suministro de agua potable, en los meses de mayo y diciembre de dos mil once, no fue de propia autoridad, sino que se encontraban legitimados para ello, debiendo precisar los preceptos legales en que dicho actuar se apoye y las razones por las cuales se adecuaron aquéllos al caso concreto, y por qué razón no se acredita la violencia ni furtividad que se indica. De la nueva resolución emitida el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, consideró la Sala responsable, que el delito de despojo de aguas lo contempla la fracción III, del artículo 345 del Código Penal del Estado de Zacatecas, ilícito que se integra con los mismos elementos que el de Despojo de Bien inmueble, con la diferencia de que el objeto material son aguas; considerando que ese tipo penal se encuentra conformado por varios elementos -objetivos, normativos y subjetivos-, siendo necesario también, el acreditamiento de elementos externos como a) la ocupación por parte del sujeto activo de aguas y b) que haga uso de ellas, y c) porque el medio comisivo del delito puede ser el uso de la violencia física o moral a las personas, la furtividad, las amenazas o el engaño. Asimismo, precisó que existen diversos tipos de agua, tales como nacionales, claras o de primer uso, del subsuelo, residuales, entre otras, de acuerdo con la Ley Nacional de Aguas en su artículo 3°; estableció que las aguas no incluidas en el catálogo del numeral 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consideran parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de esta agua se considerará de utilidad pública, quedando sujeto a las disposiciones que emitan los Estados; puntualizando la autoridad responsable que el agua que señala el denunciante es de la contemplada por la ley como de uso doméstico. También tomó en consideración el artículo 115, Título Quinto relativo a "De los Estados de la Federación y del Distrito Federal" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del que se advierten las facultades del municipio son de aprobar, de acuerdo a las leyes en materia municipal que deberá expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal; así como también señaló que el municipio tiene a su cargo las funciones y servicios públicos, como son Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios o el mejor ejercicio de las funciones que le corresponda; administrar libremente su hacienda, la cual se forma de los rendimientos de los bienes que les pertenecen, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establecen a su favor; para concluir que el agua que reclama el ofendido Luis Miguel Correa Bugarín es de las denominadas "USO DOMÉSTICO" contempladas dentro de la Ley Nacional de Aguas, tal y como lo establece la autoridad federal y, que además constitucionalmente tiene derecho a ella por estar contemplada como un derecho humano que el municipio tiene la obligación de proporcionarle. De igual manera, la Sala responsable al realizar el estudio de la acreditación de los elementos del cuerpo del delito de que se trata, tuvo únicamente por acreditado el primero de ellos, consistente en la ocupación por parte del sujeto activo de aguas, no así el segundo elemento, que consistió en "que la acción de haber despojado al pasivo del agua se haya realizado de propia autoridad"; previo a su estudio la citada responsable ponderó los medios probatorios existentes en el proceso como fue la denuncia formulada por Luis Miguel Correa Bugarín, la inspección ministerial del lugar de los hechos, así como con las declaraciones de José Luis Márquez Arteaga, Martín Covarrubias Núñez, Venancio Núñez de León, con los informes de tres de mayo de dos mil trece, rendidos por los ingenieros Manuel Castro Romero y Germán García Tovar en su carácter de presidente municipal y secretario de gobierno de Tepechitlán, Zacatecas y con el diverso informe rendido por el director del Sistema de Agua Potable del mencionado municipio. Medios de convicción que la Sala responsable les confirió valor probatorio de indicio de conformidad con lo establecido por el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales en el Estado, con los que se demostró que el doce de diciembre de dos mil once, en la comunidad de Villa Juárez, Tepechitlán, Zacatecas, concretamente en el predio denominado "Los Cajones" propiedad de Luis Miguel Correa Bugarín, los integrantes del comité de la citada comunidad decidieron cortarle el suministro de agua potable, del cual venía gozando desde el veintitrés de enero de dos mil cinco, lo cual realizó José Luis Márquez Arteaga en compañía del fontanero Venancio Núñez de León al predio en comento, conducta que consideró la responsable constituye una real obstrucción al derecho del agua que tenía el denunciante; determinando que los inculpados Martín Covarrubias Reyes y José Luis Márquez Arteaga Ahora en relación al segundo de los elementos del delito en estudio, consistente en la acción de haber despojado al pasivo del agua, se haya realizado de propia autoridad, la Sala responsable, en principio definió el concepto "de propia autoridad", tomado de la obra Diccionario Jurídico Mexicano, Editorial Porrúa, en su página 1114; enseguida consideró que ese elemento no se encuentra actualizado, y para llegar a esa conclusión retomó los medios de prueba existente en el proceso, como fue la denuncia interpuesta por Luis Miguel Correa Bugarín, en la que se aprecia que es propietario del rancho denominado "Los Cajones" ubicado en la comunidad de Villa Juárez, Tepechitlán, Zacatecas, contando con dos tomas de agua potable oficialmente autorizadas, una ubicada en la casa habitación y otra en la bodega adjunta, que se formó un comité de agua potable en dicha comunidad, integrado por Martín Covarrubias Núñez, José Luis Márquez Arteaga y Refugio Salcedo Godina, conducta que no se encuentra legalmente regulada, virtud a que dicho comité no representaba autoridad alguna. Asimismo, la Sala responsable, al realizar el estudio sobre la legalidad de dicho comité para determinar si los inculpados como integrantes del mismo, se encontraban facultados para suspender el suministro de agua potable a las propiedades del ofendido, tomó en consideración los artículos 52, último párrafo, 77 y 91 de la Ley de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Zacatecas, los cuales les daban facultades a los inculpados para realizarle el corte del servicio de agua potable al denunciante, debido a su falta de pago, circunstancia que se demostró con el convenio realizado entre la presidencia municipal de Tepechitlán, Zacatecas y el denunciante, en donde se confirmó que éste donaba el terreno donde se ubicada el tanque de almacenamiento para la localidad de Villa Juárez, perteneciente al citado municipio, y en la cláusula primera se determinó que se cobraría el importe de siete pesos con cincuenta centavos por cada metro cúbico que excediera dicha cuota, y que serían pagados a la presidencia municipal, esto, cuando se tratara de una toma, pero que si se requería el servicio de otra toma, Luis Miguel Correa Bugarín tenía la obligación de pagar cuarenta y cinco pesos por los primeros diez metros y siete pesos con cincuenta centavos por cada metro cúbico que exceda de dicha cuota mínima, pagándose mensualmente. Todo lo anterior fue considerado por la Sala responsable, para determinar que los activos no actuaron de propia autoridad al cortarle el suministro de agua potable a las dos tomas de agua a las propiedades del pasivo, sino que lo hicieron atendiendo a las facultades que le confería el Comité de Agua Potable de la Comunidad de Villa Juárez, Tepechitlán, Zacatecas al que pertenecen. Por último, en relación al tercer elemento del delito de despojo de aguas, consistente en la furtividad, la Sala responsable al realizar el estudio de ese tópico, primeramente precisó su concepto, entendiéndose como la ocupación sin derecho de un inmueble (en ese caso de aguas), en ausencia de quien legalmente pueda impedirlo, sin el conocimiento del propietario o poseedor; en segundo término consideró que no se acredita el hecho de que los inculpados realizaron el despojo de aguas de manera furtiva, ya que no se cuenta con elementos de convicción necesarios que demostraran esa circunstancia; aunado al hecho de que el denunciante desde antes de que se le cortara el suministro de agua potable por parte de los denunciados, fue sabedor de que si incumplía con el pago correspondiente, nuevamente se le restringiría dicho servicio, en atención al convenio realizado por él mismo con la presidencia municipal de Tepechitlán, Zacatecas, en donde se establecieron las reglas en caso de incumplimiento. Además, la responsable en su resolución consideró pertinente tomar en cuenta la inspección del lugar de los hechos, la cual constituyó una evidencia más de que los activos no actuaron de manera furtiva, dado que no tuvieron necesidad de actuar de manera clandestina u oculta, porque la excavación que realizaron tendiente a obstruir la toma de agua que abastecía la casa y bodega del denunciante, no se realizó dentro de la propiedad del ofendido, sino en un predio vecino colindante al suyo, de lo que se advirtió que en realidad el ofendido no puede asegurar siquiera que esa maniobra se haya realizado aprovechando que él no estaba, puesto que además de que se realizó desde la propiedad diversa a la de él, los denunciados no tenían necesidad de realizar esa conducta de manera oculta, porque estaban legalmente facultados para realizar ese corte, en representación del citado Comité y con el previo conocimiento del usuario, respecto de la sanción o pena que corresponde cuando no se cumple con el pago de la cuota correspondiente. En atención a lo anterior, la juez responsable determinó confirmar el auto que negó la orden de aprehensión solicitada en contra de Martín Covarrubias Núñez y José Luis Márquez Arteaga por el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, dentro del proceso 12/2015, por no acreditarse el cuerpo del delito de Despojo de Aguas, que se dijo cometido en agravio de Luis Miguel Correa Bugarín . En el mencionado proveído de treinta de mayo de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días para que expusiera lo que a su derecho correspondiera, sin que hubiera hecho manifestación alguna (foja doscientas cincuenta y dos). Y tomando en consideración que la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado al resolver nuevamente el recurso de apelación, ponderó los puntos señalados en la ejecutoria de amparo como ya quedó establecido en párrafos que anteceden. En consecuencia, y tomando en consideración que se acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; y en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. En atención a lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretaria que autoriza licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra.- DOY FE. Jessy* RAZÓN.- ESA FOJA CORRESPONDE A LA ÚLTIMA DEL ACUERDO DE VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 2326/2015-6. CONSTE."

