Luis Márquez Hernández

Expediente 607/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 15 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
607/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
31/10/2017

Partes del expediente

  • Luis Márquez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    El treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, el secretario CERTIFICA: El término de tres días que marca el artículo 196 de la Ley de Amparo transcurrió del veinticinco al veintisiete del mes y año en curso. Tras una revisión del expediente en que se actúa, sí se advierte que existen documentos originales que devolver a las partes. De igual forma, se hace constar que no se tramitó incidente de suspensión; y que no se exhibió billete de depósito o garantía alguna sobre la cual se tenga que proveer su destino. Doy fe En la misma fecha, se da cuenta al juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, en virtud de que transcurrió el plazo que marca el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si la sentencia está cumplida. En ejecutoria de doce de septiembre de la presente anualidad (fojas 35 a 40), este juzgado concedió el amparo solicitado, para el efecto de que el Director Local de la Comisión Nacional del Agua en el Estado de Zacatecas: Diera respuesta inmediata a la solicitud materia del acto reclamado y se la notificara al quejoso en breve término; en el entendido de que la autoridad responsable debía proveer lo necesario a efecto de que la resolución de la petición fuera integral (foja 40). De lo anterior destaca que los efectos de la ejecutoria en comento se concretan en que el director responsable emitiera respuesta inmediata a la petición del quejoso y se le notificara en breve término. En cumplimiento de la ejecutoria, la autoridad responsable emitió el oficio BOO.932.01.-4525/6827, de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete dirigido al quejoso, en el que determinó que no se contaban con elementos suficientes, en términos del numeral 72 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para iniciar procedimiento de imposición de sanciones, por el supuesto de afectar el cauce y/o régimen hidráulico del arroyo San Juanito, afluente del Río Juchipila, en el municipio de Apozol, Zacatecas (foja 74, reverso); lo que se asentó fue notificado al amparista el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete (foja 76). Lo anterior, en esencia, porque: Del acta de la visita de inspección realizada, se desprendía que no se encontró conducta alguna que constituyera infracción a la Ley de Aguas Nacionales o su reglamento (foja 72 reverso). En particular, el inspector asentó que el arroyo: No tenía cauce definido; no alteraba el régimen hidráulico ni ponía en peligro la vida de las personas, ni la seguridad de sus bienes; el agua convergía a las calles de la mancha urbana (foja 72, reverso). Por lo que se consideraba que el arroyo San Juanito no reunía las características para ser declarado propiedad nacional, debido a que no era afluente del río Juchipila, al no existir cauce debajo de la propiedad de Jesús Martín Valdez Reyes (foja 73). Lo anterior, en conformidad con el artículo 27 constitucional y el numeral 3, fracción XI de la Ley de Aguas Nacionales (foja 73, reverso). Asimismo, el cauce original había sido modificado. Por lo que actualmente el encauzamiento que se realizó es inferior a las dimensiones mínimas que establece la Ley de Aguas Nacionales para considerar que reúne las características para declararlo propiedad de la nación (foja 73, reverso). En