  3. Principal

    En treinta de mayo de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez con el oficio y anexo, registrado con el número 10313.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a treinta de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio y anexo de cuenta, signado por el Magistrado Presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, por medio del cual remite copia certificada de la resolución dictada en veintisiete de mayo de la presente anualidad, lo anterior en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con apoyo en los artículos 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles y 196 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a la parte quejosa con el mismo, para que dentro del término de tres días manifieste lo que en su derecho corresponda, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio, resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretario que autoriza y da fe. *Jessy

  4. Principal

    En veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del diez al veinticuatro del mes y año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con sede en esta ciudad, dentro del juicio de amparo 2326/2015-6.- DOY FE. En la misma fecha la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra doy cuenta al Secretario en funciones de Juez de Distrito con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para las partes el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, en la que se concedió al quejoso Luis Miguel Correa Bugarín el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, para que acate en sus términos el fallo protector de que se trata e informen sobre su cumplimiento dentro del término de TRES DÍAS, siguientes a la legal notificación de este auto y remita las constancias que así lo acrediten, apercibida que de no hacerlo sin causa justificada se le impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este propio Circuito para seguir el trámite de ejecución que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Finalmente, devuélvase a la Sala responsable el original del Toca Apelación Penal 265/2015 y el proceso penal 12/2015, que remitió en apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretario que autoriza y da fe. *Jessy Razón.- Esta foja corresponda a la última dictada en el acuerdo de veinticinco de mayo de la presente anualidad, dentro del juicio de amparo 2326/2015-6. CONSTE.

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