específico, al efectuarse la modificación del cauce mediante muros de mampostería, el agua escurría hacia la propiedad de Jesús Martín Valdez Reyes y posteriormente no existía cauce (foja 73 reverso). Para que en las próximas temporadas de lluvia el agua pluvial se mantuviera en su cauce y saliera sobre la propiedad referido, se debería realizar el desazolve del cauce (donde existiera), lo que debía ser acordado con cada uno de los vecinos al cauce. Por tanto, se concluía que la zona objeto de visita no reunía las condiciones específicas establecidas en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni el artículo 3 fracción XI de la Ley de Aguas Nacionales, ya que la magnitud de la cárcava o cauce incipiente debería ser cuando menos de dos metros de ancho por setenta y cinco centímetros de profundidad, situación que no fue observada por el inspector durante el desarrollo de la visita de inspección realizada el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete (foja 74). De lo expuesto se sigue que la autoridad responsable consideró toralmente que no existía infracción alguna en la visita de inspección solicitada por el quejoso, sobre la base de que el arroyo involucrado no era de su competencia al no ser propiedad de la nación, en términos de las disposiciones legales aplicables. De ahí que la respuesta brindada contiene el argumento mínimo pero suficiente para conocer las razones y fundamentos del sentido en que se emitió, pues, en esencia, se destacaron las características del arroyo inspeccionado y, con base en los preceptos legales que se estimaron aplicables, se determinó que el afluente no era propiedad de la nación. Lo que resulta congruente con la petición realizada, porque ésta se integró por la solicitud de que se realizará una inspección, en virtud de que, a juicio del promovente del amparo, se había obstruido acceso al arroyo San Juanito al fincarse en zona federal (foja 8). Sin que la legalidad de las consideraciones vertidas por la autoridad responsable puedan formar parte de la materia del presente cumplimiento, debido a que el efecto del amparo se concretó únicamente en la obligación de dar respuesta y no se dio lineamiento alguno sobre el sentido de ésta, por lo que basta con que se hubiera contestado de manera congruente, fundada y motivada como en la especie. Luego, se han acatado en su totalidad los efectos del fallo protector, porque se dio una respuesta integral debidamente fundamentada y motivada al aquí quejoso y consta que fue notificado. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN dado que se estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. En atención con lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia, por conducto de la Administración, Regional remítase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, de los presentes autos se advierte que en el presente asunto se exhibió un documento original con el escrito de demanda (foja 8); en consecuencia, toda vez que el asunto se encuentra concluido, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero del capítulo tercero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérase al quejoso para que dentro de los NOVENTA DÍAS siguientes al en que surta efectos la notificación del presente auto, comparezca debidamente identificado en días y horas hábiles, para hacerles entrega del documento de que se trata, con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, seguirá la suerte del expediente principal en que se actúa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla Secretario que autoriza. Doy fe. Jessy*

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 31 DE OCTUBRE DE 2017, DE CONFORMIDAD CON L DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) D ELA LEY DE AMPARO. "El treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, el secretario CERTIFICA: El término de tres días que marca el artículo 196 de la Ley de Amparo transcurrió del veinticinco al veintisiete del mes y año en curso. Tras una revisión del expediente en que se actúa, sí se advierte que existen documentos originales que devolver a las partes. De igual forma, se hace constar que no se tramitó incidente de suspensión; y que no se exhibió billete de depósito o garantía alguna sobre la cual se tenga que proveer su destino. Doy fe En la misma fecha, se da cuenta al juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, en virtud de que transcurrió el plazo que marca el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si la sentencia está cumplida. En ejecutoria de doce de septiembre de la presente anualidad (fojas 35 a 40), este juzgado concedió el amparo solicitado, para el efecto de que el Director Local de la Comisión Nacional del Agua en el Estado de Zacatecas: Diera respuesta inmediata a la solicitud materia del acto reclamado y se la notificara al quejoso en breve término; en el entendido de que la autoridad responsable debía proveer lo necesario a efecto de que la resolución de la petición fuera integral (foja 40). De lo anterior destaca que los efectos de la ejecutoria en comento se concretan en que el director responsable emitiera respuesta inmediata a la petición del quejoso y se le notificara en breve término. En cumplimiento de la ejecutoria, la autoridad responsable emitió el oficio BOO.932.01.-4525/6827, de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete dirigido al quejoso, en el que determinó que no se contaban con elementos suficientes, en términos del numeral 72 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para iniciar procedimiento de imposición de sanciones, por el supuesto de afectar el cauce y/o régimen hidráulico del arroyo San Juanito, afluente del Río Juchipila, en el municipio de Apozol, Zacatecas (foja 74, reverso); lo que se asentó fue notificado al amparista el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete (foja 76). Lo anterior, en esencia, porque: Del acta de la visita de inspección realizada, se desprendía que no se encontró conducta alguna que constituyera infracción a la Ley de Aguas Nacionales o su reglamento (foja 72 reverso). En particular, el inspector asentó que el arroyo: No tenía cauce definido; no alteraba el régimen hidráulico ni ponía en peligro la vida de las personas, ni la seguridad de sus bienes; el agua convergía a las calles de la mancha urbana (foja 72, reverso). Por lo que se consideraba que el arroyo San Juanito no reunía las características para ser declarado propiedad nacional, debido a que no era afluente del río Juchipila, al no existir cauce debajo de la propiedad de Jesús Martín Valdez Reyes (foja 73). Lo anterior, en conformidad con el artículo 27 constitucional y el numeral 3, fracción XI de la Ley de Aguas Nacionales (foja 73, reverso). Asimismo, el cauce original había sido modificado. Por lo que actualmente el encauzamiento que se realizó es inferior a las dimensiones mínimas que establece la Ley de Aguas Nacionales para considerar que reúne las características para declararlo propiedad de la nación (foja 73, reverso). En específico, al efectuarse la modificación del cauce mediante muros de mampostería, el agua escurría hacia la propiedad de Jesús Martín Valdez Reyes y posteriormente no existía cauce (foja 73 reverso). Para que en las próximas temporadas de lluvia el agua pluvial se mantuviera en su cauce y saliera sobre la propiedad referido, se debería realizar el desazolve del cauce (donde existiera), lo que debía ser acordado con cada uno de los vecinos al cauce. Por tanto, se concluía que la zona objeto de visita no reunía las condiciones específicas establecidas en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni el artículo 3 fracción XI de la Ley de Aguas Nacionales, ya que la magnitud de la cárcava o cauce incipiente debería ser cuando menos de dos metros de ancho por setenta y cinco centímetros de profundidad, situación que no fue observada por el inspector durante el desarrollo de la visita de inspección realizada el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete (foja 74). De lo expuesto se sigue que la autoridad responsable consideró toralmente que no existía infracción alguna en la visita de inspección solicitada por el quejoso, sobre la base de que el arroyo involucrado no era de su competencia al no ser propiedad de la nación, en términos de las disposiciones legales aplicables. De ahí que la respuesta brindada contiene el argumento mínimo pero suficiente para conocer las razones y fundamentos del sentido en que se emitió, pues, en esencia, se destacaron las características del arroyo inspeccionado y, con base en los preceptos legales que se estimaron aplicables, se determinó que el afluente no era propiedad de la nación. Lo que resulta congruente con la petición realizada, porque ésta se integró por la solicitud de que se realizará una inspección, en virtud de que, a juicio del promovente del amparo, se había obstruido acceso al arroyo San Juanito al fincarse en zona federal (foja 8). Sin que la legalidad de las consideraciones vertidas por la autoridad responsable puedan formar parte de la materia del presente cumplimiento, debido a que el efecto del amparo se concretó únicamente en la obligación de dar respuesta y no se dio lineamiento alguno sobre el sentido de ésta, por lo que basta con que se hubiera contestado de manera congruente, fundada y motivada como en la especie. Luego, se han acatado en su totalidad los efectos del fallo protector, porque se dio una respuesta integral debidamente fundamentada y motivada al aquí quejoso y consta que fue notificado. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN dado que se estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. En atención con lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia, por conducto de la Administración, Regional remítase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, de los presentes autos se advierte que en el presente asunto se exhibió un documento original con el escrito de demanda (foja 8); en consecuencia, toda vez que el asunto se encuentra concluido, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero del capítulo tercero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérase al quejoso para que dentro de los NOVENTA DÍAS siguientes al en que surta efectos la notificación del presente auto, comparezca debidamente identificado en días y horas hábiles, para hacerles entrega del documento de que se trata, con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, seguirá la suerte del expediente principal en que se actúa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla Secretario que autoriza. Doy fe. Jessy*

  3. Principal

    El veinte de octubre de dos mil diecisiete, el secretario da cuenta al juez con el oficio registrado bajo el número 14051, con anexo.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinte de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Titular de la Unidad Jurídica de la Comisión Nacional del Agua en el Estado de Zacatecas, por medio del cual en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, remite copia certificada de la resolución de diecisiete de octubre de la presente anualidad, del citatorio de misma fecha y del acta de notificación de dieciocho siguiente; por tanto, con apoyo en los artículos 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles y 196 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días manifieste lo que en su derecho corresponda, apercibida que de no hacer manifestación alguna, de oficio, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el referido cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla Secretario que autoriza. Doy fe. Jessy*

  4. Principal

    El once de octubre de dos mil diecisiete, el secretario da cuenta al juez con el escrito registrado bajo el número 13563.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, once de octubre de dos mil diecisiete. Visto el escrito de cuenta suscrito por el quejoso, por medio del cual realiza manifestaciones en relación con el cumplimiento de la presente ejecutoria, en el sentido de que la autoridad responsable no acató dicho fallo con la resolución que emitió el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete; en consecuencia, en virtud de que lo anterior conlleva la contestación de la vista otorgada en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado analizará si la sentencia está cumplida. En ejecutoria de doce de septiembre de la presente anualidad (fojas 35 a 40), éste juzgado concedió el amparo solicitado por el quejoso Luis Márquez Hernández, para el efecto de que el Director Local de la Comisión Nacional del Agua en el Estado de Zacatecas: Diera respuesta inmediata a la solicitud materia del acto reclamado y se la notificara al quejoso en breve término; en el entendido de que la autoridad responsable debía proveer lo necesario a efecto de que la resolución de la petición se realice de manera integral (foja 40). De lo anterior destaca que los efectos de la ejecutoria en comento se concretan en que el director responsable emitiera respuesta inmediata a la petición del quejoso y se le notificara en breve término. En cumplimiento de la ejecutoria, la autoridad responsable emitió el oficio BOO.932.01.-4140/6146, dirigido al quejoso, en el que determinó que del acta de visita de inspección realizada no se desprendía conducta alguna que constituyera infracción a la Ley de Aguas Nacionales o a su reglamento, por lo que no procedía iniciar procedimiento de imposición de sanciones en términos del artículo 72 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (foja 53); lo que se asentó fue notificado al amparista el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete (foja 55). De lo anterior se advierte la existencia de la respuesta formal al amparista. No obstante, lo resuelto por la autoridad no cumple materialmente con lo requerido para considerar que la respuesta fue integral, como se ordenó en la ejecutoria de amparo. Lo anterior, es así, pues la violación materia de la concesión de amparo (omisión de respuesta a una petición) implica que la respuesta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia XVI.1o.A. J/38 (10a.),emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, del texto literal siguiente "DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o., en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado." En ese sentido, en la respuesta de la autoridad no se advierten las razones por las cuales se consideró que no se advertía irregularidad alguna en la visita que realizó, pues únicamente se afirmó genéricamente esa determinación, sin mayor justificación. Por tanto, el acto en análisis es insuficiente para cumplir los lineamientos de la ejecutoria de amparo, porque sólo constituye una respuesta formal, sin que se adviertan los fundamentos y motivos que determinaron la decisión; por lo que debe dejarse insubsistente. Por lo anterior, requiérase a la autoridad Director Local en Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Guadalupe, Zacatecas, para que dentro del plazo de tres días de cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, remitiendo las constancias con que lo acredite. En el entendido, de que la respuesta debe ser congruente, completa, fundada y motivada. Lo requerido bajo el apercibimiento que, de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a CIEN DÍAS de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo vigente; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este Circuito para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a la ahora denominada Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR MEDIO DE LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firmó el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, Secretario que autoriza.- DOY FE. Jessy* Razón- Esta foja corresponde a la última del acuerdo de once de octubre de dos mil diecisiete, dentro del juicio de amparo 607/2017. Conste.

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